Brasil es jurídicamente un país distinto al nuestro. No tan sólo por la historia de su nacimiento sino por la génesis de su cultura colonial. Por eso, no vamos a tener las ventajas que suele ofrecernos las otras naciones bolivarianas o incluso el más amplio mundo de las naciones americanas liberadas de la Colonia española, cuando queramos comparar el Derecho. Sus juristas, a diferencia de los colombianos, los argentinos, los uruguayos o los mexicanos, no usan los mismos textos básicos de ciencias jurídicas y salvo el respeto que sentimos por Miguel Reale y su teoría tridimensional del Derecho, en líneas generales los conocemos poco.

Así, que en las próximas líneas expondré una visión que puede tener menos elementos que si mirásemos esos mundos que nos son más conocidos pero lo hago porque siento que existe una urgencia.

El movimiento bolivariano generó un Derecho. Del heroico capitulo constituyente venezolano, nacido de una voluntad popular que no se rindió a los formalismos del sistema anterior, no tan sólo se redactó una Constitución sino que se generó la certeza de que si los pueblos pretendían un nuevo momento político y social, no tan sólo necesitaban una nueva Carta Magna sino también una nueva manera de hacerla.

Son tres naciones latinoamericanas las que se dieron textos con esta característica: Venezuela, Bolivia y Ecuador. Los otros países con Constituciones nuevas, como México lo hicieron con medios, motivaciones y resultados distintos.

Ahora, en este nuevo momento continental, con los pueblos que se mueven y las fuerzas que los arrastran, también se configura una nueva manera de hacer Derecho. Al cierre de octubre, una controversia nace en Estados Unidos sobre la naturaleza constitucional –o no- del régimen de la adquisición de la nacionalidad por nacimiento en aquél país y en Brasil, al tiempo que Bolsonaro jura cumplir la Constitución brasileña de 1988, queda en el ambiente la duda si cumplirá su propósito de reformarla, como anunció en septiembre.

Es interesante ver que Donald Trump plantea que puede cambiar el régimen de la nacionalidad, una vez que logró instalar a un hombre de su extrema confianza en la Corte Suprema y cuenta con una conformación de la misma más favorable que al inicio de su mandato. Lo que sin duda nos permitirá ver que en todos los países, las máximas instancias judiciales tienen naturaleza jurídica pero funciones que son también, claramente, políticas.

Mientras Bolsonaro espera sentarse en la silla presidencial ya ha hecho un anuncio al menos chocante porque ha asegurado, tras una intensa polémica por la filtración de un mensaje de su hijo diciendo que fácilmente podría cerrarse el Tribunal Supremo del Brasil, que el puesto de Presidente de esa máxima corte será para el Juez Sergio Moro, famoso por ser el artífice judicial de toda la persecución a Lula y al petismo, que terminó por destituir a Dilma, encarcelar a Lula y crear las condiciones jurídicas necesarias para el triunfo de la ultraderecha.

Muchas de sus ideas pronunciadas en campaña contrarían el núcleo duro de los derechos humanos, ese, que se considera inviolable en todo tiempo e irreversible a futuro. Conformado principalmente por el derecho a la igualdad –o en su faceta negativa, a la no discriminación-y la prohibición de la tortura. Igualmente, hay temas polémicos como las posturas que favorecen la ampliación de la pena de muerte o de las ejecuciones extrajudiciales. Siendo estos puntos que chocarían abiertamente con las Constituciones modernas y el entramado de tratados que tienen detrás.

Para cambiarlo, puede que hacer una nueva Constitución sea una manera de ahorrarse problemas pero el equipo del nuevo Presidente ha señalado que no confía en las Constituyentes, de hecho, no piensa que sean los representantes políticos del pueblo los seres idóneos para redactar un documento tan importante. En este sentido, el general Mourão, vicepresidente que acompaña la fórmula de Jair Bolsonaro (PSL), defendió una Constitución hecha por “grandes juristas y constitucionalistas”, sin participación del pueblo.

Es una idea que Mourão dio en esa entrevista, la que ha determinado que asociemos el comentario con lo que ocurre en Estados Unidos puesto que planteó abiertamente que el modelo constitucional brasileño debe apartarse de su tradición para parecerse al texto estadounidense. Es importante tomar en cuenta que la tan venerada norma norteamericana no es más larga que una cuartilla, se redactó en el siglo XVIII y no tenía disposiciones de desarrollo de los derechos de las personas. Era un manual para la unión de los pedazos administrativos que habían quedado al fin de una era de Colonia.

En sus discursos, Bolsonaro no ha dicho frontalmente que irá hacia una nueva Carta Magna incluso algunos medios sostienen que lo descarta, pero lo necesita. No sólo por esto sino fundamentalmente en función de su anhelada modificación de la mayoridad criminal, con la que aspira tratar como adultos a personas que no han alcanzado la imputabilidad en el esquema actual.

Ahora que la campaña ha terminado y que ya no es necesario ser tan estridente, que supo posicionarse con frases que lo ubicaran en la mente y en los redes, es tiempo para que Brasil y el mundo, descubran cuáles son en lo sustantivo sus propuestas. ¿Para dónde va jurídicamente Brasil? ¿Para dónde va económicamente Brasil? ¿Cómo se acelerará el desandar de la otra hegemonía mundial en la que Brasil participó? Esos son los temas para hoy.