Se ha desatado todo un debate a nivel mundial, acerca de la exención de las patentes de la vacuna contra el Covid-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, advirtió a los gobiernos y a las farmacéuticas que: "a menos que eliminemos el virus en todas partes, podríamos terminar en el punto de partida". Esta afirmación se debe principalmente al hecho de que mientras más tiempo nos tardemos en vacunar a la población mundial, el coronavirus tendrá más posibilidades de mutar y evadir las vacunas haciéndose éstas menos eficaces para contener la enfermedad. Un claro ejemplo ha sido Brasil, donde varios expertos alertan de que puede convertirse en una “fábrica” de variantes capaces de escapar a la eficacia de las vacunas, lo que, como alertó Adhanom, nos podría llevar al punto de inicio de la pandemia.

El asunto de las potenciales variantes del Covid-19 no es cualquier detalle para comprender por qué la industria farmacéutica se ha negado rotundamente a la solicitud hecha por gobiernos y por Naciones Unidas de levantar las patentes y, por lo tanto, no ha querido transferir sus licencias, conocimiento y tecnología para que otras empresas se sumen a la producción masiva de las vacunas, para de esa manera inmunizar en el menor tiempo posible a la población mundial.

Se estima que se requieren entre 10.000 y 14.000 millones de dosis este año 2021 para garantizar la inmunización del 80% de los 7.700 millones de personas que habitamos el planeta, capacidad de producción que no tienen las empresas farmacéuticas que han desarrollado las vacunas. Adicionalmente, y por si no fuese suficiente, de ese total, más de dos tercios ya han sido demandadas y comprometidas a los países ricos según informes de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias.

Son dos los principales obstáculos que impiden la rápida y eficaz inmunización. En primer lugar, los bajos niveles de producción debido a la poca capacidad de las empresas que han desarrollado la vacuna. Segundo, la distribución desigual de las vacunas producidas, las cuales están siendo descaradamente acaparadas por los países ricos que cuentan con vacunas para inmunizar tres o cuatro veces su población.

A la fecha y según la OMS, tres cuartas partes de las personas vacunadas viven en 10 países ricos que representan el 60% del PIB mundial, mientras que 130 países, donde viven 2.500 millones de personas, todavía apenas han podido comenzar a vacunar. Informa la organización Médicos Sin Fronteras que, si las primeras 2.000 millones de dosis de vacunas se distribuyeran en proporción a la población de cada país, la mortalidad mundial podría reducirse en 61%. En cambio, si los 47 países más ricos acaparan las dosis, la reducción será solo del 33%.

La pregunta que surge es cuáles son las verdaderas razones del complejo farmacéutico industrial para negarse a ceder sus licencias y transferir tecnología y conocimiento, a pesar de que se trata de una enfermedad altamente contagiosa y también letal que no solo ha sobrepasado la capacidad de atención sanitaria en los países incluso de altos ingresos, sino que además de haberse cobrado la vida de casi 4 millones de personas ha tenido un impacto tremendo en la economía y en la pobreza mundial. Qué explica el comportamiento de esa industria sabiendo además que no se controlará la pandemia hasta tanto no todos estemos protegidos. Tenemos dos respuestas a esta interrogante.

La primera de ellas es evitar un precedente en la flexibilización del mecanismo del derecho de propiedad intelectual que pondría en riesgo las cuantiosas ganancias, no solo asociadas al Covid-19, sino a su negocio de la salud.

Por encima del sector financiero y después de la industria petrolera y de defensa, la farmacéutica es la tercera con mayores ganancias a nivel mundial. Antes de la pandemia, en 2019, se estimaba que sus ingresos ascendieron a US$ 700.000 millones al año. Las patentes no son otra cosa sino la legalización de los monopolios que otorgan, por lo menos durante 20 años, la exclusividad de la producción y comercialización de medicamentos generando un efecto negativo en el acceso de estos bienes muy necesarios para la salud y la vida para los pueblos.

Las patentes otorgan un gran poder, no solo económico, sino político a la industria farmacéutica. Imaginemos el que actualmente tienen los dueños de las empresas privadas que han desarrollado candidatos vacunales contra el covid-19. Tienen el poder de decidir sobre la salud y la vida de, literalmente, el mundo entero. Permitir que se flexibilicen las patentes es entregar ese poder.

En segundo lugar, con un precio promedio estimado de 15 US$ por dosis de la vacuna multiplicado por las 14.000 millones que se requieren este año, la flexibilización de la patente implicaría para estas pocas empresas, no solo compartir ingresos por el orden de 200.000 millones de dólares (el 28% adicional de los US$ 700.000 millones que regularmente y sin pandemia les ingresa en un año) sino que además deberán compartir los ingresos futuros relacionados con los refuerzos y nuevas vacunas en función de las variantes.

La industria farmacéutica ha informado que no se erradicará el virus con la vacunación de este año, sino que se requerirán terceras dosis y nuevas vacunas debido a la aparición de las variantes. La aplicación de una tercera dosis implica en promedio unos US$ 100.000 millones más de ingresos para la industria. Flexibilizar las patentes y entregar su conocimiento y tecnología les tumba el negocio de la vacuna para los próximos años. Eliminar las patentes pone en juego miles de millones de dólares que dejaría de ganar la industria farmacéutica. De hecho, según la revista Forbes: “Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson han comunicado a los inversores que aumentarán los precios de las vacunas tan pronto como termine la fase pandémica. Los fabricantes de vacunas son muy conscientes de la posibilidad real de que las personas necesiten inyecciones de refuerzo anuales y ven esto como una oportunidad para aumentar los ingresos”.

Debemos recordar que, de paso, estas empresas ni siquiera invirtieron para la investigación y el desarrollo de las vacunas. El financiamiento fue principalmente de los gobiernos con recursos provenientes de nuestros impuestos, como también son los gobiernos los que las compran y pagan.

De manera idéntica funcionan las patentes para el resto de los medicamentos, sean éstos para prevenir, curar o tratar otras enfermedades. El Covid-19 es solo un ejemplo más que ha permitido dejar en evidencia los efectos perversos de la mercantilización de la salud y de las patentes que se enmarcan en un sistema explotador e injusto como es el capitalismo.

No es suficiente con que los pueblos del mundo, los gobiernos y los organismos internacionales soliciten tímidamente la flexibilización, además temporal, de las patentes de la vacuna contra el Covid-19. La campaña que debemos emprender es por la eliminación de todas las patentes. El derecho de propiedad, en este caso intelectual, no puede estar por encima del derecho a la salud y a la vida. Eso no es humano.