Un grupo de expertos, bajo el emblema de una universidad autónoma y con frases rimbombantes anuncian que se producirá un Apocalipsis sin precedentes el 10 de enero en Venezuela.

Así, se suman a las maniobras ya conocidas para nosotros que intentan reescribir las categorías jurídicas nacionales para hacer titulares de prensa y frases que convienen a las carpetas sobre Venezuela en los organismos internacionales.

Esta vez afirman que se producirá la disolución de la República y sugieren a la Asamblea Nacional que declare que el Gobierno liderado por Nicolás Maduro se transformará en un Gobierno de facto.

Dos matrices, dos comentarios.

La palabra disolución sólo está contemplada en la Constitución en relación con el Parlamento. Puede el Presidente, en el marco de los contrapesos, disolver la Asamblea Nacional cuando está ha entrado en supuestos previstos en la Carta, que tienen como consecuencia limitar la facultad del Presidente para gobernar.

La República constitucionalmente no se puede disolver. Por el contrario, la refundación y la preservación de la República es un valor fundamental de nuestra Carta Magna y nuestro principal deber como venezolanos.

Una República es una forma de Gobierno que es distinta a la monarquía y solemos, en Venezuela relacionarlo con nuestra libertad y democracia. En nuestro sistema las sucesiones de las Repúblicas han estado en relación a los cambios mayores de las Cartas Mangnas, lo que ocurre igual por ejemplo en Francia.

¿Un error? Puede que esto amerite que lo tildemos de horror pero antes de escandalizarnos debemos recordar que no somos un sistema político ni jurídico plenamente independiente sino que estamos conectados con sistemas que tienen sus propias categorías.

Entonces ¿Hablarán desde un nuevo carmonazo? ¿Pretenderán que el 10 de enero se acaba la era constitucional que se marcó el 15 de diciembre de 1999? Quizás a lo interno pero a lo externo recordemos que la visión del Estado fallido o forajido que es la justificación actual de las sanciones colectivas y la intervención requiere de esos voceros que digan que el país se encuentra en una situación de anomia que significa un riesgo para la población local y una amenaza para el resto de la sociedad internacional.

El supuesto de la declaratoria que recomiendan a la Asamblea Nacional opera del mismo modo y sobre una lógica que jurídicamente no puede sostenerse. Una vez que Nicolás Maduro fue electo y proclamado Presidente, solicitar o exigir que no asuma el Gobierno el 10 de enero, se desplaza entre pedirle al Mandatario que acompañe a la Asamblea Nacional a desconocer la fuerza creadora del resto de los poderes del Estado o pedirle, simplemente, como han hecho desde que inició su rol de Presidente que renuncie en tanto ellos manifiestan su inconformidad -por medios dado que se niegan a votar- con su Gobierno.

Sobre lo que ocurre, cuáles son los sujetos y las causas, en el marco de llegar otra cita constitucional en el marco del continuado desacato ya hemos escrito y pueden consultarlo en este mismo espacio

Enero 3, 2019