El Salvador

La reacción del candidato derrotado, la «conexión venezolana» y el síndrome de la desmemoria

Roberto Regalado

16/03/2014

Opinión

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«[…] Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. […] Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito […]».

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

La reacción del candidato derrotado

Pese al derroche de histrionismo con que el dos veces derrotado candidato de la ultraderecha salvadoreña, Norman Quijano, manifiesta supuesta indignación por el también supuesto fraude cometido contra él en la segunda vuelta de los comicios presidenciales efectuada el 9 de marzo de 2014, en realidad, lo que hace es seguir un guión melodramático elaborado con mucha antelación, que, por demás, ni siquiera es original, sino un remake del ya utilizado en Venezuela en la elección presidencial de abril de 2013.

Norman Quijano acusó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cometer fraude a favor del hoy presidente electo Salvador Sánchez Cerén, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); se negó a aceptar los resultados del conteo final de los votos; solicitó la anulación de la elección, primero ante el TSE, y después ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y así abrió una nueva fase de la cruzada de odio y miedo desarrollada durante toda su campaña electoral.

En la segunda vuelta de los comicios, Sánchez Cerén ganó con el 50,11% de los votos válidos y Quijano perdió con 49,89%, una diferencia mucho más reducida que entre el 49,92% cosechado por el efemelenista en la primera ronda y el 38,98% del arenero, acortamiento que, entre otras razones, obedece al desplazamiento hacia este último de los votos de los demás candidatos –todos de derecha– descartados en la primera vuelta, y a la exacerbación de la ya mencionada cruzada de odio y miedo, orquestada por Quijano en coordinación y en sincronía con la ofensiva desestabilizadora de la derecha venezolana.

Repárese, además, en lo alto del umbral exigido por la ley electoral salvadoreña, de 50% más uno, para el triunfo en primera vuelta, que sirve al propósito de la alianza de «todos contra el candidato de izquierda». Téngase en cuenta que el 2 de febrero de 2014 no solo se competía por la primera magistratura en El Salvador, sino también en la cercana Costa Rica, cuya ley electoral declara ganador con 40% de los votos, país donde el 49,92% de Sánchez Cerén hubiese sido un súper triunfo en la ronda inicial. En la también cercana Nicaragua, no solo se puede vencer en la ronda inicial con 40%, sino incluso con 35%, si la diferencia con el segundo lugar sea mayor de los 5 puntos, y así ocurrió ya en una ocasión.

En cualquier caso, la diferencia a su favor, limpiamente obtenida por Sánchez Cerén de 0,22%, sin duda alguna, despierta la envidia de un buen número de exmandatarios y actuales mandatarios latinoamericanos de derecha, quienes desde la elección presidencial mexicana de julio de 1988 hasta la actualidad, le han arrebatado triunfos electorales a la izquierda mediante procedimientos fraudulentos, incluida la grosera alteración de los resultados comiciales. A esos métodos no es ajeno ARENA, que desde su fundación y hasta que ello fue descubierto, era la «opción electoral» de innumerables ciudadanos salvadoreños fallecidos y de también innumerables ciudadanos de países fronterizos, acarreados en ómnibus los días de sufragio.

Uno de sus argumentos para solicitar la anulación de los comicios del 9 de marzo es que 182 delincuentes recluidos en centros penitenciarios salieron «de pase» a votar por el candidato del FMLN. Si eso fuera cierto, habría que preguntarle a ARENA cuánto dinero invirtió en esa maniobra y a cuántos funcionarios venales, enquistados en la estructura estatal durante sus dos décadas de gobierno (1989‑2009), sobornó.

La «conexión venezolana»

La actitud asumida por Quijano y la cúpula de su partido, con toda razón, ha sido denunciada como una copia al carbón de la estrategia desestabilizadora que, desde hace casi un año, lidera en Venezuela el también dos veces derrotado candidato presidencial de la derecha de ese país, Henrique Capriles, quien sucumbió frente Hugo Chávez en octubre de 2012 y frente a Nicolás Maduro en abril de 2013.

Capriles y Quijano, candidatos doblemente derrotados, el primero en un lapso de seis meses y el segundo de un mes, vociferan y exigen como si hubieran sido ganadores.

Capriles y Quijano exigen un recuento voto por voto, a sabiendas de que no hay razón alguna para ello, y de que tal exigencia no se corresponde con las leyes electorales de sus respectivos países. ¿Para qué? Para abrirse un infinito horizonte de posibilidades fabricar reclamaciones puntuales sin base alguna (como los presos «de pase»), con las cuales prolongar al máximo el recuento. De esa manera buscan generar incertidumbre, fomentar la percepción de ilegalidad del proceso electoral y de ilegitimidad del presidente electo, y así crear las condiciones para la campaña de desestabilización que la derecha venezolana desarrolla desde hace unos diez meses, y que la derecha salvadoreña recién ha iniciado.

Recordemos que el recuento voto por voto que exigen Capriles y Quijano les fue negado a los candidatos de izquierda en México en 1988, 2006 y 2012, y también le fue negado a la candidata de izquierda en Honduras en 2013, no obstante a que las denuncias de fraude en esos comicios –por solo citar los más conocidos–, sí tenían sólidas bases de sustentación. También vale la pena traer a colación el despojo de que fue objeto el demócrata Al Gore por parte del republicano George W. Bush en la elección presencial estadounidense de 2000.

No es casual que el estratega electoral de Capriles y de Quijano sea el prófugo de la justicia venezolana JJ Rendón, ni que el inicio de la actual ofensiva de violencia desestabilizadora contra la Revolución Bolivariana haya sido convenientemente sincronizado con la celebración de los comicios presidenciales salvadoreños. Tampoco es casual que la violencia en Venezuela haya alcanzado su máxima expresión durante el mes de campaña que separó a la primera de la segunda vuelta de la elección presidencial salvadoreña, de modo que ARENA, las catorce familias dueñas de la economía de esa nación, y los medios de comunicación propiedad de ellas, pudieran manipularla. Por lo ocurrido en Venezuela, podemos anticipar lo que ARENA intentará hacer en El Salvador en los meses posteriores a la elección, pero «guerra avisada no mata soldado».

La repetición en El Salvador del esquema utilizado en Venezuela no es casual porque la derecha de ambos países, y sus figuras visibles, como Henrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Marchado en Venezuela, y como Norman Quijano, René Portillo, Jorge Velado y Roberto D’Aubuisson (hijo) en El Salvador, son simples ejecutores de una variante de la doctrina de la dominación de espectro completo dada a conocer en 2008 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se nutre de las experiencias contrainsurgentes y contrarrevolucionarias acumuladas por el imperialismo en su enfrentamiento a las luchas anticolonialistas y revolucionarias en Asia, África y América Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La proclamación de la doctrina de la dominación de espectro completo es uno de los «ajustes» que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que hacer a su política exterior, luego que fracasara el «nuevo orden mundial», decretado en 1989 por el presidente George Herbert Bush. En América Latina, estos «ajustes» son una reacción frente al auge de las luchas populares contra la reestructuración neoliberal y a los espacios institucionales ocupados por fuerzas progresistas y de izquierda que, por primera vez en la historia, han sido electas y reelectas para ocupar el gobierno en un significativo número de países.

Los golpes de Estado clásicos, característicos de la historia latinoamericana de los siglos XIX y XX, ya están demasiado desprestigiados. Por ello, el imperialismo actualiza los medios y métodos de desestabilización, que parten de la misma matriz utilizada para derrocar a Arbenz en Guatemala (1954) y a Allende en Chile (1973), pero hoy aprovechan sus incomparablemente superiores medios de comunicación, y minimizan la exposición pública del rol de los militares reaccionarios, quienes ceden el protagonismo a personajes civiles como Pedro Carmona («Pedro El Breve», Venezuela, 2002), Roberto Micheletti (Honduras, 2009) y Federico Franco (Paraguay, 2011).

Es importante notar que en Honduras y Paraguay se utilizó la modalidad de golpe de Estado «legislativo», y que en El Salvador, durante la presidencia de Mauricio Funes (2009‑2014), se ha intentado llenar un expediente «legitimador» para un eventual golpe de Estado «judicial» con la cobertura de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, no es de extrañar que la cúpula de ARENA presente en esa sala una solicitud de anular los comicios del 9 de marzo, aunque sabe perfectamente que ella no tiene competencia en materia electoral.

¿Cómo se llena en la actualidad un expediente de golpe de Estado?

Se hace con la metodología de la dominación de espectro completo. Con palabras de Ana Esther Ceceña:

La dominación de espectro completo supone ocupar todos los espacios, todas las dimensiones de la vida, todos los lugares; no dejar resquicios para el enemigo real o potencial, no darle tiempo de recuperar fuerzas, de recomponerse; perseguirlo en los subsuelos, en tierra, aire y mar; controlar el espacio (que entre otras cosas es el de las comunicaciones); vigilarlo, disuadir cualquier iniciativa contestataria, cualquier transgresión de las reglas tácitas del poder y en su defecto aniquilarlo. Ser implacable y buscar impedir que el posible enemigo llegue a existir. Esto es: dominar en todo el espectro y con todos los medios.

La dominación de espectro completo se aplica en dos modalidades, es decir, en su modalidad defensiva y en su modalidad ofensiva: la primera, para defender a los aliados del imperialismo, como los países más reaccionarios del Golfo Arábigo‑Pérsico amenazados por la Primavera Árabe, a los que se aplicó un rasero completamente distinto al utilizado en Libia y Siria; y, la segunda, para desestabilizar y derrocar a los gobiernos que se rehúsan a someterse a la extranjerización y el saqueo de sus recursos naturales y energéticos. A su vez, cada una de estas modalidades puede aplicarse en condiciones de guerra o en condiciones de «paz».

Sea en condiciones de guerra o de «paz», la dominación de espectro completo funciona como un «temblor de tierra» permanente, ininterrumpido, constante, que no le permite al «enemigo», ni a la sociedad en su conjunto, siquiera un instante de tranquilidad, de estabilidad, de sosiego; y ese temblor permanente se combina con golpes políticos, económicos, mediáticos y de otro tipo, que se producen por doquier, en forma sorpresiva y reiterada.

¿Acaso no es esto lo que ha hecho la oposición de derecha venezolana desde la elección a la presidencia de ese país de Nicolás Maduro en abril de 2013? ¿Acaso la intención no ha sido impedirle gobernar? ¿Acaso no es eso lo que quisiera hacerle Quijano al gobierno del presidente electo Salvador Sánchez Cerén?

El síndrome de la desmemoria

Al estilo de Aureliano y José Arcadio Buendía, con un hisopo entintado, marquemos cada cosa con su nombre en la historia de El Salvador: expropiación, dominación, explotación, represión, dictadura, oligarquía, ARENA.

Dos elementos de la declaración pública hecha por Quijano al conocerse los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, hicieron sonar las alarmas y ratificaron su condición de representante de lo peor de la oligarquía salvadoreña: uno fue su rechazo a desconocer la voluntad popular libremente expresada en las urnas, actitud que mantiene inalterable; y el otro, su invocación al ejército y la policía como veedores y garantes de su supuesto triunfo, maniobra frustrada por la declaración del Ministro de Defensa, quien recordó que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) es en la actualidad una institución apolítica y no deliberante, subordinada al Presidente de la República.

El partido de Quijano, Alianza Republicana Nacionalista, fue el instrumento político y paramilitar construido por los sectores más reaccionarios y sanguinarios de la oligarquía salvadoreña en las postrimerías de la década de 1980, con los propósitos de: deshacerse de la fachada demócrata cristiana de la que se había dotado el Estado contrainsurgente durante la presidencia de José Napoleón Duarte (1984‑1989); asumir directamente la jefatura de la FAES y otros cuerpos represivos oficiales para profundizar el enfoque militarista del conflicto armado; y utilizar el poder del Estado para darle cobertura y garantizar la actuación impune de los Escuadrones de la Muerte, creados, junto con ARENA, por ya fallecido Roberto D’Aubuisson (padre).

