Más de 300 organizaciones de la sociedad civil de unos 90 países dirigieron hoy, 1 de abril, una carta a los países miembros de la OMC en la que expresan su "profunda e imperiosa oposición" a la propuesta de abrir negociaciones para acuerdos vinculantes sobre comercio digital (o comercio electrónico), ya que "podrían tener como resultado la liberalización total de toda la economía (digital), representando por lo tanto un intento encubierto de lograr una ‘OMC 2.0’."

La propuesta de abrir negociaciones fue rechazada por la mayoría de los países en desarrollo en la última reunión ministerial de la OMC (Buenos Aires, diciembre de 2017); sin embargo, unos 70 países acordaron continuar las discusiones informalmente y, si logran un acuerdo sobre un conjunto de propuestas básicas, es probable que vuelvan con fuerza para tratar de incluir el tema en el orden del día en la próxima reunión ministerial a finales de este año.

Los signatarios/as de la carta subrayan que "el hecho de establecer normas vinculantes para una economía digital que aún está en surgimiento limitaría enormemente la capacidad de los países para desarrollar sus propias economías en el futuro" e intensificaría la situación mundial desventajosa en que se hallan los trabajadores y las pequeñas empresas de todos los países frente a las grandes empresas tecnológicas. También argumentan que permitiría a tales empresas consolidar su modelo de negocio explotador, al otorgarles derechos para extraer y controlar datos personales, sociales y empresariales en todo el mundo, bloquear la desregulación y evadir futuras regulaciones, a la vez que eludir impuestos, entre otros aspectos.

Las normas propuestas "representan una grave amenaza para el desarrollo, los derechos humanos, el empleo y la prosperidad común en todo el mundo, y son contrarias a las políticas necesarias para sofrenar el poder de las grandes empresas de tecnología", enfatiza la carta.

El documento explica estas amenazas en relación con los siguientes temas, al tiempo que menciona el tipo de políticas que serían necesarias, precisamente para promover el desarrollo, los derechos humanos y la prosperidad común (políticas que, en la mayoría de los casos, no están bajo la jurisdicción de la OMC):

- La necesidad de una gobernanza democrática adecuada vs. un poder ilimitado sobre los datos por parte de las grandes empresas tecnológicas.

- Las políticas de datos de interés público son esenciales para el desarrollo económico y la prosperidad en todos los países.

- Fuertes protecciones, privacidad y derechos del consumidor, que se verían amenazados por las reglas del "comercio electrónico".

- Políticas digitales que promuevan empleos decentes para la prosperidad común, en lugar de reducir el poder de los trabajadores.

- La urgente necesidad de regulaciones y acciones antimonopolio, en jurisdicciones fuera de la OMC.

- La liberalización digital diezmaría el desarrollo y aumentaría la pobreza en los países en desarrollo.

- La urgente necesidad de la industrialización digital para fomentar el desarrollo y las MPYMEs.

- Un sistema fiscal más justa, que se vería gravemente limitada por las normas de comercio electrónico propuestas en la OMC.

- La necesidad de políticas para promover la innovación, las pequeñas empresas y la seguridad, vs. el aumento de los monopolios de patentes.

- Los países necesitan un margen de maniobra en materia de políticas; en cambio la libreta del comercio electrónico está promoviendo una liberalización total perjudicial.

- Una nueva agenda para las políticas económicas digitales y para la economía global.

El documento completo se encuentra a continuación: