En los días que van corridos de enero de este nuevo año han sido asesinados 23 líderes y lideresas sociales en el país. Más de 800 líderes han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre del año 2016 y ya son más de 170 excombatientes de la guerrilla de las FARC los que han sido asesinados tras la firma de los acuerdos, una verdadera crisis humanitaria que no es enfrentada de manera eficaz y contundente por el gobierno de Iván Duque Márquez como tampoco lo fue durante el gobierno de Juan Manuel Santos a pesar que fue bajo su gobierno que se iniciaron y concluyeron los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Con la claridad y contundencia que caracteriza a nuestros líderes sociales que por ser frenteros es precisamente por lo que los asesinan, Leyner Palacios Asprilla, un líder afrocolombiano que sobrevivió a la masacre de Bojayá en el departamento del Chocó en el año 2002, le envió una carta a Iván Duque previo a la reunión que posteriormente sostendría con el presidente para dar a conocer la presencia de más de 300 hombres armados en su municipio. En su carta del 8 de enero de 2020 le señaló al presidente “La actuación de los grupos paramilitares de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o “Clan del Golfo”) se realiza en connivencia con la Fuerza Pública asentada en el rio Atrato y en muchos otros sectores de la región del Pacífico, esto contradice la legitimidad de un gobierno que postula como principio de intervención la legalidad”. Más adelante señala que la presencia de más de 300 hombres armados en la comunidad de Pogue y otras vecinas al rio Bojayá acrecienta el horror dado que en algunas comunidades, en meses anteriores, este grupo armado ha agredido física y sexualmente a mujeres. Al mismo tiempo señala que la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se ha acrecentado con el copamiento del territorio generando zozobra y riesgo inminente en nuestras comunidades por sus acciones de guerra como la creciente instalación de las minas antipersonas.

Palacios rechaza que el gobierno solo responsabilice de la crítica situación a las actividades ligadas al narcotráfico en la región, “pues es sabido que históricamente este conflicto en la región, además del narcotráfico, ha estado asociado a la implantación de un desarrollo inducido, como la minería a gran escala, la agroindustria de la palma aceitera y megaproyectos de infraestructura”. Termina señalando que lo que hay que poner en marcha es una política que garantice la autonomía sobre el uso y control del territorio por parte de los pueblos indígenas y afrocolombianos de la región para lo cual la primera medida debe ser la implementación total del acuerdo de paz, sobre la cual señala que hay consenso en toda la región al tiempo que se debe persistir en la lucha contra el narcotráfico mediante la sustitución de los cultivos de uso ilícito al tiempo que se debe persistir en la vía negociada con la guerrilla del ELN y el sometimiento de las bandas paramilitares mediante una política de sometimiento de estas bandas al Estado.

Palacios señala a mi juicio de manera certera el problema más importante que está detrás del asesinato de los líderes sociales no solo en el Chocó y en la región del Pacífico Colombiano sino en los otros departamentos del país como Antioquia, Cauca, Putumayo y Norte de Santander en donde se concentra la mayor parte del asesinato de los líderes sociales y de los excombatientes de las FARC. La connivencia de los destacamentos de la Fuerza Pública con las organizaciones ilegales armadas y en primer término con los grupos paramilitares que hacen presencia en esas regiones. No es posible que en territorios fuertemente militarizados como los señalados, los grupos paramilitares hagan presencia cotidiana, desplacen población, asesinen a los líderes sociales y dominen el territorio para sus actividades ligadas al narcotráfico. Esto solo lo pueden hacer porque tienen fuertemente infiltrados a los destacamentos del Ejército Nacional y de la Policía que hacen presencia en estos territorios como también a buena parte de los gobiernos locales a quienes infiltran financiando sus campañas políticas.

Mientras no haya una política pública seria para el desmonte del paramilitarismo seguiremos presenciando el asesinato de nuestros líderes sociales en el territorio del país y principalmente en aquellas regiones en que las comunidades quieren erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal de la cual se nutren estas organizaciones criminales. El Acuerdo de Paz firmado con las FARC estableció a mi juicio los elementos centrales de dicha política así como los organismos que deberían terminar de formularla y ponerla en marcha. El acuerdo estableció que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en la que toman asiento los ministros de Defensa, Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, cinco delegados de plataformas de derechos humanos y el comandante general de las Fuerzas Armadas así como el comandante del Ejército y el director nacional de la Policía, organismo que estaría presidido por el presidente de la República. Esta Comisión debería trazar la política pública para el desmonte del paramilitarismo para lo cual contaría con una Unidad Autónoma en la Fiscalía General de la Nación con un cuerpo élite de la policía nacional bajo su mando con recursos y presupuesto propio así como con nómina propia de funcionarios investigadores.

Todo esto quedó en el papel. Durante los cerca de 18 meses que van corridos del gobierno de Duque este solo la ha convocado tres veces a reunión cuando debería, según el acuerdo, reunirse como mínimo una vez por mes. Es el momento en que este organismo no ha abordado su principal tarea que es dotar al país de una política pública de desmonte del paramilitarismo; solo ante el desbordamiento de la crisis por el creciente asesinato de los líderes sociales la ha convocado pero sin garantizar la continuidad y regularidad de su funcionamiento.

Y en cuanto a la Unidad Especial de la Fiscalía para el enfrentamiento y desmonte de estas estructuras criminales, el nefasto y corrupto exfiscal Néstor Humberto Martínez, se dio a la tarea de subordinarla a la fiscalía como en efecto lo logro desnaturalizando su funcionamiento y sometiéndola a su propio despacho con lo cual perdió su razón de ser y su autonomía, hoy es un ente burocrático que no muestra resultados. Así pues que lo que señala Leyner Palacios no sólo es certero sino que se puede extender a estos temas de la política de desmonte del paramilitarismo que está contemplada en los acuerdos de Paz.

Justamente este incremento demencial en el asesinato de excombatientes de la guerrilla y de los líderes y lideresas sociales fue uno de los motivos de la convocatoria a las movilizaciones que se realizaron en 103 municipios del país este 21 de enero. Son las primeras movilizaciones en el marco del llamado Paro Nacional que se inició el 21 de noviembre del año pasado. Las movilizaciones si bien no tuvieron la presencia masiva de las marchas realizadas en 2019 son el comienzo de estas nuevas jornadas de protesta. Fueron importantes y salieron a las calles decenas de miles de manifestantes que mantienen el pulso con el gobierno que hasta ahora se ha negado a negociar con el Comité Nacional del Paro. El reto ahora es mantener esa movilización y en este camino es muy importante el encuentro nacional que se realizará este 30 y 31 de enero en la Ciudad de Bogotá para debatir no solo sobre los contenidos del pliego de reivindicaciones sino trazar las estrategias de las nuevas convocatorias. Este es el nuevo reto.

Bogotá 23 de enero de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)