El Covid-19, como enfermedad infecciosa producida por un tipo de coronavirus, ha desnudado los sistemas sanitarios que lenta o rápidamente fueron desmontados o disminuidos por políticas neoliberales.

Con excepción de China y Corea del Sur, donde se han registrado mayores éxitos en su contención, el resto de los países están enfrentando la pandemia con sistemas de salud privatizados o con cobertura, recursos e insumos insuficientes, además de con gestores gubernamentales que han sido incapaces de instituir políticas oportunas y necesarias para enfrentar un problema que, por sus características, debe ser enfrentado y resuelto de manera multidimensional.

En Guatemala, aun cuando el avance de la pandemia parece lento, muy probablemente se incrementará en las próximas semanas y no hay indicios sólidos que permitan pensar que el Estado tendrá la capacidad de controlarla y llevarla a su mínima expresión.

De entrada, se observa que la pandemia no constituye solamente un problema de carácter sanitario, que esta requiere de capacidades, recursos e insumos suficientes, de los cuales carece el Estado y que no están siendo gestionados por el gobierno de turno. Es obvio que, siendo una enfermedad de carácter masivo, representa un problema cuyos impactos se empiezan a manifestar en los ámbitos de la economía, la sociedad, la cultura y la psicología de la población.

Las proyecciones indican que la economía apenas crecerá en el orden del 0.5 %, tres puntos menos de lo que se previó a inicios del año. En este sentido, la política del actual gobierno y de la mayoría de los partidos políticos en el Congreso ha estado orientada a concertar medidas con las gremiales empresariales que controlan la economía local, consistentes en facilitarles flujo de recursos públicos y promoviendo mayores exenciones fiscales. Mientras esto sucede, pequeños productores, campesinos y quienes en general trabajan por cuenta propia han quedado en segundo plano. Adicionalmente, existe permisividad para que ocurran despidos, disminuciones salariales y pagos diferidos del bono 14 a la clase trabajadora.

Despidos, disminución salarial y los problemas específicos que enfrentan los trabajadores por cuenta propia, sumados a las condiciones de pobreza y pobreza extrema en las que subsiste cerca del 70 % de los guatemaltecos, permiten vislumbrar el aumento y la intensificación de las dificultades para cubrir necesidades en materia de alimentación, salud, pago de alquileres y pérdida de bienes por la incapacidad de pago de deudas. Es decir, mayor vulnerabilidad social ante la pandemia.

El necesario distanciamiento social está produciendo modificaciones en las relaciones sociales, afectando los ciclos culturales (festivos, religiosos, etcétera) y generando desconfianzas e incluso medidas de control social y hechos de violencia contra personas de las que se sospecha que son portadoras de la enfermedad. Al mismo tiempo se desvelan la profunda ignorancia y la falta de disciplina en la población, que se orienta a entender el covid-19 a partir de dogmas religiosos: como una señal divina ante el pecado del mundo, por ejemplo. A lo anterior se suma una cierta psicosis social y estados de ansiedad y de depresión que se empiezan a observar.

Así las cosas, la pandemia deviene en un problema complejo y multidimensional que requiere, por consiguiente, una política pública con ese carácter. Contrariamente, la política de los organismos Ejecutivo y Legislativo parece orientada por el pensamiento simple, por lo que se ve reducida a una raquítica atención sanitaria y a la búsqueda de proteger la economía entendida como crecimiento económico y, por consiguiente, como protección, prebendas y privilegios para los sectores económicamente poderosos. Esto explica en parte que en dichos organismos se estén generando reformas legales y políticas para el aumento de privilegios a tales sectores. Contrario al requerimiento de un Estado que cuente con mayores recursos, con estas medidas se están profundizando la incapacidad y la carencia de recursos públicos para atender las urgentes necesidades que se agudizan con el contagio del coronavirus.

En este contexto existen dos riesgos de primer orden. El primero consiste en un crecimiento exponencial aun mayor al que representa la pandemia en el mundo. El segundo, posibles estallidos sociales focalizados o generalizados ante la incapacidad del Estado y de la gestión gubernamental actual y ante las políticas de privilegios instituidas aprovechándose de la crisis sanitaria. Así, muy probablemente el Estado quedará al desnudo en su incapacidad para enfrentar este problema.

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