Saúl Escobar: Los contratos colectivos de protección, “vergüenza mundial”
- Opinión
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-Las autoridades laborales en México no han hecho nada para vigilar el cumplimiento de la ley
-Me gustaría ver que se acabe con las formas de contratación precaria
-El término ‘nini’ es ofensivo y falso
A decir de Saúl Escobar Toledo, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “los temas laborales se han ocultado o minimizado, como sí recibir un ingreso para sobrevivir no fuera uno de los temas, o el principal tema, de una sociedad”.
Advirtió que los asuntos relativos al empleo ahora están resurgiendo, “y esperemos que se coloquen en el centro de la agenda nacional”.
Escobar Toledo confió en que “esta discusión tomé impulso” para una mayor comprensión, divulgación y entendimiento.
En entrevista exclusiva disecciona de modo perspicaz la estructura del mundo laboral que prevalece en México, sin perder de vista el contexto internacional.
Saúl Escobar Toledo se desempeña como profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros ‘Rafael Galván’. Ha sido fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputado federal y subsecretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de la Ciudad de México. Es autor de La acumulación capitalista en el porfiriato y Los trabajadores en el siglo XX. Sindicato, Estado y sociedad en México: 1907-2004.
– ¿Qué transformaciones recientes ha registrado el mundo del trabajo?
–A nivel mundial, las tendencias del trabajo han sido muy negativas. La globalización ha hecho que los empleos migren de un país a otro, sobre la base de salarios más bajos y condiciones muy precarias. El empleo en general se ha deteriorado. Por otro lado, el avance tecnológico ha provocado que la generación de empleos sea más lenta.
La globalización ha afectado a las diferentes regiones del mundo de distinta manera. El país que más se ha beneficiado es China. Se ha convertido en la “fábrica del mundo”. Ha podido absorber una gran cantidad de mano de obra. Así, cuando en Estados Unidos escaseaba, en el sudeste asiático la oferta laboral aumentaba rápidamente. El mundo ha cambiado. El eje de la industrialización pasó de Europa y Estados Unidos a China y el sudeste asiático. México también se benefició parcialmente de este fenómeno sobre todo por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
– ¿Las perspectivas de crecimiento de la economía contribuyen a la creación de empleos?
–Sí, porque tenemos desde hace tiempo un polo de crecimiento económico muy rápido en China, que en algún momento llegó hasta el 10 por ciento. Hoy está por el orden del 6 y 7. Mientras que Estados Unidos y Europa se ubican en 2 o 3 por ciento. Esto muestra una economía, como lo señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI), a dos velocidades: una lenta y otra rápida.
Con la crisis de 2008, las cosas empezaron a cambiar porque la economía cayó. China incluso redujo su ritmo de crecimiento. Diez años después las economías se recuperan, aunque en casos como Europa, todavía no terminan de dejar atrás la recesión porque se atravesó el problema de la integración del euro. Luego el Brexit, más o menos reciente, ha generado también un marco de incertidumbre.
– ¿Coincide en que los empleos que hoy se generan son en general ‘precarios’?
–“Precario” tiene distintas acepciones. La más común es que se trata de un empleo sin seguridad social, inestable y carente de prestaciones contractuales; por tanto, es mal pagado e inseguro. Este tipo de trabajos se generalizaron durante la etapa neoliberal en México y por todo el mundo, debido a la migración mundial de los empleos de los países más prósperos a los menos desarrollados.
Los empleos precarios se crearon como una política de atracción de inversiones extranjeras o porque las instituciones laborales eran muy débiles.
– ¿Esto en sentido contrario del ‘trabajo decente’?
–Hace 10 o 15 años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo la propuesta del trabajo decente. Incluso la traducción ha sido cuestionada porque ‘decente’ en español tiene una connotación moral. A veces se habla mejor de ‘trabajo digno’. Se trata de un empleo protegido por la seguridad social, con un salario justo. Es resultado de una negociación colectiva, contractual y se basa en la libertad sindical de los trabajadores. Esta propuesta se lanzó como una manera de enfrentar las tendencias laborales predominantes en el mundo.
