El hacinamiento y la pobreza pueden transformar a la pandemia en una tragedia mayúscula. El desamparo sanitario es dramático en comparación a los países más afectados por la infección y el negacionismo criminal multiplica los fallecidos. Los gobiernos derechistas priorizan los negocios y retacean las cuarentenas, en contraposición a las administraciones que privilegian la protección de la ciudadanía.

El coronavirus ha desencadenado otra crisis del capitalismo dependiente y la escala prevista de esa convulsión es aterradora. La agresión contra los salarios y el empleo coexiste con rescates que privilegian el socorro a los empresarios. La viabilidad de esos auxilios dependerá de la duración de la recesión y sus modalidades prefiguran distintos cursos de la economía luego de la pandemia.

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La pandemia ya provocó en América Latina un drama mayúsculo en tres países (Brasil, Ecuador y Perú) y escenarios de gran peligro en otro grupo de naciones. El cuadro de situación cambia día a día y nadie sabe cuál será el impacto final de la infección. Hasta ahora el porcentual de fallecidos es inferior a Europa y Estados Unidos, pero la oleada de contagios no alcanzó su pico[1].

Como el coronavirus llegó más tarde, todos los gobiernos tuvieron cierto tiempo para implementar el distanciamiento social requerido para aplanar la curva de contagios. Esa medida fue rechazada o adoptada en forma tardía por los países que concentran el grueso de las víctimas[2].

                                   VARIANTES DEL NEGACIONISMO

Bolsonaro es el responsable de una tasa explosiva de infectados y un ritmo desgarrador de muertes. Los contendores sustituyen a las morgues, las fosas comunes reemplazan a los cementerios y los aviones transportan ataúdes. En algunos sanatorios rige un protocolo para definir quién será sacrificado en la asignación de los escasos respiradores.

            Este dantesco escenario es un efecto directo de la ausencia de prevención. Las escasas medidas de protección sanitaria fueron instrumentadas en forma caótica por los gobernadores. Bolsonaro mantiene la política criminal que Trump y Johnson debieron abandonar. Prioriza los negocios a la vida humana y minimiza la “gripecita”, mientras propicia actividades masivas e incentiva el funcionamiento corriente de la economía. Actúa como un psicópata en la presidencia que sonríe durante los paseos acuáticos, en medio del luto nacional imperante por el récord de 10.000 muertos.

Ecuador ha sido testigo de una crueldad equivalente. Guayaquil concentra el mayor número de casos per cápita de la región, con fallecidos recogidos en sus domicilios sin ninguna atención hospitalaria. Muchos cadáveres permanecieron en las calles hasta que la alcaldía habilitó una fosa común. Ni siquiera funcionaron los crematorios que cobran altas sumas por la recepción de los cuerpos. Lenin Moreno oculta la magnitud de las víctimas fatales y compite con Bolsonaro en su indiferencia ante la muerte.

            En Perú el torrente de fallecidos aumenta en forma vertiginosa, a pesar de los controles y la inversión en reactivos. La incapacidad para implementar el distanciamiento social ha confirmado el rol insuficiente de los testeos. Un sistema sanitario desmantelado por años de maltrato neoliberal ha quedado desbordado por la masa de los contagiados.

Otras variantes negacionistas han descollado en el plano retórico. El ministro de salud de Chile convocó a desconocer las cuarentenas y su par de Bolivia se opuso a las campañas de prevención. Los gobiernos derechistas -que finalmente implementaron en forma parcial el confinamiento bajo la presión de las provincias o los municipios- intentan relajar o anular esa restricción. Colombia es un ejemplo de esa aplicación a regañadientes y en cuentagotas de la cuarentena.

El alto número de testeos y la baja mortalidad inicial en Chile contrastan con la gran aceleración de los contagios y el potencial desborde del sistema hospitalario. Piñera no puede desentenderse como Bolsonaro de la pandemia. Bajo el impacto de una gran rebelión popular debe simular preocupación por el avance de la infección.

OTRAS RESPUESTAS

Varios gobiernos de la región adoptaron medidas de protección sanitaria. En Argentina se introdujo una cuarentena muy estricta y temprana para preparar los circuitos sanitarios, bajo un inédito comando de los epidemiólogos. Estas medidas han permitido controlar hasta ahora la tasa de contagios, el número de fallecidos y las camas disponibles. En estos tres indicadores se verifica una abismal distancia con las cifras de Brasil, Ecuador o Perú.

Pero el peligro persiste en las zonas más vulnerables de los suburbios, las cárceles y los geriátricos. Además, la proporción de personal de salud infectado se ubica en un tope internacional y el número de testeos es muy bajo.

            Cuba ofrece otro modelo de protección, basado en un sólido sistema sanitario. La población está preparada para lidiar con catástrofes periódicas (como los huracanes) y afronta la pandemia con una cuarentena parcial y normas específicas de atención de la enorme población adulta.

El sistema de salud público e igualitario de la isla permite ajustar los dispositivos, en un escenario económico muy deteriorado por el desplome del turismo y la retracción de las divisas. Estos logros son silenciados por los grandes medios de comunicación, que siempre elogian algún caso significativo (ahora Costa Rica) para ignorar los méritos de Cuba.

También llama la atención la rápida reacción del gobierno venezolano frente a la pandemia, en un contexto económico-social durísimo. Se ha logrado mantener aplanada la curva de contagios, mediante un método de control domiciliario y telefónico. El gobierno utiliza la gran estructura de organismos populares (misiones, CLAPS) y el asesoramiento médico cubano. Ha conseguido un alivio, en el dramático escenario del bloqueo, la agresión externa, la dolarización informal de los altos ingresos y la asistencia social al grueso de la población. El país bombea un tercio del petróleo extraído en el pasado, en un marco de virulenta desvalorización de su principal producto de exportación.

En México la tasa de contagios y fallecidos se intensifica en un marco contradictorio. Las confusas declaraciones presidenciales al comienzo de la pandemia fueron seguidas por medidas de cuidado y vigilancia epidemiológica, pero sin cuarentena general. Se puso en práctica un sistema de testeo, alerta temprana y centralización del sistema sanitario. El gobierno explicita sus críticas a la destrucción neoliberal de la salud pública y a la mercantilización de un sistema que desatendió las enfermedades crónicas.

Existe además un foco de potencial contagio en las maquilas, que si no es contenido podría convertir a las ciudades fronterizas en la Lombardía de México. La decisión de proteger la vida de los operarios será puesta a prueba, frente a la presión estadounidense para forzar un retorno anticipado al trabajo en ese sector.

            Nicaragua plantea un enigma. Allí no rige la cuarentena, ni los barbijos, ni los testeos. Tampoco se han aplicado políticas de distanciamiento social. El gobierno convoca a concentraciones masivas, propicia las actividades festivas y mantiene abiertas las fronteras. Además, un presidente ausente propone la lectura de la Biblia para lidiar con la pandemia, omitiendo todas las recomendaciones de los epidemiólogos. En ese escenario el número oficial de fallecidos es llamativamente bajo. Seguramente se podrá dilucidar en poco tiempo esa anomalía.

Muchos factores inciden en los distintos casos en la evolución general de la infección, pero las políticas de abandono o protección de la salud agravan o atenúan los contagios. La conducta de cada gobierno es determinante de esas consecuencias.

INDEFENSIÓN POR LA DEPENDENCIA

Como la demografía determina cursos muy variados hay que ser cuidadoso en las comparaciones con otras regiones. Al igual que en Medio Oriente o África, no se sabe aún si en América Latina la oleada más fuerte de coronavirus se ha demorado o pasará de largo.

La misma cautela se impone en los contrastes entre países. La desconexión con el exterior o las dificultades del transporte interno (resultantes del propio subdesarrollo) suelen actuar como barreras al movimiento de las personas infectadas. Algunos especialistas consideran, además, que la preexistencia de otras epidemias puede contrarrestar la expansión de las nuevas.

Lo único seguro es el atroz efecto de la pandemia, si alcanza en América Latina la magnitud observada en el hemisferio norte. La elevada urbanización de la región es sinónimo de pobreza, subalimentación y viviendas sin agua corriente. El hacinamiento y la dificultad para lavarse las manos impiden cumplir los requisitos básicos del distanciamiento social. En tres áreas críticas de la cuarentena -geriátricos, cárceles y femicidios- ya hay anticipos explosivos. La emergencia sanitaria empalma, además, con otras infecciones de gran impacto como el dengue.

El desamparo de América Latina salta a la vista en la magnitud de la brecha sanitaria. La inversión per cápita en salud no llega al 10% del gasto promedio en las economías avanzadas. Mientras que la OMS recomienda destinar el 6 % del PBI a la atención sanitaria, la media regional se ubica en 2,2 %. Las 8 camas de hospital por cada mil habitantes que propicia el organismo oscilan entre 0,3 y 2,2 en el país más poblado (Brasil)[3].

Estas carencias de larga data fueron agravadas por el desmantelamiento neoliberal de la salud pública. El abandono del principio de universalidad ha derivado en estructuras privadas de calidad para una minoría, en medio del generalizado colapso del sector público.

            El deterioro en ese ámbito es monumental. No sólo faltan camas y respiradores para la emergencia, sino que los propios testeos han sido muy reducidos. Todos los países afrontan dificultades para importar los buscados reactivos, que los estados solventan luego de un ensayo de comercialización privada a altísimos precios[4].

La indefensión latinoamericana frente a la pandemia es un resultado de varias décadas de neoliberalismo, precedidas de una larga trayectoria de capitalismo dependiente. Esa condición impide erigir diques efectivos contra el contagio. La misma fragilidad se ha verificado frente a otras calamidades naturales. Cada terremoto, inundación o sequía provoca desastres humanitarios, en una región que ingresó al mercado mundial bajo la sombra de una infección mortal. La viruela introducida por los conquistadores europeos diezmó en muchas zonas al 70% de la población originaria. 

            El coronavirus ha puesto de relieve no sólo el inconmensurable desamparo que prevalece en comparación a las economías centrales. El contraste es también significativo con los países asiáticos. Se ha verificado una distancia sideral con Corea o Singapur en el manejo de reactivos, respiradores, hospitales o mecanismos informáticos de seguimiento de los contagiados. La pandemia ha retratado en forma dramática, el lugar que actualmente ocupa cada país en la división global del trabajo.

La propia geografía del virus confirma esas diferencias. La infección irrumpió en Asia que opera como el taller del mundo y concentra todas las tensiones contemporáneas de la urbanización, la globalización y la industrialización agropecuaria. América Latina ha sido receptora de los contagios, en su condición de región agobiada por la desposesión, el extractivismo y el drenaje de la renta. Soporta una calamidad externa y exhibe poca capacidad para lidiar con esa adversidad.

OTRA ESCALA DE LA CRISIS

Los pronósticos de derrumbe económico regional son aterradores. La CEPAL ya había modificado su previsión de una leve mejora del PBI en el 2020 (1,3%) a una contracción (1,8%) y ahora proyecta un desplome del 5,3%. Estimaciones muy semejantes de la debacle difunden el Banco Mundial (4,6%) y el FMI (5,2%)[5].

Esas cifras son equivalentes al derrumbe padecido durante la depresión de 1930 (5%) o en la Primera Guerra Mundial (4,9%). La magnitud de la regresión se verifica también en la comparación con la caída del 2009 (2%).

            La gravedad de la crisis deriva de cuatro adversidades convergentes. Los precios de las materias primas se desploman, China frenará las compras de productos básicos, habrá escasez de divisas por la retracción conjunta del turismo y las remesas y el deterioro de las cadenas globales de valor afectará al enlace centroamericano.

            El efecto social de esa tormenta ya se vislumbra en la previsible destrucción de 31 millones de empleos. La pesadilla de la pandemia para los trabajadores informales persistirá por la creciente pobreza que sucederá al aislamiento.

Una diferencia significativa con la crisis del 2009 es la abrupta reducción de la capacidad de endeudamiento regional. Todos los países cargan con los efectos del significativo incremento de la deuda pública, que en la última década saltó del 40% al 62%.del PBI. El costo relativo de la financiación se acentúa y circulan numerosas previsiones de un default generalizado.

Argentina afronta esa potencial cesación de pagos desde el año pasado. Ha forzado la prórroga de todos los vencimientos en moneda local, intenta postergar obligaciones con su principal acreedor (FMI) y discute con los acreedores privados un canje de títulos con quitas y exenciones en las erogaciones inmediatas.

La quiebra de las finanzas ecuatorianas es muy semejante. Su economía sobrevive con el respirador que administran los acreedores, mediante un continuado pago de intereses para refinanciar los vencimientos, que agiganta el pasivo y contrae las reservas.

En otros países predomina el efímero alivio generado por la renovación del endeudamiento. Pero la crisis actual ha desatado una acelerada emigración de capitales, que vacía por una ventanilla las divisas ingresadas por otros circuitos. Varias economías latinoamericanas forman parte del pelotón de los emergentes que sufre esa dramática salida de fondos. Ese drenaje en el mundo ya alcanzó un monto que quintuplica las expatriaciones registradas en el 2009 (100.000 millones de dólares).

Ese turbulento contexto explica el creciente clamor por la condonación de la deuda latinoamericana. La petición no se limita al Papa Francisco y a un espectro de economistas consagrados. El propio FMI afloja el financiamiento general, anticipando una eventual escalada de cesaciones de pagos. La moratoria que dispuso el G 20 para los 76 países ultra-empobrecidos es irrisoria, pero expresa el mismo temor.

Tal como ocurre a escala global, el coronavirus detonó en América Latina una crisis precedente. Los últimos siete años de bajo crecimiento anticiparon la presencia de otra década perdida y la pandemia ha precipitado la eclosión de los desequilibrios acumulados en varios frentes. En las finanzas impera una asfixia de pagos, en el comercio aumenta el desbalance, en la producción se confirman las carencias para proveer insumos sanitarios y todos los mercados internos sufren agudas contracciones. El coronavirus ha desencadenado otra típica crisis del capitalismo dependiente.

AGRESIONES Y RESCATES

            Las clases capitalistas utilizan la pandemia para multiplicar sus agresiones contra los trabajadores. Cuentan con el sostén explícito de los gobiernos derechistas y aprovechan la pasividad de los mandatarios de otro signo.

            En Brasil se han dispuesto suspensiones, reducciones de salarios y anulaciones de contratos. En Perú se autorizan licenciamientos sin compensaciones y en Ecuador despunta una mayor flexibilización laboral con despidos en la administración pública. En Chile resucitaron una ley que desprotege a los asalariados y en Costa Rica se concertaron acuerdos para reducir el salario a la mitad. En Panamá el gobierno habilitó a los empleadores para cancelar los contratos laborales vigentes.

            Algunos cínicos neoliberales afirman que esa contracción de los ingresos populares proveerá al fisco el dinero requerido para los gastos en salud. Recurren a cálculos arbitrarios para describir cómo la ausencia de austeridad estatal privó a los países de esos recursos[6].

Con ese razonamiento contra-fáctico divulgan estimaciones que no resisten la menor evaluación. Nadie sabe lo que hubiera ocurrido con otro manejo del gasto público, pero salta a la vista que el fanatismo neoliberal demolió un hospital tras otro.

            En el campo opuesto los gobiernos enemistados con la derecha han intentado una gestión más equilibrada, disponiendo limitaciones a los atropellos capitalistas. En Argentina se anunció la prohibición de los despidos, pero sin ninguna acción para impedir las cesantías. En los hechos ha imperado la convalidación oficial de la pérdida de empleos o el apañamiento de las empresas que desacatan las normas. El chantaje patronal ya forzó un duro compromiso de reducción de los haberes.

Como ya ocurrió en todas las crisis precedentes ha reaparecido el protagonismo de los estados en el sostén de la economía. Frente a ese dato los neoliberales cajonean sus doctrinas de inutilidad del sector público o invariable reinado del mercado.

