EE.UU. nos trató como a ratas de laboratorio para experimentar nuevas armas; se apropió del poco arsenal de las Fuerzas de Defensa

El 20 de diciembre de 1989, EE.UU. invadió ilegal y sorpresivamente a Panamá —país sin ejército— sin el conocimiento ni consentimiento de su Senado o de la ONU.

EE.UU. derrocó al Gobierno de Francisco Rodríguez; juramentó en una de sus bases militares a un régimen cuya elección había sido anulada por el Tribunal Electoral y cuyos más conspicuos representantes tenían expedientes en EE.UU.; clausuró los tres órganos del Estado y desmanteló a las Fuerzas de Defensa (híbrido de Policía y soldados) que no contaban con fuerza aérea o naval, reduciéndolas a Policía.

Contrario a Vietnam, EE.UU. prohibió la prensa nacional o extranjera; incendió el Barrio popular de El Chorrillo, lo arrasó y desplazó a su población; masacró a 4000 / 7000 panameños no combatientes, sin contar heridos y desaparecidos; remató a moribundos y recién operados dentro de hospitales; encerró a miles de funcionarios en campos de concentración y sometió a torturas a oficiales de inteligencia durante meses.

EE.UU. nos trató como a ratas de laboratorio para experimentar nuevas armas; se apropió del poco arsenal de las Fuerzas de Defensa; controló todos los medios de comunicación; bloqueó puertos y aeropuertos; desbandó a la Policía, lo que ocasionó un saqueo generalizado; impidió la ayuda humanitaria de Cuba; intervino y reorganizó la Universidad de Panamá; ordenó el despido de miles de obreros; violó el Derecho de Asilo del Vaticano y del general Manuel Antonio Noriega, quien fue secuestrado, pese a gozar de inmunidad, según el Tratado de Montreal sobre Terrorismo, para juzgarlo en Miami, en violación del debido proceso (http://www.redacciónpopular.com/articulo/para-entender-la-invasion-de-estados-unidos-panama ).

La ONU y la OEA condenaron este acto ampliamente violatorio del Derecho Internacional y pidieron que se retirasen las fuerzas invasoras, sin atreverse a nombrar a EE.UU., a lo cual se negaron.

Panamá dejó de ser un Estado durante la ocupación (1989-1993) y no estaba en capacidad para celebrar tratados, por la misma razón que Israel no puede hacerlo sobre los territorios ocupados de Palestina y de que Marruecos tampoco puede negociar los territorios ocupados de la República Árabe Democrática de Saharaui (Julio Yao: ‘Mar territorial y ocupación extranjera', La Estrella de Panamá , 7 de agosto de 2018).

A pesar de ello, el 18 de marzo de 1991, cuando Panamá estaba ocupado y no podía expresar su libre consentimiento en ningún tratado por carecer de soberanía, el régimen de Endara firmó un acuerdo simplificado mediante un canje de notas que autorizó al Servicio de Guardacostas de EE.UU. a patrullar nuestros mares territoriales, denominado Arias - Hinton por sus firmantes: el vicepresidente y ministro de Gobierno y Justicia, Dr. Ricardo Arias Calderón, y el embajador Deane Hinton.

El Acuerdo Arias-Hinton autorizaba ‘operaciones policiales marítimas bilaterales dentro de las aguas territoriales de Panamá'. Sin embargo, el acuerdo carecía de validez jurídica y era anulable, al ser contrario a normas de orden imperativo internacional que no admiten acuerdos en contrario, conocidas como Jus Cogens.

Pero decir, además, que se trataba de un patrullaje ‘bilateral' era un disparate, un lengüicidio, porque, al desmantelarse las Fuerzas de Defensa, también se eliminó la posibilidad de que Panamá ejerciera soberanía en sus mares territoriales, toda vez que sus tres únicas lanchas (entre ellas, la ‘Panquiaco' y la ‘Ligia Elena'), desaparecieron bajo la acción depredadora y nos quedamos sin un solo cayuco.

La U. S. Coast Guard es una rama de las fuerzas armadas de EE.UU., responde a su Seguridad Nacional; no conduce ‘operaciones policiales conjuntas' (vulgar eufemismo) y únicamente representa la soberanía de EE.UU., esté donde estuviere.

¿Por qué ese Canje de Notas lo firmó el ministro de Gobierno y Justicia y no a quien le correspondía; verbigracia, el ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Julio Linares, profesor de Derecho Internacional?

Al margen de este salto de mata, ese otro acuerdo tampoco hubiera tenido validez por los vicios de origen señalados y porque jamás llegó a la Asamblea Nacional para ser discutido y era, por ende, inconstitucional.

Con el Acuerdo Arias - Hinton, EE.UU. quedó patrullando los mares de Panamá ‘como si fueran soberanos' (1903); eliminó la Junta Combinada de Defensa (creación del Tratado del Canal), para que nuestro país fuera incapaz de defender y garantizar la neutralidad del Canal.

EE.UU. se quedó solo con esa responsabilidad y nos metió ‘borriguero por iguana' con una ‘defensa interamericana y Otanazi del Canal', llamada Maniobras Panamax, ordenada por una Junta Interamericana de Defensa (otro eufemismo) y coordinada por el Comando Sur. ¡En un Panamá neutral y sin fuerzas militares!

Julio Yao Villalaz

Analista internacional y ex asesor de política exterior.