Este domingo primero de septiembre fue asesinada en la vereda La Betulia del municipio de Suárez en el departamento del Cauca, la candidata por el partido liberal a dicha alcaldía, Karina García Sierra. En el ataque perpetrado contra el vehículo en que se movilizaba también fue asesinado el candidato al Concejo, Yeison Obando, y cuatro personas más, dentro de ellas la madre de la candidata. El vehículo fue atacado con armas de asalto, fusiles, y luego el automotor fue incinerado. Hasta el momento no se ha identificado a los agresores aunque el gobierno ha responsabilizado a la Disidencia de las FARC que opera en ese municipio a través de la columna Jaime Martínez.

La Defensoría del Pueblo había presentado desde el mes de agosto una alerta temprana sobre el riego que corrían los candidatos en esta región del país. La Defensoría reportó que hasta el 2 de julio pasado se habían presentado en este municipio cuarenta amenazas mediante panfletos de los cuales 19 se atribuyeron a la disidencia de las FARC que hace presencia en este municipio, 14 al grupo paramilitar las Águilas Negras que nadie sabe qué es ni cómo opera en todo el país, uno a las Autodefensas Gaitanistas y el resto sin identificar. Como resultado de dicha alerta de la Defensoría y de las amenazas de que había sido objeto y ella había denunciado, la Unidad Nacional de Protección le había asignado un esquema de seguridad que resulto ineficaz ante la alevosía del ataque fatal de que fue objeto.

En las elecciones que se realizarán este 27 de octubre y en el que se eligen 32 gobernadores departamentales, diputados de las 32 asambleas departamentales, el Alcalde Distrital de Bogotá, 1099 alcaldes municipales y concejos municipales, y además ediles a las Juntas Administradoras Locales, en total se eligen más de 11 mil funcionarios públicos, son las elecciones más complejas que se realizan en el país. La Misión de Observación Electoral, MOE, que realiza un seguimiento a los procesos electorales en el país presentó un informe este lunes 2 de septiembre que cubre el período entre el 27 de julio en que se cerraron las inscripciones de candidatos y este 2 de septiembre, en el que da cuenta que desde esa fecha se han presentado 24 hechos de violencia que afectan a los candidatos y candidatas que concurren a estas elecciones.

La MOE da cuenta en su informe de la ocurrencia de 5 asesinatos, cuatro candidatos a concejos municipales y una candidata a alcaldía. 17 amenazas de las cuales se han dirigido 10 a candidatos a las alcaldías 9 hombres y una mujer, se registró un atentado y un secuestro. Los partidos más afectados son el liberal con cuatro hechos de violencia, dos de ellos asesinatos; el partido de la U con cuatro hechos de violencia, uno de ellos el asesinato del candidato al Concejo del municipio de san Jacinto en el departamento de Bolívar.

Por su parte la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la amenaza que representan organizaciones armadas al margen de la ley que operan en 402 municipios del país y 16 áreas no municipalizadas. Los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales son Antioquia, Chocó, Bolívar, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, la Guajira y Meta y son las regiones en mayor riesgo. De esos 402 municipios según el documento de la Defensoría 78 se encuentran en riesgo extremo pues en ellos se registran disputas por el control del territorio y de las actividades económicas ilegales como los cultivos de coca y la minería ilegal, también se registran enfrentamientos con la fuerza pública y tienen en común una muy débil presencia del Estado. Estos municipios se concentran en primer lugar en el corredor pacífico del país en que hacen presencia grupos paramilitares, disidencias de las FARC, Ejército de Liberación Nacional, ELN, y grupos narcotráfico, se ha denunciado la presencia de los carteles mexicanos, justamente el municipio de Suárez forma parte de este corredor por el que circula la droga y es además territorio donde se ejerce la minería ilegal.

Otra región del país sumamente critica es la del bajo Cauca que comprende municipios del departamento de Antioquia y del departamento de Córdoba. En el municipio de Caucasia fueron asesinados este martes 3 de septiembre cuatro militares. El Alcalde de este municipio señaló que el asesinato de los militares se enmarca en una dura crisis humanitaria que están viviendo desde hace ya varios años. Aquí –dijo- hay una dura disputa por el territorio, en una pelea por las rutas del narcotráfico. Justo en este municipio ante las denuncias de la comunidad por la presencia de un grupo armado las fuerzas militares que cuentan con cerca de cinco mil hombres acantonados en la región enviaron una patrulla que fue emboscada dejando cuatro militares muertos y dos heridos. En los hechos habría muerto un paramilitar y habría varios heridos, información que no pudo ser verificada puesto que como dice el alcalde, las tropas no pueden entrar en la zona. El grupo paramilitar es el llamado Clan del Golfo que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas.

Lo que narra el alcalde es la muestra del control territorial y la disputa que se da entre diversos actores ilegales armados por apropiarse de las rentas del narcotráfico y de la minería ilegal. Nosotros –agrega el alcalde, Oscar Suárez- somos un territorio estratégico que conecta con Medellín por la autopista de la Costa y el paso está restringido, pero además hemos tenido el aumento dramático en el número de homicidios…y es que estamos viviendo un derramamiento de sangre horrible, especialmente jóvenes entre los 18 y los 22 años. La comunidad está en medio de la balacera, estamos aterrorizados, no tenemos libertad, no podemos ir a las veredas, el comercio está ahogado por la extorsión. Todo el mundo está con miedo, y nosotros, las autoridades ya no sabemos qué hacer. Estamos trabajando, la Fuerza Pública hace sus operaciones, pero los resultados no se dan. Los desplazamientos aumentan, todos los días llegan víctimas al casco urbano, el narcotráfico controla toda la región y fuera de eso, estamos correteados, por la minería ilegal. La economía caída, la gente con miedo…la situación está diagnosticada, la presencia de los cultivos ilícitos y el territorio permanece en guerra. Francamente yo no sé qué hacer. Nos mandan cinco mil hombres al bajo Cauca y ni así se dan los resultados.

Agrega que la solución no puede ser solo militar, vemos que hay un poco de hombres pero no se resuelven los problemas. ¿Para qué tantos militares? Es mejor tener cien hombres buenos que 5.000 que no hacen nada. Y termina reclamando la presencia del gobierno nacional pues él no sabe que más hacer. (Molano Jimeno, Alfredo. El Espectador, jueves cinco de septiembre, 2019).

Esta situación ilustra bien lo que se vive en los territorios que ante el vació que dejaron las FARC tras su desmovilización no fueron copados por el Estado y se convirtieron en territorios en disputa por los distintos actores armados que buscan el control de los cultivos de coca y la minería ilegal. La respuesta del gobierno de Duque ha sido tardía y consiste en incrementar el pie de fuerza en estas regiones sin alternativas económicas para la gente que allí vive ligada principalmente a estas economías ilegales. Hay que anotar además que los actores armados ilegales tienen mucho interés en quienes son elegidos en las alcaldías de estos municipios y de allí el incremento de la violencia contra quienes real o porque sus enemigos políticos los señalan de querer la sustitución de cultivos, el combate al narcotráfico y a la minería ilegal se convierten en objetivos militares de estos actores armados.

Igual situación se vive en la región de El Catatumbo en el departamento fronterizo con Venezuela, Norte de Santander y también en la región fronteriza de Arauca. Son regiones con una muy débil presencia del Estado, con economías ilegales fuertes y a las cuáles el gobierno de Duque ha llegado con presencia militar y sin alternativas económicas para los pobladores de éstas regiones. La desidia del gobierno nacional y de las élites económicas por la suerte que viven estos territorios corresponde al lugar periférico que desempeñan con relación al modelo de desarrollo y a su débil contribución a los procesos de acumulación de capital. Son las débiles y atrasadas regiones en el marco de un desarrollo heterogéneo que poco importa al capital financiero que domina en los principales centros de actividad económica del país. Estos territorios los valora y los trata la élite dominante como una carga económica y no como la posibilidad de integrar el país y de ejercer allí un modelo incluyente de desarrollo por el cual claman sus habitantes.

Obviamente los actores armados ilegales que dominan en estos territorios actúan en contra de los candidatos que no se doblegan. Esta es la realidad. Pero además mientras no se rompan los lazos de la ilegalidad con la Fuerza Pública que actúa en estos territorios el desangre seguirá. Así que se requiere de una política de sustitución concertada con las comunidades de los cultivos de uso ilícito y de control de la minería ilegal, pero también de una depuración a fondo de las unidades de Policía y del Ejército acantonadas en estos territorios. Lo da a entender claramente el Alcalde de Caucacia, Oscar suárez.

Bogotá 5 de septiembre de 2019.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)