Chile era, desde la década de 1930, un país en el cual la democracia “burguesa” quedó institucionalizada: se sucedían presidentes dentro de ella y su estabilidad contrastaba con el resto de países de la turbulenta América Latina. Incluso la izquierda política, representada por dos grandes partidos, el Comunista y el Socialista, por sobre los discursos a veces radicales, se integraban a esa democracia. Salvador Allende (1908-1973), militante socialista, fue candidato para la presidencia en 1952 y 1958. Volvió a serlo en 1964, aunque bajo circunstancias distintas, porque el triunfo de la Revolución Cubana (1959) alteró la vida política latinoamericana, no solo porque provocó la inmediata implantación de la guerra fría en la región, sino al haber despertado una acelerada y extendida politización social hacia la izquierda, de modo que en distintos países surgieron movimientos y guerrillas que confiaron en poder reproducir el camino armado cubano.

Bajo ese ambiente, Chile también logró un camino inédito de convergencia entre sus fuerzas políticas de izquierda; y en 1969, la “Unidad Popular” (UP), una coalición integrada por el Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical (PR), Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Partido Socialdemócrata y Acción Popular Independiente, postuló para la presidencia a Salvador Allende, quien, en su cuarta candidatura, logró un estrecho triunfo frente a Jorge Alessandri, que necesitó de la ratificación del Congreso, donde se votó por Allende, quien asumió la presidencia el 3 de noviembre de 1970.

La expectativa mundial y latinoamericana puso su mira en el “socialismo por la vía pacífica” que, en plena guerra fría, inauguraba Chile.

Existía, por entonces, un amplio bloque de países socialistas: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a la cabeza, los países de Europa del Este; además, la República Popular China y Corea del Norte, en tanto Vietnam hacía una guerra heroica contra los EEUU; y estaba Cuba, vinculada por necesidad a la URSS, a raíz del bloqueo norteamericano y el cerco de casi todos los países de América Latina. El “modelo” marxista de socialismo era, por entonces, el de la estatización total de los medios de producción que, ciertamente, había permitido reestructurar la vida de todos los países socialistas, con amplios alcances en la reducción de las desigualdades, la promoción del desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida generales y la provisión de servicios como educación, salud, seguridad social y vivienda. Lo que estuvo en discusión es el significado y alcances del régimen político, que la guerra fría enarbolada por los EEUU, calificaba como sistema anti democrático.

La UP, por tanto, había planteado la vía pacífica, definiendo un programa anti oligárquico, anti monopolista y de fortalecimiento social, con clara ubicación de tres sectores económicos: la economía privada, una mixta y el área de propiedad social, que edificaría el camino socialista, a través del Estado. La nacionalización de las minas de cobre, que estuvo en manos de empresas norteamericanas, no era una novedad, después de un proceso parecido (la “chilenización del cobre”) que ya ejecutó la Democracia Cristiana con el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970). Tampoco la reforma agraria, igualmente iniciada por Frei, que transfirió propiedades a los campesinos. Paradójicamente incluso un programa parecido se hallaba en ejecución en Perú con el “socialismo peruano” del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

Pero la “estatización” de Allende aceleró las enfurecidas respuestas desde los EEUU, que bajo el gobierno de Richard Nixon (1969-1974) y las guías de su Secretario de Estado Henry Kissinger, desplegaron las acciones directas a través de la CIA y el financiamiento a la oposición, con el propósito de derrocar a Allende (la CIA actuó desde tiempo atrás, cuando se trató de impedir su triunfo electoral). La estatización de la banca, la creación de los cinturones industriales en manos obreras, y la “amenaza” a la propiedad privada, para fortalecer a los sectores mixto y de propiedad social, sobre una base campesino-proletaria, evidentemente destaparon las resistencias de las “burguesías” internas. El desabastecimiento de bienes esenciales por el boicot empresarial, el mercado negro y los síntomas de una economía en desbalance, agudizaron las reacciones contra las políticas adoptadas desde el Estado.

