“Quién dice que el presidente necesita darle dinero a las FFAA para contentarlas, que me lo prueben a mí, yo respondo por el honor del soldado”.

General de División, René Orlando Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto.

En la entrega anterior, explicábamos que la decisión del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), de aprobar cerca de 4 mil millones de lempiras para que sean administrados por las FFAA, es violatorio de la Constitución y resultado de una práctica de debilitamiento de la institucionalidad agrícola con el visto bueno de dirigentes campesinos y gremiales, que promueve la corrupción e impunidad en el país.

En esta entrega destacamos el rechazo a dicha decisión ilegitima, los riesgos de una profundización del debilitamiento de las instituciones públicas y achicamiento de funciones en la provisión de bienes y servicios y las consecuencias para el futuro democrático del país al existir un poder militar multi/sector, más allá de las competencias de defensa del territorio y seguridad interna. Ello, aun cuando, JOH manifieste que los fondos no serán manejados por los militares, buscando que se proteja a los campesinos por el robo de tierras y convierta a batallones militares en centros de capacitación técnica para campesinos.

III. Actores, intereses y conflictos

La decisión del gobierno de asignar estos recursos a las FFAA, está en marcha y, al parecer, las voces de los actores involucrados y afectados no cuentan. En el caso particular de la SAG, su ministro, Mauricio Guevara (acusado judicialmente de deforestar zonas de protección ambiental), considera que la decisión de JOH es correcta, ya que la definición de políticas y coordinación de programas y proyectos agrícolas seguirán siendo funciones ejecutadas por dicha secretaria, y lo único que se haría es prestar colaboración a las FFAA en la ejecución del programa. Los papeles se invierten, ya que la Constitución de la República manda que el rol colaborativo corresponde a las FFAA; con este programa, la SAG y demás instituciones de gobierno estarán al servicio de la Institución Cástrese y comandante en jefe.

Los empresarios del agro se pronunciaron en contra de la ejecución del programa. Para Anabel Gallardo, presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), debe ser ejecutado por SAG y las FFAA apoyar para que no haya contrabando de ganado, entre otras actividades colaborativas (El heraldo: 6/11/2019; pág. 3). En el caso de dirigentes de la Asociación de Productores de Granos Básicos (PROGRANO), como Delio Medina, la SAG debe asumir esta responsabilidad, y es penoso que no lo haga, viendo la crisis que en que está sumido el sector agrícola (El heraldo: 6/11/2019; pág. 3).

Para uno de los empresarios críticos del gobierno y de los corruptos, Pedro Barquero, miembro de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la preocupación es “¿Quién va auditar a las FFAA? ¿Cómo se va a garantizar la transparencia? ¿Por qué no un fondo manejado por las universidades con carreras afines u otras organizaciones? (El heraldo: 5/11/2019; pág. 3). La experiencia demuestra que los militares no son muy buenos administradores de los fondos públicos, especialmente cuando se trata de ejecutar proyectos de “beneficio” material para la población; a ello se suma, lo secreto de sus actuaciones, falta de transparencia y auditoría de los fondos.

Algunos dirigentes campesinos y gremiales están a favor del programa, ya que tuvieron una destacada participación en su diseño. El secretario de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Ramón Navarro, es uno de los más optimistas y se convirtió en el vocero “colegiado” del mismo, aun cuando fue opositor a la LMDSA. Al parecer, la estrategia de este dirigente, es poder acceder a recursos para el sector campesino organizado, ya que las instituciones de gobierno se encuentran descapitalizadas y los labriegos demandan títulos, asistencia técnica, capacitación y créditos para garantizar la seguridad alimentaria de la población. De acuerdo a este dirigente campesino, que más parece “comandante de cerro”, no importa el medio para ello, lo que importa es que el gato cace ratones, en alusión a la frase del líder de la reforma china, Deng Xiao Ping, “No importa que el gato sea blanco o sea negro. Mientras cace ratones, es un buen gato”.

Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras ( CTH), Hilario Espinoza, cuestionado por aprobar parte de las compras “corruptas” efectuadas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y acusado en los Tribunales de Justicia por el asalto y declive de la institución, argumenta que tienen ocho (8) meses de trabajar de la mano con las FFAA en el diseño del programa, y no existe peligro de mal uso de los fondos ya que se contratarán civiles ( El heraldo: 5/11/ 2019; pág. 3).

Otros actores que se han manifestado en contra de la ejecución del programa, son la UNAH- IUDPAS, al considerar que viola la Constitución; el Colegio de Economistas de Honduras (CEH) que exige su derogación; la dirigencia no contaminada del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas (COCOCH) que denuncia la entrega del desarrollo del agro a los militares, y la organización Vía-Campesina, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que se derogue el decreto de creación, en tanto es un duro golpe a las instituciones civiles del agro nacional.

Los organismos defensores de los derechos humanos muestran preocupación con la aprobación del programa, ya que implica una mayor militarización de la sociedad, control de la protesta pública y la percusión de líderes campesinos e indígenas defensores de los recursos naturales y las fuentes de agua. Los militares tendrán más recursos para golpear y encarcelar a campesinos e indígenas que protestan por la instalación de represas y empresas que cercenan el derecho de las comunidades al agua y uso de los recursos de sus territorios.

El presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, se pregunta ¿Cuál es el verdadero objetivo oculto perseguido? ¿Hacia dónde llevan el país…lo permitiremos? Una respuesta a estas interrogantes, las brinda-entre bastidores-Manuel Zelaya, coordinador del partido Libertad y Refundación (LIBRE), al considerar que JOH busca por todos los medios afianzarse en el poder hasta el final de su mandato, y poder seguir teniendo influencia para no ser juzgado por narcotráfico en EEUU, una vez que termine en 2021. Los militares pueden ejercer un mayor control sobre los líderes locales y departamentales de la opsoicon política, y meter miedo de cara a las elecciones internas y generales.

La sentencia de Zelaya es que, cualquiera que sea el partido y dirigente que asuma la presidencia de la República en 2022, incluyendo el candidato del partido nacional (Asfura u Oliva), el apoyo a JOH por los “gringos” ya no será el mismo. Las FFAA han sido un aliado fiel al gobierno de JOH, pero pueden cambiar una vez que se den cuenta que los beneficios a obtener son menores que los perjuicios; uno de estos últimos, es meter a sus altos mandos en el mismo saco de narcotraficantes, diputados y funcionarios corruptos, igual congelar el relevo en la cadena de mando por JOH.

La cooperación internacional agrupada en el G-16, no se ha pronunciado al respecto, y más bien está en marcha, además de los proyectos en ejecución en el sector agrícola, la asignación de 330 millones de dólares por Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID para ejecutar proyectos de combate de la sequía y pobreza extrema en los municipios del “Corredor Seco” de Honduras, que deberán ser ejecutados por la SAG, según las declaraciones (la prensa.hn,5/11/2019) de Marco Bográn, Director de Inversión Estratégica de (INVEST-HN).

IV. Terciarización de servicios y objetivos no visibles

Una práctica institucional y política vigente en el gobierno de JOH, es que con los decretos ejecutivos aprobados en Consejo de Ministros, se debilita no solo la institucionalidad pública, sino también profundiza la privatización de la entrega de bienes y servicios a la población, usando la “terciarización” como modalidad impura de privatización, donde empresas privadas y ONGs de funcionarios de gobierno prestan este tipo de servicios que corresponde a instituciones gubernamentales, bajo la condición que los potenciales beneficiarios, en este caso, los campesinos y campesinas, aportan y/o paguen por acceder a ellos.

Este mecanismo se ha utilizado para privatizar los servicios de salud, educación y de apoyo a las MiPymes, lo que ha debilitado el accionar de las Secretarias de Estado, pero abierto un espacio para el mal manejo de los recursos públicos, corrupción e impunidad. Uno de los tantos ejemplos es la creación del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), mediante decreto ejecutivo PCM-034-2019 del 18 de julio de 2019, donde se elimina la Subsecretaria de Estado de atención a las pequeñas y medianas empresas, para dar vida a un programa desconcentrado de la presidencia de la República, cuyo director es nombrado por JOH.

El caso de “Pandora”, uno de los más emblemáticos, se sacaron y desviaron fondos presupuestarios asignados a la SAG y Fideicomiso de Reactivación Agrícola (FIRSA) a ciudadanos prestanombres y ONGs de funcionarios públicos y diputados, donde el ministro responsable, Jacobo Regalado, guarda prisión y otros gozan de medidas sustitutivas mientras se sigue el proceso judicial. Se estima que los fondos sustraídos superan los 4 mil millones de lempiras (Libertad Digital: 12/11/2019), que ayudaron a financiar la campaña (s) políticas de JOH, aunque solo se han visibilizado 250 millones de lempiras.

El artículo N. 5 de la Ley, autoriza a la Dirección de Desarrollo Agrícola (C-10) para que se gestione la formulación de Alianzas Estratégicas y/o contratación de tercerización de servicios de asistencia técnica y capacitación a los productores, al igual que la suscripción de convenios con Instituciones Públicas y/o Instancias que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa”. En este caso, las FFAA sustituyen la función del ministro de SAG, de suscribir contratos y negociar el pago de servicios de capacitación y asistencia técnica bajo la supervisión de DICTA y SEDUCA; incluso contratar recursos con la cooperación externa y la banca privada.

Hay que seguirle la pista a esta práctica corrupta de debilitamiento de la institucionalidad pública y privatización de la entrega de bienes y servicios a la población, para beneficio de empresas de maletín y ONGs de funcionarios y diputados.

