Nicaragua ha vuelto a ocupar los titulares internacionales a tres años de la violenta represión por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega y su esposa, Vice-Presidente Rosario Murillo, al levantamiento popular de 2018 que dejó varios centenares de muertos y envió al exilio a decenas de miles mas. El país istmeño experimenta ahora una renovada crisis política en el periodo previo a las elecciones generales programadas para el próximo 7 de noviembre. En meses recientes el gobierno ha detenido sin cargos a siete precandidatos de la oposición a la presidencia y varias decenas mas conforme una draconiana ley de seguridad nacional que suspendió el hábeas corpus. Entre aquellos detenidos o forzados a la clandestinidad en la oleada de represión, se encuentran varios dirigentes revolucionarios históricos, entre ellos los comandantes legendarios Dora María Téllez y Hugo Torres. Ambos participaron en el asalto al Palacio Nacional en 1978 que obligó a la dictadura Somocista a liberar 60 reos políticos, mientras Torres también participó en la audaz incursión navideña de 1974 que obligó a Somoza a liberar a Daniel Ortega de la cárcel.

Si en la década de los 1980 la Revolución encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) inspiró a los progresistas en todo el mundo, ahora la crisis esta generando profundas fisuras en la izquierda internacional. Al igual que adujo a raíz de las protestas de 2018, sectores importantes de dicha izquierda sigue insistiendo que Nicaragua esta experimentando un renovado proceso revolucionario bajo el liderazgo de Ortega-Murillo, y que Estados Unidos esta empecinado en derrocar al régimen. Estas versiones apuntan a los programas sociales introducidos por Ortega cuando volvió al poder en 2007 y al financiamiento norteamericano para varias organizaciones nicaragüenses asociadas con la oposición anti-Sandinista. Hay una peculiar ausencia maniquea en estas versiones izquierdistas de cualquier enfoque sobre las contradicciones internas en Nicaragua que dieron lugar a la crisis.

Junto con varios miles de internacionalistas de todo el mundo, yo participé en el proceso revolucionario de los años 1980. En julio pasado, yo agregué mi firma a una petición que firmaron mas de 500 trabajadores de la solidaridad con Nicaragua en Estados Unidos. La petición declaró que “los crímenes del gobierno norteamericano – del pasado y del presente – no son la causa, ni tampoco justifican o excusan, los crímenes contra la humanidad cometido por el actual régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.” La carta llamó al gobierno nicaragüense a “liberar mas de 130 presos políticos, anular y dejarlo sin validez a la draconiana ley de seguridad nacional bajo la cual fueron detenidos estos individuos, y negociar reformas electorales para asegurar elecciones libres y justas.”

¿El Régimen Ortega-Murillo es Izquierdista?

Una década de implacable intervención de EE.UU. —que incluyó una campaña militar contrarrevolucionaria, un embargo económico e interferencia en la política interior (sin mencionar los propios errores de los sandinistas)— eventualmente llevaron a que los sandinistas fueran expulsados del cargo por la vía electoral en 1990. La derrota electoral sumergió al partido sandinista en una aguda crisis interna relativa a sus programas, orientación ideológica y estrategia. En los primeros años de la década de los 1990 las bases Sandinistas montaron una resistencia sostenida al programa neoliberal impuesto sobre el país por Estados Unidos y por las agencias financieras internacionales en complicidad con la clase capitalista local y los políticos conservadores. Sin embargo, al mismo tiempo surgió una nueva elite Sandinista entre aquellos que se apropiaron de considerables propiedades durante el cambio de régimen en 1990, en lo que se conoce en Nicaragua como “la piñata”. En efecto, estos Sandinistas de algo rango privatizaron a ellos mismos lo que eran los bienes del Estado y los recursos del partido Sandinista que constituyeron el patrimonio colectivo de la Revolución.

A medida que progresaba la década de los 1990, los nuevos propietarios y empresarios sandinistas comenzaron a desarrollar una afinidad con la burguesía tradicional en cuanto a intereses de clase y se mezclaron con ellos. A lo largo de esa década y la siguiente, centenares de lideres Sandinistas históricos, junto con miles de miembros y militantes del partido, o abandonaron y fueron expulsados de las filas del FSLN mientras la facción Orteguista obtuvo un férreo control sobre la maquinaria del partido y suprimió todo intento de renovar y democratizar el partido, reduciendo al mismo a una sombra de lo que era. La nueva élite sandinista gradualmente pasó de liderar las clases populares en su resistencia al programa contrarrevolucionario de la reconstrucción capitalista, a utilizar la decreciente autoridad del partido para contener a dichas clases y controlar su movilización.

No obstante, el liderazgo del FSLN continuó legitimándose con un discurso revolucionario que ya no se correspondía con ningún programa o conducta político aparte de profundizar sus propios intereses de grupo y asegurar un lugar entre el bloque dominante en el nuevo orden neoliberal. Ortega probó ser extraordinariamente hábil en utilizar una verborrea radical y la retorica anti-imperialista que tuvo una resonancia reflexiva de apoyo entre la izquierda internacional. Pero es su esencia no se discierne nada que calificaría al régimen como revolucionario o socialista. Ortega logró volver al poder mediante un pacto en 1999 con un sector de la oligarquía tradicional conocido como la Alianza Liberal, con los antiguos miembros de la contrarrevolución armada (conocido como los “contras”), y con la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y con las sectas Evangélicas. Con la promesa del respeto absoluto para la propiedad privada y la libertad sin restricciones para el capital, Ortega procedió a co-gobernar con la clase capitalista, organizada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) hasta que este ultimo se rompió con el régimen a raíz de las protestas de 2018.

El gobierno renacionalizó el sistema de salud y el sistema educativo, incrementó los gastos sociales y otras medidas de bienestar popular (repartidas a través de las redes clientalistas). Estos programas era bienvenidos y constituyeron avances importantes para las clases populares. Pero no alteraron la esencia neoliberal del model desarrollado por los tres gobiernos que precedieron el regreso de Ortega al poder. Al contrario, Ortega-Murillo vigorosa- y violentamente defendió las existentes relaciones clasistas y de propiedad. El regime recibió elogios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial por sus politicas neoliberales, pro-capitalistas y a favor de las corporaciones transnacionales, ademas de la aclamacion de Estados Unidos por su cooperación con el Comando Sur, con la Agencia Antidrogas, y con las politicas inmigrantes estadounidenses.

Mientras tanto, el circulo intimo nepotista del regimen se ha enriquecido a trave del saqueo de los recursos del Estado, y en particular por su control sobre Albanisa, el oscuro conglomerado financiero y petrolero establecido gracias a varios miles de millones de dolares en concepto de subsidios venezolanos. Los ocho hijos Orega-Murillo fungen como asesores a la presidencia, controlan una red privada y ostensiblemente publica de canales de television, radioemisoras, y sitios de internet, manejan fondos de inversion publica, y administran una red de negocios familiares.

Los indicadores sociales registraron una mejoría en los primeros años del regreso de Ortega al poder, siempre y cuando los precios de los commodities se mantuvieran altos, continuaba la entrada de inversiones extrajeras corporativas, y la espita de los creditos internacionales y ayuda venezolanan permanecía abierta. No obstante, es dificil tener una confirmación independiente de la afirmación del gobierno – debidamente repetido por sus defensores en el exterior – de que el nivel de pobreza se ha disminuido en un 50 porciento, ya que la fuente tipica para este dato es el Banco Mundial, el cual a cambio depende de los datos oficiales que el gobierno nicaraguense le proporciona.

El instituto de investigación independiente con sede en Managua, Fundación para el Desafío Económico Global (FIDEG), ha realizado desde 2009 encuestas de hogares anuales, una metodología considerada por los investigadores de la pobreza como una evaluación mas confiable que los datos agregados nacionales para medir la tasa de pobreza. De acuerdo con el informe de FIDEG para 2020, la tasa de pobreza experimentó una ligera disminución entre 2009 y 2014, de 44.8 a 39.0 porciento de la población total. Pero luego la tasa comenzó a subir en 2015 – tres años antes de la crisis de 2018 que el gobierno aduce es la causa del incremento de la pobreza – llegando a casi 45 porciento de la población total en 2019, eliminando en efecto los ligeros logros registrados en los primeros años del régimen Ortega-Murillo.

