“Es imposible pensar la soberanía y seguridad alimentaria del país destruyendo las pequeñas economías campesinas, expulsando y acusando a sus miembros de invasores y delincuentes”

Marco Virgilo Carias, economista hondureño y docente universitario

La contrareforma agraria en Honduras vino con las políticas neoliberales de ajuste estructural a inicios de la década de los 90s, después de la llamada década “pérdida”, donde además de la crisis económica, las violaciones de los derechos humanos, desaparecidos y la entrega del territorio nacional a grupos de mercenarios llamados “contras”, fueron sus principales rasgos característicos.

En 2022 se cumplirán 30 años de vigencia de políticas de contrareforma agraria, sin que exista el mínimo intento por evaluar las políticas de ajuste estructural en el agro hondureño, mucho menos reivindicar políticas agrarias “activas” de oferta lideradas por el Estado.  Los gobiernos se han preocupado más por completar esta legislación y hacerla dañina para la población hondureña, comunidades y territorios.  En ello se incluye, sin ser exhaustivo, como ejemplo, la ley de minería, ley de generación de energía renovable (privatización de los recursos naturales), agronegocios y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs). Su principal característica es el despojo de las tierras a los campesinos y comunidades étnicas, lo que, entre otros efectos negativos, ha vuelto a reconcentrar la propiedad rural a cifras existentes antes de la reforma agraria llamada “populista” en el gobierno militar de Osvaldo López Arrellano a inicios de los años 70s.

No obstante, lo anterior, es de aprovechar los espacios que se presentan o generan en periodos de crisis, pandemias o fenómenos naturales que profundizan los problemas económicos y sociales que arrastra el país, caso de la falta de empleo, ingresos, baja producción y aumento de pobres extremos. En el sector agrario, un espacio se presentó después del paso del Huracán Mitch en 1998, donde la alianza surgida entre el movimiento campesino, grupos étnicos, y el Instituto Nacional Agrario (INA), bajo la dirección de Aníbal Delgado Fiallos, a la que se sumó las iniciativas de la pastoral religiosa en la Zona del Bajo Aguan (cuna de la reforma agraria hondureña), permitió relanzar la reforma agraria como instrumento de desarrollo bajo el  lema “reforma agraria posible” con reivindicación de derechos humanos, entre ellos el derecho campesino a la tierra (tal como manda la Constitución de la República), y de participación social y política.

De allí surgió el Movimiento Campesino del Aguan (MCA), el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y el Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA). Aunque se cuestionó que parte de sus dirigentes negociaron con la banca privada un convenio de préstamo oneroso por la venta de las tierras adquiridas por el Estado y entregadas a los campesinos, que los ha puesto en una situación de desventaja por la mala administración de las fincas y los problemas de producción y financieros, estos movimientos surgieron en una coyuntura difícil y lograron que sus miembros accedieran a tierra productiva para siembra de alimentos y rubros de exportación.

En la actualidad, frente a los problemas generados por el Covid-19 y los impactos negativos de ETA e IOTA, pero sobre todo por las leyes leoninas aprobadas por el gobierno que reconcentran la propiedad agraria e impactan negativamente en la producción alimentaria y expulsan población campesina, grupos y organizaciones campesinas creadas al amparo de la Ley de Reforma Agraria (decreto Ley 170) demandan la entrega de tierra agrícola por parte del Estado; es decir, demandan el cumplimiento de un derecho humano tipificado como tal en la Constitución de la República.

El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, estima que la demanda campesina es de 5,000 has de tierra, pero empresarios aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), consideran que no existe tal demanda, sino invasiones de tierras privadas por los llamados “invasores” de oficio que deben ser desalojados por las fuerzas del orden público; hablan de más de 13,000 has. de tierra tomadas por los campesinos y campesinas.

Y es que mucho antes del Covid-19, era evidente la alta ociosidad de la tierra en el agro hondureño, alimentada por la caída de la inversión productiva, privatización de servicios de apoyo a la producción del mercado interno, inestabilidad de precios de los productos de exportación y las importaciones masivas de alimentos generalizadas con la vigencia del RD-CAFTA. A ello se suman las nuevas leyes extractivas que estimulan la explotación irracional de los recursos naturales y mineros, y las ZEDEs cuyo interés- pareciera- es la protección de capitales mal habidos y el reparto ilegal de tierras ubicadas en la costa norte y sur del país.

Los campesinos, sobre todo las mujeres, demandan un pedazo de tierra para trabajarla y poder vivir dignamente, pero sus organizaciones sienten que este objetivo de política agraria se aleja cada vez más con gobiernos que privilegian otro tipo de objetivos, como la explotación irracional de los recursos con inversiones bajas en tecnología y generadoras de empleos de mala calidad. Incluso, la llamada reforma agraria “asistida” por el mercado, fue desechada en el gobierno de JOH, al considerar su poco impacto y altos costos para el erario público. En su lugar, la apuesta es a la competitividad rural de pequeños y medianos productores que cuentan con activos productivos como la tierra, con títulos de propiedad registrados en el Instituto de la Propiedad (IP), habilitados para acceder al crédito subsidiado por el Estado y demás servicios de asistencia técnica y comercialización.

El movimiento campesino hondureño debe construir una nueva agenda agraria, cuya acción inmediata sea la exigencia al Congreso Nacional para derogar la Ley para la Modernización y Desarrollo Agrícola (LMDSA), así como las demás leyes conexas como: Ley de Inversiones Agrícolas (legalización del sobretecho agrario), Ley de Minería y las ZEDEs. Igual, exigir la aprobación de la Ley de Transformación Agraria Integral presentada en octubre de 2011 y que fue engavetada.

Un primer acercamiento es con la candidata a la presidencia de la República por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, que tiene en mente la vigencia de políticas agrarias cuyo mayor beneficiario será la mujer campesina, donde el acceso a tierra productiva es un de los pilares fundamentales de su plan de gobierno, sumado a programas regionales, departamentales y locales de apoyo a las economías campesinas con servicios de tecnología, capacitación, crédito y comercialización. Ello en contraposición a las políticas agrícolas del gobierno que expulsan del medio rural a los llamados “ineficientes” que no producen para la exportación, centralizadas y con altos niveles de clientelismo político y corrupción.

Un problema para renovar este tipo de políticas agrarias, es que gran parte de la dirigencia campesina se corrompió y usa el poder para paralizar las acciones de reforma agraria, por lo que se necesitan iniciativas autónomas y espontáneas que faciliten la conformación de un nuevo movimiento campesino en alianza con las organizaciones de los pueblos autóctonos y negros de Honduras, sumando la academia.

Tegucigalpa, Honduras, 26 de mayo de 2021