Estamos en Colombia en la segunda semana del confinamiento general y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a partir del 24 de marzo, aunque para los habitantes de Bogotá este confinamiento había comenzado desde el viernes 20 de marzo.

En términos generales el confinamiento viene funcionando adecuadamente en todo el territorio nacional con algunos quiebres en algunas ciudades del país y en pequeños municipios o bien por anuncios falsos de entrega de ayudas en determinados sitios a donde acuden en masa los sectores que más lo necesitan o por manifestaciones de indisciplina social y a veces por decisiones de las propias autoridades que en efecto entregan bonos alimenticios lo que viene acompañado de aglomeraciones. Pero como señalé en términos generales la cuarentena obligatoria viene funcionando.

La experiencia internacional señala que la única manera de contener la expansión es el confinamiento así lo demuestra la experiencia de China en el manejo de la pandemia y en otros sitios como Taiwán, Corea del Sur o Singapur y en menor medida en los países europeos donde, y sobre todo en Italia y España, el confinamiento fue tardío y también los exámenes diagnósticos a los afectados. En Colombia hasta el 1 de abril se presentan 1.065 casos comprobados y 17 muertos a causa de la pandemia. Hay sin embargo un subregistro elevado por el bajo nivel de testeo y como señalan los expertos estas cifras tienen cuanto menos un retraso de dos semanas siendo aún muy prematuro evaluar el impacto real de las medidas tomadas para evitar su crecimiento descontrolado.

Las medidas tomadas por el Gobierno nacional, aunque acertadas son insuficientes. Para garantizar el confinamiento se debe garantizar para la población unos niveles adecuados de ayudas alimentarias suficientes, seguridad para no ser desalojados de sus viviendas, conexión garantizada a los servicios públicos domiciliarios y una convivencia adecuada en los hogares para prevenir los casos de violencia intrafamiliar. Las medidas del gobierno como hemos señalado vienen siendo tardías. Aquí en Colombia han sido las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, quienes han tomado la iniciativa pese a que son precisamente estas autoridades las que más limitaciones tienen para garantizar las condiciones materiales para que el confinamiento funcione pues no disponen de recursos suficientes para garantizar las condiciones materiales mínimas para que las medidas funcionen.

El gobierno nacional ha ido a la zaga de medidas tomadas por autoridades locales a la cabeza de las cuales ha estado sin duda alguna la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, que se ha convertido indudablemente en el ejemplo a seguir por las autoridades territoriales. El gobierno nacional ha dudado entre seguir el modelo de Trump, Johnson o Bolsonaro o seguir el modelo de intervención activa de los gobiernos europeos o de los gobiernos asiáticos. Dada la presión de las autoridades locales finalmente el gobierno nacional con dudas que sigue manifestando en cabeza de un presidente dubitativo tomó la medida del confinamiento y otras que buscan garantizarlo. El modelo de atención a la población es minimalista, es decir, el mínimo que garantice que el confinamiento funcione.

Auxilios monetarios a unos cinco millones de familias irrigados a través de los programas asistencialistas que funcionan en el marco del modelo neoliberal como familias en acción, jóvenes en acción y adultos mayores, este es el vehículo principal activado con un subsidio adicional de unos 40 dólares para completar una suma que en total por familia llega a unos 80 dólares mensuales. Suspensión del cobro de servicios públicos inicialmente por un mes para que las tarifas sean luego redistribuidas hacia el futuro para los estratos 1, 2 y 3. Y auxilios alimentarios para aquellas familias que no se encuentran vinculadas a estas redes asistencialistas. Estos pagos comenzaron a realizarse esta semana y constituyen el eje más fuerte de intervención social. Dos limitaciones, presenta esta política. El primero que unos tres millones de familias quedan por fuera de estas redes y potencialmente son quienes podrían quebrantar más rápidamente la cuarentena obligatoria pues son muy escasos los ahorros que pueden dedicar a la sobrevivencia al desaparecer sus fuentes de ingresos por la parálisis general de la actividad económica en la que se desempeñan cotidianamente. Es cuestión de tiempo para que esto se manifieste si hay una prórroga de la cuarentena, como parece ser lo más conveniente para detener el avance del virus.

