El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó este martes 23 de junio un informe sobre los recursos fiscales destinados por el gobierno nacional para atender a las víctimas de la pandemia por la que atraviesa el país. El informe  corrobora lo que hemos venido planteando desde tiempo atrás con respecto a la insuficiencia y el carácter minimalista y miserabilista de las políticas públicas para atender a la población víctima de la pandemia y agrega datos nuevos, quizás el más importante se refiere a la falta de información veraz y oportuna sobre el origen y la destinación de los recursos públicos destinados a atender a los sectores sociales más afectados por la Covid-19, al tiempo que agrega que no hay un plan concreto de gasto.

El informe señala que hay serias dudas sobre las afirmaciones del presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien en diferentes intervenciones ha señalado que el gobierno ha destinado el 11% del Producto Interno Bruto, PIB, para atender la pandemia ocasionada por el Covid-19. El informe advierte que hay serios indicios de un gasto mucho menor del anunciado y que, de hecho, no hay cifras detalladas que sean de conocimiento público. “Hay una gran diferencia entre los recursos que el gobierno dice en declaraciones públicas haber destinado a la crisis y los que pueden verificarse”. “Es altamente preocupante e incumple con el espíritu de la Ley de Transparencia (1712 de 2014)”. Y añade el informe que “la única fuente para conocer los planes del gobierno son declaraciones casuales de funcionarios, en las cuales el gasto se desglosa a grandes rasgos y de manera cambiante, sin que el desglose sea legalmente vinculante, sino por billones o decenas de billones de pesos” lo cual describe como “potencialmente ilegal”.

El informe señala que el máximo valor posible de recursos desembolsados por el Ministerio de Hacienda que se puede documentar claramente es de 5,8 billones de pesos destinados a la atención a la pandemia, pero aún con relación a esa cifra no se sabe con certeza a dónde y en qué se han gastado. El informe agrega que de los 3,6 billones transferidos por el Ministerio de Hacienda a distintas entidades, apenas 1,7 billones tienen descripciones específicas que pueden ser verificables, mientras que 1,9 corresponde a rubros sin especificar o descriptores vagos como  “necesidades presentadas” y “fortalecimiento” de las entidades que los reciben y las transferencias recibidas con motivo de la pandemia  que sí están bien documentadas, solo $4,1 billones del gasto de emergencia han sido reportadas al público con un nivel de precisión aceptable.

El informe también señala que de las cifras que muestra el gobierno como destinadas a la atención de la pandemia realmente el 6% del PIB que se señala como recursos efectivamente destinados a atender las necesidades derivadas de la crisis, en realidad son recursos destinados a garantizar créditos, para respaldar a los bancos por el impago de deudores que no cumplan sin que se puedan catalogar como recursos gastados en atención a la emergencia. Y agrega que en realidad los gastos directamente relacionados con la atención a la emergencia son los que están centralizados y son manejados e invertidos por el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, que asciende al 2,4% del PIB.

El Observatorio reconoce que, si bien en materia de salud pública el Gobierno ha manejado bien la información de forma centralizada y clara, “no se puede decir lo mismo con respecto al manejo de los recursos públicos destinados a cubrir las necesidades generadas por la pandemia” pues no existe un mecanismo institucional centralizado que informe los recursos realmente invertidos, las fuentes de obtención de los mismos y su destinación específica.

Realmente tiene razón el observatorio el manejo de la información es opaco por decirlo menos, no se sabe por ejemplo en materia de salud cuántos son los recursos frescos y nuevos para el sector pues los funcionarios dan cifras que incluyen los gastos corrientes y las sumas destinadas en el presupuesto nacional al sector sin especificar cuántos recursos son realmente nuevos y a quiénes se han destinado. Y en esto ha fallado estruendosamente el control político del Congreso que tampoco ha hecho un ejercicio serio y sistemático de evaluación de los más de 90 decretos leyes expedidos en los dos periodos de emergencia social, económica y ecológica decretados en los últimos tres meses. Tampoco ha sido eficaz el control de la Corte Constitucional que apenas ha fallado sobre unos cuantos decretos, dentro de ellos, declaró constitucional el decreto 417 del 17 de marzo que declaró la Emergencia Social, económica y ecológica con motivo de la pandemia ocasionada por la Covid-19 el cual encontró acorde con la Constitución por cumplir con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución Política y la Ley estatutaria que rige la declaración de los estados de excepción.

Tampoco ha sido eficaz el control de la Contraloría General de la República que hasta el momento no ha dado un informe sobre los gastos del Gobierno en el manejo de la pandemia siendo parte de sus funciones más importantes. Con la información genérica suministrada por el gobierno es claro que la mayor parte de los recursos, más del 70% se han destinado a la banca privada: para garantizar liquidez el Banco de la República entregó al sistema financiero 23,0 billones de pesos y para brindar garantías de crédito a las empresas que soliciten créditos a la banca destinó la suma de 60,2 billones, de un total reportado de 117,17 billones. Como lo dice el informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana solo se ha destinado un mísero 2,4% del Producto Interno Bruto, PIB, para atender las necesidades sociales a través del FOME.

Entre tanto la iniciativa parlamentaria para aprobar una renta básica de emergencia destinada a dotar con un salario mínimo mensual durante tres meses a 9 millones de familias, que cubriría aproximadamente a unas 30 millones de personas, se hundió en la Comisión tercera del Senado de la República por falta de tiempo para su aprobación en medio de la soterrada oposición del gobierno quien considero que la iniciativa no era pertinente en estos momentos. Los proponentes que son la mayoría del Senado esperan poder presentarla y tramitarla a partir del 20 de julio en que se da comienzo a la nueva legislatura.

El gobierno de Duque no da muestras de modificar el minimalismo que lo ha caracterizado en sus políticas para atender a las víctimas de la pandemia. En esa línea ha señalado que el auxilio para cubrir con un equivalente al 40% de un salario mínimo para el cubrimiento de las nóminas de las empresas se extenderá por un mes más, es decir, cubrirá cuatro meses y el día de ayer anunció que el llamado “ingreso solidario” una suma ridícula de $160 mil pesos mensuales, unos 40 dólares, se extenderá hasta el mes de diciembre del presente año, con un agravante no se ha pagado mensualmente y apenas ha llegado según informes del propio gobierno a unos 2,6 millones de hogares cuando la meta era cubrir tres millones de hogares que no son beneficiarios de otros programas gubernamentales como familias en acción, jóvenes en acción y adultos mayores. Estas políticas son insuficientes en el monto de los recursos y no cubren a la totalidad de la población que los requieren.

Todo ello se da en medio de un ascenso de la pandemia. A la fecha del miércoles 24 de junio se han diagnosticado ya 77.113 contagiados, 2.491 muertos y 31.671 recuperados. El ascenso de los contagiados es alarmante y pese a ello el gobierno nacional mantuvo este viernes 21 de junio la jornada del día sin impuesto al valor agregado, IVA,  para una amplia variedad de productos, lo que conllevó más de 100 aglomeraciones principalmente en almacenes de grandes superficies en las principales ciudades del país con los riesgos que ello conlleva para el aumento del contagio. Allí se juntan dos factores: la avaricia del sector del gran comercio y la ignorancia de una parte de la población que en contra de todas las recomendaciones acudió a los almacenes de cadena para comprar principalmente electrodomésticos. Las consecuencias se verán con toda seguridad en un par de semanas que es lo que demora la incubación del virus. Con el agravante que el gobierno y sus áulicos de la gran prensa han presentado la jornada como un éxito en la apertura de las actividades económicas puesto que las ventas superaron los 5 billones de pesos.

Bogotá 25 de junio de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)