El año 2013 podría pasar a la historia como el año en que se abrió seriamente la posibilidad de cerrar el conflicto armado del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Al momento de escribir estas notas se avanza en el tercer punto de la Agenda pactada que corresponde al tema del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito. Ya se culminaron con éxito los puntos relacionados con reforma agraria y desarrollo rural así como las reformas políticas que como hemos señalado fueron los motivos que las guerrillas campesinas levantaron en la década de los años sesenta para justificar su alzamiento en armas contra el Estado. Cerrados estos dos puntos de la negociación hemos señalado que a nuestro juicio la negociación ha llegado a un punto de no retorno puesto que los restantes puntos de la Agenda son importantes pero no están en el origen ni son el motivo del alzamiento armado.

 

En el tema del narcotráfico hemos sostenido que la alternativa de largo plazo debe ser el de la despenalización tanto del procesamiento, tráfico así como el consumo de las sustancias psicoactivas. El camino emprendido por el gobierno Uruguayo que despenalizó la marihuana nos parece el camino que va en la dirección acertada. A los consumidores de estas sustancias se les debe dar un tratamiento enmarcado en los grandes programas de salud pública. Las negociaciones de las FARC con el gobierno en este punto tienen alcances limitados. La despenalización deberá ser objeto de un tratado internacional que modifique las erróneas políticas prohibicionistas y que establezca un tratamiento adecuado a los adictos a éstas sustancias, y estos acuerdos se deben dar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

 

Sería importante que en este punto el Gobierno y las FARC asumieran de manera realista el problema de los cultivos y el tratamiento de las zonas en que las FARC tienen dominio territorial así como las alternativas para los campesinos cultivadores y raspachines, en el marco de lo ya acordado en el punto sobre el agro. Insistimos que las zonas de dominio territorial de las FARC deberían ser objeto de un tratamiento especial en las cuales se contemple la posibilidad de la incorporación en el postconflicto de una parte de la base guerrillera y de mandos medios a la Fuerza Pública para garantizar efectivamente la presencia y el control del Estado en estos territorios. No se puede repetir la historia reciente en que zonas dominadas por las guerrillas desmovilizadas cayeron bajo el dominio militar o de otras guerrillas o de bandas paramilitares al servicio del narcotráfico. Estas zonas deben tener una presencia del Estado en materia de infraestructura vial y de movilidad, programas de cultivos alternativos y comercialización de los mismos, infraestructura y presencia social del Estado con programas educativos adecuados a sus regiones así como atención en salud, asistencia técnica y un conjunto de medidas de política pública que incorpore éstas regiones al desarrollo del país. Allí no se puede fracasar pues en buena medida en estas zonas se juega el futuro de los acuerdos que se logren con éstas guerrillas.

 

Los restantes puntos de la agenda son el de las víctimas que deberá garantizar para ellas la verdad, la reparación y las garantías de no repetición y en materia de justicia transicional penas a los autores de los delitos lo cual no necesariamente pasa por penas privativas de la libertad para que el acuerdo pueda ser viable. Insistimos en que no es viable una negociación en que se pretenda que los jefes guerrilleros terminen presos. Precisamente el tema más difícil que queda en la agenda y que corresponde al punto quinto de los acuerdos tiene que ver con las garantías y posibilidades de participación de los jefes guerrilleros en la vida política y su eventual participación en procesos electorales y la posibilidad de ser candidatos a cargos de elección popular. Nosotros hemos planteado en todos los escenarios a los cuáles hemos sido convocados que pensamos que una vez proferidas las sanciones correspondientes a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra se puede proceder a la suspensión de la pena y a la habilitación, previo el cumplimiento de las penas que no necesariamente contemplen la privación de la libertad. Fue nuestra postura en el Congreso Internacional de Justicia Transicional que se realizó en la ciudad de Cartagena el pasado mes de noviembre.

 

Con todo somos optimistas sobre la culminación y el cierre de la conflagración armada con las FARC, al mismo tiempo que demandamos de tiempo atrás el inicio de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para cerrar el capítulo de la insurgencia armada en el país.

 

Una acotación final para el proceso de Paz es la influencia negativa que la destitución de Gustavo Petro por parte del procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez. Es evidente que la providencia disciplinaria de primera instancia que sanciona al Alcalde con destitución y lo inhabilita por quince años no sólo es exagerada sino que no toma en cuenta para nada que Petro independientemente de los errores de improvisación que cometió estaba cumpliendo con una orden de la Corte Constitucional que le ordenaba cambiar el modelo de recolección de las basuras que debería incorporar a la población recicladora. La inmensa mayoría de la opinión pública así lo ha entendido y condena las actuaciones del Procurador. Esperemos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, le confiera medidas cautelares a Gustavo Petro, para que pueda enfrentar el proceso de la revocatoria. Con ello se minimizaría el influjo negativo que esta determinación tuvo en la mesa de negociaciones de La Habana.

 

Para todos nuestros lectores unas felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo. Esta publicación volverá a reaparecer la tercera semana de enero. Qué el próximo año sea el de la paz y el cierre del conflicto armado. Este es nuestro más ferviente deseo.