El socorro estatal en América Latina es muy inferior al prevaleciente en las economías centrales. Una estimación destaca que los auxilios fiscales promedian el 10% del PBI en Estados Unidos, el 14,5% en Alemania y casi el 20% en Japón. Pero sólo oscilan entre el 0,7% y el 3,5% en Argentina, Brasil y México[7]. Otro cálculo considera que los paquetes dispuestos en los países metropolitanos rondan el 16,3% del PBI y apenas el 4,1% en América Latina[8].

             En el marco de esa brecha la magnitud de los auxilios nacionales es muy variada. Chile, Perú o Colombia habrían lanzado planes más ambiciosos que Argentina, Bolivia o Ecuador, pero las cifras en danza son muy controvertidas. Las mediciones del programa fiscal argentino, por ejemplo, oscilan entre el 1% al 7% del PBI, confirmando que sólo dentro de algún tiempo se podrá contar con evaluaciones más nítidas.

            Mucho más cristalina es la interpretación cualitativa del destino de los rescates. Todos los planes socorren a cuatro actores: los empresarios, los asalariados, la clase media y los precarizados. El sostén de las firmas se consuma a través de los bancos, que intermedian en la implementación de los auxilios estatales. Esa mediación introduce un filtro de calificación de los subsidios que obstruye, demora e incluso bloquea la llegada del crédito público. Los bancos están acostumbrados al negocio financiero de corto plazo (especialmente con títulos públicos) y no asumen riesgos en la emergencia actual.

            A fin de evitar el cierre o la quiebra de las firmas, el estado se hace cargo también del pago parcial de los salarios, en función del tamaño y el grado de afectación de las empresas por la cuarentena. Para la clase media se han dispuesto alivios de erogaciones (alquileres, hipotecas, servicios) y créditos a bajas tasas de interés. Los planes asistenciales se han multiplicado, para proveer algún recurso a los pauperizados que perdieron abruptamente sus ingresos.

Pero aún se desconoce cómo se distribuyen los montos en circulación entre los cuatro destinos en juego. No se sabe qué porcentual subvenciona directamente a los capitalistas y qué porción recibe la población. No hay muchos estudios precisos sobre esa decisiva distinción. Una primera evaluación comparativa -que diferencia recursos con o sin contraprestación (deudas versus ayudas sociales)- estima que el plan argentino ofrece menos socorros a los empresarios que su contraparte brasileña. Pero ensaya una estimación muy provisional[9].

En países como México -que arrastran la traumática experiencia de paquetes fiscales que enriquecieron a los capitalistas (Fobaproa-1995)- existe especial preocupación por evitar la repetición de esa estafa.

Otro problema a dirimir es el financiamiento de los rescates. Como en todos los países el freno de la economía ha desplomado la recaudación, se discute acaloradamente el sostén de los nuevos paquetes con emisión, endeudamiento o impuestos. Los neoliberales convocan a tomar préstamos, resaltando las bajas tasas de interés imperantes en el mundo. Perú, Colombia y Brasil ya optaron por ese camino. Pero son evidentes los enormes riesgos de esa captación crediticia en plena fuga de capitales.

En países como Argentina -que tienen cerrado el acceso al crédito internacional- se debate otra alternativa: un impuesto a las grandes fortunas. Ese tributo permitiría obtener los fondos requeridos para la emergencia (3800 millones de dólares), mediante una afectación mínima del patrimonio de 15 mil acaudalados.

La iniciativa ha desatado una feroz campaña de oposición derechista, que denuncia el carácter “inconstitucional”, “inédito” y “gravoso” de un tributo que cuenta con incontables antecedentes locales e internacionales. La pandemia no conmueve a los millonarios que privilegian sus fortunas al drama de la población.

Ese impuesto no representa ninguna carga significativa para los dueños de Argentina, que tributan muy poco y evaden cifras monumentales. Suelen ocultan en el exterior las tres cuartas partes de sus patrimonios por sumas equivalentes a todo el PBI del país.

Los poderosos exaltan el modelo chileno de donaciones. Ponderan el gesto filantrópico del principal grupo empresario (Luksic) que donó un millón de mascarillas. Suponen que esa insignificante migaja bastará para enmascarar la permisividad impositiva, ante las 119 familias que en ese país detentan fortunas superiores a cien millones de dólares.

                        EL SENTIDO DE LOS AUXILIOS

Los gobiernos han repetido la misma receta de intervención del 2009. En las economías centrales, esa política de generación de liquidez (quantitave easing) permitió salvar a los bancos de un inminente quebranto. Luego de proteger la gestación de ganancias privadas, los estados generalizaron la socialización de las pérdidas a través del gasto público. El mismo rescate en la actualidad involucra en mayor medida a las empresas y a la población que a los bancos.

La pandemia impone una paralización productiva que contrae los ingresos corrientes y desencadena cortocircuitos en las cadenas de pagos. Los estados intentan contener con subvenciones la bancarrota que sucedería a ese freno del nivel de actividad. Pero el socorro presenta más parecidos con las políticas contra-cíclicas de entre-guerra, que con el sostén de los bancos durante el 2008-09.

Muchos analistas destacan las analogías actuales con la economía de guerra. La similitud se verifica en la ruptura del circuito económico, la fuerte presencia de los ministerios y el direccionamiento del gasto. Pero la gran diferencia radica en la ausencia de un propósito destructivo. En las conflagraciones se demuelen recursos productivos y humanos y en la pandemia se intenta resguardarlos.

En lugar de organizar bombardeos, asaltos y capturas se busca descubrir una vacuna que neutralice la infección. Las empresas privilegiadas son laboratorios y no contratistas de pertrechos. Por esas razones, la crisis en curso genera desvalorizaciones masivas de capitales (valor de cambio), pero no necesariamente destrucciones físicas de las empresas (valor de uso).   

En la crisis actual los estados intervienen regulando la oferta. La enorme suma de fondos inyectada en la economía no tiene contrapartida en depósitos, reservas o activos de la misma envergadura. Esos montos representan un adelanto de los impuestos futuros. Expresan lo que el sector público recaudaría a partir de las ganancias, rentas y salarios surgidos de esa recuperación.

De esas tres fuentes emergería la compensación de la monumental erogación actual. Ese adelanto presupone que la reactivación futura permitirá reingresar los fondos ya anticipados por la Tesorería. Pero si esa recuperación no se concreta en el lapso esperado, la marea de desvalorizaciones impactará sobre los créditos y las monedas emitidos por los estados.

Esta conceptualización del rescate permite contextualizar el debate en curso entre monetaristas y heterodoxos, sobre los peligros inflacionarios de la emisión actual. Lo ocurrido en el 2009 ya ilustró cómo opera una enorme expansión de la liquidez sin consecuencias inflacionarias. Esa experiencia podría extenderse al inminente marco de fuerte recesión y consiguiente presión deflacionaria.

            La traslación de esos parámetros a América Latina no es automática y las consecuencias inflacionarias serían muy distintas para países que soportan (Argentina, Venezuela) o no padecen esa tensión (Brasil, Chile). Pero en todos los casos, el impacto del enorme gasto público sobre los precios está momentáneamente compensado por la gravedad de la depresión en ciernes.

Por esta razón la heterodoxia refuta acertadamente los fantasmas inflacionarios, que el monetarismo despliega para exigir ajustes. Este debate es muy semejante en Argentina, Brasil y México. Pero también es cierto que la eficacia contra-cíclica del gasto público estará condicionada por la duración e intensidad de la recesión.

            El trasfondo de esos debates es el modelo económico en gestación para el escenario pos-pandemia. Los neoliberales trabajan para perfeccionar el esquema de apertura comercial, flexibilización laboral y privatizaciones, con algunos ingredientes de mayor estatismo. El neo-desarrollismo conservador propicia correcciones al mismo curso, mediante regulaciones comerciales y financieras. El social-desarrollismo alienta en cambio un giro radical basado en la redistribución del ingreso. La factibilidad de cada opción dependerá del resultado de grandes conflictos políticos que se avecinan.

14-5-2020

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Claudio Katz

Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz