Ecuador

Carondelet: entre la ficción y la realidad

Isaías Campaña C.

13/03/2020

Opinión

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¿Las ofertas de campaña, una quimera?

Desde que Ecuador empezó a explotar y exportar petróleo, los sucesivos gobiernos que se alternaron en el poder se centraron en el modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales, bienes agrícolas y productos del mar, esto es, básicamente del sector primario de la economía.

Las rentas generadas por la explotación de los recursos naturales en Ecuador -petróleo, forestal, agua dulce, minería-, en 2006, era equivalente al 18,9% del Producto Interno Bruto (PIB), años después, 2011, se ubica en 16,3% y en 2017 se desploma a 5,5%. En mayor o en menor medida, varios países de América Latina se han caracterizado por explotar y exportar básicamente productos primarios (Banco Mundial, 2020).

El crecimiento económico del país está anclado a las exportaciones petroleras, es decir, depende de la variación de los precios del petróleo en los mercados internacionales, variable sobre la cual el Estado no tiene ningún control.

Cuando los precios del crudo han estado altos se ha dinamizado la economía y en épocas de precios deprimidos se ha desacelerado. El precio promedio del barril de petróleo marcador WTI en 2006 fue de USD 61, en 2012 USD 109 y al 9 de marzo de 2020 llegó a cotizarse en USD 31,1, la mayor caída en 29 años.

El gobierno de la llamada “revolución ciudadana”, que coincidió con el auge de los precios del petróleo en los mercados internacionales, se planteó como política de Estado el “cambio de la matriz productiva”. En los sectores energético-minero, se hizo importantes avances especialmente en el hidroeléctrico, pero en poco tiempo colapsó por falta de financiamiento y, sobre todo, por el lastre de la corrupción.

El líder del Movimiento Alianza País designó como su sucesor al actual Mandatario, quien ganó las elecciones en el balotaje realizado el 2 de abril de 2017. En el discurso de posesión, 24 de mayo, el presidente Moreno ante la Asamblea Nacional y en presencia de jefes de estado manifestó:

“Hoy concluye una época que deja al país con realidades y objetivos más claros:

De entregar una nueva institución educativa cada 12 días y una infraestructura médica cada 10 días. Un decenio en el que formamos las bases para vivir con energía limpia y propia, principalmente gracias a la gestión del querido amigo Vicepresidente de la República, Jorge Glas. Son diez años de haber sido testigos de la construcción de caminos, de puentes, puertos y aeropuertos, de proyectos multipropósito... Este proceso tiene un pueblo entero y tiene un nombre: Revolución Ciudadana. Los pueblos hacen historia, pero los líderes aceleran los procesos. Esta revolución tiene un líder: Rafael Correa Delgado. Algún día -y óigaseme bien- podremos narrar con orgullo a nuestros hijos y nietos. Decirles que fuimos testigos presenciales de esa leyenda. Más aún: que con tesón fuimos parte de ella” (Discurso del Presidente, 2017).

Al poco tiempo de asumir el poder, el presidente Moreno se lamentaba por las deplorables condiciones económicas y sociales que había heredado del gobierno de la “revolución ciudadana”: abultada deuda pública por encima del techo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, proyectos emblemáticos mal construidos y la corrupción generalizada en las diversas instituciones y empresas del Estado.

El programa de gobierno del Movimiento Alianza País que presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) quedó archivado, dio un giro de 180 grados en la ejecución de las políticas económicas y comerciales, progresivamente desmanteló las medidas tomadas por su antecesor, promovió una auditoría de la deuda pública, proclamó que se acabaron las “obras faraónicas”, anunció hacer una cirugía mayor contra la corrupción y manifestó que el sector privado se convertirá en el “motor de la economía”.