A contrapelo de los objetivos fundacionales de ARENA, debido a su incapacidad de derrotar militarmente al FMLN –pese a la multimillonaria ayuda militar y económica recibida de los Estados Unidos–, el primer presidente arenero de la República, Alfredo Cristiani (1989‑1994), se vio obligado a negociar con esa organización insurgente y a firmar los Acuerdos de Chapultepec (16 de enero de 1992), en virtud de los cuales la bancada de ARENA en la Asamblea Legislativa de El Salvador jugó el papel protagónico en la adopción de las reformas constitucionales y en la promulgación de las leyes derivadas de dichos acuerdos.

Las transformaciones políticas e institucionales realizadas durante la presidencia de Cristiani incluyeron la depuración de la FAES, la anulación de la facultad de garante del orden constitucional que la esta tenía, y el desmontaje de otros aparatos represivos (Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda) que fueron sustituidos por la actual Policía Nacional Civil. Este paquete de reformas constitucionales y políticas realizadas por el presidente Cristiani y la bancada legislativa de ARENA, contenía también la aprobación de las leyes, órganos, normas y procedimientos electorales que hoy Quijano rechaza y pretende vulnerar.

En esencia, ARENA es la versión de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI de los mecanismos político‑coactivo‑represivos históricamente utilizados por la oligarquía salvadoreña para garantizar su continuo enriquecimiento en un país pobre y atrasado, lo cual presupone la súper explotación de la fuerza de trabajo en función de maximizar los beneficios obtenidos de la exportación de productos primarios.

El capitalismo salvadoreño empezó a conformarse en la segunda mitad del siglo XVIII mediante expropiación de las comunidades indígenas para el cultivo del añil. Cuando, a partir de la primera mitad de la centuria siguiente, el mercado europeo para ese producto se agotó debido a la aparición de los colorantes químicos, se produjo una mayor y más brutal apropiación forzosa, ya no solo de las tierras indígenas, sino también de los ejidos y realengos en la zonas montañosas, y a ello le siguió una tercera oleada expropiadora en función del cultivo del algodón y la caña de azúcar, en este caso en las zonas costeras.

Cada una de estas etapas implicó un brusco «apretón de la tuerca», para concentrar la tierra bajo el control de un puñado de familias oligárquicas y para convertir a los antiguos propietarios y usufructuarios de las tierras expropiadas en trabajadores asalariados. El complemento de esa política era mantener la remuneración y el consumo de esos asalariados en el borde inferior del nivel de subsistencia para elevar la rentabilidad de las exportaciones.

El sistema de súper explotación al que ha estado sometido el pueblo salvadoreño necesita de un sistema de súper represión que lo sostenga. Durante una primera etapa, que abarca desde la independencia hasta inicios de siglo XX, El Salvador carecía de un ejército profesional, y los jefes y oficiales castrenses eran miembros de la propia oligarquía. En una segunda etapa, a inicios de la segunda década del siglo XX, se construye un ejército profesional cuya función es defender los intereses de la oligarquía. Una tercera etapa es la dictadura unipersonal del general Maximiliano Hernández Martínez, quien gana la confianza del imperialismo norteamericano y las élites criollas mediante la genocida represión de la insurrección campesina e indígena de enero de 1932. La cuarta etapa, posterior a la caída de Hernández Martínez, es una sucesión de gobiernos militares de cuatro o cinco años de duración cada uno, en el que el general o coronel de turno construía su propio partido y concurría a unas elecciones cuyo resultado estaba predeterminado.

A la Fuerza Armada de El Salvador se le adjudicó la función de garantizar el orden constitucional, lo cual era interpretado como el derecho a desplazar, mediante un golpe de Estado, al presidente militar que quisiera prolongar su mandato o reelegirse, con otras palabras, que se negara a respetar el pacto mediante el cual le correspondía a otro alto oficial y su grupo beneficiarse de uso corrupto del poder.

En un artículo publicado en el diario El Nacional, en Caracas, el 22 de octubre de 1979, Gregorio Selser señalaba:

Posiblemente no haya en América Central y en el continente todo un ejemplo igual al que ofrece la historia de la república de El Salvador, en cuanto a la ostensible presencia de militares en el poder, en lo tocante a la continuidad de permanencia.

En esta materia, solamente Guatemala se está acercando al récord salvadoreño. El caso de la familia Somoza, en Nicaragua, no es válido porque [...] –al igual que la familia Trujillo en República Dominicana– se permitía ciertos interregnos de fachada civil. En la vecina Honduras hubo [...] gobiernos que alternaron el goce pretoriano del poder. El Salvador, en cambio, ofrece la imperturbable frecuencia de regímenes militares que se van sucediendo uno tras otro, con interrupciones brevísimas de uso compartido del poder con figuras civiles, y un único caso –que ratifica la regla– que durará contados meses, de un civil que fungiera como presidente.[1]

Una anécdota contenida en las memorias del desaparecido líder político salvadoreño Schafik Hándal, ilustra la relación entre la oligarquía y el ejército salvadoreño.

Cuando, por intereses coyunturales, el entonces recién instalado gobierno del teniente coronel José María Lemus autoriza, en 1956, el regreso de los exiliados políticos, Schafik acude a la Embajada de El Salvador el Chile a solicitar una pasaporte. Mientras está en ese trámite, se le acerca el general Eduardo Casanova, quien ocupaba un puesto en esa misión diplomática, y le dice:

Mirá muchacho, ya vas a volver para allá. Vos estás joven. Dedicáte a estudiar y trabajar. Tu familia tiene dinero. Dedicáte. Ya no te metás en babosadas. Mirá, para que sepás cómo es mi país, porque vos no sabés bien, te voy a contar. Después del derrocamiento de mi general Martínez, vino todo aquello del romerismo, todo aquel relajo… Un día se presentó en el Ministerio de Defensa, donde yo trabajaba, don Miguel Dueñas. Entró, se paró en medio de la sala y dijo: «Bueno señores: ¿quién le va a poner fin a esto? Hay dos millones de colones para los que arreglen esta situación y derroquen a este gobierno». Entonces, se levantó mi coronel Osmín Aguirre y le contestó: «Don Miguel, yo lo voy a hacer». Y así fue como se arregló el golpe de Estado. Y mirá, hay que saber quiénes son los que mandan, a quiénes les pertenece El Salvador. Hay que dejarse de babosadas: ellos son los dueños, hombre, los que mandan [...]

Al respecto dice Schafik: «Yo le escuche. No le hice ningún comentario, pero le puse mucha atención para ilustrarme claramente sobre cómo se manejaba el país».[2]

Efímeros fueron los amagos progresistas en la historia de El Salvador: el liberal morazanista capitán general Gerardo Barrios (quien gobernó como senador designado en 1860 y como presidente de la República en 1861‑1863) fue derrocado, exiliado y finalmente asesinado; el gobierno liberal de los hermanos Ezeta (1890‑1894) fue derrocado; el presidente Manuel Enrique Araujo (1911‑1913), fue ultimado a machetazos en un parque; el presidente laborista Arturo Araujo (1931), una vez en el gobierno, asumió una política represiva y fue derrocado por un golpe de Estado del que emergió la dictadura de Hernández Martínez; tras la caída de Hernández Martínez, en 1944, hubo cinco meses de libertades democráticas interrumpidas por un nuevo cuartelazo; una Junta Cívico Militar progresista gobernó de octubre de 1960 a enero de 1961; y una Primera Junta Revolucionaria de Gobierno, inmediatamente derechizada, se mantuvo entre octubre de 1979 y marzo de 1980.

Fueron los reiterados fraudes, acompañados de masivas y sangrientas represiones, omnipresentes en la historia salvadoreña, en especial, los despojos y represiones de que fue objeto la Unión Nacional Opositora (UNO) en El Salvador en las elecciones presidenciales de 1972 y 1979, y en las legislativas de 1977, los que condujeron a la fundación del FMLN y al inicio de una guerra revolucionaria de once años de duración. Sobre este período, en su libro Comandante Ramiro. Revelaciones de un guerrillero y líder revolucionario salvadoreño, el miembro de la Comisión Política del FMLN, José Luis Merino, dice:

Se puso de moda, como modus operandi de los escuadrones de la muerte, desmembrar los cuerpos de sus víctimas. Para ello utilizaban un matadero que durante el día envasaba carne de exportación para los Estados Unidos, y por la noche descuartizaba a hombres y mujeres, con las mismas herramientas, la misma forma de matar: el desangramiento y el corte de los pedazos. Hay un libro de un escritor que tiene una habilidad espectacular para describir las cosas, que relata cómo un trabajador de la empresa, después de preguntarse durante un tiempo por qué, de pronto comenzó, a encontrar su bandeja, en la que él cortaba las piezas de las reses, siempre húmeda en la mañana, hasta que un día encuentra que, entre su bandeja y la del obrero que trabaja junto a él, se había quedado un dedo de una de las personas asesinadas en la noche. Se le «soban las tejas al hombre» –como decimos aquí– y arranca una denuncia pública.

Los escuadrones mataban a quince o veinte personas, dejaban todas las cabezas en un lugar, los torsos en otro, las piernas en otros y los brazos en otro. Quienes hicieron todo eso están vivos. Algunos son dirigentes políticos, pueden haber sido ministros en alguno de los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y puede que sean diputados. Están vivos y actúan en política esos que cometieron asesinatos y crímenes sin parangón.[3]

Desde la década de 1980, cuando la oligarquía salvadoreña funda a ARENA y emprende la reestructuración neoliberal, ya el principal rubro de exportación del país no es el añil, ni el café, ni el azúcar, ni el algodón, sino los propios salvadoreños y salvadoreñas. Con un nuevo y más brutal «apretón de la tuerca», hacen sus condiciones de vida insoportables para que emigren, en forma ilegal, hacia los Estados Unidos y envíen remesas a sus familiares. El negocio consiste en que los oligarcas de ARENA son los dueños de los bancos que canalizan las remesas y los dueños de las tiendas en el que los receptores de esas remesas gastan el dinero enviado por sus familiares emigrados.

En contraposición a todo eso, el presidente electo Salvador Sánchez Cerén tiene como punto fundamental de su programa de gobierno convertir a El Salvador en un país productivo, donde los ciudadanos y las ciudadanas puedan vivir y trabajar en paz, sin necesidad de sufrir la fragmentación de sus familias provocada por la emigración forzosa.

Sirvan estas breves referencias a la historia de El Salvador, para fundamentar la afirmación, con la que concluye este artículo, a saber, que la cúpula de ARENA no solo busca anular los resultados de la elección presidencial de 2014, sino retrotraer, de golpe, seis décadas de la vida de esa nación, que incluyen: diez años de lucha intensa lucha social y política (1960‑1970), diez años de lucha social y política combinadas con lucha insurreccional urbana (1970‑1980), once años de guerra revolucionaria que combinó diversas formas de lucha (1981‑1992), siete años, primero de diálogo y después de negociación (1984‑1992), y veintidós años de lucha por la construcción de una democracia política, económica, social y cultural (1992‑2014). Este intento de borrar la historia no solo es sumamente peligroso para El Salvador, sino para toda América Latina

En síntesis, en la reacción de Quijano y de la cúpula de ARENA, de irrespeto al desenlace del recién concluido proceso electoral, se aprecia el espectro del capitalismo salvaje que pugna por recuperar los espacios que ha perdido en nuestra región.

Notas

[1] Gregorio Selser: «Casi cuarenta años de militares», El Nacional, Caracas, 22 de octubre de 1979, p. A‑6. Citado por: Amílcar Figueroa Salazar: El Salvador: elementos de su historia y sus luchas (1932‑1985), Editorial Tropykos, Caracas, 1987, pp. 57‑58. Al hablar del único presidente civil que hubo en El Salvador entre el golpe de Estado del Gral. Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931 y la fecha de publicación de este artículo, Selser se refiere a Rodolfo Eusebio Cordón, quien ocupó la presidencia de El Salvador de enero a julio de 1962.

[2] Schafik Hándal: Legado de un revolucionario. Del rescate de la historia a la construcción del futuro, Instituto Schafik Hándal, San Salvador, 20112, p. 134.

[3] José Luis Merino: Comandante Ramiro. Revelaciones de un guerrillero y líder revolucionario salvadoreño (edición ampliada), Ocean Sur, México D.F., 2011, p. 55.

- Roberto Regalado es Politólogo y Doctor en Ciencias Filosóficas. Es profesor del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (CEHSEU) y coordinador de varias colecciones de Ocean Sur.

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