Los dos puntos esenciales en la Mesa de Negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, son indudablemente el tema de la Tierra y el tema de las reformas políticas que permitan que las FARC puedan transitar de las armas a las urnas en un futuro próximo. No es que los otros cuatro puntos de la Agenda no sean importantes pues allí hay elementos que también interesan al país y al gobierno y también a la guerrilla, sin embargo, los dos primeros puntos se refieren al origen de ésta guerrilla que se remonta a mediados del siglo XX, cuyo levantamiento en armas estuvo asociado al tema de la tierra y a  la necesidad de una reforma agraria en un contexto de concentración excesiva de la propiedad. Digamos que este punto está en el origen del levantamiento armado y el cierre del ciclo de violencia tendrá que ver con reales transformaciones en el campo colombiano como las ya acordadas en la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno y las FARC.  Este punto ha sido cerrado con un acuerdo general quedando algunos puntos pendientes. Esto es lo que permite guardar un moderado optimismo sobre las posibilidades de un exitoso cierre de las negociaciones.

 

El segundo punto, el de las reformas políticas, es crucial toda vez que la guerrilla de las FARC siempre ha sostenido que son un grupo guerrillero levantado en armas contra el Estado y que su naturaleza es política y así lo ha reconocido tanto el poder judicial como el propio Estado en diversos momentos de la coyuntura del país lo que ha conducido a tres procesos de negociación fallidos. Este es el cuarto intento y nunca se había llegado tan lejos en los anteriores procesos.

 

Para un grupo que se reclama político y que quiere transitar de las armas a la vida civil y a la lucha política democrática, el tema de las condiciones que permitan este tránsito es crucial y así ha sido tanto en Colombia como en el mundo en otras experiencias exitosas de negociación. Y en Colombia esto es crucial en esta coyuntura puesto que se trata de las garantías para que las FARC abandonen las armas y se conviertan en opción política legal. Y en el caso concreto hay dos temas que son cruciales para las FARC y por ello la mesa es escenario de un forcejeo, que esperemos termine en un acuerdo. Estos dos temas son el de la participación en política de los comandantes guerrilleros condenados o investigados por su responsabilidad en crímenes de lesa humidad y en crímenes de guerra y el tema de los mecanismos para la refrendación de los acuerdos.

 

Sobre el primer tema los jefes negociadores de las FARC han mencionado que no es viable- y nosotros pensamos igual- que al final del proceso los jefes guerrilleros terminen en la cárcel e inhabilitados para participar en la vida política. En este tema tiene razón el fiscal General, Eduardo Montealegre, quien ha planteado que se requiere un marco jurídico que no necesariamente contemple penas de privativas de la libertad y que habría que explorar otras alternativas que sin conducir a la impunidad haga viable el acuerdo. No es realista por otra parte la propuesta de uno de los voceros de las FARC, Marcos Calarcá, de proponer que para garantizar que los acuerdos se cumplan, el Estado colombiano renuncie a la Corte Penal Internacional y declare la soberanía jurídica del país. Desde hace años las FARC y su dirigencia no han entendido que el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado en reconocer en primer término los derechos de las víctimas y que ello supone que delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistías o indultos plenos.

 

Cuando el presidente, Juan Manuel Santos, se pronunció en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre este tema, nos parece que de manera acertada, pidió comprensión de la comunidad internacional para tratar de encontrar un marco flexible que permita cerrar el ciclo de guerra que vive Colombia dese hace ya más de 60 años. Esto en buen romance significa que se permita poner en marcha un proceso en qué se pueda, por ejemplo, suspender las penas para los jefes guerrilleros y de esta forma se les permita participar en política, siempre y cuando se satisfaga la solicitud de las víctimas a la verdad, a la reparación y garantías de no repetición.  Es obvio que en una negociación como la actual este tema es parte de los puntos  en disputa y en discusión en el seno de la Mesa de Negociaciones. Entendemos que lo que trata de lograrse en La Habana es la construcción de una alternativa en el marco de la justicia transicional que permita resolver este tema que es crucial para avanzar en la terminación del conflicto armado.

 

Y el segundo aspecto, el que tiene que ver con los mecanismos para la refrendación de los acuerdos también es un tema central en la mesa. Las FARC sienten que en estos dos puntos el gobierno quiere avanzar por su cuenta sin acuerdos previos. En el primer punto el gobierno avanzó una reforma constitucional que ha sido avalada con límites por la Corte Constitucional y en el segundo avanza una ley estatutaria que permita que los acuerdos sean refrendados mediante un referendo constitucional que podría ser votado el mismo día de las elecciones a Congreso o a Presidente de la República. En la actualidad ningún referendo constitucional puede ser votado en las mismas fechas de otro evento electoral. El problema aquí estriba en que estos dos puntos no fueron acordados en la Mesa de las negociaciones. Las FARC entienden que el gobierno ha actuado de manera unilateral y es obvio que se opongan, es parte de la negociación. Contrario a quienes se frotan las manos de felicidad  y señalan que está cantado que las FARC no quieren ningún acuerdo ni abandonar la lucha armada nosotros vemos que el forcejeo en la mesa es apenas parte de lo que se presenta en todas las negociaciones y esta es una negociación, no es una entrega. Al final confiamos que las FARC hayan entendido que esta es una oportunidad para la dejación de armas y para el reintegro a la vida civil, que la lucha armada por el poder no tiene futuro y que se ha convertido en un obstáculo para el impulso de los cambios democráticos por la vía electoral y de la movilización civilizada de los movimientos sociales. Se equivocan si leen que las recientes movilizaciones campesinas y estudiantiles pueden ser instrumentos para una revolución armada. Estas luchas, justas por lo demás, se dan en un contexto de optimismo de las propias negociaciones de La Habana. Un obstáculo a la movilización ciudadana lo constituye la lucha armada y la infiltración de las propias movilizaciones que con actos de violencia alejan a las mayorías que entienden sus reclamaciones, pero están en contra de los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.

 

Somos moderadamente optimistas sobre el avance de los diálogos y la negociación y esperamos que más temprano que tarde se abra la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Alcanzado un acuerdo sobre el segundo punto que es el de las reformas políticas se abre la posibilidad de abordar el tercero que es justamente el tema de la dejación de armas. Si se cierran los dos puntos, ahí si es posible pensar en una pausa que debería contemplar una tregua como abrebocas para abordar el tema de dejación de armas, reinserción, y demás subtemas acordados como punto tres de la Agenda. En estas circunstancias se podría pensar en pactar un nuevo calendario. Pero con el optimismo y la certeza que se ha cruzado la línea de no retorno.

 

Esto también serviría para clarificar el panorama electoral. Un acuerdo parcial sobre los dos puntos servirá a la causa política de Santos que podrá cobrar en la campaña electoral el dejar un proceso inconcluso pero claro en su futuro y a los partidos de centro izquierda que deberían rodera decididamente el proceso. La oposición provendrá del Uribismo que no está de acuerdo con la salida negociada al conflicto armado. Es inevitable que el tema de las negociaciones marque como ya lo ha hecho la campaña política tanto de Congreso como de elección del Presidente de la República. Un acuerdo parcial sólido no dudamos que logrará quebrantar el escepticismo que se mantiene en la opinión pública frente al proceso y eso solo es posible si antes de que termine el año la mesa logra consolidar este acuerdo mínimo. Este es el reto.