Colombia

La paz y la negociación del conflicto: esa es la clave

Pedro Santana Rodríguez

21/04/2013

Opinión

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En el año 2005 el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, pidió que el Congreso de la República le confiriera estatus político a los grupos paramilitares. La figura finamente diseñada no era la rebelión sino la sedición, el argumento era que estos grupos se habían declarado en oposición al Estado y por tal razón deberían ser considerados como actores del conflicto armado y por tal razón deberían ser considerados como delincuentes políticos. Esto llevaría a que los principales dirigentes de estos grupos pudieran participar en las elecciones y en la vida política del país. En ese entonces sus aliados se presentaron en el Congreso de la República. Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza fueron invitados al salón elíptico del Capitolio Nacional para que sus aliados en el Congreso los proclamaran como dirigentes de una sedición política contra el Estado y como consecuencia de ello pudieran ser considerados como militantes de una acción contra el Estado.

En un primer momento esto sonaba lógico en el establecimiento. Pero el 18 de mayo del año 2006 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el estatus político por vicios de procedimiento, en ese momento uno de los ponentes de ese adefesio era el hoy ministro de la vivienda, Germán Vargas Lleras, que a propósito no ha dicho nada sobre lo que piensa de los diálogos de La Habana. En ese mismo año en el mes de octubre la ahora añorada Sala penal de la Corte Suprema de Justicia abriría el llamado proceso penal en contra de la parapolítica. Hasta el día de hoy han sido condenados por los nexos con los grupos paramilitares 43 congresistas dentro de los cuales hay seis expresidentes del Congreso. Al momento de realizar un análisis de lo que está pasando hoy, no hay que olvidar lo que ha pasado recientemente.

Hoy en día lo que divide al establecimiento político es la posición que se asume frente a los diálogos y al proceso de negociación con la insurgencia armada. La Corte Suprema había trazado una línea jurídica desde el mes de julio del año 2007. La insurgencia armada, vale decir, las FARC y el ELN, por oposición a los grupos paramilitares, así hubiesen incurrido en delitos de lesa humanidad, en actividades del narcotráfico y en crímenes de guerra no eran simplemente una amenaza terrorista. Eran grupos alzados en armas contra el Estado. Lo cual reiteró en el mes de diciembre del mismo año. Todo ello habría una puerta para que el Estado les diera a estos grupos un estatus político y eventualmente los considerara como actores armados ilegales pero de naturaleza política.

No hablaremos aquí de la incoherencia ideológica y política del expresidente Uribe. La historia se encargará de juzgarlo. Aquí lo que queremos ilustrar es la división que se presenta en el momento actual entre los partidarios del diálogo y de la negociación política del conflicto armado y quienes se oponen a esa alternativa.

Digamos para comenzar que durante los ocho años de gobierno del expresidente Uribe se invirtieron más de 80 mil millones de dólares en la guerra. Tenemos un ejército y una policía que suman más de 470 mil uniformados. Digamos que el gasto militar esta próximo al 6% del producto interno bruto. Agreguemos que en Colombia hay más de 6 millones de víctimas. Según los datos incompletos del registro único de víctimas hay cerca de 800 mil muertos a causa del conflicto armado. Y digamos francamente que hay sectores interesados que esta situación trágica se mantenga. Y que en esta posición se encuentra el expresidente Uribe y su Puro Centro Democrático.

La negociación del conflicto, el conferirle estatus político a la insurgencia armada, la eventualidad de un acuerdo, es parte de lo que actualmente nos divide. La marcha del 9 de abril en Bogotá exacerbo esa división, esa crisis. La línea divisoria más gruesa que nos separa es esa, de un lado quienes creemos que se debe negociar y quienes consideran que se debe derrotar al adversario guerrillero. Esa será una de las banderas centrales del debate electoral que se avecina.

Nosotros creemos que hay que negociar. Desde esta posición exigimos que la mesa de La Habana, no se puede levantar, sin un acuerdo. A eso le apostamos.

Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 347

Semana del 19 al 25 de abril de 2013

Corporación Viva la Ciudadanía

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