Una vez más, en la historia política del país, las ofertas de campaña se convirtieron en una quimera: El “banco del pueblo” destinado para otorgar microcréditos sin exigir garantías a los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas, ampliar y modernizar la vía Machala-Guayaquil, crear 500 mil plazas de empleo en dos años, construir 325 mil viviendas de interés social, dos universidades en El Oro y una en Santo Domingo, otorgar créditos preferenciales para los jóvenes emprendedores de hasta USD 15.000, entre otras (El Comercio, 2017).

Los programas y proyectos ofrecidos a la población quedaron en el aire por el deterioro de las finanzas públicas, corrupción institucionalizada y como consecuencia del giro que dieron las élites empresariales en el poder a la ejecución de la política económica.

Los ingresos generados por las exportaciones del petróleo han desempeñado un rol relevante en el financiamiento de las actividades del Estado. Las rentas del petróleo en 2005 representaban el 17,5% del PIB, en 2008 equivalían al 18,4% y en 2017 bajó a 4,9% (Ver gráfico Nº 1). En las operaciones del sector público no financiero, en 2012, los ingresos petroleros representaron el 14% del total de los ingresos y en 2017 se desplomó al 5,6%.

Pobre gestión de las élites empresariales

El primer Mandatario designó a importantes dirigentes gremiales y connotados empresarios a las carteras más importantes del Estado, quienes inmediatamente hicieron contactos con funcionarios de organismos multilaterales y promovieron la suscripción de una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No tomaron en consideración las consecuencias negativas que dejaron en el pasado reciente las cartas de intención suscritas con otros países de América Latina, como en Argentina.

Las élites empresariales cooptaron el poder del Estado, tradicionalmente han abominado la intervención del estado en la economía, las políticas industriales, investigación e innovación. Confían ciegamente en las llamadas “fuerzas del mercado” que supuestamente promueven el crecimiento automático de la economía y de la cual se beneficiarían todos los miembros de la sociedad.

En la línea de reducir el déficit fiscal acorde con los compromisos asumidos con el FMI, las inversiones públicas deliberadamente se redujeron drásticamente. La formación bruta de capital, en 2014, fue equivalente al 13,7% del PIB, en 2016 se ubicó en 10,3% y a octubre de 2019 cae a 3,6% (Banco Central, 2020). La política de reducción de las inversiones públicas ha sido un verdadero harakiri para la economía nacional.

Oficialmente se reconoce que la economía entró en recesión en 2019, con una tasa negativa de crecimiento de 0,1%, indicador poco confiable dado el deterioro del aparato productivo que viene arrastrando desde el año 2015. El estancamiento de la economía y el mayor crecimiento de la población significa mayores comensales para el mismo tamaño del pastel. El PIB per cápita registró tasas negativas de crecimiento en 2015 (-1,4%), 2016 (-2,7%), 2018 (-0,2%) y seguramente en 2019 (Ibidem).

El sector privado tradicionalmente no ha sido promotor de obras de infraestructura -carreteras, puentes, edificaciones educativas, suministro de agua potable, alcantarillado, centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos-; por el contrario, ha sido el Estado el que ha promovido importantes obras, donde se han generado fuentes de empleo y dinamizado la economía.

Igualmente, el sector financiero privado, que centraliza los recursos tanto de personas naturales y como jurídicas a nivel nacional, se limita a conceder crédito básicamente a consumo y comercio, mientras que a las actividades productivas destina únicamente en promedio un 5% del total del total de la cartera.

Asignarle al sector privado como “el motor de la economía” ha significado beneficiar fundamentalmente a las actividades comerciales y financieras, donde se genera mayor rentabilidad. En 2019, el sistema bancario privado registró activos por USD 44.583 millones, patrimonio 5.047 y obtuvo por concepto de utilidad neta 616 millones. A enero de 2020, cuatro bancos concentraban el 62,4% del total de los activos del sistema financiero (Asobanca, 2020).

El modelo económico basado en las “fuerzas del mercado” promueve la desigualdad social; por una parte, los grupos económicos concentran mayores ingresos y, por otra, aumenta los niveles de subempleo, pobreza y extrema pobreza.

