Con un índice de pobreza para el primer semestre del 2020 del 40,9%, unas 18.405.000 personas, de los cuales son indigentes unas 4.725.000 personas, se anunciaron rebajas transitorias a las retenciones arancelarias para el agro negocio de exportación, la mega-minería y la industria exportadora. El paquete incluyó una segmentación orientada hacia pequeños y medianos productores. El eje se concentra en medidas para restablecer las condiciones de rentabilidad del capital. Queda clara que la presión del poder económico pesa más que la demanda de recomposición salarial y previsional. Además, los sectores más concentrados expresaron su desconformidad con las medidas y reclaman más a su favor. En concreto, lo que pretenden es una devaluación que les permita mejorar sus ingresos.

Incluso, vale acotar, lograron acelerar los ritmos de devaluación, algo que afecta a los sectores que viven de ingresos fijos. La suba del tipo de cambio acelera la escalada de precios, y con la inflación se deterioran los ingresos populares, por lo que no debe sorprender que el índice de pobreza y de indigencia suba en el corto plazo, consolidando un rumbo que afecta a la mayoría empobrecida de la población.

No hay duda que se trata de concesiones al capital. Ese camino de concesiones consolida la lógica de la ganancia en desmedro de los ingresos salariales y populares. La renta nacional es una sola, y en definitiva tiene destino en ganancias o salarios. La renta nacional es la fuente para una distribución secundaria vía gasto público con seguridad social, “beneficios” o “subsidios” diversos. Todo sale de una sola fuente, la renta nacional, que es en primera instancia salario o ganancia, luego puede ser beneficio de política pública por distintos mecanismos de redistribución. No hay duda que el poder es insaciable, y no hay concesión que le alcance, por lo que conseguida alguna, luego propone y lucha por otras.

El capital no se resigna en la puja distributiva contra el trabajo y por eso presiona sobre el Estado para el logro de políticas afines. Para ello se apoya en la prédica mediática para socializar sus demandas como propias de una mayoría social, lo que se denomina “sentido común”.

Hay que consignar que el argumento oficial sobre las políticas implementadas en estas horas alude a la necesidad de obtener dólares, que liquiden las ventas al exterior los que ya lo hicieron y que vendan aquellos que retienen a la espera de mejora en la cotización de la divisa. Son medidas en respuesta a una situación que se instaló, donde el problema son los compradores del mínimo de 200 dólares mensuales. Aun siendo millones los compradores minoristas de los últimos tiempos, no son esencialmente los responsables de la falta de divisas.

La pérdida de divisas hay que buscarla en el pago de la deuda, por eso venimos insistiendo en la suspensión de los pagos y la investigación, mucho más ante las negociaciones en curso con el FMI; las remesas de utilidades al exterior, de capitales externos que buscan paliar la situación mundial desde cualquier territorio en que despliegan sus inversiones; y por supuesto la fuga de capitales por constitución de activos en el exterior.

Un interrogante válido apunta es si es posible orientar la política en el sentido de la presión social mayoritaria por una política productiva concentrada en satisfacer la demanda de la mayoría social afectada, lo que supone definiciones de cambios estructurales profundos que atienda el empleo, combata la pobreza y construya nuevas relaciones sociales de producción y distribución.

¿Es posible?

Desde luego, incluso, los recursos están, ya que no estamos como en el 2001 con insuficiencia de divisas. En la actualidad existe el saldo comercial positivo de la balanza comercial, que no se modificará en los próximos años, y los depósitos en dólares del sistema financiero están respaldados por las reservas internacionales.

Según el presupuesto 2021, recién presentado en el Congreso, la estimación del superávit comercial alcanzará los 17.260 millones de dólares (md) en el 2020; unos 15.087 md para el 2021; unos  14.302 md para el 2022 y otros 12.928 md para el 2023.^[1]

Por otra parte, los depósitos bancarios son mayoritariamente en pesos, distinto a lo que acontecía en 2001, que por imperio de la convertibilidad cada peso “podía” (en teoría) canjearse por un dólar, razón por lo que estalló por el aire el mecanismo de la convertibilidad y la gran estafa de aquellos años.

No hay insuficiencia de divisas, el problema es cómo utilizar las que existen y bajo gestión del BCRA. No se debe permitir la especulación de la liquidación de exportaciones, ni la fuga tradicional que acumula más de un PBI en capitales invertidos en el exterior (propiedades, acciones, divisas). Esos recursos, generados por el trabajo social en el país deben invertirse “socialmente”, lo que requiere consenso social, o sea, poder.

Por eso sostengo que no existen trabas al aliento de una política, que, en el marco de la crisis global, no pueda sostener un rumbo de cambio del modelo productivo y terminar con la estructura que surgió en 1975/76, de dominación extractivista bajo mando de transnacionales de la alimentación, la biogenética, la mega minería y las petroleras, asociadas todas a la especulación financiera.

Se puede avanzar en ese sentido, especialmente por la situación de incertidumbre mundial. Es más, resulta la ocasión adecuada para intentar un cambio de rumbo estructural en el país e inducir a otros países a transitar ese camino. Sea por la enfermedad de Trump, la pandemia o la crisis capitalista previa (2007/09), lo que existe es una inestabilidad muy fuerte, solo sostenida como nunca se vio, con emisión de moneda y de deuda en todo el sistema mundial, especialmente en los países capitalistas desarrollados.

Muchos se interrogan sobre las elecciones estadounidenses como si la variante demócrata en el gobierno de EEUU pueda significar un cambio en la situación de fondo estadounidense o del mundo actual. Es cierto que una renovación de Trump es peligrosa, tanto como la deriva mundial que resulta de la hegemonía derechista en Gran Bretaña o Brasil, por solo mencionar dos casos emblemáticos, pero mucho no agrega en la presente coyuntura global un imaginario de “políticas reformistas” para contener la crisis capitalista.

No es tiempo para reformas o ilusiones de “pactos” al estilo de los emergentes hacia 1930. Entonces existía el “peligro” del comunismo soviético. China, indescifrable para muchos, no expresa hoy el horizonte anticapitalista. Cuando mucho, disputa la hegemonía del sistema capitalista, que obviamente EEUU intenta frenar con la guerra comercial, monetaria, entre otros mecanismos derivados de su dominación mundial.

Fuerza social para asegurar cambios profundos

Por eso sostenemos que es tiempo para pensar en cambios profundos. Si no se apunta al cambio la realidad de la inestabilidad mundial se descargará con más penurias para nuestros pueblos.

La inestabilidad involucra el precio de las materias primas, de elevada volatilidad, afectando mecanismos tradicionales de la lógica de acumulación de países subordinados a la demanda de las transnacionales.

El impacto social se visibiliza en crecimiento de la pobreza, el desempleo y la precariedad, en la pérdida de derechos y deterioro de las condiciones de vida. Se requiere revertir la tendencia, que la presión social de la mayoría perjudicada se imponga a la de la minoría enriquecida. Ello demanda hacer visible la presión, algo escamoteado por la defensiva de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales e intelectuales contenidas para no “alentar” la iniciativa de la derecha y del poder, cuando lo que se requiere precisamente es motorizar una presión de mayor fuerza para reorientar las políticas públicas.

Para muchos hay que esperar, ya que apenas se transita el primer año de la gestión y encima sobrevino la pandemia. El problema es que el derrotero sustentado desde las autoridades fue primero atender el canje de la deuda y luego ver cómo seguir. El asunto es que se agravó con la pandemia y en él “mientras se negociaba” el canje se continuó pagando intereses, al tiempo que se mantuvo el proceso de fuga, vía remesas de utilidades al exterior o constitución de activos fuera del país.

A los problemas de la deuda se sumó la pandemia y no se avanzó en cambios estructurales, por lo que ahora, se siente la presión del poder, con escasa capacidad de articular una propuesta en sentido inverso. Urge organizar la fuerza social y política para contrarrestar la presión del poder económico y generar una fuerza socio política en sentido contrario, que discute la representación de las organizaciones que hoy actúan en el movimiento social. Resulta imperativo construir una nueva institucionalidad popular que estimula la fuerza subjetiva de los cambios.

Buenos Aires, 3 de octubre de 2020

Nota

^[1] Ministerio de Economía. Proyecto de Presupuesto 2021, mensaje de remisión, en: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2021/mensaje/mensaje2021.pdf (consultado el 3/10/2020)

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Ciudad de Buenos Aires.
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