San Juan, 28 de noviembre de 2018 (NCM) – La operación triangular con bases logísticas en Colombia, Puerto Rico y en la propia Venezuela para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro se desarrolla con tanta cautela que, a más de un mes de haberse aprobado, su manifiesto todavía no se ha hecho público y en un ambiente internacional cada vez más inestable y volátil.

Según los informes obtenidos de varias fuentes oficiales, la operación fue debidamente consultada con la oficina del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, e incluye acuerdos para entregar el poder interino de Venezuela a Antonio Ledesma y, luego, impulsar la elección a la presidencia de María Corina Machado.

Las fuentes aseguraron que tanto Ledesma como Machado se comprometieron con el manifiesto, todavía confidencial a la fecha de cierre de esta crónica, aunque aprobado a finales de octubre.

De acuerdo a los informes de las fuentes -que pidieron se protegiese su identidad- al momento de producirse el derrocamiento de Maduro, estarían en operación una base receptora en Venezuela y dos de suministros. La primera estaría ubicada en territorio de Colombia y la otra en algún punto cercano al Puerto de las Américas, en la ciudad de Ponce, en la costa sur de Puerto Rico.

Como si se tratara de intentar materializar una metáfora, la operación es descrita como una de canalizar ayuda humanitaria ante una catástrofe e incluye almacenar en distintos puntos -en especial en Puerto Rico- la ayuda internacional destinada a Venezuela, tanto de organismos internacionales y de gobiernos, como de sectores privados. De hecho, en la reunión técnica de octubre pasado, efectuada en el Centro de Convenciones -donde operó el Centro de Operaciones de Emergencia durante el huracán María- la oficina para las alianzas público privadas de Puerto Rico orientó a los participantes sobre ese recurso, tanto para manejar suministros materiales como donativos en dinero.

Toda la operación enfrenta una serie de complicaciones, entre ellas, el problema de la geografía política de la región en que se está montando por los efectos colaterales que pueda tener en los países caribeños, en especial en el entramado de islas sometidas a diversos poderes metropolitanos. Aún naciones independientes ya están sintiendo efectos por las confrontaciones continentales.

Por ejemplo, en República Dominicana hay sectores que buscan que se saque del poder al presidente, copiando el modelo usado en Brasil y otros que proponen la construcción de un muro con Haití, como el que se ha estado levantando en la frontera de EEUU con México. La idea de este otro muro, que sus proponentes insisten en que podría ser apoyado y financiado por Washington, es para contener la emigración desde el país vecino, donde continúan las protestas callejeras en reclamo de la salida del presidente y de que se procese a los funcionarios haitianos que, se alega, se apropiaron de cerca de 2.000 millones de dólares de ayuda venezolana enviada a través de Petrocaribe.

Mientras tanto, en las Antillas de Holanda, controladas por una junta fiscal, el ambiente no es menos volátil. Ya el reino holandés ha anulado varios de los gobiernos civiles electos, inclusive mediante despliegue de fuerza militar, sin contar con que en diciembre comienza en Curazao el juicio contra un ex funcionario imputado de haber ordenado el asesinato del líder de la lucha por la independencia, Helmin Wiels.

En las Antillas de Inglaterra, donde tampoco son extrañas las juntas de control, la determinación de Londres de legislar directamente asuntos fiscales para las Islas Caimán ha provocado la unidad política en reclamo de negociaciones para proteger su autonomía. Las conversaciones han sido pautadas para comenzar en diciembre y ya se escuchan reclamos para que el Reino Unido incorpore plenamente los territorios de ultramar, les conceda condición autónoma o se atenga a otorgarles la independencia, en lo que se ha comenzado a llamar el OTEXIT, en alusión obvia al BREXIT de Gran Bretaña de la Comunidad Europea.

Ni siquiera Colombia está exenta de ese tsunami en gestación y en su pequeño Archipiélago de San Andrés, en el extremo sudoccidental caribeño, hay un reclamo para poder mantener su autonomía tributaria. Los isleños rechazan la propuesta en Bogotá de dejar de eximirles del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), política que se ha usado para promover la actividad económica y para compensar los costos de transporte marítimo y aéreos de mercancías desde el continente.

La posibilidad de que una aventura político-militar que use como punto importante a Puerto Rico tenga efectos de onda expansiva en las otras islas se hace más evidente al tener en cuenta su circunstancia actual. En ésta última, ubicada en un punto estratégico equidistante de Guantánamo y de Caracas, los temas relativos a las relaciones con EEUU, la junta de control, las medidas fiscales y la corrupción son asuntos que laten a flor de piel, casi como un tic-tac explosivo.

Tampoco es fácil la situación en la propia Venezuela, donde no hay acuerdo total en las filas de los opositores y mientras algunos quieren negociar y participar en los próximos comicios municipales de diciembre, otros optan por pedir la rebelión callejera. Hasta el opositor Congreso Venezuela Libre emitió esta semana un manifiesto en el que proclamó su lealtad a la Constitución de 1999 que estableció la República Bolivariana a la vez que hizo un llamado a las fuerzas armadas para que se alcen contra lo que consideran es la usurpación del presidente Maduro.

En lo que parecen coincidir los grupos opositores es en desconocer los resultados de los comicios de mayo pasado y, en consecuencia, proclamar que el 10 de enero próximo -cuando debe comenzar el próximo mandato de Maduro- Venezuela será un estado sin presidente.

Una de las fuentes oficiales que proveyó la información en Puerto Rico dijo que como parte importante de la operación se gestiona -aunque hasta ahora sin éxito- que EEUU ordene un embargo total a las compras de petróleo de Venezuela, para provocar un colapso económico.