La gestión de los representantes de los gremios empresariales en el gobierno del presidente Moreno ha sido realmente pobre referente a los resultados económicos y sociales alcanzados, lo que ha creado en el imaginario de ciertos segmentos de la población el hecho de que en la administración de “manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes” se vivía mejor.

La deuda pública sigue creciendo exponencialmente, interna y externa, en la misma línea que su antecesor. La deuda pública agregada a enero de 2020 asciende USD 58.560 millones, 41.770 de deuda externa y 16.790 millones de deuda interna, que en conjunto representa el 53,4% del PIB (Ministerio de Economía, 2020).

Entre 2019 y 2023, Ecuador tendrá que pagar por servicio de la deuda acumulada USD 18 mil millones, 11 de capital y 7 mil de intereses (CEPAL, 2019). El lunes 9 de marzo de 2020, el riesgo país se ubicó en 2.792 puntos. En estas condiciones, no se podría descartar un default si no se realiza un proceso de reperfilamiento de la deuda pública.

El “Gobierno de todos”, en el marco de la carta de intención con el FMI, tiene como objetivo concesionar las empresas públicas más importantes: Refinería de Esmeraldas, Central Hidroeléctrica Sopladora, Banco del Pacífico, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el campo petrolero Sacha, el más productivo del país, 70 mil barriles diarios de petróleo, entre otras.

Según el responsable de las Finanzas Públicas del BID en Ecuador, Ubaldo González, el peso que tienen las empresas públicas en la economía del país es relevante: manejan recursos por USD 9.876 millones que equivalen a 9,2% del PIB, registran un patrimonio de USD 36.499 millones que representa el 34% del PIB y son responsables de unos USD 17.039 millones del Presupuesto General del Estado (Primicias, 2020).

Los ingresos que generan la explotación y exportación del petróleo son una importante fuente de financiamiento del Presupuesto del Estado y contribuyen a equilibrar el déficit generado por el sector privado en la Balanza Comercial. Únicamente entre 2015 y 2019, el déficit comercial del sector privado asciende a USD 18.903 millones.

En el corto plazo, los recursos que generarían las concesiones fundamentalmente se destinarían al servicio de la deuda pública y a gastos corrientes, pero a mediano plazo representarían menores ingresos para el Estado con lo cual se estaría poniendo en riesgo el sistema de dolarización.

¿El Foro Económico Mundial dio un giro a la izquierda?

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en su última reunión en Davos-Suiza difundió un Informe sobre la Movilidad Social Mundial 2020. El Índice de Movilidad Social evalúa el estado actual de la movilidad en 82 economías del mundo, tomado en cuenta componentes como atención sanitaria, educación, protección social, acceso a la tecnología, salarios justos, oportunidades de empleo.

En el Índice de Movilidad Social Mundial en el primer lugar se ubica Dinamarca, seguido de Noruega, Finlandia y Suecia. Si una persona que nació en una familia pobre en Dinamarca llevaría al menos dos generaciones alcanzar el ingreso medio, tres en Suecia y nueve en Brasil (WEF, 2020).

Ecuador ocupa el puesto 57 en el Índice de la Movilidad Social Mundial, por encima de México, Brasil, Panamá, Colombia y Perú. Ecuador en salud ocupa el puesto de 62 entre 82 países, en acceso a la educación 49, calidad y equidad de la educación 64, acceso a la tecnología 65, oportunidades de empleo 40, salarios justos 65, entre otros.

La poca Movilidad Social esta directamente relacionada con la alta desigualdad social que existe en América Latina. El modelo basado en las “fuerzas del mercado” tiende a reproducir las desigualdades sociales. Según el índice de desigualdad de Gini, en 2018, Ecuador y Chile registraban un índice de 0.45, Perú y Bolivia 0.44, Colombia y Panamá 0.49 y Brasil 0.54 (CEPAL, 2019).

A mayor Índice de Movilidad Social existe mayores posibilidades para que la población pueda salir de los estratos de ingresos bajos a estratos de ingresos medios; es decir, una persona de ingresos bajos tendría mayores probabilidades de comprar una casa, adquirir una buena educación y alcanzar una vida mejor que la de sus padres.

El Foro Económico Mundial que reúne a connotados empresarios de firmas multinacionales, inversionistas, autoridades gubernamentales de países industrializados y en desarrollo, analistas económicos y políticos, propone a los gobiernos que promuevan una mayor movilidad social con el objeto de reducir las desigualdades, a través de las siguientes medidas:

Progresividad fiscal, que paguen los que más tienen
Disminuir la concentración de la riqueza
Cambiar el balance de las fuentes impositivas
Estimular el gasto social con fondos públicos e incentivos
Aumentar el apoyo a la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida con financiamiento público y privado
Aumentar la protección social de los trabajadores

A nivel de empresas se propone:

Promover una cultura de la meritocracia en las contrataciones
Proveer una educacional profesional
Reentrenar y mejorar las habilidades de su fuerza laboral
Pagar salarios justos
Crear planes para reducir las desigualdades históricas en cada sector económico (BBC Mundo, 2020).

El Foro Económico Mundial sugiere un “capitalismo de las partes interesadas”, un modelo que tiene en cuenta los intereses de todos los grupos de interés, más que exclusivamente los de los accionistas de las empresas.

El cambio de la visión del Foro Económico Mundial no se debe a la compasión o benevolencia hacia las clases excluidas sino al hecho de que, si las sociedades son más equitativas, las bases de consumidores crecen, los entornos operativos se vuelven más estables y existe una mayor confianza entre los clientes y las partes que participan en el negocio (WEF, 2020).

Para las élites empresariales y políticas que están ocupando posiciones relevantes en el “Gobierno de todos” seguramente las propuestas del Foro Económico Mundial podrían ser consideradas como políticas estatistas, intervencionistas, que están en contracorriente con el modelo de “libre mercado” que se pretende institucionalizar en el país.

El “Gobierno de todos” suspendió las sabatinas, pero continúa con las intensas cadenas informativas semanales en diferentes medios de comunicación. En 2019 presupuestó 31,7 millones y en 2020 USD 12,2 millones para difundir y publicitar las bondades de los proyectos de ley “Fomento Productivo”, “Crecimiento Económico”, así como los planes “Toda una vida” “Casa para todos”, “Mis mejores años”, “Misión ternura”, a través de prensa, canales de televisión, radio y redes sociales.

La intensa campaña publicitaria se alinea con la propuesta de presidente Moreno de designarle como su sucesor al vicepresidente Otto Sonnenjolzner para que pueda continuar con el programa de USD 4.200 millones del FMI.

Sin embargo, en una encuesta realizada por Click Report en las ciudades de Quito y Guayaquil, del 25 al 26 de enero de 2020, con 95% de representatividad, ¿a la pregunta “Cree usted a Lenin Moreno cuando da discursos o hace declaraciones públicas?, sugiere que el 92,3% de los entrevistados no lo creen y solo el 7,7% se pronunció afirmativamente.

Uno de los activos más importantes en la economía es la confianza. Sin confianza en las autoridades y en las instituciones públicas, las inversiones extrajeras en los últimos años se han caracterizado por la permanente sequía: en 2007, las inversiones extranjeras directas eran equivalentes al 0,38% del PIB, luego en 2012 representa el 0,64% y en 2018 sube modestamente a 1.2%, muy por debajo de los registrados en Chile, Perú y Colombia (Ver gráfico Nº 2).

El modelo basado exclusivamente en la explotación de recursos naturales por más de cincuenta años se ha agotado, ha derivado en la concentración de la riqueza por parte de los grupos económicos y en la exclusión de amplios sectores de la sociedad, que se visibiliza en los altos niveles de desempleo, informalidad, pobreza y extrema pobreza. Por lo que es necesario una adecuada intervención del Estado para promover la diversificación de la economía en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

Bibliografía: