En medio de la crisis global ocasionada por la emergencia del coronavirus Covid-19 que en Colombia ya presenta 470 casos debidamente comprobados y en medio de un subregistro muy grande, puesto que son muy limitados los exámenes diagnósticos, pues solo en estos días entrarán a operar mecanismos de diagnóstico rápido y la ampliación de los centros de diagnóstico con la entrada de los laboratorios tanto en Bogotá como en ciudades como Medellín, Cali y Manizales, Colombia ha entrado en cuarentena nacional obligatoria decretada por el Gobierno Nacional a partir de este miércoles 25 de marzo y que en principio irá hasta el próximo 13 de abril.

Un gobierno errático y dubitativo que demoró en tomar medidas frente a la pandemia como el cierre de los aeropuertos internacionales que apenas vinieron a cerrar los vuelos internacionales a partir de este lunes 23 de marzo vía por la cual ingresó el virus al país y dudas sobre si seguir el modelo irresponsable de Trump, Johnson y Bolsonaro de dejar avanzar el virus hasta que la mayoría de la población desarrollara la inmunidad frente al mismo; en estas circunstancias se perdió tiempo valioso y no se adelantaron las medidas necesarias para adecuar la insuficiente y debilitada infraestructura de salud en el país para hacer frente a la pandemia. Decretada la Emergencia Económica y Social por parte del Gobierno Nacional a parte de la cuarentena decretada se han tomado medidas económicas y sociales que lucen insuficientes por ahora para garantizar la cuarentena y para que esta funcione y más adelante cuando la pandemia se manifieste masivamente para hacer frente a la atención de las personas contagiadas y que requieran hospitalización.

Un modelo hipercentralista para el manejo de la crisis  

Mediante el uso de la Emergencia Económica y social el gobierno expidió el decreto 444 del sábado 21 de marzo mediante el cual creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, como un fondo cuenta adscrito al Ministerio de Hacienda señalando que sus recursos provendrán del presupuesto general de la Nación y en concreto para su entrada en operación  decide tomar los recursos del Fondo de Ahorro y estabilización-FAE, que son recursos de los departamentos que provienen de las regalías de las actividades de explotación petrolera y minera, pero que son propiedad de los departamentos, recursos  que son depositados en este fondo y administrados por el Gobierno Nacional y tomar también los recursos provenientes del Fondo de Pensiones Territoriales, FONPET. Del primero tomara el 80% del total y del segundo fondo un 20% para redondear una suma de 15 billones de pesos aproximadamente (unos 3.700 millones de dólares) con lo que pretende hacer frente a la emergencia. Estos recursos son insuficientes frente a la magnitud del problema y como lo advierten los expertos pronto tendrá que recurrir a otras fuentes de recursos por si es necesario prorrogar la cuarentena, que es lo más probable.

Ahora bien la primera critica que han dirigido y con toda razón los alcaldes y gobernadores, aunque de manera un tanto extraña Gustavo Petro, salió a defender la medida, es que el gobierno nacional echa mano de los recursos de las entidades territoriales para hacer frente a la crisis social pudiendo haber tomado otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, tomar hasta 5.000 millones de dólares de las reservas internacionales guardadas en la banca internacional a unas tasas de muy bajo o nulo rendimiento, pedir al banco de la República que compre Títulos emitidos por el gobierno nacional o renegociar parte de la deuda externa para destinar parte de los recursos del servicio a la deuda a la atención a la crisis. También hubiera podido combinar varias de estas fuentes. 

 Los recursos de los fondos territoriales bien pudieron ser utilizados para inyectar recursos a las gobernaciones  y alcaldías que no tienen como responder a las demandas de sus habitantes que reclaman alimentación, pago de sus servicios públicos domiciliarios, o ayudas para los arriendos de sus viviendas y esto es muy crítico en la mitad del país en donde viven cerca de 20 millones de colombianos, en las llamadas zonas periféricas del país o zonas con población dispersa, a donde muy seguramente no llegarán esas ayudas. Bien pudo el gobierno decretar que parte de los recursos de estos dos fondos se destinaran a la atención a la emergencia social y económica, pero desde las gobernaciones y las alcaldías. No lo hizo así y decidió profundizar el centralismo y recentralizar las finanzas territoriales echando mano de los recursos de departamentos y municipios.

Una segunda critica que hacemos a este decreto es que, si bien nos parece acertado que se haya creado el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, como un fondo cuenta sin burocracia y con procedimientos ágiles para desembolsar los recursos, sin embargo, criticamos que el fondo pretenda dar liquidez al sistema financiero como queda expresado en el decreto en su artículo 8 que debería ser eliminado y que además pretenda otorgar crédito con los recursos de la emergencia. Para otorgar créditos el Estado tiene otras instituciones como el Banco Agrario, por ejemplo. También debería eliminarse que con los recursos del fondo se puedan comprar deudas o bienes de capital emitidos por empresas privadas (Artículo 4.4.). Estas competencias atribuidas al FOME desvirtúan completamente el objetivo central del mismo que es la atención a la emergencia y en particular pretender que con recursos públicos y desde un fondo, cuyo centro debe ser la atención de la emergencia, se quieran fortalecer mecanismos de favorecimiento al sector financiero. Esto también debería eliminarse de los objetivos del fondo.

Pero además hay otras preocupaciones adicionales a las anteriores. En el decreto se establece como uno de los objetivos del Fondo el de “proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional” (Artículo 4.5). Nuevamente el privatismo y el favorecimiento a los empresarios aparece en este decreto que fija los objetivos del recién creado Fondo para la atención de la emergencia. Por lo demás el decreto no fija los criterios o indicadores que permitan definir con objetividad las solicitudes de financiamiento que le lleguen y que tendrá que resolver. Estos criterios o indicadores deberían ser públicos y deberían privilegiar a las pequeñas y medianas empresas y a las famiempresas que si requieren de créditos subsidiados o aún de subsidios puesto que ellas son las que aportan más del 70% del empleo en el país y que ante la cuarentena serán las más golpeadas. Y deberían establecerse mecanismos para llegar a ellas puesto que en el caso de las famiempresas solo el 9.5% de las mismas acceden al crédito bancario y el decreto no establece mecanismos expeditos para llegar a ellas.

En resumen, en el decreto no se esconde que se busca favorecer a quienes gobiernan con Duque que son los gremios de los grandes empresarios que pretenden no nos cabe la menor duda aprovechar la coyuntura para que sea con recursos públicos que se solventen las secuelas de la crisis. Y no es que nos opongamos a que se subsidien a grandes empresarios, solo que para ello,  el gobierno de manera transparente debería utilizar mecanismos de los que ya dispone cuando por ejemplo ha puesto en manos del sector financiero recursos hasta por 20 billones para garantizar la liquidez de la banca y desde allí podría apalancar créditos subsidiados a empresas que requieran de los mismos para hacer frente a la crisis, pero no utilizar recursos de los entes territoriales y de la emergencia social para ese propósito. Tampoco el decreto contempla en aras de la transparencia un mecanismo medianamente independiente para resolver las solicitudes que se hagan el FOME ni un mecanismo riguroso de auditoria interna que de tranquilidad y genere confianza en la sociedad, en medio de los mayores escándalos de corrupción que hoy rodean al régimen imperante en Colombia.

Medidas sociales insuficientes     

Con respecto a las medidas sociales que se han tomado se podrían resumir en las siguientes: giro adicional a las 2.6 millones de familias del programa familias en acción que recibirían un adicional promedio de 334 mil pesos, a los 204.000 jóvenes del programa jóvenes en acción un giro adicional promedio de 200 mil pesos y al 1.5 millones de adultos mayores del programa dirigido a ellos un adicional de 240 mil pesos. Con estos subsidios se estaría llegando aproximadamente a 10 millones de personas que son las más vulnerables. Pero queda un importante sector de la población que no es beneficiaria de estos programas asistencialistas que caracteriza en toda América Latina la política social. Frente a ellos y sin establecer muy claramente cuál sería la vía para llegar a ellos el gobierno ha anunciado un auxilio para otros tres millones de familias de unos 40 dólares o sea 160 mil pesos, cifra realmente irrisoria.

A las medidas anteriores hay que añadir la reconexión de cerca de un millón de personas al servicios de agua potable que se las había suspendido por no pago de sus facturas, así como el anuncio que durante el mes que dure la emergencia no se cobraran estos servicios a los estratos 1 y 2, pero que una vez pasada la emergencia se cobraran a lo largo de los siguientes doce meses en las facturas correspondientes.

Una primera mirada sobre estas medidas nos indica que el Gobierno quiere atender de una manera minimalista las exigencias ciudadanas con bajas sumas de dinero irrigadas en los sectores más vulnerables de la sociedad. El régimen quiere minimizar los costos de la crisis que podrá funcionar si está no se prolonga, pero, que podría provocar un estallido social si como es lo más probable la cuarentena tenga que ser extendida. Un segundo problema tiene que ver con el manejo como ya anticipábamos de estas ayudas para sectores que no están en los programas públicos ya existentes y que cubren una parte muy importante de la población que vive en la periferia, en los llamados territorios dispersos y en donde viven cerca de 20 millones de colombianos y en dónde la presencia del Estado es irrisoria, débil.  Allí el virus puede pegar muy duro porque una buena parte de sus habitantes carecen de servicios de agua potable y la red de salud es prácticamente inexistente o muy débil. Salvo el anuncio de los 40 dólares para cerca de 3 millones de familias que no están en las redes públicas no se ha avanzado nada sobre cómo se hará frente a la crisis allí, ni desde el punto de vista de las ayudas humanitarias y mucho menos de la atención en salud, que estas poblaciones demandarán de hacer presencia allí el coronavirus.

Lo que se ve es que el Estado colombiano ha carecido de una política pública social robusta y adecuada a la realidad de marginalidad y pobreza que se manifiesta ahora con toda fuerza ante la crisis ocasionada por la presencia del coronavirus. Las políticas de privatización de la salud y de subsidios a la demanda, desmantelaron al Estado y debilitaron enormemente las redes sociales, situación que se agrava en Colombia por el creciente asesinato de líderes de las comunidades y de defensores de los derechos humanos. En esta fragilidad ha llegado el virus. Múltiples manifestaciones de solidaridad y de creatividad nos hacen ver que la sociedad civil en medio de sus debilidades se ha puesto en marcha para hacer frente a la pandemia. Esperamos que esa movilización atenúe las deficiencias de un Estado clasista que aún en medio de la crisis quiere sacar ventaja para favorecer los intereses de esa casta oligárquica que nos ha gobernado desde siempre. También nos da esperanza ver que gobiernos alternativos aún en medio de las dificultades en varias ciudades y departamentos del país como en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Villavicencio, Manizales para mencionar solo algunas y en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Caldas, Valle del Cauca, Magdalena y Nariño, por ejemplo, se han puesto al frente y desde sus limitaciones legales y de recursos están haciendo frente a la emergencia. En ellos esta puesta nuestra esperanza para enfrentar esta crisis.   

Bogotá marzo 26 de 2020.    

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)