—Las señales que se mandan son de “no me interesa”

—Los manglares son como el “riñón” de zonas costeras; proporcionan servicios ambientales

—Hay que aprender de la historia

Para Luis Fueyo Mac Donald, experto en temas medioambientales, las señales que está mandando el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Cuarta Transformación (4T), son preocupantes, al no estar del todo alineadas a los objetivos de la Agenda 2030, como la idea de retomar el uso preponderante de energías fósiles, cuando el mundo transita hacia el empleo de energías limpias.  

En entrevista exclusiva ha compartido su indignación por las eventuales consecuencias de megaproyectos como el Tren Maya y el Tren Transístmico. Al mismo tiempo detalló su postura sobre lo que ocurre con la vaquita marina en el Alto Golfo de Baja California, el sargazo, los manglares y la contaminación en Ciudad de México.

Luis Fueyo Mac Donald es Físico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Llevó a cabo estudios de maestría con especialidad en hidroacústica, evaluación y manejo de recursos marinos y costeros. Ha sido Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Asesor de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Investigador en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). Actualmente coordina la Red Mexicana de Organismos de la Sociedad Civil, Científicos y Sociedades Rurales, a favor de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

—¿Qué es la Agenda 2030?

—La Agenda 2030 que se aprueba en el 70 aniversario de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, pretende ser la expresión de una serie de acuerdos internacionales que vienen a suplir lo que se denominó como los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Con nuevos componentes que se han venido tejiendo a partir de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992. En ese gran evento se formularon una serie de principios en torno al hombre y el medio ambiente, se firmaron los tres tratados internacionales que sirven de sombrilla a toda la política ambiental a nivel global: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación.

Pero he de señalar que en 2015 hubo una serie de reuniones importantes con temas focalizados, de los que podríamos citar tres: La reunión en Sendai, Japón, en marzo de ese año, donde se aborda el tema de desastres naturales. Allí se les atribuye mayor importancia a los temas preventivos, bajo el principio de que los fenómenos naturales y los riesgos existen per se; pero las afectaciones a la población no son gratuitas. Huracanes, inundaciones, incendios, temblores, se seguirán presentando, y la vulnerabilidad está asociada a cómo se previenen y cómo se generan protocolos de atención en una población sensible. Estos principios están contenidos en el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres.

El segundo momento importante se desarrolló en julio de 2015, en Addis Abeba, Etiopía, donde se realizó la Tercera Conferencia Mundial sobre Financiamiento para el Desarrollo. Esto significa que hubo dos reuniones previas. La primera fue en Monterrey, México, en 2002; muy recordada por el “comes y te vas” del presidente Vicente Fox a Fidel Castro, que dio lugar al llamado Consenso de Monterrey. Y la segunda fue la Declaración de Doha, Qatar, a finales de 2008, donde se evaluaron los avances en la aplicación de los principios adoptados en el documento de Monterrey.

Y la tercera reunión importante de 2015 fue la Conferencia de las Partes de la Convención Marco del Cambio Climático, conocida como COP21, que se desarrolló en París. Entre los tira y afloja se logró establecer un consenso que se sistematizó en el Acuerdo de París.

Todo esto embona y abre una nueva etapa que se inicia en 2016, con el establecimiento de mecanismos de seguimiento.

—¿El Acuerdo de París es el pacto sobre cambio climático y calentamiento global desdeñado por Donald Trump?

—Sí, efectivamente lo rechazó. Además, se retiró de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Y al interior de Estados Unidos ha estado desestructurando aquellas políticas en favor del medio ambiente de administraciones anteriores. Le vuelve a dar importancia al uso del carbón como fuente de energía. En suma, es una política que afecta a los acuerdos que se han venido tomando en el seno de Naciones Unidas. Esto más allá de la relación México-Estados Unidos sobre temas muy sensibles como migración o comercio.

—¿Es prematuro hacer un balance sobre la implementación de los objetivos de la Agenda 2030?

—No es prematuro porque el procedimiento establecido contempla cortes y ya hubo tres: en 2016, 2017 y 2018. En general, los países están empujando la Agenda. No a la velocidad y el ritmo que se quisiera. Los grandes ausentes son aquellos que han rechazado el apoyo de esta Agenda. Y en términos del sistema de Naciones Unidas están solos. No la apoya ni la rechaza, Rusia; en cambio la Unión Europea, China, Japón, Corea del sur, todo el bloque africano, están sumando fuerzas. De los 192 países, salvo Estados Unidos, el resto, a distintos ritmos, ha venido trabajando, con todo el problema que dejó la sacudida financiera del 2008. Se trata de una diversidad de países que piensan distinto. Esta es su virtud. Hay una frase muy importante que la Agenda convoca: que estos compromisos no son solo de los países o de las personas. Y el propósito es no dejar atrás a nadie.

—¿Qué esfuerzos está desplegando México para cumplir con dicha Agenda?

—A diferencia de otros países, la participación de México en la construcción de esta Agenda es de presencia de personas calificadas de la cancillería para ir dándole seguimiento. ¿Qué no se hizo? No hubo un proceso interno de promoción o difusión, en los tres niveles de gobierno ni en la sociedad, de los objetivos de la Agenda. No se aprovechó la coyuntura para una reflexión de lo que estaba pasando.

En 2014, hay un desarreglo de la política interna con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la discusión sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, la casa de Luis Videgaray y la caída de los precios del petróleo. Llegamos a 2015 sin discusión. Y es hasta 2017, que se implementa al interior del Gobierno federal un mecanismo de atención para la Agenda a través de la Comisión intergubernamental. Se convoca a varias secretarías de Estado para involucrarse. La Oficina de la Presidencia crea una posición de un coordinador de estos esfuerzos, pero ya en un proceso de descomposición. Las elecciones del 1º de julio no fueron otra cosa que la manifestación del rechazo a una administración que llevó el país al caos. De manera que arrastramos un déficit.

—¿Qué importancia les ha otorgado la nueva administración a estos temas?

—El presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido declarando que sí asumirá los compromisos adquiridos con Naciones Unidas, que toda la política nacional estará alineada a la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que se tomará en cuenta en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Hay preocupación respecto a temas que pudieran no estar en sintonía con la Agenda particularmente en temas ambientales. Por ejemplo, pareciera que se está deteniendo la tendencia hacia el uso de energías limpias y se le está dando nuevamente mayor importancia a la dependencia de energías fósiles.

—¿Es paradójico no transitar hacia el uso de energías limpias?

—México caminó en ese sentido. Desde el punto de vista legislativo, la Ley General de Cambio Climático prevé compromisos nacionales respecto a la producción de energía limpia. También se aprobó la Ley de Transición Energética. Un contexto en el que, si bien no se tiene la intención de frenar el proceso de transición, se carecen de los recursos para hacerlo. Además, las señales que se mandan son de “no me interesa”.

—¿Megaproyectos como el Tren Maya tendrán afectaciones medioambientales?

—Efectivamente, es una preocupación que muchos compartimos desde dos enfoques: el enfoque social y el enfoque medioambiental. Buena parte donde se tiene pensado desarrollar el Tren Maya son comunidades rurales. Lo primero que habría que preguntar es cuál es el desarrollo que la gente quiere siendo propietaria legítima de la tierra. Pero no se ha visto un proceso de discusión y reflexión abierta. Allí hay muchas comunidades indígenas que tienen consagrado el derecho a la consulta previa, libre e informada, incluso, a la anuencia de ejecutar un proyecto sobre su territorio. Es decir, antes de dar por hecha una iniciativa de manera democrática, en un país que aspira a atender los sectores de la población más rezagada, se debe construir un proyecto regional conjunto con ellos. Esto no se ha dado. Y las señales que se han enviado son que el proyecto va, pase lo que pase. En palabras del presidente: “Me canso ganso”.

Esto es muy preocupante porque las expectativas generadas en las elecciones del 1º de julio de 2018 fueron que se haría un corte importante sobre la forma como se hacía la política, de rechazo al autoritarismo, en un proceso de participación abierta de toda la población, en el entendido de que somos una población multicultural.

Además, persiste la preocupación medioambiental que tiene mecanismos legales establecidos para este tipo de proyectos. Uno es la manifestación de impacto ambiental y, el otro, la autorización del cambio de uso de suelo forestal.

La ley contempla que todo proyecto sea de carácter privado o público, debe ser previamente evaluado en materia de impacto ambiental. Un proceso que puede derivar hacia tres caminos: uno, que se aprueba en los términos que fue diseñado por el promovente; segundo, que es aprobado con modificadores para lograr que la iniciativa incorpore las medidas de mitigación o compensación para que sea lo más compatible posible con el entorno ambiental; y, tercero, que puede ser rechazado.

