La temprana reapertura de las actividades económicas presionada por la inmediatez de miras de los gremios económicos que cogobiernan con el uribismo, los conservadores y los cristianos y que ahora reciben refuerzos del partido del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, Cambio radical, empujaron a Duque a reabrir y con ello el nivel de contagio que se mantuvo en niveles muy bajos producto de la cuarentena rígida decretada primero en un simulacro en la ciudad de Bogotá que Duque aceptó a regañadientes desde el 20 de marzo y que se extendió a nivel nacional desde el 25 de marzo y hasta el 27 de abril fue lo que permitió mantener un bajo nivel de contagio del Covid-19.

El 14 de abril había 2.979 casos comprobados, el 14 de mayo 13.610, ya para el 17 de junio los casos comprobados habían escalado a 57.046, el 7 de julio había ya 124.494 casos comprobados, hasta llegar el día 22 de julio a la cifra de 218.428 y a 7.373 muertos a casusa del Covid-19. El confinamiento rígido se levantó de hecho primero con el llamado a laborar a 7.5 millones de trabajadores el lunes 27 de abril y a partir del 1 de junio 43 sectores productivos fueron autorizados para reabrir actividades, de modo que en la práctica la cuarentena se levantó y solo quedaron suspendidas y confinadas actividades como la educación, las actividades culturales, los almacenes de grandes superficies que no comercializan alimentos, el resto de las actividades productivas fueron llamados a laborar, ¡ah! y tampoco el Congreso de la República que en la práctica ejerce a través de plataformas virtuales.

Las escasas cinco semanas de confinamiento rígido no fueron utilizadas para lo que se declaran las cuarentenas que es no solo para trazar un plan de contingencia en materia económica y social sino también para fortalecer los sistemas de salud. En materia económica y social pasaron varias semanas sin que el gobierno que había declarado la cuarentena se decidiera a tomar medidas para atender a la población pobre y excluida. Finalmente se decantó por utilizar los programas focalizados que se han ido clientelizando con el paso de los años a favor de los partidos en el gobierno y muy seguramente eso pesó en la decisión de utilizarlos para irrigar pírricas sumas de dinero a las familias más pobres.

En el mes de mayo en promedio se entregaron $ 334 mil por cada uno de los hogares beneficiarios, (unos 90 dólares) que fueron calculados por el propio gobierno en 2.7 millones de hogares. Se ha devuelto el IVA a familias pobres a razón de 75 mil pesos y se calcula que han sido beneficiadas 700 mil familias, hasta ahora solo se habría hecho una sola devolución. El programa Jóvenes en Acción cubre a 300 mil en el país que a cambio del subsidio adquieren el compromiso de estudiar. Reciben mensualmente 670 mil pesos para su sostenimiento y se les ha mantenido esta suma durante la pandemia. El programa de Adultos Mayores llega a 1.760.000 mil personas y reciben la suma de $80.000 mensuales, es decir, la irrisoria suma de 22 dólares.

Habida cuenta que estos programas no cubrían a la mayor parte de la población y de los hogares pobres, siendo generosos, digamos que cubren a cerca de 5 millones de familias, muchas familias necesitadas quedaban por fuera y ahí entonces el gobierno se inventó el programa llamado Ingreso Solidario que buscaba llegar a 3 millones de familias que no están en los programas señalados anteriormente. Para estos tres millones de familias el gobierno siempre en la línea de la tacañería, del minimalismo, decidió un auxilio pírrico o como dice el senador ponente del proyecto de renta básica de emergencia, Iván Marulanda, una limosna de 160 mil pesos mensuales, un verdadero insulto a las familias pobres que con entre tres y cinco integrantes deberían según Duque y sus acólitos neoliberales como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobrevivir con menos de 44 dólares mensuales. Y esa es en resumidas cuentas toda la política social del gobierno, frente a la pandemia.

Las otras medidas son apenas una extensión de las anteriores. Durante cuatro meses se suspendió el desalojo de arrendatarios que no pudieran pagar sus cánones de arrendamiento, se posibilitó que las tarifas de los servicios públicos se pudieran diferir a futuro hasta doce meses para cubrirlas, se reconectó a 1.3 millones de familias al suministro de agua potable pues al momento de la pandemia tenían cortado este servicio, pero, deberán pagar la deuda refinanciándola con la empresa respectiva. Estas fueron las principales medidas complementarias y ahora se discute sobre auxilio a los estudiantes universitarios para que se puedan mantener en las universidades públicas y privadas sin el pago de las matrículas, que habría que subsidiarlas. Algunas ya lo han anunciado para los estratos más pobres o incluso para todos los estudiantes, pero, aún no hay una medida de política pública adoptada.

Es por ello que cobra completa vigencia, ante la tacañería y el miserabilismo de las políticas neoliberales en el gasto público social, levantar un verdadero movimiento social de respaldo a la propuesta de renta básica de emergencia que ha sido presentada de nuevo a la consideración del Congreso de la República. Esta propuesta busca establecer una renta básica para nueve millones de familias de un salario mínimo legal vigente, unos 900 mil pesos, unos 250 dólares mensuales, durante tres meses. Este auxilio se extendería por dos meses adicionales con medio salario mínimo mensual. Esta propuesta no cuenta con el aval del gobierno que por el contrario ha ratificado su tacañería anunciando que extenderá el pírrico auxilio del programa Ingreso Solidario hasta el mes de junio del próximo año.

En dónde está el dinero anunciado para atender la pandemia

La incompetencia del gobierno de Duque para atender la pandemia no solo se refleja en sus equivocadas medidas para detener el crecimiento exponencial de la pandemia y el vertiginoso crecimiento del contagio y por consiguiente del número de muertos. El sistema de salud bordea el colapso. En ciudades y regiones como Bogotá, Atlántico y el Valle del Cauca las tasas de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCIs, presentan unas tasas de ocupación por encima del 90%.  Bogotá ha llegado a presentar tasas de ocupación del 92.3% y se mantiene por encima del 90%. De los 53 centros hospitalarios con UCIs en la ciudad 30 presentan tasas de ocupación del 100% como lo ha señalado el Colegio Médico de Bogotá amenazando con colapsar en cualquier momento pues no se llevan cifras acerca del número de pacientes para quienes se ha solicitado su ingreso a estas Unidades y están en la lista de espera.

En Bogotá a 18 de julio y de acuerdo con la información oficial del gobierno Distrital habían muerto por Covid-19 1.287 personas de las cuales habían pasado por Unidades de Cuidados Intensivos, 497 es decir el 38.5% del total. 27 personas habían muerto en sus casas y el resto es decir más del 60% habían muerto en sedes hospitalarias. Aún no se ha determinado por qué no accedieron a UCIs y fallecieron en estos centros hospitalarios. Lo propio ocurrió en Barranquilla.

Todo ello en medio de una incompetencia mayúscula del gobierno nacional que no toma las medidas que se requieren. En Bogotá la alcaldesa Claudia López se vio precisada a decretar cuarentenas rígidas por localidades en tres tandas de 15 días para cada una. Frente al crecimiento del contagio planteó la posibilidad de una cuarentena general rígida que le fue propuesta y argumentada por 14 gremios médicos de la ciudad y el país. Esta propuesta ha chocado con la oposición del gobierno nacional que apenas sí accedió a las cuarentenas locales, pero, que ante el agravamiento de la situación y el peligro del inminente colapso del sistema de salud se vio precisada a negociar con el gobierno Distrital para adelantar la cuarentena en las localidades a las que les correspondía el segundo turno de tal forma que 2/3 de la ciudad a partir de este jueves 23 de julio entran a cuarentena rígida para tratar de disminuir el ritmo del crecimiento del contagio.

Los gremios médicos insisten en qué se requiere de una cuarentena total y rígida para la ciudad pues son dos problemas los que se presentan, por una parte, la alta demanda de UCIs que amenaza con hacer colapsar el sistema y, por otra, la escasez de personal calificado para su atención además de la fatiga, el cansancio y la contaminación de una parte del personal especializado que ha salido del servicio lo cual ha disminuido su número para atender estas Unidades. La situación es muy complicada. Y estamos en pleno ascenso atravesando el pico de la misma por lo menos en las regiones de Bogotá y el Valle del Cauca. Detrás vienen Antioquia y otras regiones del país.

Para garantizar unas condiciones sociales mínimas el gobierno de la ciudad con el concurso del gobierno nacional viene distribuyendo una renta a 550 mil familias de 240 mil pesos, unos 65 dólares para estos 15 días para que puedan permanecer en casa. La medida va en la dirección correcta, pero insistimos es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia que en promedio tiene entre tres y cinco personas.

Mientras tanto la mayor parte de los recursos que el propio gobierno ha estimado en 117.17 billones de pesos está en los bancos. El crédito de 10.800 millones de dólares obtenido con el Fondo Monetario Internacional, FMI, según señaló Salomón Kalmanovitz en su columna del diario El Espectador, permanece depositado en la banca internacional, como garantía para que las calificadoras de riesgo le mantengan el grado de inversión al país, no son recursos que se invertirán en Colombia para hacer frente a los efectos devastadores de la pandemia que ya ha elevado a 8 millones de personas las que no tienen empleo. Miles de empresas han quebrado a la espera de ayudas directas del gobierno que nunca llegaron o que llegaron demasiado tarde o fueron insuficientes como el auxilio del 40% de un salario mínimo para pagar las nóminas de las empresas de más de tres trabajadores o el pago diferido hasta diciembre de las primas de servicios para los trabajadores con contrato laboral.

De los 117.17 billones que dice el gobierno está dedicando para atender la crisis desatada por la pandemia el 70% se han entregado al sector financiero. De estos recursos 60.2 billones están en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, para apalancar crédito a las empresas que acudan a la banca privada brindando una garantía del 90% de los créditos que ésta les otorgue a los empresarios. Como ha sido señalado por el propio gremio de los empresarios el crédito no ha fluido con la rapidez necesaria pues la banca exige demasiadas garantías por el 10% que arriesga si finalmente el prestamista no cumple con el pago del crédito y con el agravante que una muy buena parte de la pequeña y mediana industria no tiene como avalar esos créditos. Han quebrado sin remedio.

De esos recursos 23 billones les entregó el Banco de la República a los bancos privados para garantizar la liquidez en esta época de pandemia, con lo cual, como ya se indicó más del 70% están en el sector financiero. Para atender directamente la pandemia solo se han destinado el 2.33% del PIB que son los recursos entregados al Fondo de Atención de la Emergencia, FOME, una cifra extremadamente baja que es la que explica el minimalismo y el miserabilismo que caracterizan los montos asignados a subvenciones sociales. Mientras tanto el Congreso de la República no ejerce sus funciones confinado como está por el gobierno a funcionar de manera virtual. Y la Corte Constitucional ejerce un débil control y además tardío. Tienen razón quienes recientemente han denunciado los peligros autoritarios que avanzan detrás del virus. Un gobierno de las oligarquías sin control.

Bogotá 23 de julio de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)