“Este brote de covid-19 con el tiempo terminará. Necesitamos comenzar a vencer al siguiente, y no debemos olvidar cuán caótico es y cuánto impacto tiene este brote en nuestras economías y vidas humanas”.

Peter Daszak, ecólogo de enfermedades. BBC.com/mundo

Los impactos negativos que está generando el Covid-19 (coronavirus) en las economías avanzadas, son de magnitudes impredecibles en las economías de países pequeños dependientes y subdesarrollados. A la caída del PIB, empleos, exportaciones y remesas, se suman la pérdida de recursos e ingresos de las unidades productivas y comerciales de menor tamaño que operan-mayormente-en la informalidad.

Estos impactos son masificados por la débil capacidad del sector sanitario para atender este tipo de epidemias/pandemias, ya que sistemáticamente han sido saqueados (Honduras lidera el ranking en saqueos) y vueltos vulnerables por la vigencia de políticas privatizadoras neoliberales apoyadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial. Se ha cercenado el presupuesto de las instituciones de salud, afectándose no solo el acceso de la población a la salud básica, sino también las disponibilidades de medicamentos y otros insumos.

En la región centroamericana, a excepción-quizá- de Costa Rica, uno de los sectores/programas más afectados es la atención primaria en salud, o sea la prevención; que había sido el valuarte de las políticas universales de salud en décadas pasadas. La Región no cuenta con políticas públicas de atención primaria en salud, o sea políticas de Estado de largo plazo y sostenibles por el involucramiento y aporte de una amplia gama de actores, generalizándose programas y proyectos de corta duración, muchos de ellos administrados por empresas privadas y Ongs ligadas a funcionarios de gobierno.

A ello se suma, la concentración autoritaria de poder, lo que debilita el accionar de los gobiernos locales y asociaciones de base en la entrega de servicios de salud a la población en forma rápida y sobre la base del consenso social. La región centroamericana es la que menos ha avanzado en descentralización, y está muy lejos de alcanzar los niveles de Colombia, Ecuador y Bolivia, donde no solo se ha aumentado el monto de las transferencias y traslado de competencias públicas y poder a los actores subnacionales y locales, sino también se han reconocido y legitimado gobiernos intermedios/regionales con carácter autónomo.

La crisis que está generando el Covid-19, al igual que las crisis y recesiones económicas, debe ser resuelta por el Estado con políticas activas de oferta, pero también de demanda. Hay que proteger a los más vulnerables, sobre todo aquella población que pierde sus empleos por cierre de empresas y negocios, y las unidades productivas pequeñas, en especial las MiPymes del sector informal, que ven reducidas sus ventas que las orilla al despido de trabajadores y cierre. Una acción importante es la constitución de un fondo para otorgar subsidios a los y las trabajadoras despedidos que no podrán atender sus necesidades de consumo, y grupos vulnerables como mujeres jefas de hogar y con adultos mayores que no podrán obtener un ingreso monetario directo por el cierre “temporal” de las empresas.

El Covid-2019, en el caso particular de la región centroamericana, abre una oportunidad para que los gobiernos apoyen la producción para el mercado interno (bienes salarios), hortalizas y frutas, contrario a la predica neoliberal que lo importante es producir bienes para la exportación. Se abre un espacio para integrar de mejor manera el comercio intrarregional y fortalecer la integración económica, comercial y social entre países, gobiernos y actores. Esta, parece ser, la propuesta de Bukele, presidente de El Salvador, al fortalecer las cadenas de suministros de productos básicos, cerrado de tajo sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas al ingreso de personas.

Los recursos de fondos públicos que se aprueben para atender la emergencia, deben contar con una estrategia consensuada de atención en salud. En primer lugar, debe fortalecerle la red sanitaria con nuevo personal, equipos, vacunas y materiales, lo que daría una respuesta rápida al problema. No es posible que, en ciertos hospitales de Honduras, habilitados para atender a las personas, no se cuente con guantes, jabones ni mascarillas. En segundo lugar, identificar los grupos más vulnerables (adultos mayores) y fortalecer las atenciones en los centros de asilos, familias y centros comunitarios. En tercer lugar, proteger a familias afectadas por cierre de empresas, especialmente en centros poblados urbanos. En cuarto lugar, garantizar servicios de apoyo complementario como la disponibilidad y acceso al saneamiento básico y agua potable, que en la región está en una fase crítica por falta de lluvias. En quinto lugar, apoyar sectores dinámicos en generación de empleos como agroalimentario, forestal y construcción, pero garantizar un uso transparente de estos recursos, con mayor control y supervisión por organizaciones de sociedad civil con competencias manifiestas, como ejemplo el Consejo Nacional Anticorrupción en Honduras. Finalmente, apoyar más el turismo interno comunitario colaborativo, y no aquél de tipo corporativo y de playa.

A un mayor plazo, la región debe conformar una estrategia integral de atención primaria en salud, donde la prevención sea la principal política pública regional. Tal como se ofreció hace más de 20 años, el gobierno y pueblo cubano pueden ayudar en ello.

Tegucigalpa, DC, 16 de marzo de 2020