La mitad del gabinete del presidente argentino Mauricio Macri continúa figurando en ambos lados del mostrador, con cargos en empresas privadas, pese al evidente conflicto de intereses que supone esa doble pertenencia, según revela un estudio sobre la aceitada articulación entre elites económica y política.

Si bien la corrupción ocupa la agenda de debate público en todo el continente, hay un tipo de corrupción naturalizada por los medios de comunicación privados: la llamada "puerta giratoria" entre la gestión pública y los negocios privados, un fenómeno que atraviesa a todos los gobiernos neoliberales.

La crisis va in crescendo. La actividad industrial cayó un 8,1% en junio frente al mismo mes el año pasado, informó el oficial Instituto de Estadísticas (INDEC), en el peor resultado desde julio de 2002, en plena crisis de salida de la convertibilidad de la moneda, mientras el sector de las pequeñas y medianas empresas está prácticamente en quiebra.

Con excepción de la industria siderúrgica, todos los segmentos de la manufactura registraron caídas interanuales: metalmecánica, automotriz, industria química, caucho y plástico, refinación de petróleo, textiles y producción de alimentos. Para el tercer trimestre apenas el 13% de las empresas espera una mejora en la demanda interna.

Desde el comienzo de la gestión neoliberal de Macri, su gabinete estuvo conformado por CEOs (chief executive officers) entrenados en grandes empresas, tanto de capitales locales como trasnacionales, implantando lo que se dio en llamar la “ceocracia” con la lógica de gestión del sector privado dentro del Estado, para favorecer los negocios de las corporaciones, lo que Macri expresó como “abrir la Argentina al mundo”.

Pero la puerta comienza a abrirse desde la campaña electoral, donde hoy se destapa el escándalo por falsos aportantes de montos menores, pero el macrismo recibió 155 millones de pesos (unos 13 millones de dólares, entonces) de parte de los terratenientes y la agroindustria. Más que aportes, fueron inversiones a plazo fijo de un mandato presidencial.

Las actividades vinculadas al campo (frigoríficos, emprendimientos agropecuarios y aceiteras) aportaron unos cinco millones de dólares: Aceitera General Deheza, Molino Cañuelas, Oleaginosa Moreno, la planta agroindustrial Renova y Vicentín, una docena de frigoríficos, reveló el diario conservador La Nación.

Los supermercados y electrodomésticos, la construcción y las finanzas aportaron un millón de dólares, aproximadamente, cada uno: Aluar (familia Madanes), Banco Galicia, San Martín de Tours SA (de Eduardo Constantina), Cencosud, Sicma SA, Ángel Estrada y Cía., Logística Neuquén y Minerar SA, añade el diario. También aparecen ejecutivos vinculados a Farmacity, la red de farmacias que fundó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

La firma International Health Services, aportante al PRO de Macri, el gobierno le adjudicó seis contratos desde distintos ministerios y participó de otros siete concursos, de acuerdo a los registros oficiales. La empresa La Luna Parques y Jardines, tiene una adjudicación para mantener espacios verdes.

Por fuera del esquema público también aparecen otros aportantes como la familia Maccarone, dueña de la constructora Coinsa, una firma que comparte edificio con Axis, el fondo de inversión que fundó el ministro Luis Caputo. Los emprendedores de compañías web y startups, también figuran entre los empresarios que apoyan a Macri: Alejandro Oxenford, CEO de OLX y Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, junto a otros vinculados a Despegar.com y Globant SA.

Empresarios funcionarios

Tras 30 meses de gestión, Marcos Peña, sigue siendo jefe de Gabinete y mano derecha del presidente. Es heredero de los Peña Braun, terratenientes vinculados al genocidio de la nación mapuche a fines de siglo XIX y dueños del monopolio de supermercados patagónicos La Anónima.

De la “mesa chica” participan Mario Quintana, millonario hombre del mundo de los negocios, y Gustavo Lopetegui, ex gerente de LAN (estos dos formaron parte de la consultora internacional McKinsey, cuyo método de planificación y organización implementan desde la cúpula gubernamental. Juntos coordinaban 22 ministerios, 13 organismos descentralizados y 16 empresas.

Un exponente destacado del poder económico en el gobierno inicial de Macri fue Juan Carlos Aranguren, ex CEO de Shell en Argentina y ministro de Energía, quien impulsó políticas a favor de las empresas petroleras y autorizó sucesivos aumentos en el precio de la electricidad y el gas.

La otra cara del primer ajuste económico fue el titular de Hacienda hasta 2016, Alfonso Prat-Gay, consultor por más de diez años de JP Morgan, apartado de su cargo luego de enfrentarse al presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, alto directivo de la petrolera estatal YPF luego de su privatización y venta a la trasnacional Repsol, ocurrida en la década de 1990, quien también fue removido por su incompetencia.

El actual gobierno se completa con dirigentes provenientes de las desarrolladas durante los últimos 20 años con financiamiento extranjero y drenaje de recursos del Estado como think tanks del PRO, partido político creado en el 2010 por Macri. Estas Ongs, como la Fundación Creer y Crecer, el Grupo Sophia- reclutaron a jóvenes católicos de sectores medios formados en la gestión social desde una óptica empresarial.

Según el Observatorio de las Elites Argentinas de la Universidad Nacional de San Martín, son 269 altos funcionarios que ocupan 890 cargos en firmas locales y extranjeras, entre ellos los ministros de Transporte y de Energía, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel. El primero, directivo en cuatro empresas vinculadas al negocio familiar de comercialización de vehículos; el segundo, quien aparece en los Paradise Papers, participa en tres firmas argentinas.

“Más allá de su encuadre jurídico como situaciones que configuran potenciales conflictos de interés; la puerta giratoria y el lobby son formas de articulación entre las elites económicas y políticas que están estrechamente asociadas a la captura de la decisión estatal, o sea a la pérdida de autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas”, señala la socióloga Ana Castellani, que encabezó la investigación.

La misma, que no solo evidencia la existencia de una aceitada articulación entre elites económicas y políticas sino que permite identificar los cambios cualitativos y cuantitativos observados a partir de diciembre de 2015, involucra además a siete miembros del equipo de la Presidencia, 32 altos funcionarios de diversos organismos y seis autoridades de entes de regulación.

El grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno que asumió en diciembre de 2015, El listado de ministros muestra al flamante titular de Producción, Dante Sica, como director en la trasnacional Peugeot Citröen, según consta en los registros de la Inspección General de Justicia (aunque cuando el informe reconoce posibles retrasos en el aggiornamiento de los mismos). Son 16 los altos funcionarios de esa cartera que figuran como directores, socios, representantes y autoridades de empresas privadas.

Esta cifra es superada por otros tres ministerios (Energía, Modernización y Desarrollo Social) donde existen más de 20 oficiales de cada dependencia que tienen participación en distintas compañías.

Catellani explica que haber renunciado a un cargo en el sector privado no bloquea la existencia de conflictos de interés, y señala que existen diversos mecanismos mediante los cuales las elites económicas intentan incidir en la decisión estatal, entre ellos la llamada puerta giratoria que alude al paso de personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de las trayectorias laborales.

Las empresas donde figura Dietrich son Autocompra.com, Armoraut, Serviaut y Movilaut, y en las que participa Iguacel son Productos del Sur SA y la energética Ergon E&A. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aparece como autoridad en Dining Room SRL dedicada a la explotación de restaurantes.

El titular de Modernización, Andrés Ibarra, es a la vez director de Comunicación Dinámica aunque otras bases de datos, no utilizadas en el reporte, suma una imprenta y una firma agropecuaria, señala Tomás Lutkin en Página12.

Las 890 participaciones que figuran en la investigación, se distribuyen en dos tipos de empresas: 50% son cargos en sociedades anónimas locales y 33 de los cargos son en empresas radicadas en el exterior. El máximo exponente es Mariano Grondona Lynch, vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente, que registraba a junio 219 participaciones en directorios de empresas privadas del país y del exterior.

- Claudio della Croce es economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)