– ¿También se han diversificado los tipos de contratación y empleo?
–Las formas del empleo como resultado de las nuevas tecnologías y la migración han cambiado. Ya no es la clásica relación trabajador asalariado-patrón. Ahora hay muchas formas de trabajo: tradicional, no tradicional; clásico, no clásico; y distintas formas de contratación: por honorarios, subcontratación, outsourcing, teletrabajo. Modalidades que lamentablemente no cumplen con los requisitos del trabajo decente.
– ¿En qué consiste la economía gig?
–Es un término nuevo. Todavía no aceptado por todos los especialistas. Surge de una palabra que tiene su origen en el medio artístico. Podría traducirse como “palomazo”. Se da cuando un grupo musical no llega a un concierto programado, entonces se le piden apoyo a otro para cubrir la vacante. Ahora se usa para designar a un empleo que se contrata por medio de una plataforma digital, como característica fundamental, y se asume, en segundo lugar, como un trabajo propio, pero que en realidad es un trabajo asalariado al servicio de una empresa. Esta confusión, ambigüedad, disfraz y engaño, también es característica del trabajo gig. En tercer lugar, se distingue porque es un trabajo mal protegido, muy explotado, con bajos ingresos, sin seguridad social, no tiene contrato ni sindicalización, donde el trabajador asume todos los riesgos del trabajo; pero la empresa no adquiere ninguna responsabilidad y ni siquiera paga impuestos.
El ejemplo más claro es el de Uber. Allí el trabajador es supuestamente independiente, conectado con una plataforma que solo es intermediaria entre el conductor y el usuario. En realidad es un trabajo al servicio de una empresa. La firma gana y le ordena al trabajador a quién tiene que recoger. Es un trabajo subordinado, aunque no se reconoce como tal. Lo que permite que sea un trabajo vulnerable. Incluso ha generado problemas con la seguridad de los pasajeros porque la compañía no se asume como patrón, solo como intermediario. En algunos países ha generado tal inconformidad que los taxistas regulares o tradicionales, han hecho paros. Y han logrado que los trabajadores de esa entidad se puedan sindicalizar y se reconozca la relación laboral. También se ha logrado que, en algunos casos, Uber pague impuestos y no burle al fisco. Y, aunque no exactamente, es el caso de Airbnb para conseguir alojamiento.
– Debo insistir: ¿parece que el ritmo de la expansión económica mundial no ha sido suficiente para crear las plazas de trabajo necesarias?
–Uno de los rasgos de la etapa de globalización neoliberal que se ubica desde la crisis de 1982, es de un crecimiento muy bajo, con crisis económicas serias, aunque no tan recurrentes. Lo que ha generado un esquema laboral poco halagüeño, con una gran cantidad de empleos informales. El crecimiento no ha dado para crear las suficientes plazas formales. Tenemos ahora un problema en el mercado laboral de jóvenes que no encuentran empleo. Aunque es una tendencia a la baja, aún hoy es muy preocupante. Una salida a este fenómeno fue la migración. Entre 1990 y 2010, se fueron de México unas 500 mil personas al año. Es decir, cerca de 10 millones. ¿Qué hubiera sido sin la válvula de escape de la migración? Una situación angustiante.
– Pese a ello, la administración anterior lanzó las campanas al vuelo por haber creado, según su parecer, una cantidad ‘histórica’ de empleos.
–Lo que pasa es que ahí hicieron una ‘trampa’ estadística: muchos de esos empleos ya existían; pero eran informarles, no acreditados en la seguridad social. Entonces lo que hicieron fue inscribirlos en la seguridad social. En realidad no eran plazas nuevas.
