Democracia "participativa y protagónica". Así, la constitución bolivariana define la importancia del poder popular en Venezuela. Esto quiere decir que la política, entendida como la gestión de la polis, no se delega en un acto ritual a realizar con el voto en cada ronda electoral, sino que es una organización diaria, directa y responsable que concierne a toda persona, entendida como ser social. Concibe sujetos conscientes de las causas y consecuencias de sus acciones en el mundo, que no se limitan a ser espectadoras o espectadores.

Con esto en mente, la constitución bolivariana certifica que la soberanía reside "de manera intransferible" en el pueblo, y que cualquier cargo público puede ser sometido a referéndum, luego de recolectar firmas, a mitad de mandato. En esta perspectiva, en la perspectiva de una "revolución permanente" entre conflicto y consenso lanzada hacia la transición al socialismo, las elecciones apuntan a consolidar y construir nuevos espacios de viabilidad para el poder popular: para lo que, en otras latitudes, se podría definir como la "autonomía de clase".

El garante de este proceso es el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido de cuadros y movimiento, el más grande de América Latina, con su organización social amplia y ramificada. Asistido por las fuerzas aliadas en el Gran Polo Patriótico (GPP), el PSUV avanza hacia su elección n. 25, a las parlamentarias del 6 de diciembre. De las 24 previas organizadas desde que Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998, el socialismo bolivariano ha perdido 2 y siempre ha reconocido la derrota.

En estos días, el presidente Maduro presentó los componentes y las componentes del Comando de Campaña, encabezado por el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y dedicado a Darío Vivas, el dirigente del PSUV fallecido recientemente por el coronavirus.

Las parlamentarias se realizarán bajo la bandera de la "unidad nacional" y el diálogo con aquella parte de la oposición no golpista que ha decidido participar en la votación, y que ha contribuido a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), uno de los 5 poderes de los que se compone la institución bolivariana.

Por primera vez en la historia del Parlamento venezolano, el número de diputadas y diputados pasará de 167 a 277, dando una garantía aún mayor de participación a los 89 partidos políticos -29 nacionales, 6 indígenas y 53 regionales- habilitados para esta competencia electoral. “Se ha formado un bloque sólido de mujeres, jóvenes, comuneros, clase trabajadora, adultos mayores, campesinos, empresarios patriotas, del Gran Polo Patriótico”, dijo Maduro. El GPP presentará 554 candidatos, confiados al sistema de votación altamente automatizado, considerado a prueba de fraude por todos los observadores electorales.

Incluso la preparación del voto, de hecho, es un ejercicio más de soberanía y participación popular, porque involucra, durante todo el año, a los trabajadores comprometidos en la construcción, control y transporte de las máquinas de votación, así como en la "defensa integral" de urnas y escaños ante la inveterada agresión de la extrema derecha venezolana.

Cualquiera, por muy distante que sea del proyecto bolivariano, que haya estado en Venezuela como observador electoral, sólo podría alabar su ejemplar corrección. Por otro lado, la misma oposición utilizó el mecanismo para realizar sus primarias, y fue el mismo sistema electoral el que registró el triunfo de la derecha a las últimas legislativas de 2015.

Lamentablemente, sin embargo, la gran mayoría de ciudadanos europeos o estadounidenses no tienen forma de conocer ni los mecanismos populares de toma de decisiones del socialismo cubano, ni el funcionamiento de la democracia participativa y protagónica de Venezuela.

La información que le llega es de hecho filtrada por los grandes aparatos de control ideológico, capaces de presentar como "democrático" a un personaje como Guaidó, a quien nadie ha elegido, pero que se ha autoproclamado "presidente interino" a instancias de Trump.

Haciendo eco de la voz del amo norteamericano, los medios europeos enfatizan tanto las "sanciones" impuestas por Estados Unidos incluso a representantes de la oposición moderada en Venezuela, como el "boicot radical" de Guaidó como parte de un "Pacto de unidad con 37 partidos y un centenar de movimientos sociales". Que esos "movimientos" sean ONG que emanan de las agencias de seguridad de Estados Unidos, y que muchos de esos partidos ahora podrían organizar su congresos en cabinas telefónicas dada su consistencia real, no importa. No tienen que responder ante el pueblo, sino ante las grandes corporaciones internacionales.

Frente a la crisis de la democracia burguesa, evidente a nivel mundial, lo que importa es transmitir el concepto de que la única democracia posible es la establecida por Washington, donde la decisión la toma una red de lobby, y los comités empresariales de las grandes instituciones internacionales. Una "democracia" de la injerencia, que se celebra a si misma al proponer a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz…

Sin embargo, los términos de comparación para reflexionar no faltarían: en Estados Unidos, América Latina y Europa. Mientras en Venezuela aumenta el número de parlamentarios y se garantiza aún más la participación de las minorías, en Italia, por ejemplo, se quiere hacer lo contrario.

Los días 20 y 21 de septiembre, la ciudadanía acudirá a votar por un referéndum que propone recortar el número de parlamentarios de 630 a 400, en la Cámara, y de 315 a 200 en el Senado. Una propuesta que algunos partidos, empezando por el Movimiento 5 Estrellas que la convirtió en bandera, presentan como medida contra el despilfarro y la burocracia, aunque el ahorro anual para el gasto del Estado es del 0,01%.

Para las fuerzas alternativas, en cambio, es una limitación más a la representación democrática, en un país donde existe una alta barrera electoral que impide a los sectores populares llevar a sus representantes electos al Parlamento, y donde los costos de una campaña electorales son muy altos.

Una cortina de humo, además, ante, por ejemplo, la distancia sideral entre el salario de un trabajador y el de un gran directivo o un alto funcionario, que ni la supuesta vocación antisistémica de los 5S, ni el "centro- izquierda” que ante todo responde a los impresarios, sueñan con cuestionar.

