El absurdo político se impone en el Perú y América Latina como norma de intromisión. Estamos asistiendo a la modalidad de las autoproclaciones presidenciales. Una suerte de imposición de gobiernos paralelos sin respaldo popular. Decisiones trasnochadas respaldadas por los oscuros tentáculos del poder detrás del trono donde sin lugar a dudas vemos moverse la sombra de Washington y sus injerencistas y patológicas pretenciones de poder.

Juan Guaidó en Venezuela fue la ecuación perfecta de Washington para deslegitimar al gobierno bolivariano. Ahora existen pruebas suficientes, presentadas en la ONU, y otras instancias internacionales, que evidencian el perfil delictivo del autoprolamado y toda la maquinaria criminal detrás de su elección. Los actuales acontecimientos en el Perú confirman que la fórmula de injerencia abre un capítulo de intromisión de mayor sofisticación.

El 5 de abril 1992 Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República del Perú abriendo el más nefasto capítulo económico de la historia peruana. El gobierno de facto de Fujimori y la creación de una carta constitucional impuesta por los grupos de poder donde sus redactores como el empresariado peruano(CONFIEP) y Washington (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Fundación Nacional para la Democracia, NED) crearon las bases legales para el suqueo del erario y estafa pública.

En el Perú, este pasado 30 de septiembre de 2019 se dio por segunda vez el absurdo político de la imposición de un gobierno paralelo. Ahora el disuelto Congreso peruano proclamó a la cuestionada vicepresidenta Mercedes Araoz como “presidenta interina” del Perú y en la máxima expresión de irracionalidad la bancada fuji-aprista confrontan al ejecutivo amenazando con no abandonar el Congreso.

El contexto de la disolución se da en medio de la elección del todo poderoso Tribunal Constitucional (TC). Según lo expresado por el ex Premier Salvador del Solar la ausencia de transparencia y las oscuras intenciones de la bancada fuji-aprista en la elección de la más alta esfera jurídica constitucional contribuía con el incremento de la aguda crisis por la cual atraviesa el país.

A pesar de la solicitud del nuevo voto de confianza solicitado por el ejectivo y negado por el legislativo, los defenestrados legisladores insistieron en elegir al TC, vacar a la presidencia de república y como resultado nombrar a Araoz como presidenta interina. ¡Absurdo!

Dicho acto anticonstitucional, la elección de un gobierno paralelo, lo único que demuestra es la falencia del sistema democrático liberal en donde al pueblo como gran excluído de toda representación directa lo único que le queda son las calles como tribuna democrática de manifestación pública de cambio.

La decisión de cierre del Congreso se materializó mediante el Decreto Supremo N^o 165-2019-PCM el cual a letra sentencia: Artículo 1.- Disolución del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la República por haber negado la confianza a dos Consejos de Ministros del gobierno elegido para el periodo 2016-2021, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente. Artículo 2.- Revocatoria del mandato parlamentario. Revóquese el mandato parlamentario de los congresistas que no integran la Comisión Permanente. Carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado. Artículo 3.- Convocatoria a elecciones Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso, para el día domingo 26 de enero de 2020, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto, incluida la Comisión Permanente. Artículo 4.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Con justa razón el pueblo celebra en las calles. Representaciones como el Movimiento Nuevo Perú y demás organizaciones políticas, contrarias a la continuidad del estado de impunidad y corrupción, celebran la posibilidad de convocar a nuevas elecciones y la instauración de una Asamblea Cosntituyente la cual se encuentre en condiciones de brindar a la población las garantías democráticas respeto a la defensa su soberanía y legitimos derechos.

Lo que nos queda claro, en medio de tanta maleza, es que tanto el golpe del ´92 así como toda la historia posterior de corrupción e impunidad, y lo sucedido este pasado 30 de septiembre, ha contado con el aval de Washingron. Desde la autoproclamación de facta de Fujimori hasta la proclamación de Vizcarra, y la de facta elección presedencial de la vicepresidenta Araoz cuestionada por su responsabilidad en los asesinatos del caso Bagua, el lineamiento de la gobernabilidad del estado peruano se ha encontrado monitoreado por dictamenes de Washington.

Pareciera ser que el desgastado Congreso de la República, el desborde de una lógica de corrupción a todas luces impune, debilita las pretenciones hegemónicas del país del norte quien cuenta con el Perú como uno de sus principales peones en su incesante búsqueda de control geoestratégico. Según la lógica del hegemón, quien siempre ha burlado la insastifacción del pueblo, tiene más de una ficha política para las siguientes elecciones. No será fácil que Washington deje el poder en el Perú.

Celebramos el cierre del congreso. Pero esta claro que el quiebre del sistema involucra a todos los poderes del estado. La satanización de la izquierda como fuerza política alternativa seguirá liderando titulares. La asociación de toda representación de fuerzas progresistas con el gobierno Bolivariano de Venezuela seguirá siendo la muletilla conspiradora del statu quo y sobre esta base Washington aspira a copar, nuevamente, el legislativo y seguir con la lógica de control desde el aparato estatal en su totalidad sin alterar las bases del saqueo enquistadas en la nefasta Constitución del ´93.

Ironías de la historia. Fujimori disolvió el congreso concentrando poderes en torno a un grupo de saqueadores y mercenarios del poder enquistados en el estado. 27 años después los fujimoristas son desalojados del Congreso de la República. ¡De golpeadores a golpeados!

Finalmente, nos reafirmamos en lo dicho el 5 de mayo de 2018: Lo sabemos, el problema es estructural y no coyuntural. Y, las estructuras no pueden ser cambiadas ni un milímetro siguiendo el distorsionado formato político que tenemos hoy. Somos consientes que una nueva Carta Magna no garantiza cambios de conciencia ni que se elevará la calidad ético-moral de los funcionarios públicos. De allí la exigencia de un nuevo cuerpo jurídico-legislativo sin opción a que transe con la impunidad y crimen institucionalmente organizado. Debemos atrevernos a transitar el camino de la transformación con justicia, equidad y dignidad. Trascender lo anecdótico, cómico y patético de la política dejando de lado todo tipo de dicotomías donde se considere la “clase política” jerárquicamente contraria al Pueblo verdadero sujeto político soberano.¹

¡El pueblo tiene la palabra!