Pero aseverar que de cualquier modo se va a hacer, parece no estar en congruencia con la ley. Qué tal si el proyecto no es viable: no se puede realizar.

Algo parecido ocurre con el cambio de uso de suelo forestal. La Ley en la materia parte de una definición amplia y trae por detrás la filosofía de que los ecosistemas forestales (bosques, selvas, desiertos) proporcionan una serie de servicios ambientales cuya pérdida puede representar una merma en la calidad de vida del ser humano. Por lo tanto, previene que el cambio de uso de suelo se hará por excepción. En el territorio donde se piensa construir el Tren Maya hay una serie de áreas naturales protegidas, como la Reserva de la Biósfera de Los Petenes, Ría Lagartos, Yum Balam, Laguna de Términos, entre otras. Un territorio donde está depositada una riqueza biológica sin igual.

Esta riqueza biológica se ha venido también vinculando con compromisos internacionales: en la Península de Yucatán, hay por lo menos dos áreas naturales protegidas declaradas como Patrimonio de la Humanidad: La Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y la Reserva de Calakmul; este último, un sitio mixto por su riqueza cultural, arqueológica y biológica.

 El caso de la Península Yucatán es muy singular, se trata de una región que evoluciona geológicamente en una planicie donde sus suelos son calcáreos, muy frágiles, sin corrientes de aguas superficiales (el agua se filtra hacia una compleja red de ríos subterráneos).

Resulta preocupante entonces cuando se dice que las cosas van a pesar de los pesares, cuando queremos una forma de gobernar distinta, democrática, en procesos donde la población se involucre, y algo que pareciera obvio: que se respete el Estado de Derecho; en particular, nuestro marco constitucional, tanto en los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a un medio ambiente sano que nos asiste a toda la población.

—¿Esto recuerda al polémico proyecto transístmico contemplado en el Plan Puebla Panamá durante tiempos de Vicente Fox?

—Efectivamente, pero no solo desde el periodo de Fox, tiene antecedentes históricos desde el siglo XIX, cuando estuvo presente la idea de interconectar el Pacífico con el Atlántico que no logró concretarse. El Istmo de Tehuantepec es un espacio que siempre ha estado en la mente de gobernantes estadunidenses. El gran proyecto de comunicación entre ambos océanos fue el Canal de Panamá, administrado por Estados Unidos durante cien años.

Los mismos argumentos que están presentes en el Tren Maya aplican al Tren Transístmico. Hay comunidades indígenas que han manifestado su preocupación. Una preocupación que parece legítima es qué rol juegan las comunidades al establecerse este proyecto. En el caso del Tren Maya se plantea una inversión de 150 mil millones de pesos. 10% publica y 90% privada. Por supuesto que la inversión privada busca una tasa de retorno, la viabilidad y la ganancia como uno de los elementos ejes en el diseño, construcción y ejecución del proyecto.

Son procesos vivos. Parece que será un proyecto de las grandes compañías transnacionales involucradas en el comercio y transporte de mercancías, las que se apropiarán de un territorio estratégico. Pase lo que pase, las comunidades continuarán demandando su derecho a la consulta. Más aún, han manifestado públicamente su rechazo al Tren Transístmico. Lo que está en juego es la soberanía nacional.

Recuérdese el Plan ganadero Uxpanapa, en Veracruz, en tiempos del régimen de Luis Echeverría; resultó todo un fracaso. No fue viable. Se perdió una gran riqueza natural que alimentaba las fuentes de agua en la región. Hay que aprender de la historia.

—¿Qué problemática presenta la vaquita marina?

—Es una especie endémica. Si se pierde, no solo desaparece para México, sino para todo el planeta. Las principales amenazas son conocidas. Tienen que ver con la captura incidental en redes de enmalle para la pesca de la totoaba. Hacia finales del 2012, se empieza a atrapar la totoaba, un pez en veda desde 1972, cuya vejiga natatoria es muy cotizada en el mercado negro. Se ha permitido una pesca vinculada a otras actividades ilícitas nacionales e internacionales, permeadas por corrupción e impunidad. Hoy está fuera de control. Es un problema social complejo.

