La compleja agenda colombiana destaca a comienzos de este año tres temas cruciales sobre los que quiero reflexionar. En primer lugar, la pandemia y sus efectos sociales; la crítica situación de los derechos humanos y finalmente la coyuntura política en dónde se destaca por una parte la agenda legislativa y por la otra, el reacomodo de las fuerzas políticas, de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales que deberán realizarse en marzo y mayo del próximo año, respectivamente.

Al día de ayer, 20 de enero, se habían diagnosticado con Covid-19 y desde el 6 de marzo que se detectó el primer caso en el país, 1´956.979 confirmados. Esta elevada cifra, ocupamos el 11 lugar en número de contagios en el mundo, ha dado además como resultado la muerte de 49.792 personas ocasionados por el virus con un subregistro cercano al 20% según informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, a noviembre de 2020, o sea que el numero de muertos se aproxima a los 60 mil en realidad. El número de pruebas es muy bajo o sea que el número de contagiados es mucho más elevado, se han practicado menos de 10 millones de pruebas. Con un problema adicional las pruebas se practican a personas que las solicitan no hay un testeo aleatorio para detectar a los portadores asintomáticos y proceder a su aislamiento y a establecer los cercos epidemiológicos. Vamos detrás del virus de tal forma que la tasa de contagio es muy elevada.

En la coyuntura esta tasa de contagio se disparo no solo por el relajamiento de los ciudadanos que aumentaron los contactos y reuniones por las fiestas decembrinas y de año nuevo, sino porque las políticas públicas estimularon este relajamiento al impulsar de manera irresponsable el turismo y los viajes en el fin de año y el virus no perdona. Esto lo hizo el gobierno pretextando la necesidad de apoyar la actividad turística como parte de la reactivación económica. Estamos atravesando por la segunda ola del virus. La primera termino a mediados del mes de agosto con una tasa de contagio que en máximos no llegó a 15 mil diarios. Esta segunda ola que arrancó a finales del mes de diciembre y que sigue creciendo ha llevado a un máximo de cerca de 20 mil casos detectados diariamente manteniéndose durante los últimos 10 días por encima de los 15 mil y con un registro de más de 350 muertos cada día.

Ante el crecimiento del contagio vinieron las medidas reactivas que tendrán resultados en un par de semanas y que consisten en los confinamientos localizados principalmente en las grandes ciudades, la restricción a la circulación de personas y acceso a los centros comerciales, así como los toques de queda generalizados. El crecimiento exponencial del virus en esta segunda ola ha saturado el debilitado y privatizado sistema de salud. La demanda por camas de cuidados intensivos según informes de los gremios médicos y de organismo públicos como la Personería de Bogotá están saturados y al borde del colapso, aunque tanto las autoridades nacionales como distritales y territoriales se niegan a reconocerlo. La verdad es que en la primera ola los sistemas de salud colapsaron tanto en ciudades de la Costa Caribe (Barranquilla y Cartagena) como en la propia ciudad capital. En Bogotá en la primera ola murieron 215 pacientes con órdenes de remisión a Unidades de Cuidados Intensivos que no fueron atendidos en esas unidades especializadas. Las denuncias crecen, pero tanto la administración distrital como el gobierno nacional se niegan a reconocer esta realidad lo que dificulta poner en marcha medidas que hagan real frente a la crisis. Lo que ha mostrado la pandemia es el fracaso de un sistema de salud privatizado y en manos de intermediarios financieros que aún en medio de la crisis se lucran mientras ofrecen servicios deficientes y de mala calidad. Lo paradójico es que una administración independente como la de Claudia López en Bogotá se haya casado con ese fracasado modelo de salud.

Y las políticas públicas sociales son ineficientes y miserabilistas como lo hemos denunciado de tiempo atrás. Las cuarentenas y confinamientos funcionan a medias porque la gente no recibe ayudas suficientes para confinarse, tienen que salir a trabajar aún a riesgo de contagiarse porque si no trabajan no comen. El hambre se ha extendido a lo largo y ancho de la geografía nacional. Unos seis millones de personas apenas consume una comida diaria y otros 16 millones de personas apenas consumen dos comidas al día. Esto muestra el fracaso de las políticas públicas sociales puestas en marcha para hacer frente a la pandemia. Por otra parte, el sistema de salud no ha sido modificado a pesar de que el gobierno central tiene los instrumentos para hacerlo. El 80% de los trabajadores de la salud sigue con contratos laborales basura sin prestaciones sociales ni garantías laborales aunado a que en muchos lugares les deben varios meses de salarios, los elementos de bioseguridad no llegan a todos los trabajadores de la salud que explica que más de 170 médicos y enfermeras hayan muerto haciendo frente al virus y ante la crisis de la red hospitalaria el gobierno no asume la dirección y rectoría del sistema. Hace llamados a la coordinación y el plan de atención y detección del virus es un fracaso porque los agentes privados niegan pruebas o las realizan tardíamente. Una verdadera crisis humanitaria. A ello se suma el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas y la perdida de empleos. La tasa de desempleo se disparó y al final del año 2020 superaba el 13% de la población económicamente activa con una tasa de informalidad superior al 60%. La quiebra de las empresas se debió a las tardías e insuficientes ayudas otorgadas por el gobierno. Un manejo de la crisis totalmente ineficiente.

Pero el desgobierno se extiende también al proceso de adquisición de las vacunas. No podría esperarse cosa distinta de un gobierno dirigido por la secta uribista. Al momento de escribir estas líneas no se sabe a ciencia cierta cuándo iniciará el proceso de vacunación en el país, no se sabe con qué farmacéuticas se han cerrado contratos ni por qué cantidades ni a qué precio. Lo único que se sabe, eso sí a ciencia cierta, es que el organismo encargado de la negociación fue capturado por el clientelismo cercano al excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Es el colmo. Un organismo que debería tener la capacidad y la apertura para entrar en negociación con todos los proveedores de vacunas y no solamente con las firmas privadas. Ningún contacto que sepamos se ha hecho con los rusos o los chinos para comprar sus vacunas. Una secta es la que dirige al país. Con sesgos ideológicos frente a la pandemia.

Al lado de la desbordada pandemia se presente otra crisis humanitaria. Es la crisis derivada de la violencia en contra de los líderes y lideresas sociales, el incremento de las masacres y el asesinato de excombatientes de las FARC-EP en proceso de paz. Desde que se firmaron los acuerdos de paz el 24 de noviembre de 2016 han sido asesinados según el Instituto para el desarrollo y la Paz, INDEPAZ, 1.591 líderes y lideresas sociales. En el año 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales. En el año 2020 se registraron 91 masacres en 66 municipios colombianos con un saldo trágico de 381 asesinados. Una masacre es un asesinato en un mismo hecho de por lo menos tres personas.

Desde la firma de los acuerdos de paz y hasta el mes de diciembre de 2020 han sido asesinados 249 integrantes de las FARC-EP en proceso de reinserción. Un genocidio a nuestros ojos. Es de tal magnitud y gravedad que el más reciente informe del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no duda en calificarlo como uno de los cinco graves problemas que afronta el maltrecho proceso de paz. Ojalá el Consejo de Seguridad ahora con la llegada de Joe Biden, a la presidencia de los Estados Unidos, decida tomar medidas drásticas que obliguen al gobierno colombiano a actuar y a abandonar las fallidas políticas puestas en marcha hasta ahora.

La verdad es que mientras no haya una drástica reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Policía no será posible detener este desangre. Las bandas criminales actúan en la más completa impunidad en territorios que controlan militarmente ante los ojos de los destacamentos de la Fuerza Pública. La connivencia y colaboración de sectores de la Fuerza Pública con bandas criminales y del narcotráfico es lo que explica la ineficacia de las estrategias puesta en marcha para detener esta matanza. En los territorios más militarizados del país es donde se producen estos crímenes. Una política pública para hacer frente a esta situación debe depurar a la fuerza pública y debe poner como requisito para los ascensos y promociones los resultados concretos en materia de derechos humanos en las regiones bajo su jurisdicción. Debe promoverse una política de cero tolerancia, en la connivencia y colaboración de la Fuerza Pública, con bandas criminales y del narcotráfico.

En los 17 municipios en que se han presentado masacres, asesinatos de líderes sociales y asesinato de excombatientes de las FARC debería desarrollarse ya un plan piloto de confrontación a esta situación reformando los destacamentos de la Fuerza Pública allí acantonados, presencia de organismos del Ministerio Público, adopción de protocolos de derechos humanos, indicadores de desempeño de comandantes militares y policiales en esos municipios al tiempo que se incremente la presencia del Estado con inversión social en redes hospitalarias, escuelas públicas, programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, etc. No es posible que el Estado no actué de manera contundente y de manera inmediata en estos municipios. (Bonilla Camilo. Revista Sur 200. Bogotá, enero 21 de 2021).

Finalmente, desde la perspectiva de la coyuntura política la situación es igualmente compleja. En la agenda legislativa se destacan temas inaplazables pero que agudizarán la confrontación política pues ésta se relaciona con propuestas diametralmente opuestas para hacerles frente. Un problema de primer orden será el de las finanzas públicas. Estas se han visto debilitadas por la puesta en marcha durante los últimos treinta años de reformas regresivas que han privilegiado las cargas tributarias sobre los impuestos al consumo, el impuesto al valor agregado, IVA, y en detrimento de las rentas al capital. Las exenciones tributarias se calcula que al año asciende a unos 90 billones de pesos. La propuesta de la oposición busca que en la coyuntura actual se eliminen la mayor parte de estas exenciones mientras que el equipo económico del gobierno quiere que se grave con IVA del 19% por ciento a los productos básicos de la canasta familiar que hoy están excluidos. Aquí vendrá una nueva confrontación política y una gran movilización ciudadana como la que ya se registró en el año 2019. Los sectores más pragmáticos del gobierno no quieren que esa reforma se presente pues no creen que en un año electoral los parlamentarios vayan a correr el riesgo del voto castigo al respaldar una medida tan impopular como esta. Amanecerá y ya veremos. El resto de la agenda legislativa será secundario.

Y en el terreno político más adelante volveremos sobre ello se destacan los primeros escarceos de cara a la conformación de las grandes alianzas políticas. La derecha y la extrema derecha teme con razón, dado el desastre uribista con el gobierno de Duque, de perder el gobierno en las elecciones de 2022. Por ello tempranamente se han movido para tratar de garantizar una consulta en la que participarían los uribistas con un precandidato, los conservadores también y los grupos cristianos. Este sería el núcleo para concurrir a la primera vuelta en mayo con un candidato de este sector buscando alianzas con los 9 clanes regionales que buscan también concurrir a esa consulta o a primera vuelta con un candidato propio, Alex Char, por ejemplo, o concurrir en marzo, a la consulta de la derecha.

El centro político no logra por ahora ponerse de acuerdo pues allí hay posiciones muy diversas. Fajardo debilitado por las investigaciones en el caso de la represa de Hidroituango, buscará una consulta con ese espectro político repitiendo la fallida estrategia de 2018. En ese espectro del ajedrez político Roy Barreras manifiesta que es un suicidio político que el centro izquierda vaya dividido en la primera vuelta. Su propuesta es que deberían concurrir a una consulta con Petro y la izquierda en marzo para proponerse ganar en primera vuelta. En ese centro hay dudas de Humberto de la Calle sobre si concurrir a la consulta solo los del centro político o abrirse a una consulta con la izquierda. Otros actores acompañan a una o a la otra propuesta como es el caso de Juan Manuel Galán partidario de la consulta solo con el centro político y el Partido Verde que en su seno tiene las dos posiciones. Un sector que quiere una consulta del centro izquierda en marzo para concurrir con un solo candidato y tratar de ganar en primera vuelta y otro sector profajardista que se inclina por una consulta solo del centro para tratar de pasar y ganar en la segunda vuelta.

En la izquierda las cosas se han decantado por ahora alrededor de la figura de Gustavo Petro y una consulta dentro de la izquierda sin candidatos de peso excepto Petro. El Polo Democrático después de la salida del MOIR con Jorge Enrique Robledo presenta como precandidato al senador Alexander López y allí se mueve la candidatura de la lideresa ambientalista Francia Márquez. Sin demeritar esas opciones es obvio que no hay allí contrincantes de peso. Sin que se hayan roto los puentes entre el centro y la izquierda no obstante no será fácil construir ese acuerdo que es la única alternativa cierta de derrotar la alianza mafiosa que nos gobierna y que quiere seguir haciéndolo. Es difícil, pero hay que seguir trabajando, en ello.

Bogotá 21 de enero de 2021.

- Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur