En 1900, la República del Ecuador adoptó el primer patrón-oro y la convertibilidad, (canjear billetes por oro) en una época en la cual sólo existían bancos privados, a los que se impuso la obligación de mantener primero un 30% y después el 50% de respaldo en oro para la emisión de billetes. El Banco del Ecuador (BE) y el Banco Comercial y Agrícola (BCA), ambos en Guayaquil, así como el Banco del Pichincha (BP) en Quito y el Banco del Azuay (BA) en Cuenca, eran los bancos de emisión. Sin embargo, un Decreto Legislativo del 30 de agosto de 1914 (“Ley Moratoria”), sancionado por el presidente Leonidas Plaza Gutiérrez (1912-1916), estableció la inconvertibilidad.

Mientras en Guayaquil el banquero Víctor Emilio Estrada defendía la medida, en Quito N. Clemente Ponce la cuestionaba. Pero fue el comerciante e industrial Luis Napoleón Dillon quien se lanzó contra la “plutocracia bancaria” y sus sobreemisiones de dinero, planteando la más severa intervención del Estado e incluso la creación de un banco central que acabe con tanto abuso.

El momento decisivo llegó con la Revolución Juliana, el 9 de julio de 1925. La primera Junta de Gobierno Provisional, que apenas duró seis meses (fue suplantada por una segunda Junta en enero de 1926), y que inicialmente presidió Dillon, tomó una serie de medidas monetarias y financieras, fiscalizó a los bancos, comprobó las sobreemisiones monetarias y sancionó al BCA con una multa de 2.237.083,33 de sucres y al el BP con otra de 55.276,50 sucres.

Pero el anuncio que hizo explotar la reacción bancaria fue el de la creación de un banco central. Ya lo había previsto Víctor Emilio Estrada, cuando hablaba de la necesidad de crear una “Caja Central de Emisión y Conversión”, por lo cual se autoproclamó como un precursor del julianismo. Pero frente a un gobierno dispuesto a acabar con la “plutocracia”, estallaron en Guayaquil las consignas federalistas y autonómicas; su oligarquía tildó a Dillon de “enemigo” de la ciudad; allí se hicieron desfiles de las damas con “crespones negros”; se crearon “guardias cívicas” para defender la propiedad privada amenazada por “comunistas”; y se llegó a decir que el “oro de la costa” querían llevarse los serranos. Aunque el propio Dillon llegó a la ciudad para calmar los ánimos, no logró evitar que el 9 de octubre de 1925 (justo el día conmemorativo de la independencia de Guayaquil) la Junta dictara el decreto de creación del Banco Central del Ecuador (BCE).

La resistencia se agravó y ese BCE nunca entró en funcionamiento. Incluso en febrero y marzo de 1926, con la nueva Junta gubernamental, las conferencias económicas bancarias fracasaron por el desacuerdo con la idea que persistía para su creación. La oposición continuó durante el gobierno de Isidro Ayora, quien asumió la Presidencia Provisional el 1º. de abril de 1926.

Ayora decidió acudir a la Misión norteamericana presidida por Edwin W. Kemmerer, que viajaba por diversos países impulsando bancos centrales sobre la base del modelo de la Reserva Federal de los EEUU. Ella llegó a Quito en octubre de 1926. Sin duda realizó un trabajo impecable y profesional. Y el 10 de agosto de 1927, Día Nacional, entró en funcionamiento el flamante BCE. Era el mismo banco que otrora había impulsado Dillon, quien comentó que mientras lo propusieron ecuatorianos, nada se aceptó, aunque sí lo propuesto por extranjeros, añadiendo “este patriotismo al revés no lo he entendido nunca”.

El primer Directorio, de acuerdo con la ley, estuvo integrado por: Neptalí Bonifaz, Presidente; Federico Malo; Luis Adriano Dillon, vocal por la Cámara de Comercio y Agricultura de Guayaquil; Luis Napoleón Dillon, por la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Quito; N. Clemente Ponce, por la Sociedad de Agricultura de Quito; Luis Alberto Carbo y Enrique Cueva, por los bancos privados; y Agustín Rendón, por los trabajadores, designado por el Ministro de Previsión Social y Trabajo.

El BCE se organizó como “compañía anónima” e institución de “derecho privado”, con acciones de dos tipos: las de la “Clase A” suscritas exclusivamente por los bancos comerciales, y las de la “Clase B”, por el público. Además, se restableció el patrón oro y se fijaron las principales funciones de la institución: emisión y conversión de todos los billetes; regulación de los tipos de redescuento y descuento; estabilización del cambio internacional (5 sucres por dólar americano); ayuda a los bancos en épocas de emergencia; actuaría como cámara de compensación entre los bancos asociados; sería único depositario de los fondos del gobierno y agente fiscal del mismo. De acuerdo con la Ley constitutiva, “la concesión de un préstamo al Gobierno o la inversión de títulos del Gobierno, o la concesión de cualquier empréstito u otro anticipo afianzados con documentos de Gobierno de las clases mencionadas, requerirán el voto de seis miembros del Directorio por lo menos.”

Pero al iniciarse la década de los treinta, reaparecieron los síntomas del desajuste económico que solo se agravó con la sucesión de 20 gobiernos en los siguientes 17 años. Y comenzaron las intervenciones sobre el BCE. Ante las dificultades fiscales, el 8 de febrero de 1932 el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno (1931-1932) expidió dos decretos de emergencia: por el No. 32, suspendió el régimen del patrón oro y por el No. 33 dispuso que el BCE otorgue al gobierno un préstamo de 15 millones de sucres. Un nuevo decreto No. 56, considerando la reiterada negativa del BCE, dispuso reorganizar el Directorio, suspender cualquier límite a los créditos para el gobierno, depositar los fondos públicos en los bancos privados y los de la deuda externa en el Banco Hipotecario. Frente a semejantes medidas, que implicaban la muerte segura del BCE, intervino una comisión mediadora y se logró un préstamo institucional al gobierno por 12 millones de sucres. Conocido el mecanismo de intervención, no fue raro que en diciembre del mismo año 1932 el Congreso Nacional aprobara un nuevo préstamo al gobierno por 6.400.000 sucres. La práctica inaugurada serviría a otros gobiernos posteriores, que acudieron a los recursos del BCE para atender sus compromisos económicos o fiscales.

La experiencia de 1932 es históricamente comparable con la que ocurrió en el año 2000. La cotización del dólar, que en enero de 1999 era de 6.833 sucres, se disparó a partir de septiembre y cerró el año a 20.243 sucres por dólar. Durante los primeros días de enero de 2000 el dólar llegó a sobrepasar los 25.000 sucres. Cercado por la bancocracia, las presiones dolarizadoras de una poderosa elite de dirigentes empresariales, los pedidos de renuncia y la movilización popular en contra del gobierno, el 9 de enero de 2000 el presidente Jamil Mahuad decretó la dolarización oficial de la economía ecuatoriana. Conminó al Directorio del Banco Central para que se reúna al día siguiente, lunes 10, a fin de que adopte la dolarización. Para el caso contrario, convocó a una reunión extraordinaria del Congreso “a fin de tratar, como único punto del orden del día la reestructuración del Directorio del Banco Central”. Renunciaron Pablo Better, Presidente del Directorio y Virginia Fierro, Gerente de la institución. Pero el Directorio, con los votos de Mauricio Pareja, Enrique Chávez, Modesto Correa y Mario Prado, aprobó la dolarización. En el Congreso, Mahuad obtuvo el sorpresivo respaldo del Partido Social Cristiano, que se sumó a la Democracia Popular, Partido Roldosista Ecuatoriano, Frente Radical Alfarista y conservadorismo. Los bloques de la Izquierda Democrática, Pachakutik y Movimiento Popular Democrático cuestionaron el cambio del modelo monetario. Además, se había violado la Constitución. Y con la dolarización, se dio “muerte” al BCE nacido de la Revolución Juliana, cuya esencia fuera la emisión de moneda nacional. El valor del dólar se fijó en 25 mil sucres, con lo cual, de inmediato, el salario mínimo en Ecuador equivalió a 4 (¡cuatro!) dólares mensuales.

Saltando las distancias, la situación contemporánea del BCE oscila entre los principios, postulados y normas de la Constitución de 2008 y la arremetida neoliberal para que hegemonicen los intereses financieros privados. Finalmente se ha impuesto la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 30 de septiembre de 2020, la entidad aprobó un acuerdo de 27 meses, en el marco de la “Facilidad Extendida del Fondo” (EFF) para Ecuador, “con acceso equivalente a DEG 4.615 millones (661 por ciento de la cuota, equivalente a US$ 6.500 millones), con un desembolso inmediato de US$ 2 mil millones” (https://bit.ly/2FeZ5ub).

Pero una de las condiciones acordadas es el “Fortalecimiento del marco institucional del banco central”, que, en definitiva, consiste en una reforma “duradera” del BCE, que se encamine a lograr mayor “independencia”. Para ello existe el compromiso de enmendar el Código Orgánico Monetario y Financiero. El Ecuador ha propuesto, entre otras líneas: definir claramente los objetivos del BCE y enfocar sus funciones en apoyar el régimen de dolarización; fortalecer la autonomía operativa del BCE, incluso mediante el establecimiento de un directorio independiente; colocar a la institución en la senda de la acumulación gradual de reservas internacionales para respaldar íntegramente tanto los depósitos de las instituciones financieras públicas y privadas en el Banco Central como las monedas en circulación; fortalecer la auditoría externa del BCE y alinear la auditoría interna con los estándares internacionales.

La pregunta resulta obligada: ¿históricamente, qué nueva situación legal e institucional le espera al Banco Central del Ecuador?

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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