El candidato presidencial de ARENA y medios de comunicación hegemónicos continúan violentando la legislación electoral y las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El empresario pagó, riéndose, la risible multa de 3,500 dólares que le impuso el TSE por hacer campaña adelantada y decidió intensificar su cruzada proselitista, especialmente en TCS, el mayor emporio televisivo del país que -según informes de la Superintendencia de Competencia- acapara el 37% del espectro, el 60% de audiencias, el 80% de la pauta publicitaria en televisión abierta, derechos exclusivos de “contenidos premium” y aprovecha todas las ventajas de haber sido “primer jugador”.

El candidato oligárquico y sus medios de (des)información actúan con total impunidad, ante la reprobable inacción de las instituciones correspondientes.

Los abusos de Calleja y sus medios ameritan acciones fuertes del TSE, de la Fiscalía y hasta de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), instancia que debería -al menos- poner en cuestión las concesiones radioeléctricas de medios audiovisuales (televisivos y radiales) que difundan campaña adelantada de cualquier partido o candidato presidencial.

La impune propaganda adelantada de Calleja también incluye otros abusos, como es el irrespeto a la prohibición de utilizar símbolos patrios con fines proselitistas.

Algunos de estos medios, además de ser procesados por violentar el Código Electoral, también deberían ser investigados por corrupción. Así como están proceso de extinción de dominio las concesiones del ex presidente Antonio Saca, deberían también revisarse las concesiones de otras empresas mediáticas que recibieron fondos de la corrupción de los gobiernos de ARENA.

Los medios impresos, que no tienen concesiones estatales, también deberían ser investigados y sancionados. En el “Caso Saca” se habla de periódicos que recibieron fondos millonarios, además de los sobornos a algunos de sus jefes y editores.

Pero la impunidad mediática se impone, y sólo la acción ciudadana decidida que presione a las instituciones podría revertirla. En la ciudadanía democrática tiene que prender fuerte la demanda a los medios de comunicación para que sean plurales, transparentes, probos y respetuosos de la ley.

Ojalá que así sea.

10 de septiembre de 2018

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)