Así, por otro lado, el canciller, Luigi Di Maio se expresó en una entrevista, interpretando la opinión del gobierno: “Italia condena la deriva autoritaria en Venezuela y se reconoce en las declaraciones de la Unión Europea, desde la adoptada tras las controvertidas elecciones presidenciales de mayo de 2018 a las más recientes que en junio de este año estigmatizaron las medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia contra los partidos de oposición ”.

El ministro 5S destacó que “Italia no reconoce la vigencia de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, ni la legitimidad democrática del ganador, Nicolás Maduro. Inmediatamente nos unimos - recordó - a aquellos en la comunidad internacional que están pidiendo nuevas elecciones presidenciales lo antes posible ”.

Y agregó: "No debemos confundir la falta de reconocimiento de Juan Guaidó incluso como presidente de la República con una posición de equidistancia de Italia, de apoyo a Maduro, o peor aún de indiferencia ante las violaciones de derechos y libertades fundamentales".

El twitter de Mike Pompeo estimuló así a los vasallos de Estados Unidos: “La comunidad internacional -escribió- es cada vez más consciente de que las elecciones previstas por el régimen de Maduro no serán libres ni justas. 34 naciones se han unido a nosotros a favor de un gobierno de transición”. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, le respondió, durante su programa Con el mazo dando: "Señor Pompeo, aquí hay una Constitución y la Constitución venezolana establece que este año habrá elecciones, las cuales se han fijado para el 6 diciembre ”.

Pero si Maduro viola los "derechos humanos" de manera tan descarada, ¿por qué concede un perdón masivo a quienes organizan complots en su contra? Aquí se desenmascara la hipocresía de las democracias burguesas europeas como la española o la italiana, cuando consideran muy importante luchar para sacar de la cárcel a los golpistas y estafadores, presentados como "presos políticos" en casa ajena.

Es una lástima que, en su propia casa, tanto España con los vascos como Italia con los presos políticos de los 70-80 se comporten de una forma completamente diferente. En Italia, los exponentes de ese "centro-izquierda" que ve el socialismo y la revolución bolivariana como humo en los ojos, jugaron un papel decisivo en la reforma constitucional que imposibilitó la votación de una amnistía para los presos revolucionarios. Y así, aparte de algunas declaraciones iniciales, ni siquiera el indulto de Maduro ha hecho que la Unión Europea cambie de opinión sobre las parlamentarias en Venezuela.

Sin embargo, desde las instituciones europeas no se elevó ningún coro de protestas para condenar el golpe de Estado en Bolivia, ni la represión en Ecuador, ni para denunciar el uso del poder judicial con fines políticos, ahora conocido como lawfare. El 7 de septiembre, los tribunales inhabilitaron tanto a Evo Morales, que en Bolivia quiso presentarse como senador en Cochabamba el 28 de octubre, como a Rafael Correa, quien en Ecuador había sido candidato a la vicepresidencia y a la circunscripción parlamentaria en el extranjero para las elecciones del año próximo.

Con una sentencia vertiginosa, la casación ha validado de hecho la condena de ocho años por corrupción, que anula los derechos civiles del expresidente ecuatoriano. Mientras tanto, muchos están denunciando tanto la posibilidad de un autogolpe en Bolivia, como la posibilidad de que los tribunales planteen más obstáculos al partido de Morales o a la alianza correísta en Ecuador.

Al comentar la sentencia de casación con un twitter, Correa citó a Voltaire sobre el "uso perverso de la ley para cometer injusticias". El ex presidente brasileño Lula da Silva en cambio recordó las palabras de Víctor Hugo: "Es del infierno de los pobres que se hace el paraíso de los ricos", dijo Lula en un video en el que anuncia su candidatura en las próximas elecciones en Brasil.

Luego de ir a la cárcel por una persecución legal que ahora se desmorona pieza a pieza, el expresidente ha vuelto a atacar al actual jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, tanto por el catastrófico manejo de la pandemia de coronavirus, como por la subordinación "humillante" a los Estados Unidos. Un servilismo evidenciado por el hecho de que un general brasileño "sirve en el Comando Militar Sur y firma un acuerdo con Trump para que las tropas estadounidenses utilicen la Base Aeroespacial de Alcántara, en el estado de Maranhao".

El lawfare no es una práctica nueva a lo largo de la historia, mucho menos en América Latina. Hoy, sin embargo, constituye uno de los arquitrabes que utiliza el imperialismo estadounidense contra gobiernos no deseados, para acompañar y legitimar la estrategia del "golpe institucional" en guerras de nuevo tipo.

Desde Honduras en 2009 hasta hoy, no han faltado ejemplos, cada vez sazonados con alguna variante, introducidos para elevar el umbral de aceptación de una nueva ilegalidad, enmascarada por el apoyo internacional. Una legalidad domesticada por los grandes poderes supranacionales, como aquella a la que apelan los cómplices del autoproclamado Guaidó cuando hablan de "elecciones libres y democráticas".

Una farsa que legitima injerencias y golpismo, a través de la acción de un sector militar, como sucedió en Bolivia, o de la policía como están tratando de hacer en Argentina. Un plan que hasta el momento solo la gran madurez del pueblo venezolano ha logrado frustrar renovando la unión cívico-militar.

Y por ello, más allá de la subestimación del peligro que llevan a cabo aquellos grupos políticos que han decidido romper la unidad del GPP en un momento tan delicado, y ante una cita electoral decisiva, el debate sobre la etapa y la estrategia, que se ha encendido en Venezuela, es uno de los más importantes. Un alcance infinitamente mayor del que tiene lugar en las competencias políticas de la democracia burguesa, donde el pueblo vota, pero no decide.