“Lamentablemente, desde 1980, los diferentes gobiernos han promovido la maquila como la única “política estatal” de generación de empleo; además, no se han fortalecido los entes responsables de vigilar las condiciones en que se genera ese empleo.”

Centro de Derechos de la Mujer (CDM)

Hay una abundante literatura que demuestra la imposibilidad del desarrollo cuando existe una transferencia permanente de ingresos, por no decir valores y rentas, de países periféricos, semi/periféricos o subdesarrollados a países centrales o desarrollados (Katz: 2018). Las empresas envían parte de sus ganancias y, la otra, supuestamente la reinvierten en el país de origen. Lo preocupante es, tal como demostraron teóricos de la dependencia, la transferencia de valor dada la sobreexplotación del trabajo que es una característica del patrón de reproducción dependiente (Marini.1994). Aquí no se trata de mayores jornadas de trabajo, bajos salarios y falta de garantía de satisfactores básicos (salud, educación, vivienda, comida), sino de un proceso creciente de pauperización de la fuerza de trabajo y su descarte permanente en el mercado laboral.

La maquila llegó para quedarse diría Manuel López Obrador, presidente de México, después que aceptó las condiciones de Donald Trump para convertirse en primer país seguro para los migrantes. Estas acciones fueron aceptadas también por Guatemala y Honduras, donde hay actividad maquiladora. Igual que en el pasado, los países de la región aparecen como aliados del capital transnacional, pero hoy receptores de inversiones golondrinas. La industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), como modelo de desarrollo endógeno de los países, se truncó y adhirió al primario exportador con fuerte participación de capital extranjero y uso de recursos del Estado.

La maquila se ha convertido es un instrumento para reproducir este patrón dependiente, no para superarlo. Por un lado, el valor agregado bruto (VAB) es un poco más del 20% del valor total, que demuestra la presencia de un fuerte componente importado de materias primas, insumos y bienes de capital en menor grado, quedando cuatro (4) beneficios para los países: a) el pago de la mano de obra; c) la compra de ciertos insumos locales; c) la generación de divisas que utilizan para importar; d) los llamados encadenamientos de base, donde otras actividades, en su mayoría servicios en su área de influencia, se desarrollan y/o mejoran. Sobre ello, para países como Nicaragua y Honduras, se han presentado dos (2) problemas: el primer es la desvalorización de los salarios y las compras por la devaluación, y el segundo, el impacto del gasto fiscal que implica para los Estados apoyar actividades productivas y comerciales de este tipo por mucho tiempo.

En Honduras, los maquiladores vienen negociando y acordando con organizaciones gremiales ajustes de salarios vigentes para cada tres (3) años, donde lo destacable es que son mayores al promedio mensual de los negociados por las centrales obreras para otro tipo de empresas, aun cuando todavía 2 millones de personas están literalmente fuera del mercado laboral por falta de empleos y mala calidad de estos. Ello se complementa con la vigencia de una ley de empleo por hora, que según denuncian dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha precarizado aun más el trabajo, ya que muchos empleadores prefijen la contratación por hora para pagar menos y no reconocer derechos adquiridos por los trabajadores como el aseguramiento social, vacaciones y prestaciones laborales.

La industria maquiladora se ha vendido como la única alternativa del gobierno para generar fuentes de trabajo, en una coyuntura de creciente expulsión de población joven del mercado laboral. Se estiman unos 168,000 empleos anuales generados por 323 empresas focalizadas un 82% en la Costa Norte de Honduras. Inicialmente los maquiladores cuestionaron la política de gobierno por aumentar los impuestos (retención impuesto de activo neto), que fue flexibilizada con miras a la derogación de la ley, seguido de una mayor presión al Ejecutivo para que privatice el Instituto Nacional de Formación Profesión (INFOP), ya que no responde a las demandas de capacitación exigida por las empresas instaladas en las Zonas Libres y de procesamiento industrial; también se propone que la administración de la ENEE se ejercida por la Empresa Privada, ya que el gobierno ha resultado ser un mal administrador.

Un logro importante de la industria maquiladora es que, después de más de 43 años de haberse aprobado la Ley de Zonas Libres, el Congreso de la República decidió ampliar dichos beneficios por un periodo de 15 años con posibilidad de 10 años adicionales; en total unos 25 años. Entre los beneficios otorgados destacan: a) Focalización de los trámites en la Secretaria de Desarrollo Económico (SDE), b) El poder destinar hasta 50% de la producción al mercado interno contra 5% que existía antes; c): Vigencia de un control aduanero especial, cuya administración está exenta del pago de impuestos, contribuciones, gravamen fiscales y municipales.

El presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras (AMH), Mario Canahuati, habla que la nueva legislación y los incentivos creados, generaran 15,000 nuevos empleos con una inversión de 410 millones de dólares, que incluye la construcción de la fábrica de ropa más grande de Centroamérica por NIKE, otra de hilados sintéticos y una de energía. Para Juan Orlando Hernández (JOH), la marca Honduras está atrayendo inversionistas extranjeros, ya que existe estabilidad en las empresas y los trabajadores de maquilas tienen acceso a viviendas, compras de alimentos y sus hijos están protegidos en guarderías infantiles; se suma la modernización de Puerto Cortes en el caribe hondureño y la entrada en vigencia de la Unión Aduanera con Guatemala, esperando que El Salvador de Bukele se incorpore plenamente. De acuerdo al gobierno, Honduras está captando inversión de países vecinos, que demuestra la estabilidad y el clima “favorable” del país.

Este “dinamismo” de la maquila que, según los empresarios y el gobierno, participan del 50% de las exportaciones totales del país, contrasta con la vigencia y ensanchamiento de tres (3) brechas de arrastre: a) el déficit en balanza comercial de 5,899.4 millones de dólares en 2019; b) El subempleo de 2.7 millones de hondureños, y jóvenes que no estudian ni trabajan que representan 21% (518,000 jóvenes) de más de 2. 5 millones de personas. Una tercera brecha referida a los desequilibrios territoriales donde destaca la reconcentración de la propiedad rural, privatización de los recursos naturales y fuentes de agua, expulsión y migración de población. Pero, además, curiosamente, en los últimos años, la Inversión Extranjera Directa (IED) es menor, y el año pasado cayó en un 68% (cifras de bantral al tercer trimestre de 2019), que puede marcar una tendencia negativa.

En un país como Honduras, con un gobierno altamente corrupto e infiltrado por el narcotráfico, las empresas maquiladoras van y vienen. No obstante, el presidente Hernández le apuesta al sector maquiladora como principal dinamizador de la economía hondureña, sumado al Extractivismo y turismo de playa. En maquila, el sacrificio fiscal es alto, y en Extractivismo y turismo mucho mayor.

La Oposición Política todavía no ha empezado a estructurar una propuesta de gobierno alternativa a este modelo, sobre la base de las necesidades más sentidas de la población y sus demandas. Varios de sus dirigentes políticos, en especial del partido liberal e incluso LIBRE, avalan las políticas e incentivos a favor del sector maquilador, sin visualizar un cambio urgente de la matriz productiva que revalorice la producción del mercado interno, el trabajo y promueva una inserción selectica en los mercados internacionales con base a encadenamientos cuyos mayores beneficios, al estilo de la Bolivia de Evo, se queden en el país y gente. Ya existen avances, identificándose rubros como los cafés especiales, explotación racional y en cadena de los recursos forestales, turismo interno, alimentos básicos, vivienda comunitaria, economías de cuidado y servicios informáticos de soporte

Hay que pensar en propuestas de desarrollo de largo plazo, donde el empleo, alimentación y protección de los recursos naturales y fuentes de agua sea política de Estado. No se trata como piensan los maquiladores de conspirar contra una de las principales actividades económicas del país, sino de ir acomodando la estructura productiva a los grandes objetivos nacionales, en democracia y con un Estado al servicio de la gente.

Tegucigalpa, 27 de febrero de 2020