El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que sentenció que Chile no está obligada a negociar una salida de Bolivia al mar, me ha dejado un sabor amargo. Tras escucharlo, tuve un impacto inicial. Con la reserva de que no tengo a mano el texto de la decisión, es indispensable emitir una opinión preliminar.

La Haya ayudó a enriquecer mi visión del mundo. Luego de salir de la cárcel y abandonar mi polémico refugio en la Zona del Canal, me fui al exilio con beca a Holanda y estudié en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya de 1970 a 1972, donde obtuve Diploma de Relaciones Internacionales y la maestría en Ciencias Sociales “With Distinction”.

El Instituto, cuyo idioma de trabajo es el inglés, fue fundado por la ONU y el gobierno de los Países Bajos al finalizar la Segunda Guerra para estudiar los problemas del desarrollo, y estaba ubicado en el Palacio de la Reina de Holanda. En él se daban cita los más prestigiosos profesores: Gunnar Myrdal, Norbert Elias, Kurt Martin, Paulo Freire, entre otros.

La Haya es también la sede del Palacio de la Paz, que alberga a la Corte Internacional de Justicia y a la Academia de Derecho Internacional de La Haya y es, por ende, mi Alma Mater y segunda patria.

Es por ello que el Fallo de la CIJ sobre Bolivia y Chile me concierne en lo más profundo, sobre todo porque fui yo quizás el primero en sugerir al gobierno de Evo Morales en 2010 acudir a la CIJ bajo ciertas condiciones para resolver al menos su problema de mediterraneidad.

Bolivia, junto a Puerto Rico, las Malvinas y el Canal Panamá, fueron los grandes temas pendientes de Latinoamérica y el Caribe y concretamente del Movimiento de Unidad Latinoamericana, del cual fui vicepresidente ejecutivo durante diez años (1976-1996). El problema de Panamá con EE.UU. está fuertemente ligado a La Haya.

Fue en La Haya donde nació la resolución sobre el Canal que EE.UU. vetó el 21 de marzo de 1973 durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Allí redacté dicha resolución, luego de estudiarla durante treinta días el mes de diciembre de 1972, autorizado por el general Omar Torrijos y el Canciller de la Dignidad, Juan Antonio que Tack, quienes aceptaron que fuese en “misión secreta”.

Fue a La Haya donde sugerí en 1989 que Panamá solicitara una Opinión Consultiva de la Corte para dilucidar si dicho organismo había violado la Carta de la OEA con la resolución de su Órgano de Consulta de Cancilleres de mayo de 1989, la cual pedía insólitamente que el gobierno del presidente encargado Manuel Solís Palma entregara el poder a la Oposición, con la cual la OEA usurpaba el papel del Tribunal electoral panameño.

El vicepresidente de la CIJ, Manfred Lachs de Polonia, y el magistrado Mohammed Bedjaoui, de Argelia, en consultas conmigo como Embajador Especial (posteriormente Agente de la República de Panamá ante la CIJ) estaban convencidos de que la OEA había incurrido en violación de su Carta y de paso, de la Carta de la ONU, que obligaba al organismo regional a acatar esta última. La Opinión Consultiva sentaba a la OEA en el banquillo de los acusados.

La Opinión Consultiva era la estrategia que le recomendé al presidente Solís Palma para hacerle frente a las sanciones de la dupla Reagan-Bush contra el “régimen Noriega-Solís Palma” que EE.UU. había declarado en marzo de 1988 para satanizar al jefe de gobierno y comandante de las Fuerzas de Defensa, general Manuel A. Noriega, con el fin de desestabilizar a Panamá y procurar un cambio de gobierno favorable a sus intereses que abrogara los Tratados Torrijos-Carter. Formalmente no lo lograron, pero sí los distorsionaron en buena medida. La acometida de la OEA fue liderada por un agente de la CIA, el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.

Julio Yao Villalaz fue Asesor de Política Exterior y Agente de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia.