“Han transcurrido 7 años, sin que la ZEDES haya cumplido su propósito, ya que el Poder Ejecutivo no ha logrado promover los cientos de miles de empleos que prometió con su creación”

Denis Castro Bobadilla, diputado al Congreso Nacional

Después del Golpe de Estado (junio de 2009), Honduras se vendió al mejor postor. No hubo un intento serio por construir una visión y estrategia de desarrollo de largo plazo consensuada entre actores, incluyendo la academia y partidos políticos. El Plan de Desarrollo del País al 2025 o 2030, fue una demanda que surgió de la población de tierra adentro en el gobierno de Manuel Zelaya, pero que el Golpe de Estado invisibilizó y dejó en papel. En respuesta, el presidente “Pepe” Lobo (2010-2013), aprobó un instrumento con sustento legal, denominado Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022), pero sobre la base del modelo de corte neoliberal vigente desde inicios de la década de los 80s, profundizado a partir de los años 90s con el ajuste estructural.

El Plan de Nación de “Pepe” Lobo, aprobado en enero de 2010 y elaborado contra “reloj” por un grupo de economistas con el apoyo del Congreso Nacional y gobierno de Micheletti Bain, hace poca mención a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) como instrumento “prioritario” para masificar las fuentes de trabajo y aumentar las exportaciones y prestación de servicios a las empresas extranjeras, aunque se negociaba con Paul Romer, principal promotor de las llamadas ciudades modelos y premio nobel de economía 2018, una nueva legislación para darles plena vigencia. Esta legislación fue aprobada mediante decreto 120-2013 del 6 de septiembre de 2013, a finales del gobierno de “Pepe” Lobo, aunque desde 2011 se había legislado a su favor (en clara violación de la Constitución de la República), siendo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández (JOH).

 No obstante, Paul Romer empezó a desmarcarse del gobierno, sobre todo del Congreso Nacional donde asistió a reuniones para aprobar la Ley, ya que su propuesta de ciudades modelos necesita de una Comisión de Transparencia constituida por extranjeros de alto prestigio académico y empresarial, que no fue aprobada. En carta enviada a “Pepe” Lobo con copia a JOH, destacaba que “desde que se informó sobre nuestro nombramiento como miembros de la Comisión de Transparencia para las Regiones Especiales de Desarrollo (REDs) en diciembre de 2011, entendimos que un obstáculo constitucional al marco legal para las REDs ha dificultado que usted pueda publicar el decreto que daba validez legal a nuestro nombramiento. Así, las condiciones no han existido para permitir que la Comisión de Transparencia pueda desempeñar el papel previsto para este proyecto ambicioso e importante”. (procesodigital.hn, 7 de septiembre de 2012). Los otros miembros de la Comisión eran George Akerlof (también premio nobel de economía), Nancy Birdsall, Boon-Hwee Ong y Harry Strachan.

Una de las preguntas que surgen desde la academia, por lo menos aquella que involucra a   profesores y alumnos ligados a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), es por qué después de tanto tiempo se pretende legalizar ZEDEs en el país sin cumplir incluso requisitos exigidos por la propia legislación que les dio vida. Para el caso, se habla de tres (3) ZEDEs, una en Choluteca, otra en Roatán y la próxima a operar en la ciudad de Ceiba en la comunidad y puerto de Satuyè como extensión de la segunda promovida por JOH y el consorcio “Próspera”, ubicadas en zonas de mayor potencial en recursos y desarrollo comercial e infraestructura, no con población con altos índices de pobreza e indigencia. 

En estos lugares, denominados ciudades ZEDEs, el pueblo (sobre todo las comunidades garífunas), ha salido a las calles a protestar y aprestan a una lucha permanente en defensa de sus territorios y patrimonios naturales ancestrales, frente a funcionarios de gobierno de “salida” (hay elecciones en noviembre próximo) que las venden como “panacea” del desarrollo de las ciudades, tal como sucedió con el programa 20/20 para Honduras, que aspiraba a generar 600,000 empleos.

“Una ZEDE para Roatán no tiene soporte legal por no haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, empezando por el mandato del artículo 28 que dispone que estas deben ser creadas por Decreto del Congreso Nacional. Esto solo, invalida todo lo actuado.
Esta dura experiencia, aunada a las abundantes quejas de muchos sectores de la población que resienten que con esta ley plagada de ilegalidades se está enajenando parte del territorio y la soberanía nacional comprometiendo los recursos del estado en zonas de gran importancia estratégica y exponiendo al país a demandas de grupos que no tendrán escrúpulos para sangrar más las espoliadas finanzas del país”[1]

En la Zona Sur, principalmente en la subregión del Golfo de Fonseca, se habla de un mega proyecto como plataforma logística de servicios, pero en consulta con los alcaldes de los municipios de la zona, en especial de Amapala, todavía se siguen esperando grandes inversiones en infraestructura portuaria y productiva. Uno de los problemas es que el proyecto inicial liderado por los coreanos se desnaturalizó, y en su lugar lo que existe es un mercado ilegal de compra venta de tierras, desalojos y destrucción del patrimonio marítimo, lo que se contrapone a la estrategia de desarrollo de la región sur que ha promoviendo la cooperación internacional con apoyo de grupos empresariales y gobiernos locales.

Con el Covid-19 y la pérdida de empleos, caída de la inversión, exportaciones y aumento de la pobreza, el expediente de las ZEDEs cobra de nuevo vigencia. Y la nueva propuesta del Ejecutivo al Congreso de la República es que se aprueben reformas a la ley vigente (que en realidad debe ser derogada por ser inconstitucional), para que los empresarios (pueden ser narcotraficantes, lavadores de activos, capitales golondrinas) lleguen e inviertan sus capitales sin más, incluso en asociación con funcionarios públicos y diputados.

Las reformas comprenden nuevos incentivos para que los empresarios de afuera inviertan en el país y construyan o conformen una o varias ZEDEs. Estos incentivos incluyen la firma de un contrato fiscal y legal con el gobierno por 50 años, el no pago de impuestos munipales y la exoneración por el consumo de combustibles y uso de la infraestructura del munipio; pero también poder operar como zonas francas con todas las exoneraciones tributarias y prebendas ofrecidas, y contar con la protección del Ejército frente a las protestas que vendrán y que son evidentes.

Además de la ilegalidad, tanto la Ley de las ZEDEs como sus reformas, no son producto de la consulta y consenso, sino de la imposición del Ejecutivo, lo que hace poco sostenible los posibles proyectos que se generen. Non son muchos los inversionistas, al estilo shumperiano, interesados en poner sus capitales bajo el modelo de la ZEDE, cuando se dan cuenta que no existe una garantía real para operar en el país, y en cualquier momento la legislación que les sirve de soporte puede ser derogada, tal como anuncian los candidatos de la oposición política, caso particular de Xiomara Castro y Salvador Nasralla. El candidato del partido liberal, Yanni Rosenthal, se opone a que les den más concesiones a empresas extranjeras y no a las nacionales, pero no se pronuncia que la Ley ZEDEs sea eliminada por violatoria de la Constitución de la República e hipoteca de la soberanía nacional.

En segundo lugar, no hay garantía de la vigencia de otras condiciones exigidas como acceso permanente a servicios públicos de calidad como energía eléctrica y agua potable, y de mano de obra calificada, o por lo menos con ciertos niveles de instrucción técnica que les permita aumentos sostenidos en productividad del trabajo. A ello se suma la protección de derechos de propiedad adquiridos. Hay denuncias en Roatán y zona norte de Honduras, que parte de las tierras donde se quieren instalar las ZEDEs son ejidos o bienes comunales, lo que genera de entrada un conflicto potencial.

La institucionalidad es otra debilidad, al tal grado que Paul Romer se diò a la “fuga” de Honduras, ya que funcionarios públicos y diputados querían tener su propia administración de las ZEDEs, Ciudades Modelo o “Chartier” como se les llamó inicialmente. Ello se ha hecho evidente con los problemas de centralismo burocrático y corrupción que enfrenta el gobierno, siendo visible un acelerado proceso de deterioro institucional y falta de credibilidad. Igual, siguen vigentes trámites engorrosos que limitan la capacidad de gestión técnica y vuelven difícil el poder concretar negocios transparentes en el menor tiempo posible.

En tal sentido, Paul Romer, un teórico del crecimiento económico endógeno, no puede apostarle a un proyecto de cooperación con países y empresas que utilizan alta tecnología e invierten en innovación y desarrollo, sobre la base de prácticas y reglas impuestas por gobiernos y dirigentes que buscan su beneficio personal. Además de eliminar estas prácticas y reglas, hay que vigilar el funcionamiento de las empresas y actuar de las instituciones y funcionarios de gobierno, una vez que han sido eliminadas las trabajas para la inversión y creado los incentivos tributarios, comerciales y cambiarios, para la operativización de una ZEDE.

Ya es tiempo que se presente al Congreso de la República uno o varios proyectos de derogación del decreto de creación de la ZEDEs, que involucre a la mayoría de diputados de la oposición política, tanto del partido LIBRE y liberal, y demás partidos pequeños no controlados por el Ejecutivo. Las iniciativas individuales, tal como la que presentó-el año pasado-el diputado del partido Alianza Patriótica, Denis Castro, no prosperaron por la falta de consenso e incidencia política, requiriendo apoyo de los actores y organizaciones sociales que defienden los territorios.

Aunque el control del Congreso está en manos del partido nacional y de JOH, estas acciones permiten visualizar un espacio futuro de participación y compromiso de los diputados con las demandas justas del pueblo, muchos de los cuales aspiran a ser reelectos. El argumento de ciertos diputados que es inútil presentar dichos proyectos ya que no hay voluntad de aprobarlos, no es válido y deben dejar constancia de estas iniciativas de ley; lo fundamental es complementar la iniciativa con apoyo de las bancadas y actores territoriales.

En la coyuntura política actual, se necesita también que los candidatos a diputados y alcaldes de los partidos de oposición se pronuncien en contra de las ZEDEs, y asuman el compromiso por mocionar en el Congreso Nacional para que se derogue la Ley y se consulte en cabildo abierto en los municipios sobre la necesidad o no de continuar con la puesta en marcha de proyectos confiscatorios y lesivos para el Estado.

Igual, hay que seguir insistiendo en la declaratoria de inconstitucional de la ley ZEDEs por la Corte Suprema de Justicia; pero, ante todo, los candidatos a la presidencia de la República con posibilidades de triunfo en las elecciones de noviembre próximo, deben elaborar un pronunciamiento público acerca de la derogación de la Ley de las ZEDEs una vez en el poder. En 2013, Xiomara Castro, como parte de su plan de gobierno, tenía contemplado la derogación de estas leyes, pero también una propuesta alternativa de desarrollo socio-económico y cultural con la participación efectiva de actores locales, incluyendo los pueblos étnicos, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Ello implica un proceso efectivo de transferencia de recursos y poder a ellos, igual a los gobiernos municipales y mancomunidades; implica la vigencia de un verdadero proceso de descentralización del Estado.