La Interpol (policía internacional) rechazó el pedido de difusión roja para la captura del expresidente de Ecuador Rafael Correa por el supuesto vínculo en el secuestro de un opositor en 2012, argumentando que la medida no era compatible con el respeto a los derechos humanos.

La que se está dando en Ecuador es una guerra judicial con múltiples objetivos: deslegitimar la gestión gubernamental del expresidente, impedir su retorno a la política, destruir su imagen pública, y aplazar -o tratar de impedir- una crisis de gobernabilidad –previsible.

Tras la aceptación de la renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, la Asamblea Nacional deberá elegir su reemplazo. El presidente Lenin Moreno presentó una terna: Otto Sonnenholzner es economista y comentarista radial; Nancy Vasco viene del sector social; y Agustín Albán, residente en México y rector de la privada Universidad Milenium, con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, financiamiento corporativo y capital privado.

Los analistas coinciden de que contra Correa se construyó un proceso judicial sobre las mismas burdas bases de sospechas, testigos falsos e inexistencia de pruebas, que en Brasil tienen preso al expresidente Lula -por la supuesta posesión de un inmueble, que nunca ha estado registrado a su nombre ni de sus familiares-, que en Argentina sustentan la causa por “traición a la patria” contra la ex-presidenta Cristina Fernández.

Correa, radicado en Bélgica, celebró la decisión difundida por la justicia ecuatoriana: “agradecemos la decisión de Interpol, pero no nos coge por sorpresa. Esperábamos esa decisión”, tras volver a denunciar que se trata de una persecución política. “Las autoridades ecuatorianas insisten en una persecución en mi contra.”

“Tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del Solicitante –Rafael Correa–, la información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (Arta. 2 de los Estatutos de Interpol)”, afirma el comunicado.

De inmediato, la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana respondió que la resolución de la Interpol está sujeta a revisión y que la notificación roja y la extradición son trámites independientes.

Al terminar su gobierno, Correa se radicó en Bélgica donde recibió la notificación de la justicia que lo vinculaba con el secuestro del opositor Fernando Balda sucedido en Colombia. El caso, adelantado por los servicios colombianos de inteligencia según se denunció oportunamente, dio un paso más cuando la justicia ecuatoriana pidió la detención de Correa a la Interpol.

Balda acusa al ex gobernante de ordenar su secuestro en Bogotá, donde cinco personas lo subieron a la fuerza a un auto que luego fue interceptado por la policía local permitiendo la liberación de Balda.

Correa, presidente entre 2007 y 2017, fue llamado a juicio el 7 de noviembre junto a dos ex agentes que están detenidos y a un ex jefe de la Secretaría de Inteligencia que ahora vive en España, pero no se presentó. El exmandatario solo será enjuiciado si es llevado ante un tribunal porque la ley impide su juzgamiento en ausencia. “Es claro que esos juicios de cartón que se están haciendo en Ecuador, que no podrían ser posibles en un Estado de derecho, no van a pasar ni el primer nivel”, señaló Correa.

“Queda claro que el ‘caso Balda’ es una farsa y que sus decisiones son ilegítimas e ilegales”, tuiteó el excanciller Ricardo Platino. “En lugar de pedir renuncia a jueces venales, la Corte Nacional trata de defender lo indefendible, torturando el estatuto de Interpol. ¡Jueces honestos, a reaccionar! ¡Basta de sainetes! ¡Basta de persecución política!”, declaró.

Si el proceso penal seguido en contra el hoy encarcelado exvicepresidente Jorge Glas sirvió como cortina de humo para la apropiación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y todas las autoridades de control, la persecución política de Correa pretende desplazar del debate público a la nueva “Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, que condona multas e intereses al Fisco (al que se le adeuda actualmente alrededor de 4,379 millones de dólares) para los grupos económicos más poderosos.

Alberto Verdugo señala que una de las piezas claves en la implementación de la estrategia Lawfare en Ecuador es Pablo Celi, quien funge como Contralor del Estado “encargado” luego de que literalmente rompiera el documento en el que se le notificaba que había sido destituido. Hace pocos meses, en una manifiesta arrogación de funciones, Celi emitió un examen con indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Correa por un aparente “sobreendeudamiento”.

La noticia, por supuesto, tuvo inmediato revuelo en los titulares de la prensa hegemónica, pero a falta de pruebas de perjuicio económico para el Estado, debió archivar la denuncia. En el examen de Celi jamás se cuestionó el procedimiento de contratación de deuda del gobierno anterior, sino más bien el haber creado una “legislación permisiva” que, más allá de lo que estableciera el manual del Fondo Monetario Internacional, aprobó el tan difundido “sobreendeudamiento”.

La presunta comisión de peculado no tenía ningún asidero legal, pues no hubo distracción de fondos del Estado (utilizarlos para un destino distinto al que por ley le corresponde). Pero la denuncia (tipo fakenews) sirvió para alimentar el imaginario colectivo y para que el poder fáctico ensayara la estrategia del lawfare, involucrando a Correa en un hipotético delito de secuestro contra un ex asambleísta que se encontraba prófugo de la justicia en Colombia, dedicado, al parecer, a la comercialización ilícita de equipos de espionaje.

Con el golpe judicial que pretende encarcelar al ex-presidente, el Gobierno ecuatoriano demuestra su urgencia para impedir que el ex-mandatario regrese a presentarse como candidato a las elecciones municipales del 2019, y también para evitar que siga al frente de la reorganización del movimiento ciudadano antineoliberal que se viene gestando tras el vertiginoso y para algunos sorprendente giro a la derecha de Lenin Moreno.

El sumario judicial por el cual se acusa a Rafael Correa es realmente kafkiano, donde el Gobierno tuvo que torcer la institucionalidad judicial existente (para algunos, de forma ilegal). La captura del Consejo de Participación (CPCC) designado por Moreno -a partir del referéndum- fue un paso esencial para el cambio en la institucionalidad judicial y el desarrollo de la persecución judicial a Correa, señala Rafael Calderón.

El CPCC, en tan sólo tres meses, ha destituido al fiscal general y al presidente del Consejo de la Judicatura, abriendo el camino para que el Gobierno, apoyado por las bancadas de derecha, le quitara el fuero presidencial a Correa, con una dudosa acción de la Asamblea Nacional. La historia continuará.

Eloy Osvaldo Proaño

Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)