Cualquier ciudadano estadounidense está expuesto a requisa y detención al cruzar la frontera para regresar a Estados Unidos, aunque la Cuarta Enmienda prohíbe pesquisas y aprehensiones arbitrarias sin el soporte de una orden judicial por una probable causa. Pero al entrar a Estados Unidos los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el Departamento de Seguridad Patria (DHS) pueden detener arbitrariamente a quien sea y buscar cualquier información en su equipaje, incluyendo computadores portátiles y teléfonos móviles personales.
Por ejemplo, Gray Robinson relata en su blog “Customs and International Trade Law Blog” el caso de un estudiante de tercer ciclo itinerante a su ingreso a Estados Unidos desde Canadá. Pascal Abidor, alumno de la Universidad de McGill en Montreal, estuvo investigando para su doctorado sobre la historia moderna de los chiítas del Líbano. Un funcionario de la CPB le ordenó entregar su computador portátil (laptop) y descubrió fotos de mítines de Hamas y Hezbolá, designadas como organizaciones terroristas por el departamento de Estado. El CPB detuvo e interrogó durante cinco horas a Abidor y no le devolvió su ordenador portátil hasta después de transcurridos once días. Se lo envió por correo.
En la corte, Abidor y otros demandantes buscaron en conjunto una resolución contra el CBP y el ICE (sigla en inglés de Inmigración y Control de Aduanas), argumentando que las políticas de inspección de los dispositivos electrónicos que lleven consigo los viajeros al cruzar una frontera internacional de Estados Unidos constituye una violación de las Primera y Cuarta Enmienda de la Constitución.
Por ejemplo, la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal, co-demandante junto con Abidor, argumentó que sus miembros tienen el deber de salvaguardar la información privilegiada y confidencial contenida en sus dispositivos electrónicos. La Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa, el otro co-damandante, sostuvo que sus miembros se comunican con fuentes que solicitan garantías de anonimato que ya no pueden ser capaces de ofrecer si sus dispositivos electrónicos están sujetos a revisión por parte de funcionarios del gobierno.
Un juez superior de Estados Unidos desestimó la demanda por considerar que se trata de un fenómeno poco frecuente y el gobierno no requiere de un motivo específico para hacer registros en un puesto de control fronterizo. Edward R. Korman, magistrado de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York (Brooklyn, NY), eligió el 31 de diciembre 2013 para emitir un memorando y opinó que un funcionario del CBP o el ICE no requiere de ninguna sospecha razonable para detener, revisar y requisar cualquier aparato del propietario/viajero para un examen más detenido y, posteriormente, realizar un examen forense a los contenidos del dispositivo digital, incluyendo la copia de todo su contenido y compartir éste con otras agencias federales.
El juez declaró que "búsquedas de rutina en los efectos de las personas por parte de funcionarios [de Estados Unidos] no están sujetos a ningún requisito de sospecha razonable, causa probable, o garantía, y el correo de primera clase se pueden abrir sin una orden judicial fundada en causa probable". También desestimó a los co-demandantes, la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal y Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa, diciendo que las dos asociaciones no están legitimadas para solicitar la resolución que pedían al tribunal y que no había necesidad de que el gobierno fundamentara una sospecha razonable en relación con Abidor. Dijo: "Los agentes sin duda tenían sospechas razonables en apoyo a la inspección de dispositivos electrónicos de Abidor".
Sin embargo, Catherine Crump, abogada de la ACLU (acrónimo en inglés de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) opinó que el fallo judicial "le permite al gobierno realizar en la frontera búsquedas intrusivas de las computadoras portátiles de los estadounidenses, y otros aparatos electrónicos, sin ninguna sospecha de que esos dispositivos contienen evidencia de mala conducta".
"Búsquedas sin sospecha de dispositivos que contienen grandes cantidades de información personal no pueden cumplir con la norma establecida por la Cuarta Enmienda, que prohíbe registros e incautaciones irrazonables. Por desgracia, estas búsquedas son una parte de un agresivo patrón más amplio de vigilancia del gobierno que recopila información sobre demasiadas personas inocentes, bajo normas laxas y sin una supervisión adecuada", dijo Crump.
La política gubernamental de investigar los dispositivos electrónicos personales de viajeros estadounidenses fue instituida por el gobierno de George W. Bush en 2008 y, al igual que otras limitaciones a las libertades de los ciudadanos, ha sido mantenida por la administración de Obama.
Naturalmente, estos alegatos sobre la violación de los derechos que poseían los ciudadanos de Estados Unidos hasta comienzos del primer período de George W Bush (hijo) atañen sólo a los estadounidenses: no se refieren a los viajeros de otros países que cruzan legalmente la frontera premunidos de visa de turista, quienes deben someterse siempre a una revisión que humilla y degrada al ser humano.
En 2002, al ingresar por Miami le decomisaron las computadoras portátiles a la comitiva de Mariana Aylwin, entonces ministra de Educación del gobierno pro estadounidense de Ricardo Lagos. Sus acompañantes en un viaje oficial a Estados Unidos no pudieron usar en las reuniones la documentación que llevaban en laptops y note books, que por esos años eran una novedad bastante onerosa.
Por último, aunque el extranjero porte una novísima visa Waiver, que vale sólo 14 dólares (presentada en Chile por el saliente gobierno de Piñera como una “no visa” [gobierno y grandes medios mintieron al decir que ahora se podía viajar a Estados Unidos “sin visa”]), igualmente el viajero pueden ser impedidos de ingresar a Estados Unidos.
Esto lo deja muy claro un informe que puso on line el actual gobierno Bachelet el 9 de mayo 2014: “Cuando se recibe la autorización electrónica [o sea, la visa Waiver], ¿qué significa? Significa que la persona está autorizada para embarcar en un medio de transporte aéreo o marítimo que tiene un acuerdo con Estados Unidos para transportar pasajeros VWP, pero sólo hasta un puerto de entrada en Estados Unidos. El ingreso a Estados Unidos es facultad de las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos” (El subrayado es del ministerio de RREE de Chile). El gobierno de Chile continúa llamándolo “Programa de exención de visas de Estados Unidos: Visa Waiver Program para chilenos”.
La Visa Waiver, como lo indica su nombre, en rigor es una visa más barata, que se envía por Internet en vez del correo físico convencional utilizado comúnmente por el consulado de Estados Unidos, que sólo es válida con un nuevo pasaporte con información biométrica del pasajero que está a la venta desde 2013. Y la no visa-que-es-una-visa dura sólo dos años en vez de diez.
¿Por qué sólo dos años? Porque en ese plazo el gobierno debe pagar el precio de su incorporación al Visa Waiver Program. Y ese precio de ganga es un tratado bilateral que obliga a Chile a entregar los datos de sus ciudadanos en poder del Registro Civil, Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, entre otra información privada de los habitantes que maneja el Estado. Pero esta entrega de datos al gobierno de Estados Unidos, disfrazada con la Visa Waiver y vendida a la opinión pública como un “legado” de Piñera para viajar sin visa a Estados Unidos, requiere modificar la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y otros cuerpos legales que protegen a los ciudadanos.
Piñera envió sin fanfarria el indispensable proyecto de ley al Congreso en vísperas del “día de los inocentes”, el 27 de diciembre 2013, entre Navidad y Año Nuevo. Es decir, dejó a sus conciudadanos este auto-proclamado “legado” a pocos días del término de su mandato. Lo peor es que en Chile muy pocos conocen el precio de viajar a Estados Unidos “sin visa”. El debate parlamentario debería comenzar el 19 de mayo 2014.
El título que usó Piñera es “Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio recíproco de información con otros países”. Pero no hay nada recíproco, en el supuesto de que sólo se tratara de datos de viajeros usuarios de la visa Waiver, porque los estadounidenses no necesitan visa para venir a Chile. Pueden entrar y salir como Pedro por su casa… Pero el tratado obligaría a Chile a entregar datos de cualquier ciudadano que le pidan los gringos, viaje o no a Estados Unidos, con o “sin visa”… Este tratado-programa Waiber ya fue amarrado por Estados Unidos con otros 37 países.
Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado de Proyecto Censurado.
Fuentes:
- Programa de exención de visas de Estados Unidos: Visa Waiver Program para chilenos
Student researcher: Vanessa A. Pedro, Sonoma State University
Faculty Evaluator: Peter Phillips, Sonoma State University