Rechazo a la decisión gubernamental sobre internet, TV paga y telefonía como servicio público.

La resolución que declara como servicio público a la provisión de internet, TV paga y telefonía móvil es para los medios opositores otro motivo en su lucha contra el Gobierno. Mientras los discursos contra la reforma judicial repiten consignas y descalificaciones que se arrastran por semanas, se suma ahora la voz de las corporaciones de la telecomunicación en títulos, crónicas y opiniones.

La marcha anti todo del lunes 17, fogoneada directa e indirectamente por el aceitado dispositivo de propaganda política, envalentonó a columnistas que se atreven a deslizar el deseo de un clima de “fin de época”, con figuras tales como fracaso, “último tren” para Alberto Fernández y la hipótesis de una “explosión” que está al caer.

Tanto entusiasmo puede salirse de control: el viernes el columnista Miri, de Clarín, dice que la marcha del lunes se vio en “decenas de ciudades”. En la siguiente página las ciudades ya son ¡¡200!!, según el columnista González.

Los poderes que se expresan a través de Clarín, Infobae y La Nación, y el gran conglomerado de redactores que copian y pegan y de conductores radiales y televisivos que repiten líneas a la mañana, a la tarde y a la noche, luchan para no ceder un centímetro en su capacidad de manipulación del Poder Judicial.

Según parece, el diseño operativo consiste en combatir mediáticamente la reforma, movilizar a su platea a las calles, a riesgo de contagiarse el COVID-19, y luego reclamar un resultado: que el Presidente retire el proyecto de reforma, para lo cual funcionó también el pronunciamiento de Juntos por el Cambio, a esta altura un ya indisimulable furgón de cola de los diseños editoriales.

El objetivo fue visible desde el momento mismo en que el Gobierno puso en marcha los mecanismos políticos para avanzar con la reforma prometida en la campaña electoral de 2019. La mención de las acciones mediáticas de presión y manipulación entre los motivos por los cuales los jueces pueden recurrir al Consejo de la Magistratura, incluida en el dictamen aprobado en el Senado, fue presentada como una novedad apocalíptica, pese a que ni siquiera es una novedad.

Tal vez el columnista de Infobae Roman Letjman haya descripto sin querer, en su nota del domingo 23 de agosto, la secuencia que sus colegas de Clarín y La Nación tienen orden de censurar. En efecto, recuerda que el 4 de agosto, cuando la ministra Losardo expuso ante los senadores, el agregado sobre las presiones mediáticas fue anunciado por Oscar Parrilli. De hecho Infobae había informado al respecto, en la nota de ese día.

Pero ahora una larga lista de redactores de Clarín y La Nación relatan que Parrilli, por “orden de Ella”, introdujo clandestinamente la referencia. La nota de Letjman que desnuda esta mentira afirma además -sin fuente alguna- que Fernández ordenó quitar este agregado, pero no fue su día de suerte: apenas había asomado el sol y el Presidente dijo por Radio 10 que no es un elemento que altere el sentido de su propuesta.

En fin, esta disputa por el poder pone una vez más a Morales Solá, de La Nación, en el difícil papel de reivindicar a la justicia federal y llegar al extremo de escribir que no necesita cambios. Pareciera que el edificio de Comodoro Pus fuera su propia casa.

Es un extremo osado, pero no el único: el viernes en internet, La Nación exhibió una secuencia temible de títulos en su primera pantalla. El opositor Sanz preguntando “cuánto tiempo más demora esto en explotar”. A su lado, el columnista Suppo preguntando si el Presidente “dejó pasar el ¿último? tren”. Y a su lado, la columnista Di Marco preguntando si Cristina Kirchner tiene plan B “si fracasa Alberto Fernández”. Lectores memoriosos, y con una muy justificada sensibilidad, llegaron a sentir que este diseño editorial y propagandístico tiene poco que envidiarle a la sucesión de títulos del vespertino La Razón en los días previos al 24 de marzo de 1976, que terminó en el despreciable “Todo está dicho”. Aunque las condiciones sean tan diferentes.

También es extrema, y a la vez patética, la labor que asumió Kirschbaum, el jefe de redacción de Clarín, cuando embiste la decisión presidencial de declarar servicio público a la provisión de internet, TV paga y telefonía móvil: escribe en el papel de cajero del empresario para el que trabaja, pero como esto no es propio del “periodismo” busca y busca, hasta llegar a una sentencia desopilante: esa decisión del Presidente fue la respuesta al “impacto de la protesta opositora” del lunes 17.

La reacción de estos medios es una sencilla respuesta a las tribulaciones académicas y jurídicas sobre la necesidad de que las empresas de comunicación no pertenezcan a conglomerados de intereses múltiples, porque sus periodistas, aún los iluminados y premiados, terminan actuando como redactores de comunicados corporativos. Es el papel que reasume, por su lado, la soldadesca de las grandes empresas del sector, con Giúdici, Crettaz y Morandini como voces que, eso sí, no flaquean en la propalación de consignas que vienen repitiendo al menos desde 2009, cuando comenzó el tratamiento parlamentario de la Ley de Servicios Audiovisuales.

Es gente que no se priva de nada. Clarín publicó el jueves 20 una columna en la que Susana Decibe, gran destructora del sistema educativo argentino, se da el lujo de reivindicar el plan de “reformas” de los 90, que es uno de los objetivos de fondo de las oligarquías de toda calaña para la post pandemia.

El trabajo en la defensa de la famiglia judicial y, ahora, de los multimillonarios de las telecomunicaciones, dejó casi en triste soledad a Carlos Pagni en su lucha contra el anuncio de la fabricación en la Argentina de la vacuna contra el COVID-19. Él, que había acusado al Gobierno de inacción y negligencia mientras otros países avanzaban, debió copiar lo ya dicho en días anteriores en La Nación y Clarín y sembrar confusas sospechas sobre las empresas vinculadas al proyecto.

Pero, buscando siempre un rasgo que lo distinga de la manada editorial, puso a La Nación en una función impensada: reivindica el modelo de fabricación de la vacuna anunciado por Brasil porque allí el Estado tiene más protagonismo que en la Argentina. ¡La Nación reclama estatismo! Menudo sobresalto.

Aunque tal vez no tan grande como el que habrá padecido el fiscal Stornelli, el que está acusado de maniobras ilegales al influjo de ciertos poderes, por no decir Clarín. Es que La Nación publicó el viernes este título de tapa: “Otro abogado aportó datos sobre la banda del fiscal”. Pero se refería a otro fiscal, no a Stornelli, que sigue gozando de una envidiable protección del periodismo independiente.

23 agosto, 2020

https://www.comunanet.com.ar/despliegue-editorial-para-defender-otro-negocio/