Empezamos a conocer las vaquitas en 1958. Al principio de la administración de Enrique Peña Nieto había 200 ejemplares y cerró con menos de 30. Ahora se estima que existen entre 15 y 20. Tiene que suceder algo extraordinario para evitar que desaparezca. Y lo primero que es necesario hacer pasa por recuperar el territorio.

—¿Qué hacer frente al sargazo que ha provocado cierta alarma en playas mexicanas?

—Lo primero que se debe registrar es que el sargazo es una macroalga que siempre ha existido. De hecho, en el Caribe hay una zona que se le conoce como el Mar del Sargazo. Lo que ha pasado recientemente es que ha habido una explosión de su crecimiento derivado de encontrar condiciones favorables para su reproducción. Dos elementos acompañan este proceso: la disposición de nutrientes y la temperatura ideal. Ambas cosas se han dado. Además, el fenómeno de cambio climático ha generado mayor incidencia de huracanes, lo cual provoca cambios en las corrientes marítimas que empujan el sargazo hacia las costas mexicanas.

El sargazo en las playas mexicanas puede resultar un inconveniente para el turismo. Se están haciendo esfuerzos para limpiar y evitar que llegue. Todo eso cuesta. Se presiona para que haya recursos públicos. El control de aguas negras puede ayudar a mitigarlo. Las descargas de hoteles, colonias, y la basura, son nutrientes para el sargazo.

—¿En qué situación se encuentran los manglares del país?

—Un manglar es como el “riñón” de nuestras zonas costeras. Son ecosistemas que generan nutrientes para completar ciclos de vida de muchas especies tanto acuáticas como terrestres.

Los manglares tienen la capacidad de absorber parte de la contaminación que generamos los seres humanos. Por eso el rol de filtro. Captan nutrientes de la afluencia de los ríos y allí se depuran de manera natural. Ofrecen un servicio ambiental. Son zonas con una belleza natural impresionante. Son refugio de fauna silvestre, terrestre y acuática. Gracias a ellos se contiene la línea litoral, se evita la erosión y dan cabida a las lagunas costeras. Y, además, junto con las dunas, amortiguan el impacto de ciclones.

Se estima que México pudo haber tenido cerca de 2 millones de hectáreas de manglares. Ahora estamos por las 775, 774 hectáreas. Hay una Ley General de Vida Silvestre (artículo 60 bis) que los protege y una Norma Oficial Mexicana, la 022, que los regula. Todo proyecto sobre estos espacios se tiene que evaluar en materia de su impacto ambiental. Es decir, los instrumentos existen. Solo falta aplicarlos.

 —Preocupa, a la vez, y de modo persistente, la contaminación en la Ciudad de México. ¿Qué hacer ante esta realidad?

—La CDMX es de las entidades que más ha trabajado el tema de mejora de la calidad del aire. Los esfuerzos que se hacen están vinculados con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y con el proyecto de 40 megaciudades de la Agenda 2030.

 Tiene lo que muchas urbes carecen: el pulso cotidiano del comportamiento de los contaminantes a partir de una red automatizada de monitoreo de la calidad del aire. Esto es ejemplar. Sirve para la toma de decisiones. Incluyendo el programa “Hoy no circula”. Los verificentros ya trabajan en la revolución tecnológica 4.0. Lo que se conoce como M2M, comunicación máquina a máquina. Es un gran avance.

Que no hemos terminando de controlar el problema de la contaminación, es cierto. Seguimos padeciendo que se haya privilegiado el transporte privado. La solución en el fondo, desde el punto de vista de las fuentes móviles, es apostar por el transporte colectivo. En la lista de prioridades, sería el Metro, y después todo el abanico de fuentes alternas donde se pueda caminar, usar la bicicleta o pedir aventón (autostop) al vecino. Después de ello, el Metrobús es un buen sistema de transporte, menos contaminante que la decena de miles de peseros. Y hacia la periferia, una red de transporte troncal.

—¿Qué recomienda a la ciudadanía para contribuir a la Agenda 2030?

—Involucrarse. Hacer núcleos desde la sociedad civil, la familia, vecinos a nivel de colonia, alcaldía o municipio para demandar a la autoridad inmediata que las tareas en el ejercicio de su esfera de competencia estén alineados a la Agenda 2030.

En segundo lugar, que desde los diferentes niveles de gobierno se abran espacios para dialogar con la sociedad. Y que estas formas de debate y discusión de las personas interesadas, no se quede en el vacío, sino que puedan analizarse y convertirse en política pública.