La presencia de la pandemia del Covid-19 puso en evidencia en toda la región de América Latina problemas estructurales que constituyen parte de nuestra problemática no resuelta. En primer término, puso de presente la desigualdad y la concentración de la riqueza con tasas del Gini que en las principales economías de la región superan en promedio del 0,60 en dónde 1 sería que toda la riqueza estuviera en manos de un solo propietario. Y esta realidad que nos condena a ser la región más desigual del mundo tiene como una de las causas principales los débiles sistemas tributarios en que los super ricos pagan muy pocos impuestos. En la mayoría de los países de la región ni siquiera se cobra el impuesto al patrimonio y a la riqueza individual. Si hay que señalar una de las limitaciones de los proyectos de centro izquierda que estuvieron en el poder o lo están actualmente es que en materia tributaria poco se avanzó en lograr reformas tributarias que revirtieran esa realidad.

Un segundo componente de esa fragilidad social la constituyen las políticas públicas agrarias. Hay en toda la región una marcada concentración de la propiedad de la tierra. El primer lugar se lo lleva Colombia con una tasa de concentración que medida de acuerdo con el coeficiente de Gini se acerca al 0,90. Las políticas públicas agropecuarias privilegian subsidios y créditos a la agroindustria. En casi toda la región no existen o son residuales las políticas de apoyo a la economía campesina o políticas de redistribución de la tierra, mediante mecanismos de reforma agraria. A pesar que en toda la región la economía campesina provee más del 70% de los alimentos que consumimos, estos millones de campesinos no cuentan con políticas públicas de crédito, seguros de cosechas, asistencia técnica, redes de mercadeo, bienes públicos en sus territorios como escuelas, centros de salud, vías de comunicación e infraestructura de comunicación como redes de internet o telefonía móvil.

Las políticas públicas para el sector agropecuario brindan incentivos a la agroindustria y subsidios a los grandes terratenientes que en la mayor parte de nuestros países pagan impuestos ridículos. El resultado es que se acrecentó la vulnerabilidad de nuestros países en materia alimentaria perdiendo en buena medida la capacidad de producir alimentos, pérdida de soberanía alimentaria, para favorecer a las multinacionales productoras de granos principalmente de Estados Unidos y de Europa. Colombia por ejemplo importa 14 millones de toneladas de granos al año, principalmente de los Estados Unidos. Desparecieron los cultivos de trigo, avena y cebada y se redujo inmensamente la producción de maíz. Hoy los importamos. 

Un tercer componente tiene que ver con la reprimarización de nuestras economías. El aparato industrial construido desde mediados del siglo XX mediante la estrategia de sustitución de importaciones fue destruido con las políticas de apertura e internacionalización de nuestras economías. La fragilidad de nuestras economías se ha puesto de presente en esta pandemia cuando comprobamos que nuestra industria no produce ni las mascarillas o tapabocas recomendados para detener el avance del virus, dependemos de China para aprovisionarnos, tampoco producimos los ventiladores necesarios para dotar y ampliar las unidades de cuidados intensivos que se requieren para tratar los casos más graves de la enfermedad. La capacidad de producción de vacunas que tenía, por ejemplo, México, hoy no existe y dependemos totalmente de las industrias farmacéuticas internacionales o de países que aún mantienen laboratorios de investigación en manos del Estado.

Nuestras economías con la complicidad de las clases dominantes de nuestros países que son aliadas y defienden la internacionalización neoliberal de nuestras economías, de las cuales son socias y beneficiarias, fueron reducidas a exportadoras de materias primas y de recursos naturales. A las multinacionales que explotan esos recursos se les provee de todas las ventajas en cuando a inversión extranjera, remesa de utilidades, bajos impuestos, etc., nuestras economías han sido reducidas a vivir de la explotación de recursos como el petróleo y los minerales, así como a exportar productos agrícolas sin agregación de valor. Dependemos de estos commodities para sobrevivir. Con el agravante que la explotación de hidrocarburos y de minería están destruyendo nuestros ecosistemas y poniendo en riesgo nuestras fuentes de agua, todo ello con la complacencia de los patudos políticos dominantes que legislan a favor de las multinacionales. La pandemia ha desnudado esta realidad. La ha hecho visible para millones de personas.

Todo ello y mucho más sobre lo que volveremos más adelante, se ha acompañado con políticas de precarización laboral. Al desnudo han quedado los sistemas de salud, frágiles, insuficientes y que están siendo desbordados en la región, ya lo fueron en Brasil donde día a día crecen los contagiados y los muertos y antes ya se habían desbordado en Ecuador y hoy están a punto de hacerlo en Chile y Perú y presentan serios problemas en México y Colombia. Médicos, enfermeras y personal sanitario contratado por Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, sin contratos laborales, ni prestaciones sociales, como consecuencia de la privatización de los sistemas de salud. En toda la región han avanzado estos sistemas de contratación a la par que se han debilitado las organizaciones sindicales de los trabajadores, todo ello ha conllevado la disminución de la participación de las rentas de trabajo en favor de rentas de capital, pues los salarios han disminuido y la formalización laboral en vez de avanzar ha decaído.

Políticas públicas que aumentarán las desigualdades

En esta coyuntura las clases gobernantes que reflejan las correlaciones de fuerzas en los distintos países de la región han puesto en marcha políticas públicas para hacer frente a la pandemia. Estas políticas están en marcha y habrá que evaluarlas en el futuro. En Colombia estas políticas son abiertamente favorables al capital financiero que es quien ha apoyado a Duque y al uribismo y que se encuentra al mando de la economía con el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, a la cabeza.

Las políticas públicas han puesto en el centro los estímulos al capital financiero, son centralistas y atentan contra el proceso de la descentralización y han buscado favorecer al gran capital en detrimento de la pequeña y mediana industria y de la economía de los pequeños y medianos agricultores. Son políticas abiertamente pro ricos.  Las políticas sociales son minimalistas, miserabilistas y residuales. Los recursos destinados a paliar las necesidades de la población no llegan ni al 2% del Producto Interno Bruto, PIB. Y se distribuyen principalmente a través de las redes focalizadas. Para salir de la crisis el gobierno de Duque se apresuró a levantar la cuarentena generalizada y estricta para volver a la “normalidad” anterior cuanto antes, entregando recursos insuficientes. En estudio de la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales, ACOPI, se da cuenta hoy mediante una encuesta con sus asociados, que el 70% no ha accedido a los créditos ni a las ayudas a la nómina y/o a la prima de servicios. Un 30% está en quiebra y su reclamo es que las ayudas son insuficientes y están llegando tarde.

Dos consecuencias muestran los resultados inmediatos de estas políticas. Por una parte con la quiebra de una buena parte de la industria también de algunas grandes empresas, aumenta de manera brutal el desempleo que ya llega al 20% de la población económicamente activa, PEA; y por otra parte con el levantamiento de la cuarentena generalizada y obligatoria, la cual apenas se mantiene parcialmente, aumentan de manera dramática los enfermos diagnosticados que ya llegan a 45.000 en todo el país y que aumentarán exponencialmente en las próximas semanas sin que hayamos llegado al pico de la curva al cual llegaremos según los expertos solo hasta el mes de agosto.

Las políticas económicas puestas en marcha buscan salir de la crisis con el menor costo e inversión pública posible. El único impuesto aprobado en la emergencia económica, social y ecológica decretada por primera vez desde el 17 de marzo grabó los sueldos y las pensiones mayores de 10 millones de pesos (US$ 2,700) mensuales, con lo cual se recaudarán unos 400 mil millones de pesos mientras que, con la reducción del encaje bancario en dos puntos, del 11 al 9%, entregó cerca de 500 mil millones de pesos al sector financiero en pago de intereses. Contrató un crédito con el Fondo Monetario Internacional, FMI, por 10.800 millones de dólares no para invertirlos en políticas de alivio a los sectores sociales empobrecidos o a la industria en crisis que demanda urgentemente créditos y/o subsidios directos para el pago de las nóminas y por ésta vía para mantener el empleo sino para depositarlos en cuentas en el exterior, buscando con ello que las calificadoras de riesgo mantengan el grado de inversión en el país por parte de la banca internacional y de las multinacionales y busca la aprobación de otros dos créditos por 3 mil millones de dólares con el Banco Mundial, BM, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Se esperaría que estos créditos si sean utilizados para apalancar la inversión pública en el país.

Para obtener recursos nuevos el gobierno nacional echó mano a los ahorros de las entidades territoriales, departamentos y municipios, interviniendo el fondo de estabilización petrolera que es un fondo de los departamentos y del fondo de pensiones de las entidades territoriales, esto le permitió obtener recursos por unos 14 billones de pesos, unos 3.500 millones de dólares y la otra fuente como ya se indicó es el crédito externo. Hasta ahora no ha tocado para nada a los grandes empresarios ni al patrimonio de los ricos y super ricos. Carrasquilla ha dicho que para atender la pandemia se dispone de 28 billones de pesos, unos 7.500 millones de dólares. Ahora bien, estos recursos en su inmensa mayoría se han entregado a la banca privada para que se destinen a otorgar crédito en su mayor parte con destino a quienes puedan pagarlo que no son todos y que por supuesto excluye a los pequeños y medianos empresarios pues los bancos estudian las solicitudes y las garantías que los solicitantes de crédito les ofrecen. Y ello no solo demora, sino que una parte de las solicitudes son rechazadas a pesar que el Estado garantiza que en caso de quiebra y no pago, los fondos públicos responderán por el 90% de estos créditos. Los propios grandes industriales agrupados en la ANDI han señalado que los créditos no están llegando con rapidez y su propuesta es que el Estado asuma el 100% del riesgo, es decir, que asuma todo el riesgo el Estado.

Previendo que la pandemia se prolongue, como es lo más probable y se agrave por las decisiones que el gobierno central ha tomado con el levantamiento de la cuarentena, como ya viene sucediendo, se han tomado medidas que golpean los muy debilitados recursos de la clase media y de los trabajadores. El aplazamiento del pago de la prima de junio, que es un salario mensual, y que las familias dedican para el pago de los estudios de sus hijos, para la amortización de deudas, etc., así como diferir el pago de horas extras y festivos hasta el mes de diciembre golpea al 35% del total de la fuerza laboral existente en el país que además está ya fuertemente golpeada por el riesgo de perder el empleo o porque ya lo perdió.

Para ganar liquidez ahora Carrasquilla quiere echar mano del 10% de los recursos de los fondos pensionales privados que corresponde a unos 28 billones de pesos, unos 7.500 millones de dólares, aprobando el retiro parcial de esos recursos, pero, no para darle liquidez a los trabajadores que son los dueños de esos recursos sino para manejarlos desde el gobierno nacional para, dice Carrasquilla, hacer frente a la crisis. Es increíble. Como lo señala la Revista Semana la firma Integral Soluciones Pensionales planteo que se abriera la posibilidad de retirar hasta el 10% de los ahorros para la jubilación. Sin embargo, dicen que los recursos no llegarían directamente a los ciudadanos. En contraste señalan que los 28 billones de pesos que se liberarían del régimen de ahorro individual con solidaridad (IRAIS) serían a título de deuda a cargo del gobierno. De esta forma agregan se podrían destinar 22 billones de pesos para proteger el 40% de los empleos que están en riesgo de perderse y 1 billón adicional para aumentar la cobertura del programa de ingreso solidario. Los cinco billones restantes permitirían darle recursos al sector de la salud. (¿El Gobierno permitirá que colombianos retiren parte del ahorro pensional? Revista Semana 6/10/2020 3:15:00 PM).

Esta propuesta es congruente con lo que ya ha hecho este gobierno. Ya tomo una parte de los recursos de los fondos de pensiones de las entidades territoriales ahora es lógico que pretenda tomar una parte de los fondos de ahorro individual de los fondos privados para seguir con el manejo oligárquico y minimalista de la crisis. Todo ello en medio del debilitamiento de los mecanismos de control político y constitucional que han quedado en evidencia en la presente coyuntura.

Es por ello que la única posibilidad real de cambios en este manejo neoliberal y oligárquico de la crisis dependerá de la movilización social y de las decisiones de los partidos políticos en el Congreso de la República. La izquierda democrática debe renovar sus apuestas programáticas y relanzar los grandes temas que ya estuvieron presentes en la campaña del año 2018 en aquella ocasión alrededor de la candidatura de Gustavo Petro. En la política y concretamente en las elecciones presidenciales del año 2022 se jugará el futuro de nuestro país, estará la izquierda democrática a la altura del reto. Amanecerá y veremos.

Bogotá, 11 de junio de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)