Una gran ola xenofóbica se ha levantado en Panamá. Cuando parecían pasados los conflictos por la masiva  llegada de venezolanos,  porque el flujo migratorio de ese país ha disminuido notablemente desde que se impuso la visa hace 2 años, la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Zulay Rodríguez Lu, ha vuelto a levantar la xenofobia con más bríos por medio de un anteproyecto de ley draconiano contra los migrantes pobres.

Una campaña plagada de mentiras

Para justificar las propuestas de endurecimiento de la legislación migratoria se ha lanzado una campaña masiva por los medios formales y alternativos para crear un ambiente propicio cimentado de falacias y mentiras descaradas. La campaña se sustenta en afirmaciones como que los inmigrantes, sobre todo venezolanos, ofenden a los nacionales, nos irrespetan y desprecian nuestras leyes. A lo que se suma el mito de que “nos quitan los puestos de trabajo” y que el creciente número de delitos es producido por extranjeros.

La diputada Rodríguez, en una entrevista en un canal televisivo internacional, llegó a afirmar que en Panamá había 1 millón de extranjeros, pero los mismos medios xenófobos estiman, sin confirmación oficial, la reciente ola migratoria en unas 140 mil personas, lo que apenas representaría el 3,5% del total de la población del país. Es poca gente, pero sirve para distraer a los incautos respecto a los verdaderos responsables que permanecen intocables de las disparidades sociales. Así que los migrantes pobres se han convertido en chivos expiatorios.

El “enemigo” son los migrantes pobres

Parece que Panamá se ha vuelto una sucursal de los Estados Unidos de Donald Trump, o  de la Alemania de Hitler, en la que los migrantes de los países hermanos deben andar con temor, ya que a diario se producen incidentes.

La diputada Rodríguez Lu, quien es descendiente de inmigrantes chinos por la vía materna, y los grupos organizados de xenófobos que la apoyan, se han ocupado de focalizar la campaña contra el migrante trabajador y pobre, y expresamente defienden la inmigración empresarial (“vienen a invertir”), e indirectamente de europeos blancos, contra la que no se dice nada, pese a un aumento significativo de españoles que llegan a Panamá.

Una ley draconiana

El anteproyecto de ley consta de 17 artículos que reforman la legislación vigente y la hacen muy difícil de cumplir para el migrante trabajador. En el artículo 1 deja claro el interés de ciertos grupos de abogados que, en los últimos diez años, han combatido el programa denominado “Crisol de Razas” porque les quitó el negocio de tramitar los papeles de residencia y los permisos laborales para extranjeros, ya que se ha estado realizando de manera casi gratuita directamente por las autoridades de migración. Se obliga en ese artículo a la regularización “a través de abogado idóneo”.

El artículo 2 crea el Servicio Nacional de Migración y lo adscribe al Ministerio de Seguridad Pública. El art. 4 crea la llamada Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC) como una especie de corporación cuasi policial que vigile el cumplimiento de la legislación por los migrantes y persiga a los migrantes que no cumplan con las normas.

En 6 meses, desde la entrada en vigencia de la nueva ley el migrante deberá entregar: “comprobante de domicilio”, que consiste en contrato de arrendamiento o factura de servicio público; permiso de trabajo; comprobante legal de su fuente de ingreso no menor al salario mínimo;  Paz y Salvo nacional de rentas; inscripción como asegurado en el sistema de la Caja de Seguro Social que compruebe pago mínimo de 6 cuotas (mensuales). Todo lo cual debe actualizarse anualmente (Art. 5).

Quien conoce las difíciles condiciones de vida y trabajo de un migrante sabe que conseguir el cúmulo de requisitos que se pretenden pedir es casi imposible. Muchos son superexplotados por los empresarios, no reciben el salario mínimo legal, o sufren la inestabilidad laboral siendo constantemente despedidos y recontratados, o directamente los patrones les roban sus cuotas del seguro social.

Así que es fácil vaticinar que la nueva legislación conseguirá lo contrario del fin que se propone expresamente, la regularización de los inmigrantes, los cuales en su mayoría cumplen con los actuales requisitos y están inscritos por la vía del programa Crisol de Razas. A menos que el objetivo oculto de la ley sea justamente que no puedan cumplir con la nueva normativa para justificar su expulsión, piensan algunos.

El incumplimiento involuntario de estos requisitos, que además deben tramitarse con abogado de por medio y sus “honorarios”, y quien no posea la documentación actualizada, acarrea una multa de 500 dólares (Art. 8). Y otros 500 dólares para el nacional o extranjero que se haya hecho responsable por el migrante que incumpla la legislación, incluida la inhabilitación (¿de funciones públicas?) hasta que pague (Art. 7). Lo cual dificultará que nacionales decidan respaldar a algún migrante.

El Artículo 9 sanciona al migrante que practique “directa o indirectamente el ejercicio de una profesión liberal reservada según la Constitución Política, para los nacionales panameños”.

La apelación al patrioterismo mientras se entrega el país a intereses imperialistas

El Artículo 13 llega al paroxismo xenofóbico cuando en su acápite 7 dice: “Aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensa e insultos hacia la nacionalidad panameña”, los equiparan con quienes delincan y no cumplan la legislación, “… serán deportados inmediatamente del territorio nacional”.

¿Qué se entiende por “ofensa o insulto”? Entramos al terreno de las subjetividades, pues la queja más usual que se escucha es de los venezolanos que reclaman atención correcta y eficiente en almacenes y lugares de atención al público. Queja que compartimos muchos nacionales, dada una cultura de la grosería por parte de algunas personas. ¿Un migrante no podrá quejarse jamás de algo que no le satisfaga?

El Artículo 14 establece que “el extranjero que haya sido deportado no podrá ingresar al país en un lapso de diez a quince años”. Sin mediar consideración, reconsideración, ni apelación alguna, ni siquiera que tenga familiares en la República de Panamá.

Ningún artículo del anteproyecto de ley de la diputada Zulay Rodríguez va contra los intereses de grandes capitalistas extranjeros que controlan un alto porcentaje de nuestra economía y someten al saqueo nuestros recursos.

No hay que olvidar que fue un gobierno del partido de la diputada Rodríguez el que desnacionalizó las empresas públicas y las entrego a empresas transnacionales. La electricidad y la telefonía nacionalizadas por Omar Torrijos en los 70, fueron privatizadas por el partido que fundó, irónicamente. Por supuesto, contra esos empresarios extranjeros no va el anteproyecto xenofóbico, sino contra los migrantes de la clase trabajadora.

La xenofobia en Panamá es de vieja data

En el pasado nuestro país ha sufrido otras oleadas xenofóbicas. Un año después de que Estados Unidos nos separara de Colombia para construir el canal controlado por el Pentágono, se emitía la Ley 6 de 1904, que impedía el ingreso al país de “norteafricanos, turcos y orientales o asiáticos”. Es probable que los antecesores de la diputada Rodríguez Lu fueran víctimas de aquella ola xenofóbica. Ironías de la historia.

El diputado Pablo Arosemena, el xenófobo de entonces, intentaba impedir la entrada de chinos principalmente, a la vez que intentaba promover la llegada de europeos blancos para lograr un “cruzamiento” que “cambiaría las condiciones físicas del pueblo del porvenir” (Pizzurno, P. Memorias e imaginarios de identidad y raza en Panamá. Siglos XIX y XX. Colección Ricardo Miró. Premio Ensayo 2010).

En los años siguientes las víctimas de la ola xenofóbica pasaron a ser los negros antillanos de habla inglesa que se quedaron a vivir en el Istmo después de terminada la construcción del Canal de Panamá. En los años 20, 30 y 40 se organizaron diversos movimientos que buscaban la expulsión de los migrantes antillanos. El Movimiento de Acción Comunal y la posterior Doctrina Panameñista, elaborada por el ex presidente Arnulfo Arias llevaron esa política racista y xenofóbica al máximo, aunque fracasaron.

La Constitución Política de 1941 declaró a los negros de habla inglesa y a los chinos como “razas indeseables”. A los chinos principalmente se les expropiaron negocios y se les prohibió el comercio al detal. Las deportaciones de antillanos no se realizaron porque Arias fue depuesto por los norteamericanos que controlaban el país por sus simpatías hacia Hitler (no por racista, que no es lo mismo).

La izquierda y el movimiento popular deben tomar posición frente al problema

Frente a la ola xenofóbica, con ribetes facistoides, semejante a la que recorre Europa y Estados Unidos, la izquierda y las organizaciones populares deben elaborar una respuesta unitaria y contundente. Al igual que en otros países, en Panamá muchos trabajadores han sido manipulados para convencerles de que sus enemigos son sus hermanos de clase de origen extranjero.

Hay que corregir la falsificación ideológica que pretende convertir la xenofobia contra humildes trabajadores como si se tratara igual que la lucha por la soberanía contra Estados Unidos en la Zona del Canal. Por el contrario, los políticos que aúpan la actual histeria xenófoba son los que promueven la entrega del país al capital transnacional.

Panamá, 16 de julio de 2018