El régimen no ha perseguido ningunas de las políticas típicamente relacionados con una agenda de orientación socialista. En el campo, el sector agropecuario esta dominado por el gran agronegocio transnacional. En los primeros años del régimen, el gobierno Sandinista brindó un apoyo limitado al sector campesino a través de un modelo clientalista de dádivas. Pero la reforma agraria estaba fuera de la agenda. Mas bien, la estrategia del desarrollo capitalista subordinó el campesinado al sector de agronegocio. El gobierno alentó a los campesinos desplazados a colonizar lo que quedaba de la frontera agrícola en la zona menos poblada del oriente del país. Esto es un patrón de acumulación rural de capital bien conocido en el transcurso del desarrollo capitalista en América Latina. Ya para mediados de los años 2010 la colonización de asentamientos penetró profundamente en la región de la Costa Atlántica, donde se concentran las poblaciones indígenas y Afro-descendientes, invadiendo y violando sus tierras comunales, interrumpiendo la autonomía local, y desatando una escalada de conflictos étnicos que ha producido numeroso asesinatos y desalojos de dichas poblaciones.

La banca, la agricultura, la industria, y las importaciones y exportaciones están controlados por los conglomerados capitalistas locales y transnacionales (de hecho, el 96 porciento de la propiedad del país esta en manos del sector privado). No existen controles de capital, políticas impositivas progresivas, ni tolerancia para la movilización autónoma de los sectores populares. El régimen ha desplegado de forma rutinaria al ejercito, la policía, y las fuerzas paramilitares para reprimir violentamente a estas movilizaciones cuando han tenido lugar, incluyendo el intento de los trabajadores de la industria maquiladora de formar sindicatos independientes y exigir mejores salarios, la resistencia de los campesinos al plan ambientalmente desastroso de construir un canal secp que atravesaría al país, y los mineros y activistas comunitarios que protestan las concesiones a las compañías mineras y otras transnacionales.

Mientras tanto, los ingresos tributarios de los impuestos sobre el capital se desplomaron desde 2010 y en adelante. Nicaragua registra los niveles mas bajos en Centroamreica de ingresos tributarios corporativos, después de El Salvador, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Los generosos incentivos a la inversión y las concesiones a las corporaciones transnacionales incluyen exoneraciones a todo impuesto durante un periodo de 10 años. La Ley 480 que autorizó el Nicaragua Canal Development Project (Proyecto Nicaragüense de Desarrollo del Canal) otorga a una compañía con sede en Hong Kong “concesiones exclusivas por 50 años desde el comienzo de las operaciones,” y con la opción de extenderlas para otros 50 años.

Nicaragua se convirtió en un paraíso para el capital transnacional precisamente porque el gobierno generó las condiciones ideales para la bonanza corporativa, incluyendo la imposición de la disciplina laboral y la estabilidad, además de los salarios mas bajos en toda América Latina, salvo los de Cuba. En este sentido, el modelo Ortega-Murillo es parecido al corporativismo tripartida desarrollado por el Partido Revolucionario Institucional que gobernó durante muchas décadas a México, en el cual las redes clientelistas incorporan a sectores entre las clases populares en tanto el liderazgo de centrales sindicales oficialistas, las asociaciones campesinas, y las organizaciones comunitarias se integran al aparatus gobernante y fungen para ejercer un estrecho control sobre cualquier movilización independiente desde las bases.

El modelo funcionó hasta que golpeó la crisis económica a partir de 2014 y en adelante. La crisis tiene que ser situado en el contexto de las contradicciones del desarrollo capitalista en América Latina y en todo el mundo en esta época de la globalización. Junto con el resto de América Latina – bajo gobiernos tanto izquierdistas como derechistas – Nicaragua experimentó desde los 1990 hasta la segunda mitad de los años 2010, una vasta expansión de las inversiones corporativas locales y transnacionales en la minería, la explotación forestal, el agronegocio, el turismo, y la producción industrial maquiladora. A medida que aumentaron las dificultades económicas y las tasas de crecimiento se vino disminuyendo a partir de mediados de los 2010, el gobierno negoción acuerdos con las agencias financieras internacionales para profundizar las medidas neoliberales de austeridad, entre ellas, la suspensión de los subsidios a los servicios públicos y la privatización de la infraestructura. Una de estas medidas – un recorte en las prestaciones de pensión y un incremento en las contribuciones a las pensiones de los trabajadores y los empleadores – fue el detonante para las protestas del abril de 2018.

El Financiamiento Estadounidense para la Oposición

Los defensores del régimen Ortega-Murillo que afirman que el gobierno norteamericano está promoviendo un “cambio de régimen” en Nicaragua señalan el financiamiento multimillonario que la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) canaliza hacia varias organizaciones cívicas, medios de comunicación, y asociaciones empresariales a través de la Fundación Nacional para la Democracia (conocido por su acrónimo en ingles, la NED). En mi opinión, la actividad de la NED en cualquier lugar del mundo debe ser denunciada. Estados Unidos no tiene nada positivo que hacer en Nicaragua, y debe cesar toda intromisión. No obstante, para algunos entre la izquierda estadounidense e internacional, el financiamiento de la NED es señal de una operación contrarrevolucionaria de “cambio de régimen” sin ninguna compresión o análisis de lo que persigue este financiamiento.

El financiamiento de la NED empezó a mediados de la década de los 1980 y nunca ha cesado. No es algo nuevo al periodo que corresponde al régimen Ortega-Murillo. En los años 1980 este financiamiento formó parte de la estrategia contrarrevolucionaria (publiqué el primer libro que destapó y denunció el accionar de la NED en Nicaragua). Desde los 1990 y en adelante este financiamiento ha perseguido: fortalecer las fuerzas pro-neoliberales/capitalistas en la sociedad civil nicaragüense, inculcar la lógica neoliberal al interior de la sociedad civil, ayudar a dichas fuerzas lograr la hegemonía en la sociedad civil, promover la agenda del capital transnacional en el país, y evitar cualquier radicalización de la sociedad civil (véase mi otro libro sobre este tema). La afirmación de que este financiamiento ha tenido el objetivo de derrocar al Ortega no es convincente, ya que Ortega ha cogobernado con estas mismas fuerzas financiadas por la NED. El programa de la NED en Nicaragua es distinto a los que la Fundación lleva a cabo en países como Cuba, Venezuela, o Irán, donde constituyen un componente de las campañas totales de desestabilización.

En mis libros sobre la NED, mostré como la Fundación persigue distintos propósitos en los diferentes países, dependiendo de los objetivos generales de la política de Washington hacia cada país. En algunos países los programas de la NED han formado parte de campañas mas amplias para derrocar a los gobiernos establecidos. Esto fue el caso, por ejemplo, con las “revoluciones de colores” en Europa Oriental y las antiguas Republicas Soviéticas, en Nicaragua durante los años 1980, o en Venezuela hoy día. En otros países donde las fuerzas populares están luchando contra dictaduras o regímenes autoritarios, como en Sudáfrica hasta la caída del apartheid en 1994, Egipto durante la Primavera Árabe, o en Honduras en la actualidad, los programas de la NED buscan reforzar la hegemonía de la elite al interior de estos movimientos de masa para democratizar el orden social a fin de evitar cualquier radicalización de las bases y asegurar salidas a las crisis compatibles con el orden capitalista social.

La NED tiene programas en mas de 100 países alrededor del mundo, la mayoría de ellos en países aliados con Estados Unidos, tales como las demás Republicas Centroamericanas. De acuerdo con el banco de datos de la misma NED, sus programas en Nicaragua sumaron a un total de poco menos de $6 millones durante los últimos cinco años. Durante ese mismo periodo de cinco años, la NED gastó una cantidad similar en Colombia, el aliado mas cercano a Estados Unidos en Sudamérica, y en Guatemala y Honduras. En ese mismo periodo, desembolsó $12 millones de dólares en Kenia (su cercando aliados en África Oriental), $8.5 en Egipto, unos $8 millones en las Filipinas, $8.5 millones en México, etcétera. En contraste, la Fundación dedicó $25 millones de dólares para Cuba como parte de un programa explícitamente contrarrevolucionario.

A diferencia de las campañas devastadoras de desestabilización contra Venezuela y Cuba, las cuales abarcan bloqueos económicos totales y sanciones, Nicaragua hasta la fecha sigue siendo miembro del Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA) y Estados Unidos es el proveedor principal de petróleo. De hecho, recién elegido hacia finales de 2006, Ortega acogió con beneplácito al CAFTA en un momento en que los movimientos sociales a lo largo del Istmo estaban llevando a cabo grandes movilizaciones en su contra. Nicaragua no enfrenta ningún embargo comercial. Más bien Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y el comercio entre los dos países esta en auge, alcanzando mas de $5 mil millones de dólares en 2020. Sigue plenamente abierta la espita de los créditos de las agencias financieras internacionales a Nicaragua a pesar de la Ley Nica, aprobado por el gobierno norteamericano en 2018, que amenazó con bloquear dichos préstamos. En 2020 el FMI aprobó un préstamo de emergencia de $185 millones de dólares a Nicaragua, en tanto el Banco Interamericano de Desarrollo proporcionó otros $43 millones. Al mismo tiempo, el Banco Mundial aprobó un préstamo de $20 millones a principios del año en curso y luego abrió una segunda línea de crédito para $80 millones. Tampoco enfrenta Nicaragua agresiones militares o paramilitares por parte de Washington.

La principal preocupación de Washington en mi análisis no es deshacerse de Ortega sin preservar - frente a una crisis que ha surgido de las contradicciones internas – los intereses del capital transnacional en el país y la hegemonía de capital sobre cualquier proyecto político post-Ortega. Lo que mas teme Washington es un vacío de poder impredecible y desestabilizador en el país. Pero el problema es que la derecha política tradicional en Nicaragua se encuentra en un estado de desorganización, por lo que le toca al sector empresarial y sus formas corporativistas y gremiales de organización, la tarea de armar algún tipo de transición. Es justo este sector empresarial, sus agencias, fundaciones, y tanques de pensamiento, que han recibido la mayoría del financiamiento de la NED, y que ahora sondea la posibilidad de lograr acomodarse a un triunfo de Ortega en las elecciones de noviembre.

Dependiendo del desenlace de los acontecimientos en el terreno, la política norteamericana podría cambiar en tanto se profundiza la crisis y se agravan las tensiones entre Washington y Managua. Este año la AID, como parte de su Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, por su acrónimo en ingles) – programa que asigna fondos para los gobiernos, los sectores privados, y las ONG en la región – destinó otros $3 millones para varias organizaciones cívicas nicaragüenses. Sin embargo, hay que subrayar que mas allá de la NED, la vasta mayoría de los centenares de millones de dólares que la AID ha destinado a Nicaragua durante los 13 años en que Ortega ha estado en el poder, se ha entregado directamente al gobierno mismo para sus programas de salud y educación, crédito para importaciones y ayuda para las exportaciones, operaciones contra-drogas, asistencia técnica para el gobierno, etcétera. Resulta poco creíble, pues, aducir que los programas de la AID en Nicaragua persiguen un “cambio de régimen”.

Las fuerzas derechistas y las elites conservadoras tradicionales han logrado la hegemonía sobre la oposición. Los sectores populares han estado atrapados desde 2018 entre un gobierno Orteguista corrupto y represivo, y la oligarquía tradicional por el otro. La elite tradicional goza del apoyo de las fuerzas derechistas internacionales que nunca se han conformado con el monopolio Sandinista del poder político y están desempeñados en aprovechar de la revuelta popular para recuperar el poder directo. Es irónico y también trágico que los y las jóvenes que tomaron las calles en 2018 eran en su mayoría los hijos e hijas de la antigua generación de Sandinistas que participaron en la Revolución de los años 1980 – irónico porque estos jóvenes han sido tildados como afiches de un fracasado “golpe de estado norteamericano”, y trágico porque la feroz represión en su contra abrió paso a la hegemonía conservadora sobre la oposición.

El hecho de que cualquier gobierno derechista seguramente continuaría y hasta profundizaría el neoliberalismo seguido por el gobierno Sandinistas y sus predecesores, no debe ser pretexto para apoyar al neoliberalismo, la represión, y el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo. Los progresistas deben establecer una posición izquierdista basada en los principios de cara a la compleja realidad política en Nicaragua.