Podría decirse desde un punto de vista cuantitativo que es así porque van a liza las gobernaciones de 15 estados, los 500 escaños de la Cámara de Diputados, de 30 asambleas legislativas, cientos de presidentes municipales, miles de alcaldías, sindicaturas y regidurías.

Para no hacer lista, más de 21 mil cargos públicos en los 31 estados del país y la Ciudad de México serán disputados, aunque no todos elegirán la misma cantidad de funcionarios y puestos.

Todos, en cambio, elegirán diputados a la Cámara Baja Federal, a las asambleas, y una cantidad variada de presidentes municipales. Y he allí, en estos segmentos, donde el remolino de enfrentamientos se convierte en brutal tornado.

Si bien la joya de la corona son los 500 diputados que deben sentarse en los escaños de San Lázaro, sede del Legislativo, y conforman la columna vertebral de estos comicios, los 15 estados en los que cambia el gobernador, las asambleas locales y presidentes municipales, son sus costillares.

Esa configuración -y no solo el número de cargos- le da a estas elecciones su condición de más importantes porque implican la posibilidad de un cambio en la correlación de fuerzas a nivel nacional del espectro político y partidista, pero también económico y social.

Los partidos políticos de oposición no han ocultado que su objetivo principal es desbancar al oficialista Morena para arrebatarle la mayoría absoluta en la Cámara, y así lo proclamó abiertamente en un comunicado Mexicanos contra la Corrupción, organización financiada por el gobierno de Estados Unidos.

Ese movimiento, dirigido por el empresario Claudio X. González y respaldado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), fue el artífice de la creación de una coalición de 11 gobernadores autodenominada Alianza Federalista como instrumento para derrotar a Morena y bloquear las reformas del gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, que envió una carta diplomática a la Casa Blanca sobre su financiamiento a la institución opositora, aseguró que uno de los objetivos de quitarle la mayoría a Morena es impedir que el gobierno domine el presupuesto nacional.

En resumen, denunció, buscan anular los programas de bienestar y desarrollo del gobierno y crear las condiciones para, en algún momento, someterlo a un juicio político que lo saque de la presidencia, lo cual es imposible lograr si Morena retiene la mayoría absoluta.

Más allá de esos objetivos, están los de los grandes intereses empresariales no aliados al gobierno, como los relacionados con los sectores eléctrico, petrolero y minero, dominados por capitales y empresas extranjeras, entre ellas las españolas Iberdrola, OHL y otras más de ese país y Estados Unidos, que apuestan por eliminar las transformaciones impulsadas por López Obrador y su programa de reformas constitucionales.

Esos capitales sufragan, según el gobierno, las acciones judiciales -en apariencia legales- que bloquean las reformas de renacionalización de esos sectores dominados por el capital privado desde las épocas de los presidentes neoliberales Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Los objetivos de esas empresas y de los partidos políticos de derecha o conservadores -como les denomina López Obrador-, explican su agresiva campaña electoral dedicada más a descalificar al gobierno, a Morena y al presidente, que a presentar programas de gobierno o proyectos alternativos para mejorar la situación de la gente.

Pero la realidad está contra ellos. Todos los días salen a la superficie nuevos hechos de corrupción en los cuales están involucrados directamente el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Democrático (PRD), y cada vez les es más difícil intentar desmeritar los logros sociales del gobierno, en particular los efectos positivos de los programas de bienestar.

A tal punto esto es cierto, que estos tres partidos se han inventado una publicidad para desmentir que si toman el poder van a eliminar esos proyectos, una admisión de sus beneficios para la gente, frente a los cuales no presentan ni siquiera planeas concretos para mejorarlos o nuevas ideas al respecto.

Como señalan algunos observadores nacionales, se trata de una campaña electoral publicitaria muy venida a menos y poco atractiva que genera incluso rechazo por su carácter ofensivo y descalificador. Lo peor para ellos es que participan personalmente los máximos líderes y pueden salir muy lastimados si sus partidos no logran sus metas.

De tal manera, la propia oposición ha convertido las elecciones del 6 de junio en una suerte de referendo nacional no solamente para el gobierno, sino para todo el espectro partidista, principalmente para el PRI, el PAN y el PRD.

Ese día la actual correlación de fuerzas sufrirá profundos cambios sobre los cuales no se especula mucho, pero de los que todos están pendientes, y serán medidos por los escaños en la Cámara, las gobernaciones y las asambleas locales que cada partido controle.

De acuerdo con esos resultados, los partidos perdedores, sean de la oposición u oficialismo, estarán obligados a un reordenamiento interno que les garantice un mejor desempeño en las elecciones presidenciales de 2024, y posiblemente la elección de líderes más carismáticos y creíbles que los actuales.