V. Crisis agrícola y calamidad humana

El comunicado conjunto de funcionarios de gobierno y técnicos de las Misión del FMI que visitó Honduras entre el 28 de octubre y 8 de noviembre de 2019, destaca que se llegó a un Acuerdo sobre la Primera Revisión del Programa Económico bajo un Acuerdo Stand-by/ Facilidad Ampliada, donde son evidentes los avances en la reforma del sector eléctrico, la gobernanza institucional y el buen manejo de la variables monetarias y fiscales en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El comunicado dice muy poco sobre la corrupción e impunidad generalizada, mucho menos de las prácticas anteriores que la fomentan, debilitan las instituciones democráticas y el acceso de la población a bienes y servicios públicos en condiciones de equidad y eficiencia.

“Honduras ha experimentado una moderación en el crecimiento económico en los últimos trimestres, pero se anticipa una recuperación del crecimiento el próximo año, en línea con el mejor entorno internacional. Las autoridades continúan aplicando políticas macroeconómicas prudentes bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Las autoridades están convencidas de que estas políticas constituyen la respuesta adecuada para promover el crecimiento económico y el bienestar de todos los hondureños, con miras a reducir la pobreza y la desigualdad. En aras de este objetivo, las autoridades están implementado reasignaciones de gasto para proteger la inversión pública y el gasto social. Asimismo, se encuentran comprometidas en mantener sus esfuerzos de movilización de ingresos para preservar los logros conseguidos en los últimos años.” (FMI, Comunicado de Prensa: 8/11/2019).

No obstante, este optimismo, la evidencia demuestra una desaceleración en las actividades agrícolas, ya que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) a septiembre de 2009 fue de 2.7%, menor que 3.5% observado en el mismo mes de 2018, explicado por el crecimiento negativo del sector agropecuario (BCH: 2019). Hubo también una caída de las exportaciones e importaciones, lo que se reflejó en una menor actividad económica del sector. El valor agregado generado por el sector agropecuario en 2018 (datos preliminares del Banco Central), fue de 67, 532 millones de lempiras, ligeramente superior a 2017, donde el café, bananos, ganado vacuno y hortalizas y frutas, contribuyen a generar cerca del 70% del dicho valor.

La preocupación del FMI sigue siendo la disciplina fiscal y la inflación, pero de nada sirven sus logros si no hay crecimiento económico sostenido ni mejores condiciones materiales de vida de la población, producto de mayores ingresos generados por nuevas fuentes de trabajo y aumento de la producción y exportaciones de bienes agroindustriales, forestales y pecuarios con mayor valor agregado. Honduras necesita urgentemente cambiar su matriz productiva ecológica para ganar en productividad y valor agregado en rubros de mayor capacidad para generar empleos de mejor calidad como los cafés especiales, productos derivados del bosque, las MiPymes innovativas, bienes salarios, la construcción de viviendas solidarias, turismo horizontal y la economía de cuidado. Una recomendación del Organismo es apostar a la mejora del clima de negocios, pero sustentado en el monocultivo, extractivismo y la maquila que, en el caso de los sectores productivos, es lo más visible en ingresos por divisas.

Este cambio de matriz productiva ecológica debe venir acompañado de alternativas a la solución de problemas estructurales como la concentración, mal uso y ociosidad de la tierra, pobreza, la baja producción de alimentos y creciente riesgo de inseguridad alimentaria, la migración inducida y deportaciones masivas, subempleo, destrucción del bosque y parálisis industrial. Los pronósticos es que Honduras cerrará 2019 con 1.6 millones de personas viviendo en la miseria, o sea con menos de dos (2) dólares al día, unos 45 lempiras (La prensa: 7/11/2019, pág. 14), frente a un crecimiento estimado del PIB de 3%. Las políticas de compensación social avaladas por el FMI y otras agencias de cooperación son insuficientes y costosas, igual la dependencia de importaciones de alimentos transgénicos masificadas con la vigencia del CAFTA-RD y demás acuerdos comerciales.

Finalmente, desde la oposición política, urge documentar la práctica de la destrucción de la institucionalidad pública, usada como medio para el debilitamiento del Estado en la provisión de bienes y servicios para la población, la corrupción e impunidad; igual, analizar los impactos negativos de la creciente militarización de la sociedad hondureña, el presupuesto asignado y uso de los recursos públicos por los militares, y el rol de las FFAA en la construcción y vigencia de un proyecto de desarrollo nacional alternativo. La evidencia demuestra que después del golpe de Estado ha venido conformándose un poder militar mucho más fuerte que el existente en las décadas de los años 70s y 80s, que copa los fondos públicos y las instituciones por decreto, capaz de sacar del poder a un gobierno, aunque sus autoridades fueran electas por el voto directo del pueblo; lo que se considera el legado de JOH a la democracia hondureña.

San Pedro Sula, Honduras, 18 de noviembre de 2019