El gobierno de la UP despertó una radical lucha de clases y ese ambiente alteró al país, atravesó todas las relaciones humanas, polarizó la vida cotidiana, destapó las pasiones a favor o en contra de los cambios, sin posturas intermedias. Entre las miles de páginas escritas sobre el tema, resalto el reciente libro de Alfredo Sepúlveda, La Unidad Popular, los mil días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo (2020), que permite apreciar aquellas circunstancias, renovando los pormenores de una época que marcó la vida de los chilenos hasta nuestros días.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la instauración de la dictadura terrorista de Augusto Pinochet no “salvó” a Chile, sino que definió la situación a favor de la burguesía y del imperialismo norteamericano. A la economía social levantada por Allende siguió la economía neoliberal levantada por Pinochet, que requirió poner fin a la misma democracia “burguesa” y representativa. De este modo, el pinochetismo demostró que, ante la agudización inevitable de las tensiones sociales cuando se trata de realizar transformaciones de fondo en las sociedades latinoamericanas, finalmente las elites del poder capitalista acuden abiertamente al fascismo para restaurar su poder y dominación, a sabiendas de que cuentan con aliados poderosos en las fuerzas armadas y el imperialismo.

Después de cincuenta años de la experiencia de la UP y del gobierno de Salvador Allende, las condiciones históricas latinoamericanas han cambiado. La traumática experiencia de los Estados militares terroristas del Cono Sur, el derrumbe del socialismo “realmente existente”, las nuevas condiciones mundiales derivadas de la globalización transnacional, así como el desinflamiento de las vías tradicionales de la “revolución proletaria”, condujeron a la valoración de la democracia representativa. Bajo este nuevo marco histórico, en América Latina creció una izquierda social y progresista nueva, que sirvió de base para sostener el inédito ciclo de gobiernos progresistas que se generalizaron en América Latina con el inicio del siglo XXI. Se trata de un amplio sector, ajeno al partidismo de izquierda tradicional, al que, sin embargo, es capaz de aceptar; pero también de un sector que no es necesariamente marxista (tampoco es anti-marxista), que cuestiona al capitalismo, a los gobiernos empresariales/neoliberales, a las derechas políticas y a las elites oligárquicas y concentradoras de la riqueza, y que ha demostrado ser sensible para acoger las demandas de los sectores medios, los trabajadores y capas populares.

En estos amplios sectores del “progresismo” latinoamericano, ya no se plantea la estatización generalizada de los medios de producción, aunque sí el fortalecimiento del sector estatal de economía y de sus capacidades para imponer los intereses públicos a los intereses privados. Existe la conciencia de fortalecer los derechos sociales, comunitarios, ambientales, laborales, etc. Se reclama una redistribución de la riqueza que afecte seriamente a los ricos mediante el sistema tributario. Demandan servicios públicos de calidad, con atención prioritaria a la salud, educación y seguridad social universales. Se ha asumido, en los hechos, una vía pacífica de construcción del “socialismo”, que da continuidad histórica a la tesis de la UP de Allende, y que pasa por la edificación de una economía social y con mercados regulados.

Pero nuevamente, la experiencia de los gobiernos progresistas ha vuelto a demostrar algo que Chile ya vivió cincuenta años atrás: las derechas económicas y políticas latinoamericanas no están dispuestas a que los cambios avancen a tal profundidad que pongan en riesgo el poder del capital y de las elites empresariales. En consecuencia, no han descartado el Neogolpismo, los “golpes blandos” o los golpes de Estado anticipados (https://bit.ly/3k2C0d2); y apuntan como un “riesgo” la construcción de economías sociales, que frenan o acaban con los modelos empresariales y neoliberales. Tampoco es descartable que el “neo-pinochetismo” se reinstaure, como recurso de última instancia, allí donde haga falta poner “orden” frente al avance del progresismo y de las izquierdas sociales, en general.

En consecuencia, también la experiencia de Chile hace medio siglo, ha vuelto urgente la convergencia y unidad entre las izquierdas tradicionales, las izquierdas sociales, el progresismo de todas las vertientes latinoamericanas. Construcción difícil, pero esperanzadora.

Ecuador, lunes,  14 de Septiembre, 2020

Especial para Informe Fracto, México

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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