Como se ha señalado la médula de los acuerdos de Paz suscritos entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, fue el sistema Integral de Justicia para la Paz conformada por la Unidad de Búsqueda de Personas desparecidas en relación con el conflicto armado interno, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Y dentro de todas ellas es la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la que ocupa el centro puesto que es ella la que deberá investigar y sancionar en el marco de la justicia restaurativa los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y en general los graves delitos cometidos por los distintos actores del conflicto armado interno cometidos durante los últimos 60 años, que no pueden ser amnistiados ni indultados.

En los acuerdos de La Habana tanto en su primera versión como en la que finalmente se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá después de la derrota del SI en el plebiscito del 2 de octubre, todos los actores del conflicto, esto es, los miembros de la Fuerza Pública, los miembros de la Guerrilla de las FARC-EP y los terceros responsables deberían concurrir obligatoriamente ante esta Jurisdicción, solo quedaron por fuera los integrantes de los grupos paramilitares puesto que para ellos y desde el año 2005 se conformó una jurisdicción especial, la llamada Jurisdicción de Justicia y Paz contenida en la Ley 975 de 2005. Como se dijo en los acuerdos de La Habana el resto de los actores del conflicto armado deberían concurrir obligatoriamente a la JEP en dónde deberían confesar toda la verdad además de comprometerse genuinamente a la reparación a las víctimas. De no hacerlo el tribunal deberá demostrar la responsabilidad de los actores y dictará fallos condenatorios o absolutorios en un proceso adversarial. Es decir, la JEP y su Unidad de investigaciones deberá entonces con base en sus propias investigaciones acusar ante las secciones de la JEP a quienes no reconozcan sus crímenes y para quienes reconozcan sus crímenes la JEP y su Unidad de Investigaciones deberán corroborar las confesiones de los actores que comparezcan. Como se ha señalado dos son los objetivos centrales de la JEP: brindar verdad judicial y reparación a las víctimas a cambio de otorgar penas blandas a quienes comparezcan a esta jurisdicción.

En su paso por el Congreso este punto de los acuerdos fue debilitado toda vez que los terceros responsables, esto es, funcionarios públicos o autoridades públicas no pertenecientes a la Fuerza Pública, empresarios, terratenientes, financiadores y autoridades como alcaldes, gobernadores y demás funcionarios públicos electos podrán concurrir voluntariamente si así lo deciden, es decir, la reforma constitucional y legal que creo la JEP, no los obliga a concurrir. Las investigaciones sobre estos terceros responsables seguirán en la Fiscalía General de la Nación y en la jurisdicción ordinaria. Para que ello fuera aprobado hubo un lobbying intenso del actual fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez así como del exvicepresidente Germán Vargas Lleras quienes convencieron a las mayorías parlamentarias para excluir a los terceros de la JEP lo cual fue además validado por la Corte Constitucional en un fallo muy controvertido.

El debilitamiento es ostensible pues dentro de los terceros responsables se encuentran la mayor parte de los autores intelectuales de numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estos se acogerán a la justicia ordinaria en dónde las posibilidades de ser investigados y castigados por estos crímenes, es muy baja pues la tasa de impunidad es superior al 95% como se refleja en un reciente estudio sobre el tema. Es la suerte que han corrido cerca de 5000 actores comprometidos en 15 mil delitos que fueron compulsados por la jurisdicción de Justicia y Paz a la justicia ordinaria. Allí esos procesos duermen en la impunidad casi total. Sobre esto no habla el ladino fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Después en el trámite de la Ley de procedimientos de la JEP que fue aprobada en el mes de julio del año 2018 se continuó con el debilitamiento de la JEP en dos temas importantes. En esta ley se aprobó que los militares tendrían dentro de la JEP unas salas especiales para su juzgamiento y que mientras se aprueba esta reforma constitucional podrían concurrir voluntariamente durante los 18 meses que se dio el Congreso para aprobar esa reforma constitucional y en otro artículo se establece que la JEP no podría practicar pruebas en los procesos de extradición norma contraria al fallo de la Corte que aprobó la Ley Estatutaria que regula el funcionamiento y los procedimientos de la JEP. Estos cambios contaron con el aval del entonces presidente electo, Iván Duque Márquez y fueron propuestos y llevados adelante por miembros de la bancada del Centro democrático que orienta quizás el enemigo principal tanto de la JEP como de los acuerdos de La Habana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estas normas fueron demandadas ante la Corte que admitió la demanda. En un hecho absolutamente inusual las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes no remitieron los soportes ni las actas ni los documentos de las sesiones en que se tramitó esta reforma. Ante esta obstrucción a la justicia la propia Corte tuvo que nombrar a unos funcionarios de la Corte para que se dirigieran al Congreso para obtener esas pruebas, diligencia judicial que ya fue cumplida. Muy seguramente la Corte echará abajo estas dos normas pues fueron aprobadas con ostensibles violaciones al propio reglamento del Congreso.

Pero los ataques no han parado. Duque en innumerables declaraciones ha pedido a la JEP aprobar la extradición de Jesús Santrich uno de los jefes negociadores del acuerdo por parte de las FARC-EP. Lo propio han pedido los congresistas del Centro Democrático, presionando a la JEP, que tiene en sus manos esta decisión que deberá producirse en las próximas semanas. Estos ataques han provenido también de la Fiscalía General de la Nación. A finales del año 2018 la fiscalía abrió investigación en contra de la secretaria administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, por supuestamente “haber favorecido indebidamente a exintegrantes de las desmovilizadas FARC”. Este proceso está en curso y compromete a otros dos contratistas de la JEP.

Pero estas actuaciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez en contra de la JEP son cada vez más frecuentes. Martínez acudió ante la Corte Constitucional para que se mantenga en la fiscalía la custodia de los bienes entregados por las FARC para la reparación a las víctimas; también ha sido Martínez quien ha pedido al presidente Duque que objete la ley estatutaria de la JEP y es él quien ha brindado los argumentos jurídicos para ello y más recientemente en acuerdo con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, fue Martínez directamente quien montó el operativo para la captura de un fiscal de la JEP, Luis Carlos Bermeo, acusado de acciones que buscarían impedir la extradición de Jesús Santrich solicitado por un fiscal de New York por supuestamente haber incurrido en un delito de narcotráfico después de la firma de los acuerdos de La Habana.

Este último episodio es particularmente confuso, por decirlo menos. Mediante agentes encubiertos de la DEA y de la Fiscalía de Colombia se acusa a seis personas dentro de ellas al fiscal de la Unidad de Investigaciones adscrita a la JEP, Luis Carlos Bermeo y al exsenador Luís Alberto Gil, quienes se habrían complotado para incidir en el proceso de extradición de Jesús Santrich. Gil purgó una pena de siete años por sus nexos probados con grupos paramilitares. La condena la impuso la Corte Suprema de Justicia. Gil, Bermeo y los otros implicados, son acusados por la Fiscalía de complotarse para incidir en el proceso de extradición de Jesús Santrich, que como ya se dijo se encuentra en estudio de la JEP. Lo raro del asunto como queda claro es que el fiscal Bermeo no tiene ninguna función que lo relacione de manera directa con los magistrados de la JEP que tienen en sus manos el proceso de extradición de Santrich. ¿Por qué y quiénes estarían interesados en aportar dos millones de dólares para corromper a un funcionario de la JEP que no tiene en sus manos el proceso de Santrich? Esta pregunta no ha sido respondida en el proceso de imputación de cargos. Todo es confuso. Pero lo que sí es claro es la intencionalidad de Martínez y su entorno político por desprestigiar y deslegitimar a la JEP en momentos en los cuales Duque tiene que tomar una decisión con respecto a la Ley Estatutaria de la JEP. El plazo vence este viernes 8 de marzo.

Lo que sí es claro es que el régimen y sus principales agentes se oponen a la JEP y quieren o acabarla o reformarla drásticamente con lo cual se asestaría un golpe mortal al debilitado proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP. Sucedidos los hechos de corrupción que comprometieron a este fiscal, Uribe salió al ruedo para pedir que la JEP sea eliminada, ya no sólo reformarla, sino acabarla. El temor es que la JEP pueda efectivamente encontrar culpables al desvelar la verdad judicial de los miles y miles de crímenes horrendos cometidos no solo por las guerrillas sino por altos mandos militares y por altos personajes del establecimiento económico y político del país. Esa es la razón verdadera de los arteros ataques a la JEP.

Bogotá 7 de marzo de 2019

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur