Colombia

Fuerzas Armadas y negociación del conflicto armado

Pedro Santana Rodríguez

16/02/2014

Opinión

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Al tiempo que los negociadores del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han señalado que de los tres subtemas relacionados con los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico avanzan y ya han llegado a un texto borrador sobre el primer subtema que es justamente el de los cultivos de uso ilícito y su erradicación quedando pendientes el subtema de las sustancias psicoactivas; su tratamiento como un problema de salud pública y el tercer subtema el del narcotráfico y actividades conexas como lavado de activos, por ejemplo.

El tono optimista de los negociadores permite aumentar las esperanzas sobre el cierre de la negociación y la suscripción de un acuerdo político para cesar la confrontación armada con este grupo insurgente, al tiempo que se abrigan esperanzas también sobre el pronto inicio del proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Con ello se cerraría un conflicto armado de naturaleza política que ha sido devastador para el país.

Justamente se ha sobrepasado la cifra de seis millones de víctimas reconocidas y registradas en la base de datos del Estado que maneja la Unidad para las Víctimas. Esto es un poco más del 10,6% del total de la población del país calculada en un poco más de 47.5 millones de personas. El despojo de tierras supera los siete millones de hectáreas, las víctimas de asesinatos están por encima de las 220.000 desde el año de 1958, los desaparecidos suman más de 50 mil, en fin, esta es una guerra devastadora, degradada en donde es la población civil la que mayoritariamente ha puesto los muertos en Colombia y sólo los interesados en la guerra que defienden intereses politiqueros y mezquinos pueden oponerse a ella, como es el caso del Uribismo a quien la estrategia no le ha funcionado y por ello ahora quieren correrse a la Paz, pero sin guerrilleros en el Congreso y sin impunidad dicen, cuando en los ocho años largos de gobierno no fueron capaces de hacer frente a la impunidad ni reivindicaron los derechos de las víctimas. Por el contrario hundieron el proyecto de ley que buscaba un mínimo de reconocimiento a las mismas.

Pero, al tiempo que se avanza en la negociación aumentan los riesgos. Uno de ellos del tamaño de un elefante es el relacionado con las interceptaciones ilegales en contra de los propios integrantes de la delegación gubernamental que lleva la representación del Estado en la mesa de La Habana. Las llamadas salas fachadas de las cuales el Ejército y las Fuerzas Armadas dicen que funcionarían unas 30 en el país y unas 5 en Bogotá tienen aparentemente licencia para realizar labores de inteligencia, pero lo que debe averiguarse hasta el fondo es si desde allí se realizan como todo parece indicar labores ilegales de interceptación, es decir, sin una orden judicial. Este es el meollo del asunto.

Simón Gaviria, director del Partido Liberal, señaló este jueves 13 de febrero, que tiene información que desde la Sala ubicada en Galerías en la ciudad de Bogotá conocida como Andrómeda, se habrían realizado chuzadas ilegales a por lo menos 400 cuentas de Whatsapp y a 500 pines de BlackBerry en contra de militantes del Partido Liberal, del Polo Democrático y empresarios. El mismo Gaviria señala que el gobierno debe hacer claridad y determinar si la información fue solicitada por el propio gobierno o tiene otros destinatarios. Mientras avanzan las investigaciones que esperamos que arrojen resultados ciertos para bien del país y de las negociaciones, debemos reflexionar sobre un punto crucial y es el papel de las Fuerzas Armadas Gubernamentales en las negociaciones con la insurgencia y las políticas que deben adoptarse frente a las mismas en temas cruciales para el futuro del país y para el cierre de la negociación.

Cuando el gobierno integró al General en retiro del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel y al General Óscar Naranjo de la Policía Nacional, como negociadores en representación del Estado, manifestamos nuestro acuerdo puesto que estos generales troperos fueron quienes propinaron los mayores golpes a la insurgencia de las FARC, pero al mismo tiempo terminaron sus carreras con un alto reconocimiento en las tropas. Ello nos llevó a considerar además que ellos sabrían mantener bien informados a sus antiguos compañeros de armas como esperamos también que los delegados de la insurgencia hagan lo propio con sus bases. Pero, el destape de las salas de interceptación desde las cuales se estaría espiando a los propios negociadores nos muestra que hay sectores importantes de las fuerzas armadas opuestos al proceso de negociación que han decidido obtener información reservada sin que se conozcan ni los fines para los cuales la requieren ni quiénes son sus destinatarios.

La verdad es que nuestras Fuerzas Armadas estatales han sido formadas en una férrea ideología antisubversiva y anticomunista. Como lo recoge de manera acertada el informe del Grupo de Memoria Histórica Basta Ya, entregado al presidente, Juan Manuel Santos en el mes de julio de 2013, muchos sectores de las Fuerzas Armadas Gubernamentales no sólo se aliaron a los grupos paramilitares sino que en muchas ocasiones contribuyeron a su conformación. Realizaron operaciones conjuntas, durante muchos años perpetraron ejecuciones extrajudiciales que la prensa eufemísticamente nombró como falsos positivos, y protegieron a muchos criminales que formaban parte de estos grupos. Por ello, hay miles de investigaciones que involucran a cientos de oficiales y miembros de base de la Fuerza Pública. Este es un problema real al cual hay que encontrarle una salida adecuada.

Hasta ahora las cúpulas militares se han negado a aceptar esta realidad y han buscado la impunidad mediante la expedición de leyes, y reformas al fuero penal militar que buscan la impunidad. Ese a nuestro modo de ver no es el camino acertado. Un marco de justicia transicional es el adecuado. Pero, para ello los militares deben reconocer la realidad representada en que sectores amplios de las Fuerzas Armadas en vez de proteger a la población civil terminaron aliadas a los criminales, y lo primero que hay que esclarecer es hasta dónde llegaron esas macabras alianzas. Una vez establecida la verdad de los hechos y reconocida la responsabilidad en los mismos por parte de quienes participaron se puede proceder a la reparación a las víctimas, y al establecimiento de penas blandas algunas de las cuáles pueden no conllevar a la privación de la libertad para los implicados. El meollo del asunto consiste en que hasta ahora los militares han sostenido que es imposible que el Estado les exija la confesión de sus crímenes. Mientras no se proceda con ése reconocimiento estaremos lejos de encontrar una salida para enfrentar la problemática que compromete a miles de miembros de la Fuerza Pública que no sólo están en los mandos medios sino también en los altos mandos.

En este tema el gobierno de Santos ha cedido a la presión de los militares. El proyecto de Reforma Constitucional al fuero penal militar tramitada por el Congreso con la activa participación del Gobierno que pretendía instrumentos de impunidad por la vía de la ampliación al fuero penal militar así como la ley de inteligencia nacional fueron producto de esas presiones dado el peso de las Fuerzas Armadas en el sistema, y en el régimen político. Pero, hay resistencias en el Estado a esta presión. No de otra manera se debe evaluar la declaratoria de inconstitucionalidad de la Reforma al fuero penal militar por parte de la Corte Constitucional el año pasado. Pero, estamos lejos aún de sentar unas bases mínimas para asumir el toro por los cuernos como se dice popularmente. Esa base mínima es el reconocimiento de graves violaciones a los Derechos Humanos, de crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, de nexos con los grupos paramilitares, y sin ese reconocimiento que sea la base para construir un marco legal de justicia transicional será muy difícil sino imposible encontrar una salida que permita avanzar en la reconciliación del país y sus gentes con las Fuerzas Armadas.

Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 387

Semana del 14 al 20 de febrero de 2014

Corporación Viva la Ciudadanía

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