En el próximo mes de marzo se reanudan las sesiones del Congreso y las bancadas que han estado apoyando el Acuerdo de Paz y su proceso de implementación, deberán preparar la agenda legislativa en relación con los aspectos pendientes de implementación normativa, que son bastantes. Quiero en ese sentido enfatizar en dos proyectos de reformas que se acordaron y que ambos temas se hundieron durante las legislaturas en el gobierno anterior y el actual.

El primero, la Reforma Política Electoral. Recordemos que, como parte del Acuerdo de Paz, en el punto 2 de Participación Política, se creó la Misión Electoral Especial compuesta por cinco expertos nacionales y uno internacional, para que elaboraran una propuesta de reforma electoral. Dicha Misión cumplió con su tarea y el Gobierno presentó el proyecto de ley al Congreso, hay que decir que sin estar muy convencido de todos sus contenidos, la iniciativa legislativa terminó hundiéndose en el Congreso en la legislatura de 2017, luego de ser completamente distorsionada. La propuesta de la Misión se ocupó de las reformas tanto en la estructura del Consejo Nacional Electoral como de la Registraduría Nacional –propuso la creación de una Corte Electoral y Tribunales Electorales Regionales que sustituyeran el actual Consejo Nacional Electoral que actualmente es un reflejo de la composición de fuerzas políticas del Congreso-, así como del sistema electoral propiamente dicho –composición de Senado y Cámara, listas cerradas, financiación de las campañas, participación porcentual de hombres y mujeres, la responsabilidad política de las fuerzas políticas, entre otros temas-.

Este es un tema de la mayor importancia, no para darle garantías al partido de las FARC, sino al conjunto del sistema democrático electoral, para que contemos con reglas y procedimientos que garanticen transparencia a todas las fuerzas políticas participantes en el mismo. Claramente está establecido que no es recomendable cambiar las reglas del juego electoral en cercanías de un debate electoral, por ello este año es un momento oportuno para tramitar esta iniciativa, en la medida en que ni este año ni el próximo tendremos certámenes electorales y hay tranquilidad para que se analice y debata este tipo ce cambios fundamentales para nuestra democracia. Considero que los miembros de la Misión Electoral Especial podían colaborar en la elaboración de esta iniciativa legislativa y especialmente la MOE con su gran experiencia.

El segundo proyecto que debe ser considerado como prioritario es el relacionado con las dieciséis curules transitorias –durante dos legislaturas- en Cámara de Representantes, para que los territorios más golpeados por el conflicto armado tengan una voz en el Congreso que vele por sus intereses Este proyecto fue estigmatizado con el argumento de que se trataba de aumentar las curules para las FARC –cosa totalmente equivocada-, luego se habló de curules para las víctimas, cuando la lógica era que muy seguramente muchos de esos representantes que se eligieran serian víctimas del conflicto armado, en la medida en que en los 170 municipio seleccionados se encuentran el mayor porcentaje de víctimas, pero igualmente podían ser electos pobladores que no fueran víctimas directas pero que sí representaran los intereses de los territorios. Como se sabe ese proyecto fue aprobado en el Senado pero la mesa directiva de su momento consideraron que no se había alcanzado el número de votos necesarios para su aprobación –la decisión está en manos de las autoridades judiciales-. Sin embargo, los congresistas amigos de la paz deben prepararse para presentar nuevamente la iniciativa, en caso que la decisión judicial sea desfavorable.

Este año la bancada de congresistas amigos de la paz, deben darle un gran impulso a los aspectos faltantes por implementar normativamente.

- Alejo Vargas Velásquez es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y

Coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.