De lo que no se habló es que al tiempo que aumentaban los trabajadores inscritos en la seguridad social, bajaban los salarios. Aumentó el número de empleos de dos a tres salarios mínimos y disminuyó la proporción con más de cinco salarios. Esto significó una pérdida del ingreso o un empobrecimiento de los trabajadores.
– ¿Todavía es importante mantener como referencia los salarios mínimos?
–Creo que son muy importantes para la protección de los empleos más explotados, donde los trabajadores tienen muy poca calificación, como el trabajo de limpieza, en el sector rural o en la albañilería. Efectivamente, hubo una ofensiva encabezada por Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, para acabar con el salario mínimo. Afortunadamente parece que esa tendencia no prosperó y ahora vemos un renacimiento parcial del salario mínimo con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo está utilizando como un instrumento de política económica para proteger a los más débiles.
– ¿Cómo observa la política de López Obrador para enfrentar la problemática laboral?
–Hay signos alentadores, como el aumento del salario mínimo, pero es un primer paso. Desde una perspectiva histórica es un avance pequeño. El chiste es que se mantenga. Espero que en 2020 haya un aumento de los mínimos similar al anunciado para 2019; es decir, de al menos un 16 por ciento. Esto es, la inflación más 10 o 12 puntos. De modo que el salario mínimo se convierta en un ingreso digno. Lo ideal sería que subiera en un 100 por ciento. Claro que esto no se puede hacer de un día para otro. Ojalá que a lo largo del sexenio se pueda ir aumentando paulatinamente.
El otro tema es qué va a pasar con los salarios contractuales. En el pasado se utilizó el aumento de los mínimos como tope. Ahora eso no funcionará porque nadie va a dar un aumento del 16 por ciento. Lo que veremos son aumentos moderados por encima de la inflación.
Lo que me gustaría ver es que se acabe con las formas de contratación precaria: los trabajos por honorarios, de tiempo parcial y la subcontratación. Es una vergüenza que en oficinas públicas los sanitarios sean limpiados por mujeres subcontratadas por alguna empresa, sin seguridad social. Se aprovechan de su condición femenina y sus necesidades para darles un empleo muy precario, con salarios muy bajos. No es posible que permanezcan estos tipos de subcontratación. El gobierno debe ser ejemplo en cumplir la ley, pero es el primero que la viola.
– ¿Qué opina del programa de empleo para jóvenes?
–Es un proyecto interesante. Es algo inédito. Antes existía, pero tenía pocos fondos y no era tan masivo. Ahora le van a destinar entre 40 y 45 mil millones de pesos. Visto en el presupuesto general es poco. Aunque como un programa específico sí es notable el monto. La idea es abarcar hasta 2.5 millones de jóvenes; sin embargo, creo que sólo alcanzará para 2 millones.
El experimento puede ser muy interesante, empero, tiene sus riesgos. Por ejemplo, podría convertirse en un subsidio para las empresas porque van a poder contratar gratis a un joven pagado por el gobierno. Además, si a la persona se le ocupa en actividades auxiliares como limpiar o estibar, no ayudará a su formación, adiestramiento y capacitación.
Otra preocupación es que no certifiquen las capacidades adquiridas. El secreto de esto en el mundo, como en Alemania donde existe esta práctica bajo la modalidad de aprendiz –aquí sería un becario–, es que el joven aprenda un oficio y sea certificado. Es decir, se le reconozca con un diploma lo que sabe hacer y con ese papel pueda ir a otra empresa y contratarse.
– ¿Se busca brindar soluciones a los ninis?
–El término “nini” es ofensivo y falso. En realidad, hay muy pocos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Gran cantidad de jóvenes desempeñan actividades no remuneradas, sobre todo, las mujeres. Llevan a cabo trabajos domésticos, de cuidado familiar y ayudantías en talleres. Los jóvenes sí hacen algo. Debe haber alguno que no haga absolutamente nada, sin embargo, la mayoría no son ninis en sentido estricto. Algunos realizan tareas indispensables en la familia, como el cuidado de los niños pequeños o de los abuelos. Son quehaceres no remunerados ni reconocidos, pero indispensables en el seno familiar.
– Por otro lado, se anuncia un “cambio radical” en materia de justicia laboral, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué prevé en esta materia?
–Es una reforma que viene de febrero de 2017 con tres asuntos centrales: cambiar la justicia laboral suprimiendo las juntas de conciliación y arbitraje, locales y federales, y crear juzgados adscritos al poder judicial; un centro de conciliación laboral y de registro de contratos y sindicatos, independiente del gobierno; y garantizar el voto universal, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes sindicales, así como para escoger el sindicato y el contrato colectivo de su preferencia. Eran reformas muy importantes que se han quedado congeladas porque no se cambió la Ley Federal del Trabajo. Ahora hay varios proyectos en la Cámara de Diputados para ver de qué manera se concretan estos avances.
– ¿Qué prevalece entonces hoy en este renglón?
–Simulación y engaño. Una vida de mentiras mediante los contratos de protección laboral. Son contratos que se firman a espaldas de los trabajadores entre un sindicato de papel y un empresario que acepta firmar y utiliza como parapeto para fingir que se está respetando la ley, cuando en realidad es un engaño total. Es un negocio de abogados y líderes sindicales para beneficiarse de esos acuerdos mediante cuotas que el trabajador paga a un sindicato que nunca ha visto. O para extorsionar a los empresarios bajo la amenaza de hacerles una huelga.
La ficción de los contratos colectivos de protección ha sido muy dañina para el mundo laboral y esperemos que con la reforma se vaya acabando con esa práctica.
– ¿Lo que Usted señala sería un cambio radical?
–Sí, pero esperemos que no sea un cambio súbito porque el mal está tan extendido que acabar con él no será posible en poco tiempo. La ley es un instrumento muy importante para ir erradicando este cáncer que corroe al 80 o 90 por ciento de los trabajadores asalariados. Es tan grave que la OIT la pone como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y en América Latina es una cosa sin comparación. Sólo en México existe esa práctica de los contratos de protección. En otros países, los patrones tratan de burlar la ley, pero no como en nuestro país que se ha convertido en una práctica generalizada. Ha sido un gancho para promover la inversión extranjera, sin embargo, es una vergüenza mundial. En uno de los puntos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay una cláusula que prohíbe los contratos de protección y obliga a México a legislar para prohibir este tipo de convenios.
– ¿Esta situación tiene lugar en medio de una marcada debilidad institucional?
–En el medio académico y de las entidades multilaterales se habla de debilidad institucional para señalar un problema: la distancia entre la ley y la realidad. En otras palabras: no se aplica la ley. La autoridad encargada de velar por la aplicación de la ley simplemente no hace nada. En el caso de México, las autoridades laborales federales durante muchos años no han hecho nada para vigilar el cumplimiento de la ley. Han dado curso a estos contratos de protección, empleos vulnerables, al incumplimiento del pago del salario mínimo; muchas prácticas laborales que violan abiertamente la Constitución. Las autoridades ven para otro lado. A eso se le llama técnicamente debilidad institucional. En México eso quiere decir abierta corrupción. Una política que favorece a los patrones lastimando a los trabajadores. Las instituciones no cumplen con su obligación.
– ¿Esto acentúa la desigualdad?
–Se manifiesta en varias desigualdades, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que se hace más profunda en el mercado laboral. Las mujeres, en promedio, siguen ganando menos que los hombres incluso en puestos iguales. En general, las mujeres se colocan en empleos más vulnerables y más precarios que los hombres.
También hay desigualdades cuando hablamos de edades: entre más jóvenes más desempleo. En cuando a grupos étnicos: los indígenas tienen empleos peor pagados. Y en desigualdad regional: el sureste del país es una región donde hay mucha más empleos precarios, informales y vulnerables que en el norte del país.
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