Un segundo problema se relaciona con los territorios periféricos o las llamadas zonas dispersas en que viven unos 20 millones de habitantes. Allí la presencia del Estado es muy limitada y las redes asistencialistas cubren un sector muy bajo de la población. En estos territorios el confinamiento se resquebrajará más pronto puesto que la acción del Estado es muy limitada. Con un agravante, la red de salud es extremadamente débil pues hay muy pocos centros hospitalarios y los que existen están muy mal dotados muchos de ellos no tienen en absoluto Unidades de Cuidados Intensivos, UCI. Como se sabe los afectados más graves por el virus para sobrevivir requieren de respiración mecánica que en estos centros de salud no existen.

Un problema adicional de las políticas puestas en marcha consiste en el excesivo centralismo como se está manejando la pandemia. El gobierno central echo mano de recursos de las entidades territoriales del fondo de estabilización petrolera cuyos dueños son los departamentos del país y del fondo de pensiones de las entidades territoriales que suman unos 15 billones de pesos, un poco más de 4 mil millones de dólares, con lo que está haciendo frente para cubrir las inversiones sociales que hemos mencionado. Una parte de esos fondos debió de haberse puesto en manos de las autoridades territoriales para que ellas pudieran ágilmente maniobrar en el manejo de la crisis. No se han destinado fondos adicionales a los fondos provenientes de la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación. Esto es más dramático en ciudades intermedias y en pequeños municipios que no tienen ningún margen de acción para actuar frente a la pandemia.

El otro frente crítico es el de la debilidad del sistema de salud. En total en todo el país para atender la pandemia hay unas cinco mil camas con unidades de cuidados intensivos la mayor parte de ellas en las principales ciudades del país puesto que el modelo de privatización arrasó con más de 4 mil entidades de la salud pública en estos últimos 27 años en que ha regido la ley 100 de 1993 que privatizó el sistema de salud. El personal médico y de enfermeras ha sido tercerizado en su contratación laboral, la mayor parte no tiene contratos laborales, sino que son contratados por orden de prestación de servicios sin estabilidad laboral ni prestaciones sociales, con bajos sueldos y en muchas ocasiones les adeudan hasta tres meses de salarios. Es una verdadera tragedia las condiciones laborales de nuestro personal de la salud. Esto debería cambiar hoy. Se deberían establecer como mínimo plantas temporales para garantizar unas mínimas condiciones de trabajo decente para nuestros héroes, pues mientras nosotros nos recluimos, ellos van al combate de frente contra el virus arriesgando su propia vida.

Otra debilidad manifiesta que no ha tenido respuesta contundente a pesar de las reiteradas solicitudes de los gremios médicos son las condiciones de bioseguridad para el ejercicio médico. Nuestros médicos y enfermeras no están dotados de los medios adecuados para lidiar con el virus: batas, mascarillas, aislantes en las salas de atención, etc., la dotación es deficiente muchos de ellos atienden con delantales de plástico, esto es una vergüenza y un riesgo para sus vidas convirtiéndose ellos mismos en posibles agentes trasmisores del virus. Actuar en este frente es sumamente urgente.

Todo ello debería complementarse con el aumento de las salas de cuidados intensivos, y con el aumento del testeo que permita que el confinamiento funcione. Es una carrera contra el tiempo.

Finalmente, ya se ha iniciado una nueva puja entre el gobierno nacional y las autoridades territoriales. Duque ha manifestado que después del 13 de abril en que termina esta cuarentena hay que ver la posibilidad de flexibilizar las medidas restrictivas para que, dice él, el aparato productivo se reactive. “Colombia, dijo, no se puede dar el lujo de China y otros países que declararon cuarentenas indefinidas” y ha planteado la llamada estrategia del acordeón que consistiría en ir permitiendo la entrada en funcionamiento de ciertas actividades productivas. Este anunció prendió las alarmas y es contrario a la postura de la alcaldesa Claudia López que ha manifestado que de acuerdo con las evaluaciones de los expertos lo más probable es que la cuarentena obligatoria se tenga que ampliar. Ahí está de nuevo el debate. Duque viene siendo presionado por los gremios económicos que le piden flexibilizar las medidas y abrir algunos sectores de la economía. Esto sería prematuro en opinión de los expertos que además han contado con el respaldo público de la directora de la Organización Panamericana de la salud, Carissa F. Etienne. Ese será el eje del debate público en las próximas semanas.

Bogotá 2 de abril 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)