• Relatores de Naciones Unidas alertan sobre grave situación

• “Políticas de austeridad ponen en riesgo millones de vidas”

Atravesado por una crisis política e institucional significativa, jaqueado por la pandemia que supera ampliamente la centena de miles de infectados, con la puerta amazónica de Manaos declarada en colapso sanitario y funerario, la lupa de la comunidad internacional lo observa críticamente. No solo por las centenas de decesos diarios en el mes de mayo -superando las 12 mil muertes por el COVID-19*-, sino por las políticas oficiales de extrema desatención social.

“Las políticas de austeridad en Brasil ponen en riesgo millones de vidas” denunciaron dos personalidades de las Naciones Unidas, en un comunicado (https://news.un.org/es/story/2020/04/1473622)  divulgado recientemente en Ginebra.

Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente argentino en derechos humanos y el australiano Philip Alston, relator especial sobre la pobreza extrema, constatan que el sistema sanitario del país sudamericano está sobrecargado y no consigue proteger el derecho a la salud y la vida de millones de brasileños. Y sugieren necesaria la derogación de la Enmienda Constitucional del 2016, que, junto con otras medidas de austeridad, son contrarias al derecho internacional en cuanto a derechos humanos.

La Enmienda número 95, también conocida como la PEC do Teto, promulgada finalmente por el Congreso el 15 de diciembre del 2016, impuso un techo al gasto público en Brasil para los próximos 20 años.

A nivel de ejemplo, señalan los expertos, sólo el 10 % de los municipios brasileros tienen camas de cuidados intensivos y el Sistema Único de Salud no cuenta hoy, ni siquiera, con la mitad de las camas de hospital recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los Estados de todo el mundo deberían construir un futuro mejor para sus poblaciones, no fosas comunes”, señalan los dos expertos. Quienes insisten en que “los recortes del Gobierno al financiamiento han violado las normas internacionales de derechos humanos”, incluyendo el derecho a la educación, la vivienda, la alimentación, el agua y saneamiento, así como a la igualdad de género. “El brote de COVID-19 ha magnificado los impactos adversos” de esa política de reducción del gasto público, indican.

Historia de un ajuste antisocial

¿Una postura retórica más de parte de la comunidad internacional o una advertencia severa? Sobre todo, se infiere del tono de la crítica, un enojo ascendente, ante la impermeabilidad de la administración brasilera que desde tiempo hace oídos sordos a las sugerencias provenientes de las organizaciones internacionales.

Ya a inicios de agosto del 2018, un grupo de expertos onusianos -entre los que se encontraba el mismo Bohoslavsky- habían expresado “que Brasil debe colocar los derechos humanos por sobre la austeridad”. Apuntaban entonces al aumento de las tasas de la mortalidad infantil, por primera vez en 26 años, en aquel entonces en el contexto de la epidemia de Zika y de la crisis económica (https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23426&LangID=E)

“La gente que vive en situación de pobreza y otros grupos marginalizados están sufriendo desproporcionalmente como resultado de medidas económicas rigurosas en un país que ya fue ejemplo de políticas progresistas de reducción de pobreza y de promoción de la inclusión social”, enfatizaban. Para ubicar el momento político, el 3 de agosto del 2018, día de ese pronunciamiento de los expertos de la ONU, dirigía el país Michel Temer, que había llegado al Palacio de Planalto en Brasilia dos años antes, luego de la destitución parlamentaria de Dilma Rousseff, que, con la fisonomía de un Golpe de Estado institucional, cerraba abruptamente 13 años de gestión gubernamental del Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Protesta por más recursos para la enfrentar el COVID 19

Anticipando la declaración del 27 de abril del 2020, el documento de la ONU de agosto de 2018 subrayaba que algunas de las decisiones de política financiera y fiscal de los últimos años afectan derechos esenciales, entre los cuales, el acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua y alcantarillado, a la educación, a la seguridad social y la salud. Situación que amplía las desigualdades preexistentes, explicaba el grupo de personalidades de la ONU, integrado también por el brasilero Léo Haller (derechos humanos y agua); la croata Ivana Radacic (discriminación contra la mujer); Hilal Elver de Turquía (alimentación); la canadiense Leilani Farha (derecho a la vivienda), Koumbou Boly Barry de Burkina Faso (educación) y Dainius Puras, de Lituania, (salud física y mental).

Según el análisis realizado entonces, las mujeres y los niños se encontraban entre los más afectados por el ajuste estructural en marcha.  Así como los afrodescendientes, las poblaciones rurales y la de asentamientos informales. Agregando que Brasil, que “fue campeón en la lucha contra el hambre y la mal nutrición”, ve como se han revertido importantes políticas de seguridad alimenticia. En el área de la vivienda, agrega, el “importante programa Mi Casa, mi Vida, sufrió cortes drásticos”. Con respecto al agua y saneamiento sanitario, el presupuesto “será reducido en un tercio”, según las previsiones de 2018.

La seguridad alimentaria amenazada

La de afuera no es la única mirada sobre el país sudamericano. “En un futuro próximo el coronavirus dejará un lastre terrible en nuestra sociedad: se profundizará el escenario de la pobreza, la falta de empleo, de acceso a los alimentos básicos. Será difícil para la gente intentar de vivir con dignidad”, señala Djalma Costa, un activo dirigente social urbano y defensor de derechos humanos de San Pablo, el Estado más golpeado con más de un 40 % del total de casos del país.

La crisis planetaria, en general, y la de mi país en particular, no tienen precedentes. Tendrá un impacto enorme en la vida de los más pobres, que ya viven marginados y sin lo básico para sobrevivir. Pienso que la seguridad alimentaria constituirá la preocupación principal en el futuro cercano, enfatiza Costa, quien participa también en la dirección de un Centro de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes en el suburbio de Interlagos y coordina el programa Brasil de la ONG suiza E-CHANGER.

Adicionalmente, toda la salud de la población brasilera saldrá afectada. Difícil predecir todas las enfermedades que se agudizarán a causa de esta situación, reflexiona Costa. “Sin olvidar, el impacto sobre la salud mental de la población. Esta crisis sanitaria y sus corolarios, seguirán matando mucha gente”.

Además de esta crisis sanitaria y social, completa el dirigente social, “el país carece de un liderazgo nacional confiable que esté a la altura de los acontecimientos para hacer frente a los desafíos impuestos por esta situación.

El presidente Jair Bolsonaro se comporta como un enemigo de la gente. Constantemente actúa contra las autoridades de los Estados y del Distrito Federal en su lucha contra la pandemia. Y subestima a los responsables de la salud pública. La política hacia los pueblos indígenas es horrorosa y las señales nefastas que nos llegan del impacto del virus en la Amazonia en general, en Manaos en particular, da miedo”.

Adicionalmente, la ayuda financiera para la gente más pobre demoró mucho en concretizarse y no se elaboró un banco de datos eficiente que permitiera que la misma, llegue realmente a quien más la necesita, explica el dirigente social.

¿Señales de esperanza? En esta coyuntura todo es muy relativo, responde Djalma Costa. “Mi optimismo se alimenta en la capacidad popular de recomenzar, de reinventarse, aunque en este momento el desánimo impacta enormemente a amplios sectores sociales”. Si algo nos alienta, concluye, es pensar “que allá, en el horizonte, la lucha seguirá siendo nuestra compañera cotidiana”.

Nota

*El 12 de mayo se registraron 942 muertes en Brasil a causa del COVID-19. Para esa fecha se contabilizaban 178 mil infectados y cas 12.500 decesos

Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza