Durante lo corrido del año 2020 y con corte el 30 de septiembre el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, ha documentado 65 masacres ocurridas en Colombia. Una masacre es un asesinato colectivo en que mueren al menos tres personas de forma violenta. En esas 65 masacres han sido asesinadas 260 personas. Los departamentos más golpeados por este crimen son Antioquia con 14, Cauca 9, Nariño 9, Norte de Santander 6, Putumayo 4, Bolívar 3, Chocó 3 y Cundinamarca 3. Así mismo han sido asesinados durante este año 221 líderes y lideresas sociales y 10 familiares de estos líderes. 47 excombatientes de las FARC-EP, firmantes de los acuerdos de paz han sido asesinados en lo corrido de este año. Desde la firma de los acuerdos de Paz han sido asesinados 229 excombatientes.ⁱ Y desde el año 2016 han sido asesinados más de 1000 líderes y lideresas sociales.

Las políticas vigentes para detener esta fascista sangría en contra de líderes sociales, excombatientes o simplemente ciudadanos del común son un rotundo fracaso. Y ello no porque no haya instrumentos para ello, sino porque los diagnósticos con los que se aprueban esas políticas parten de desconocer factores claves para su confrontación, para su persecución y para su derrota. Y a mi juicio el factor principal tiene que ver con la connivencia y enroque que se da entre los destacamentos de la Fuerza Pública, ejército nacional y policía, en esos territorios, con los actores armados ilegales que hacen presencia allí y también por la creciente injerencia de estos grupos armados ilegales en los procesos electorales de las autoridades locales en estos territorios. Son estos dos factores los que contribuyen a que prolifere el asesinato de los líderes sociales, de los excombatientes de las FARC y a que, en esos mismos territorios, ahora se perpetren masacres indiscriminadas contra la población civil y principalmente contra los jóvenes que allí residen.

Y esto se ha agravado por supuesto con el retorno del uribismo al gobierno y puede agravarse aún más con la captura de organismos de control que no habían sido hasta ahora domesticados por la deriva autoritaria de Duque que pretende el control omnímodo del aparato de Estado. Ya han logrado la elección de un fiscal general, Francisco Barbosa puesto a su servicio y también han elegido en el Senado de la República a Margarita Cabello Blanco, como procuradora general de la Nación; como antes lo habían hecho con la elección de Carlos Felipe Córdoba al frente de la Contraloría General de la República y con defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Unos son más uribistas que otros, destacándose en todo caso los cargos estratégicos de Barbosa y Cabello Blanco.

Ahora por la masacre ocurrida en Bogotá por parte de la Policía Nacional en contra de manifestantes o transeúntes los días 9 y 10 de septiembre, en que fueron cobardemente asesinados 10 ciudadanos, que fue debidamente documentada por los propios ciudadanos que grabaron con sus teléfonos celulares y subieron a las redes sociales estos desmanes y con posterioridad a los mismos hechos, por la sentencia de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, promulgada para proteger la protesta, finalmente se ha abierto la discusión sobre la necesaria reforma de la Fuerza Pública. Tuvo que presentarse una masacre en la ciudad capital para que el debate público escalara y se convirtiera, en contra del gobierno autoritario de Duque, en uno de los temas de la agenda pública y de la agenda política.

Mientras las masacres y los asesinatos ocurrieron en territorios marginales la propia opinión pública no los acogió para proyectarlos como parte de la agenda pública y como parte de la agenda política. Hay que tener en cuenta por ejemplo que de acuerdo con la Misión de Observación Electoral, MOE, el 64% de los asesinatos de los líderes sociales se presentan en los 170 municipios en que tuvieron mayor presencia la guerrilla de las FARC y en dónde por una notable falla del proceso de paz, voluntaria o involuntaria, el Estado no hizo presencia para reemplazar el poder de facto que esta guerrilla ejercía en estos territorios que por lo demás históricamente han estado ligados a los cultivos de coca y amapola y a la minería ilegal que eran las dos fuentes principales de financiamiento de éstas guerrillas.

El enroque entre actores armados ilegales y la Fuerza Pública en estos territorios ha sido denunciado entre otros por las organizaciones indígenas para el caso del Departamento del Cauca y por organizaciones afrodescendientes en el caso del corredor pacífico y en el departamento del Chocó. Y esta connivencia y colaboración activa fue encontrada y documentada en la Jurisdicción de Justicia y Paz, y fue analizada en el año 2019 en 51 Sentencias de esta jurisdicción de justicia transicional. La jurisdicción de Justicia y Paz fue creada por el congreso y por el gobierno de Álvaro Uribe en su primer mandato en el año 2005, Ley 975, como el marco jurídico que se creó para el proceso de desmonte de los grupos paramilitares.

Analizadas estas 51 sentencia se encontró que en 43 de ellas (84,3%) se dejó constancia explicita del señalamiento de miembros del ejército como parte de las redes de apoyo de los grupos paramilitares. A la Armada Nacional se le señaló de sus nexos con grupos paramilitares en cuatro sentencias. En 21 de las 51 sentencias (41%) se deja constancia explicita de señalamientos a miembros de la Policía Nacional como parte de la estructura de apoyo a grupos paramilitares. De paso hay que señalar que en esas 51 sentencias aparecen mencionadas 187 empresas y empresarios como financiadores y/o colaboradores con las estructuras paramilitares que operaban en estos territorios.ⁱⁱ

Pero además en otras sentencias posteriores de esta misma jurisdicción se han dejado constancia de estas relaciones de enroque entre las estructuras de estos grupos paramilitares con mandos de la Fuerza Pública como en la Sentencia de Justicia y Paz contra Salvatore Mancuso y otros, promulgada el 31 de octubre de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Es un hecho probado en esa jurisdicción de la estrecha relación entre estas estructuras ilegales del paramilitarismo con sectores de las Fuerzas Armadas y de Policía. Sin embargo, esas investigaciones no han avanzado pues esta jurisdicción no es competente para avanzar en estas investigaciones y sus hallazgos son compulsados a la Fiscalía General de la Nación en dónde duermen en la más completa impunidad.

Por esto hay que decirlo de manera clara mientras no se desmonte esa relación, este enroque, entre estructuras de las Fuerzas Armadas y los grupos ilegales armados que operan en estos territorios continuará la sangría y la matazón. Como bien lo dice el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia sobre la protesta social, no se trata de manzanas podridas se trata de nexos sistémicos y así lo entendieron los negociadores de los acuerdos de La Habana que para confrontarlo diseñaron una Unidad Especial de desmonte de las estructuras paramilitares.

La Sala Civil de la Corte Suprema encuentra que la estigmatización y la brutalidad policial con la que se confrontan las manifestaciones y la protesta social corresponden a una actuación sistemática y por ello se requieren cambios de fondo que este gobierno no quiere asumir. De allí su negativa a acatar las 14 órdenes que imparte la Corte en su sentencia en por lo menos dos de ellas: la que ordenó que en 48 horas se hiciera un acto pública de solicitud de excusas a los manifestantes atropellados en las protestas del Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019 y la que ordena que se ponga en marcha una Comisión para estudiar los protocolos de actuación de la Policía Nacional frente a las protestas sociales. La primera no se ha realizado y cursa una acción de desacato contra el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que la Corte envió al Tribunal de Bogotá para que resuelva en primera instancia y sobre los protocolos apresuradamente se pretende expedir tales protocolos sin la consulta que ordenó la Corte.

Pero volviendo a la relación entre paramilitares y grupos de narcotraficantes con la Fuerza Pública que no se ha abordado, hay que señalar que parte de la estrategia de hacer añicos los acuerdos de Paz y en lo cual las fuerzas enemigas del proceso de paz han tenido éxito, el primer paso se dio con el desnombramiento de la magistrada Alexandra Valencia, de Justicia y Paz que había sido nombrada para dirigir esa Unidad de desmonte de los grupos paramilitares. Posterior a su despido el nefasto fiscal corrupto y enemigo del proceso de Paz, Néstor Humberto Martínez, se dio a la tarea de acabar como en efecto lo logro esa Unidad que debería ser un ente autónomo tanto en sus actuaciones como en su personal y en su financiamiento y con su lobby y acción directa logra que la Unidad de desmonte del paramilitarismo sea subordinada a la fiscalía con lo cual en la práctica se desmontó y con ello una parte importante de los acuerdos de La Habana.

Así pues, si queremos detener la sangría, los asesinatos de líderes sociales, excombatientes de las FARC-EP y las masacres que nos ahogan, lo primero que hay que hacer es depurar y reestructurar las fuerzas armadas y de policía. Así lo entiende hoy un importante sector de la opinión pública y de las fuerzas democráticas del país y por supuesto así también lo entienden los amigos del paramilitarismo y de la guerra que no están dispuestos a ceder en este punto. La batalla se desarrolla de cara al proceso electoral del año 2022. Ojalá las mayorías nacionales entiendan que hay que botar de las instituciones públicas a los amigos del paramilitarismo, del narcotráfico y de la guerra que hoy se coaligan alrededor del uribismo y del gobierno de Duque. En buena medida es lo que tendrá que investigar la Corte Suprema de Justicia que decidió mantener la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, por el financiamiento ilegal por compañías extranjeras y por el narcotráfico de la campaña que llevó a Duque a la presidencia de la República en el año 2018. El proceso que en Colombia coloquialmente se llama de la ñeñepolítica. Amanecerá y veremos.

Bogotá 1 de octubre de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)