Finalmente se produjo la muy anunciada recomposición del gabinete ministerial del gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Se nombró a tres ministros que provienen de las entrañas de los partidos tradicionales, en la cartera de salud, se nombró a Fernando Ruíz Gómez un médico cirujano que contaría con el aval de Germán Vargas Lleras que por lo demás había ocupado el viceministerio de salud en el gobierno de Juan Manuel Santos siendo ministro Alejandro Gaviria, de allí salió a la clínica del cáncer de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Ángulo principal banquero del país. Nuevamente la puerta giratoria de altos cargos en el gobierno al sector privado y de allí nuevamente a altos cargos en el sector público.

En la cartera de agricultura se nombró a Rodolfo Enrique Zea quien proviene del partido conservador muy cercano a los senadores David Barguil y Efraín Cepeda Saravia y en la cartera de Trabajo se nombró a Ángel Custodio Cabrera del Partido de la U pero muy cercano a Duque a quien apoyo en sus aspiraciones presidenciales desde la primera vuelta presidencial. Duque quien desde el comienzo de su gobierno se decantó por un gobierno neocorporativo dando una gran representación a los gremios económicos bajo el ropaje de un gobierno de los técnicos sin reparto de cuotas de poder a los partidos que lo apoyaron, ahora se decanta, para incluir en su gabinete a ministros provenientes de la vieja clase política con el propósito de lograr mayorías en el Congreso de la República, para de esta forma hacer frente a dos emergencias que se han presentado en los últimos meses en el país.

Se trata de responder en primer lugar al desafío de las movilizaciones desatadas a raíz del anuncio de reformas impopulares que pretenden profundizar el modelo neoliberal en dos temas sensibles y que han contado con un rechazo muy amplio y generalizado no solo de los sectores populares y del llamado precariado sino también de amplios sectores de la intelectualidad del país. Se trata de los intentos de reformar el sistema pensional y el sistema laboral. Colombia mantiene en materia de pensiones un sistema dual, por una parte, un sistema de solidaridad intergeneracional llamado comúnmente de prima media en que se liquidan las pensiones y se otorgan promediando los ingresos de los últimos diez años en donde las pensiones actuales son sostenidas por los jóvenes cotizantes a quienes reemplazaron los futuros trabajadores que es lo que se llama la solidaridad intergeneracional. Este sistema tiene actualmente un millón de jubilados.

El segundo sistema es el del sistema pensional de ahorro individual en donde los trabajadores cotizan a un fondo privado de pensiones que invierte esos recursos en actividades diversas buscando la obtención de ganancias que se constituyen en la base para establecer la mesada pensional de acuerdo con el monto de los recursos ahorrados a lo largo de su vida laboral por parte de cada trabajador. Las pensiones obtenidas se calculan entonces por la rentabilidad de las inversiones de esos fondos privados que por demás cobran un alto porcentaje por la administración de los mismos. El resultado aquí en Colombia donde se estableció este sistema desde el año de 1993 mediante la Ley 100 son pensiones muy bajas, pensiones de miseria. Este es el mismo sistema de chile de donde Colombia copio el modelo y fue uno de los detonantes de la formidable movilización iniciada en Chile desde el mes de octubre de 2019. También fue una de las razones de las formidables movilizaciones iniciadas el 21 de noviembre en Colombia.

Inicialmente el gobierno negó que tuviera un proyecto de reforma pensional. Pero una vez las movilizaciones cesaron la ministra del trabajo y ahora ministra del Interior, Alicia Arango, una de las fichas más cercanas de Uribe en el gobierno, destapó sus cartas y señaló que efectivamente se presentaría un proyecto de reforma laboral, que es el segundo tema sensible, y un proyecto de reforma pensional. En materia laboral se pretende el establecimiento de un régimen de pago y de contratación por horas de trabajo con el falaz argumento de la necesidad de formalizar el trabajo pues en Colombia más del 50% de los trabajadores laboran en el sector informal.

El segundo reto es de naturaleza política. En las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019 los partidos tradicionales retrocedieron de forma muy significativa en la elección de gobernadores y alcaldes y fue particularmente notable la derrota del uribismo al punto que el propio Uribe salió pronto a reconocer su derrota. La llegada de fuerzas independientes y alternativas a las alcaldías de las principales ciudades del país y algunas gobernaciones se convierte en un reto enorme para las fuerzas tradicionales. Un dato reciente muestra los cambios. En la presidencia de la Asociación de Alcaldes de las ciudades capitales, Asocapitales, acaba de ser elegido Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales del Partido Verde y como vicepresidente Felipe Harman alcalde de Villavicencio del Polo Democrático, derrotando a los candidatos tradicionales que en esta ocasión se habían agrupado alrededor del Alcalde de Riohacha de Cambio Radical, José Ramiro Bermúdez. Temas cruciales como la paz, la inversión social y la participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas y los planes de desarrollo marcan los principales contrastes de estos alcaldes y gobernadores independientes con los burgomaestres de los partidos tradicionales.

Este segundo reto es fundamental en los cálculos políticos de quienes ingresan al desprestigiado e impopular gobierno de Duque y pueden limitar seriamente su pretensión de lograr mediante la inclusión en el alto gobierno de representantes de los partidos tradicionales, las mayorías en el Congreso. Así por ejemplo el Partido de la U que cuenta con la tercera bancada más numerosa en Senado y cámara de representantes ha advertido que el nombramiento de Ángel Custodio Cabrera en la cartera de trabajo no cuenta con su aval o respaldo para en su nombre avanzar en reformas impopulares como la reforma laboral y pensional. Sectores en Cambio Radical han advertido también sobre los riesgos políticos que implica comprometerse con el impopular gobierno uribista de Duque. Ya se verá en el trámite de los impopulares proyectos de Duque cual será finalmente la posición que asumirán. Todos saben que la recomposición del gobierno es la aplicación de la vieja fórmula del régimen político colombiano de asegurar mayorías en el Congreso para avanzar en la aprobación de proyectos impopulares y favorables al régimen oligárquico que nos gobierna. El verdadero reto está en cómo responderá la ciudadanía a este abierto desafío de las castas oligárquicas que nos gobiernan.

En el lado de los actores que propiciaron las movilizaciones ciudadanas parece que la sensatez viene ganando terreno. Después de la división en que culminó el Encuentro Nacional Popular del 30 y 31 de enero de 2020 los dos bloques entraron en un proceso de diálogo y unos acuerdos que garantizan la unidad de acción alrededor de las nuevas convocatorias a la movilización. Los acuerdos establecen una vocería única frente al gobierno nacional lo cual implica la ampliación del Comité Nacional del Paro y el establecimiento de unas reglas del juego para su funcionamiento en la cual vienen trabajando de manera conjunta. Esto me parece lo más adecuado pues creo, contrario a muchos analistas, que para avanzar se requiere reconocer la diversidad y el pluralismo y a partir de allí construir acuerdos que permitan concurrir de manera unificada a la eventual negociación del pliego con el gobierno y mantener unificada la convocatoria a la protesta ciudadana.

Hay que negociar si es que el terco gobierno de Duque abre las puertas de esta negociación cosa que hasta ahora no ha hecho. Este miércoles 12 de febrero los delegados del Comité del Paro de manera unificada se levantaron de la Mesa pues el delegado del Gobierno Nacional, Diego Molano, insistió que esa mesa es de conversación y no de negociación. Bien hicieron los delegados de la Mesa al levantarse de la misma. Los movimientos y organizaciones populares que desencadenaron las formidables movilizaciones están notificados: el gobierno se siente con un segundo aire para confrontar. Cree Duque y sus asesores que recompuesto el Gobierno tiene la fuerza suficiente para avanzar en su agenda regresiva.

Las movilizaciones se reiniciaron este 21 de enero no con la fuerza con las que cerraron el ciclo de 2019 pero tampoco con la debilidad que quieren algunos atribuirle. El sindicato de los maestros, Fecode, ha convocado a un paro nacional este 20 y 21 de febrero como respuesta a las amenazas y asesinatos de maestros en el país y al reciente atentado contra Carlos Rivas expresidente de Fecode y miembro de su comité ejecutivo ocurrido la semana anterior en el departamento del Tolima. Esta será una prueba de fuego para el pulso que se presenta en las calles. Este puede ser el reinicio del ciclo de las masivas movilizaciones en contra del paquetazo reformista de la derecha uribista en el gobierno.

La unidad de los sectores populares y su movilización es la única garantía para detener el avance de las fuerzas coaligadas alrededor del régimen neoliberal, de su contundencia dependerá el futuro de las mismas. No hay otra alternativa. La conversión de la crisis social en crisis política y el avance de los sectores progresistas de cara a las elecciones presidenciales de 2022 es la única garantía para detener el paquetazo neoliberal del gobierno de Duque. Ese es el reto y para ello la unidad es condición para avanzar.

Bogotá 13 de febrero de 2020.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia