“Un sector estratégico es el energético, con recursos que si se manejan bien pueden financiar el desarrollo futuro del país; son el patrimonio de nuestros hijos y nietos. No dejemos que se mal vendan o se lo roben”

Jaime Rosenthal Oliva

Hemos manifestado que lo realizado por Juan Orlando Hernández (JOH) con la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) fue una “puercada”, de la cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) es cómplice al avalar muchas de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, como el nombramiento de director/gerentes y Comisionados de Energía sin cumplir con el principal requisito para el cargo, o sea capacidad técnica, profesionalismo y honradez demostrada. Incluso, marginando a prominentes miembros del Partido Nacional, caso particular del Dr. Luis Consensa Jiménez, un experto mundial en temas de energía y consultor de organismos multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), fiel a su política de “no interferencia” en las decisiones de los gobiernos, argumenta a su factor que la crisis financiera de la ENEE ha sido ampliamente documentada por las misiones técnicas que han visitado Honduras, siendo de conocimiento de la gerencia de la empresa, gabinete económico y Presidencia de la República; al grado que, en caso de la coyuntura actual donde existe interés del gobierno por suscribir un nuevo acuerdo de mediano plazo con la Institución que blinde la gestión de JOH para 2018-2022, la situación de la empresa eléctrica es una de las piedras en el zapato que no permite avanzar en forma rápida.

Desde que se promulgó la Ley General de Industria Eléctrica (decreto N. 404-2013) de mayo de 2014, se ensayaron varias estrategias para superar la crisis financiera, pero ninguna tuvo el resultado esperado. Una que sigue vigente, es la creación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) con autonomía técnica, financiera y presupuestaria, cuya función principal es la revisión y autorización de los pliegos tarifarios cada tres (3) meses. Es coordinada por tres (3) Comisionados propuestos al presidente de la República por una Junta Nominadora (integrada en su mayoría por instituciones y organizaciones controladas por el gobierno) para que él escoja de una nómina de candidatos.

La conclusión es que la CREE luce débil y “urge” ser fortalecida, por lo que hay que acelerar la contratación de estudios técnicos en el tema regulatorio y volver analizar la capacidad técnica y profesional del personal.

La otra es la propuesta de modernización de la ENEE emanada de la Ley y avalada por el FMI. El artículo 29 establece que la ENEE debe (¿debió?) estar modernizada (¿privatizada?) antes de julio de 2015, entendiendo la modernización como la partición (escisión) en tres (3) empresas: generación, trasmisión y operación, y al menos una de distribución. Hoy se habla que parte del Plan creíble que se presentará al FMI en forma conjunta (gobierno, sector privado e incluso con aval de Embajada Americana) para poder sentarse a negociar un nuevo convenio, incluye un calendario para la conformación de dichas empresas.

Como parte de la política de estabilización económica contentiva del acuerdo anterior firmado con el FMI, se contempló el despido de más de 2,100 empleados de la ENEE, lográndose el 120.4% de la meta, o sea 2,530 empleados despedidos (ENEE, 2017), pero ello no implicò que contratara nuevo personal, ya que la ENEE observa un crecimiento alarmante de personal administrativo-burocrático, producto del activismo y clientelismo político (STNEE, 2018). Se espera que la nueva partición de la ENEE, ayude a cumplir o superar la meta inicial, aunque las promesas del gobierno es que los empleados serán reasignados.

Otra solución clásica es la recurrente renegociación de los contratos con las empresas térmicas, pero que también no ha dado frutos. A finales de 2018, todavía la ENEE seguía dependiendo de la energía térmica y mantenía deudas superiores a los 1,500 millones de lempiras, cuando se pensó que la renegociación de los contratos era una solución de corto plazo mientras empezaba a contratarse energía de fuentes renovables.

El nuevo marco institucional de apoyo a la generación de energía renovable y fuentes sustitutas de petróleo y derivados, se tradujo en que la mayor parte de los contratos suscritos también resultaron leoninos. Honduras es uno de los países de Latinoamérica donde curiosamente la energía de fuentes renovables es demasiado cara para las finanzas del Estado y ENEE, por lo que la deuda crece y los pagos se retrasan. A finales de 2018, más de 5,100 millones de lempiras se adeudaban a estas empresas, donde el precio pactado por kilovatio-hora de energía renovable llegó a cerca de 19 centavos/dólar (Ver como ejemplo proyecto hidroeléctrico Cuyumapa). Lo mismo sucede con la energía eólica con contratos de 15.36cts/dólar/ kilovatio, la generada por biomasa con un costo de 15.70cts/dólar/kilovatio, y de plantas solares con costos por decreto (precio fijado por el Congreso Nacional) superiores a los 14 centavos/dólar/ kilovatio, más 3ct/dólar/kilovatio con incentivo fiscal por generar cada empresa más de 300 megavatios (EL Heraldo, 23/07/2018).

No ha cuajado el anuncio del gobierno de reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE, donde se han ensayado varias soluciones, incluyendo la militarización de la Empresa, campañas de ahorro de energía, condonaciones de multas por mora y mejoramiento de la infraestructura. La última solución es la creación de una nueva empresa de distribución denominada Empresa Energía Honduras (EEH), responsable del control tarifario, pagos de los usuarios y reducción de pérdidas. En 2018, la meta era reducirlas en un 3%, pero solo logró 1,54% (Manitoba Hydro). De allí que, además de la penalización, la confianza del Ejecutivo con la eficacia de la EEH sea cuestionada, ya que nadie cree, ni el propio JOH, que se cumplirá con la meta de largo plazo, o sea reducir las pérdidas de la ENEE en un 17.05% entre 2016 y 2025.

Ante estos ensayos fallidos, la solución frente al retraso en los pagos (mora) al final del año, es el endeudamiento. Cada fin de año hay que pagar deudas acumuladas con las empresas de energía, por lo que se recurre a préstamos de la banca internacional y colocación de bonos, en su defecto a la banca nacional con autorización del Congreso de la República. Esta práctica es dañina para las finanzas del Estado, ya que además de la presión adicional sobre los ingresos fiscales, legitima contratos leoninos muchos de los cuales fueron autorizados en forma poco transparente. En diciembre de 2018, los diputados del Congreso Nacional autorizaron la contratación de un crédito por un monto máximo de 6,500 millones de lempiras para pagar deudas de la ENEE con empresas generadoras de energía, en cuya votación también participaron la mayor parte de los diputados de partido LIBRE, aun sabiendo que era seguir con el juego del endeudamiento navideño de la ENEE.

Se ha buscado reducir la mora de energía con la ENEE que mantiene la empresa privada, el gobierno y las alcaldías. Se habla de una mora documentada de 7,000 millones de lempiras, de la cual un 62% es irrecuperable. También, una medida de política que le gusta al FMI, la focalización de subsidios, ha permitido que cerca de 630,000 personas pierdan el subsidio anterior y, en su defecto, se otorgue un bono para aquellas personas con consumos menores de 300 kilovatios hora/mes, lo que ha permitido a la empresa un ahorro de 700 millones de lempiras.

El presidente Juan Orlando Hernández cumplirá el próximo 27 de enero de 2019, el primer año de gobierno de su segunda legislatura, considerada fraudulenta y violatoria de la norma constitucional. Está consciente que no podrá sostenerse en el poder solo con la militarización y represión a manifestantes, el control del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, prensa mediática y tarifada, dirigentes de organizaciones empresariales, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), organizaciones gremiales, campesinas y de sociedad civil afines; ocupa también un apoyo más visible de la Embajada Americana ( El presidente Donald Trump no está muy contento que Honduras sea el país con mayor número de migrantes a USA), pero también del FMI.

Uno de las últimas cartas de JOH frente a la crisis de la ENEE, es el nombramiento del Dr. Marlon Tàbora, Embajador de Honduras en EEUU y representante al BID, como coordinador del Gabinete Económico, con objeto de elaborar un plan que solvente la crisis de la ENEE, en especial financiera, integrando una agenda de trabajo amplia con el sector privado, empresas generadoras de energía, organizaciones gremiales y dirigentes del Sindicato de la ENEE en su versión patronal. Este nuevo cargo, el cual ya había desempeñado a inicios del primer gobierno de JOH, convirtiéndose en el interlocutor en las negociaciones con el FMI para ejecutar el programa de ajuste económico draconiano con recortes de gasto, aumento progresivo de impuestos y tarifas de servicios públicos, despidos de empleados, devaluación programada, aumento de la tasa de política monetaria, reducción del crédito interno a sectores productivos y mayor endeudamiento, lo asume sin renunciar a los otros cargos; o sea, que el Dr. Tàbora tendrá tres o más sombreros.

Todos estos problemas y soluciones fallidas deben tener un tratamiento en el plan, principalmente orientado a cambiar el perfil financiero de la deuda de la ENEE, pero lo fundamental es la eliminación del llamado riesgo del retorno, o sea seguir solucionando problemas financieros cada año que los paga el pueblo-pueblo, mientras las empresas siguen proveyendo energía a la ENEE a altos costos (rentas por decreto), las perdidas no se reducen y las ineficiencias del manejo administrativo y técnico continúan.

El Plan debe ser del agrado del FMI, lo que presupone de entrada acelerar la privatización de la ENEE, conformando las tres (3) empresas del proceso de partición que lleva un retraso de más de 3 años y medio. En ello, la palabra que el gusta al Dr. Tàbora, pero no a muchos funcionarios de gobierno, empresarios y sindicalistas, es transparencia (hay empresarios que no quieren renunciar a toda la renta que obtienen con el contrato de la ENEE). Supone la elaboración de un calendario de trabajo creíble, donde se identifiquen las actividades que cada parte/actores realizará hasta la fecha en que se concluyan las licitaciones y se adjudique cada contrato y firmen los documentos. Podría pensarse que este trabajo lo coordine COALIANZA, tal como se hizo con la contratación de la EEH, pero hay poca credibilidad en esta institución, incluso de parte de funcionarios del FMI; de allí que el propio Dr. Tàbora debería coordinar o supervisar el proceso.

Esto debería ser del agrado del FMI, facilitando las negociaciones para la suscripción de un nuevo acuerdo o convenio antes de 2020 y, sobre todo, blindar el periodo de gobierno de JOH con aval de toda la banca multilateral. Sin embargo, a mediano y largo plazo, no resuelve el problema, sino que lo empeora. Después del golpe de Estado (junio de 2009), el país entró en un proceso de pérdida de capacidades internas para financiar su propio desarrollo, a diferencia de países como Bolivia, donde el Estado es quién lidera aquellas inversiones de apoyo a los sectores productivos con rezago (economías campesinas e indígenas, por ejemplo) generadores de bienes salarios, la salud, alimentación, educación y vivienda con cobertura amplia. Si bien la dependencia de ingresos por venta de recursos naturales y materias primas, necesita de una transformación industrial (agregar mayor valor a los bienes) para enfrentar de mejor manera la inestabilidad de mercados y precios, la capacidad de generar recursos internos facilita el ingreso de inversión externa de varias fuentes ligado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.

Contrario a ello, el llamado sector energético ampliado (incluye bosques y bienes ambientales) de la economía hondureña, un sector estratégico para financiar el desarrollo, ha venido siendo privatizado, en tanto no solo se entregan los recursos naturales, sino también ingresos captados por el Estado a empresas privadas, muchas de ellas transnacionales, que demandan operar con el menor riesgo posible.

Es una práctica institucional poco transparente y ética que el FMI ha denunciado, pero a puertas cerradas. La pérdida de parte del patrimonio interno que implica la eventual privatización de la ENEE, profundizará aún más la dependencia de la economía hondureña de las fuentes de financiamiento externo, bajo el consuelo de recibir más inversión extranjera directa (IED) y captación de más ingresos generados al modernizarse el subsector eléctrico, un cuento chino aparecido en 1994 con el gobierno de la Revolución Moral.

Los partidos de oposición al gobierno de JOH, deberían generar propuestas alternativas al Plan que coordina el Dr. Tábora que, de antemano, tiene el aval del FMI. Ello puede ayudar a alimentar a los diputados del Congreso de la República para que en forma consciente e informada analicen toda la documentación generada y socialicen con las organizaciones de sociedad civil que han trabajado el tema, incluyendo a la UNAH. Hay que buscar y validar la mejor opción, ya que, tal como los supuso Jaime Rosenthal, el desarrollo futuro de Honduras está en riesgo.

Lempira, Honduras, 21 de enero de 2019