El 29 de agosto de 1985, el presidente Víctor Paz dictó la medida “neoliberal”, que perduró 20 años (1985-2005). En ese periodo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llevaron al colapso al país. Con cinco estados de sitio y aplicando la violencia estatal, todo se vendió y hasta el agua se privatizó. El sindicalismo revolucionario fue liquidado y el ser humano fue visto como un simple objeto de explotación.

Los agentes del sistema imperial estadounidense, desde inicios de este siglo, han lanzado una sistemática y bien financiada campaña internacional para derrocar a todos los gobiernos latinoamericanos que se han atrevido a cuestionar y desmontar algunas políticas neoliberales, que se impusieron verticalmente desde los años 80 del siglo XX.

Sucede que quienes piensan que América Latina es su “patio trasero” desarrollaron una serie de medidas económicas y sociales de “ajuste estructural” y “estabilización” para los “países en desarrollo”, que luego se sintetizaron en lo que se conoció como el Consenso de Washington (1989).

El modelo de puertas abiertas al capital transnacional fue aplicado en gran parte del continente. Y Bolivia fue uno de los primeros países en experimentar ese proceso, timoneado por el economista estadounidense Jeffrey Sachs.

Con la frase “Bolivia se nos muere” enunciada por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro y la dictación del Decreto Supremo 21060, el 29 de agosto de 1985, el Estado y el pueblo boliviano fueron obligados a soportar, durante dos décadas, una política integral de dominación imperial.

El decálogo neoliberal y sus agentes

La estrategia neoliberal se condensó en un “decálogo” que fue redactado en benefició de los intereses de las transnacionales capitalistas y en detrimento de los sistemas productivos de los países atrasados.

El economista liberal John Williamson, en su libro Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas, explicó que el Consenso de Washington “se condensó” en 10 principios económicos, sociales y políticos:

1) Mantener una “disciplina” presupuestaria, sin déficit público; 2) hacer “eficiente” el “gasto” en educación y salud; 3) dictar una reforma tributaria con “impuestos moderados” para la iniciativa privada; 4) “desregular” la actividad financiera y las tasas de interés, de acuerdo al mercado; 5) fomentar un tipo de cambio “competitivo”, regido por el librecambio; 6) disminuir las barreras aduaneras para “liberalizar” el comercio internacional; 7) generar “óptimas condiciones” para las inversiones extranjeras directas; 8) “privatizar” las empresas públicas y “eliminar” los monopolios estatales; 9) impulsar la “desregulación irrestricta” de los mercados, y 10) legislar la “protección” a la propiedad privada.

Los gobiernos neoliberales de Latinoamérica fueron los agentes internos que se ocuparon de implementar, a pie juntillas, esas líneas de acción. Por ejemplo, en Bolivia, desde 1985, a los regímenes de Víctor Paz Estenssoro y Julio Garrett Ayllón (1985-1989); Jaime Paz Zamora y Luis Ossio Sanjinés (1989-1993); Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas Conde (1993-1997); Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga Ramírez (1997-2001); Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002); Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Diego Mesa Gisbert (2002-2003), y Carlos Diego Mesa Gisbert (2003-2005) no les tembló la mano para ejecutar esas medidas, que fueron además financiadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Del nacionalismo al liberalismo

El Decreto 21060 fue la punta de lanza de la liberalización del país. El “Pacto por la democracia” –firmado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz y Acción Nacionalista Democrática (ADN) de Hugo Banzer, en 1985– permitió estructurar una mayoría parlamentaria, que viabilizó la aprobación de la “Nueva Política Económica”.

La mencionada norma liberal terminó con el intervencionismo estatal y reorientó la economía hacia el mercado. Así, estabilizó la economía y redujo la “hiperinflación”, cancelando las políticas sociales para los más pobres. El “congelamiento” de los salarios de los trabajadores, la “libre contratación”, la disminución de los derechos sindicales, el fomento a la explotación transnacional de las materias primas, la “apertura de mercados” para el ingreso de mercancías y capital financiero, entre otras, fueron las principales “medidas de shock”, que dejaron “desorientado” al movimiento obrero y popular boliviano.

En la década del ’90, con la aplicación de “reformas de segunda generación”, los regímenes neoliberales enajenaron los recursos públicos a través de la privatización de las principales empresas y recursos nacionales, con el eufemismo de la “capitalización”.

La violencia estatal

La progresiva aplicación del 21060 no se realizó con pañuelos blancos y flores; al contrario, fue vertical y violenta.

El sociólogo y comunicador social César Rojas Ríos, en su libro Conflictividad en Bolivia (2000-2014), explicó la manera cómo se impuso: “después del infructuoso ciclo del gobierno de la UDP (Unidad Democrática y Popular / 1982-1985), se implementó en Bolivia el modelo neoliberal que durante 15 años generó un período de relativa estabilidad (1985-2000), con un agregado de 3.802 conflictos en 15 años, un promedio de 21 conflictos mensuales, aunque se implementaron cinco estados de sitio: dos durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, uno para detener la oposición al D.S. 21060 y el otro para controlar la protesta de los relocalizados mineros; uno durante el gobierno de Jaime Paz Zamora tanto para desmovilizar a 50.000 maestros como para desbaratar la huelga de hambre de 500 profesores; y dos durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, uno para evitar la resistencia a la Reforma Educativa como a la Capitalización y otro para aplicar la estrategia de erradicación de la hoja de coca en El Chapare”.

El poder judicial, la policía y las fuerzas armadas fueron puestos a disposición de la aplicación de esa virulenta política económico-social. La resistencia de los sindicatos fue débil, pues varios dirigentes de la otrora poderosa Central Obrera Boliviana (COB) habían sido “corrompidos” y alineados al nuevo modelo global.

La crisis y la respuesta social

Pero ese modelo económico-social y político capitalista y globalizador, a fines del siglo XX, entró en crisis. Colapsó a nivel mundial. La utopía neoliberal, en otras palabras, mostró en los hechos su inviabilidad histórica.

Bajo esa experiencia, la actual restauración del neoliberalismo en varios países de América del Sur los está llevando por caminos sinuosos, inciertos y llenos de conflictos. Lo que ocurre en Brasil, Argentina, Colombia y Chile son sólo algunos ejemplos.

Frente a esas medidas pensadas en inglés, el siglo XXI trajo consigo un nuevo bloque de gobiernos nacionalistas que inmediatamente fueron calificados por los intelectuales del neoliberalismo y el imperio estadounidense como “populistas”.

En Bolivia, tres acontecimientos que ocurrieron paralelamente en abril del 2000 –la “guerra del agua” en Cochabamba; la rebelión indígena-campesino en Oruro y La Paz, y el levantamiento policial– marcaron a fuego el inicio de un nuevo proceso, que concluyó con el advenimiento del actual gobierno de Evo Morales, el 2006.

Ahora, un nuevo horizonte histórico mundial se está abriendo. Las luchas sociales están a la orden del día. El mundo busca nuevas salidas a la profunda crisis del capital y su vetusto modelo liberal.